Estrategias de actuación de los sindicatos y la patronal en el nuevo marco de las relaciones laborales de la Transición política española: la construcción de la política de concertación social.
| Autor | Regidor, Mónica Puente |
Sumario: 1. Planteamiento. Sindicatos y empresarios ante el cambio político. 2. De la dictadura a la democracia: el nuevo marco de las relaciones laborales. 2.1. Las estrategias de sindicatos y empresarios en la Transición política. 2.2. Los Pactos de la Moncloa y el Acuerdo Marco Interconfederal vistos por los agentes sociales 3. Conclusiones. 4. Referencias.
Strategies of action by the Trade Unions and Employers during the Spanish Transition to Democracy: The construction of the Social Concertation Policy.
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Planteamiento. Sindicatos y empresarios antes del cambio político
La Transición política española es el contexto en el que se inserta este artículo que tiene por objeto el estudio de la estrategia y posicionamiento de los interlocutores sociales, sindicatos y patronal, ante el proceso de cambio. Un tiempo marcado por la crisis económica internacional, las crisis energéticas de 1973 y 1979, que afectan a un país atrasado y poco competitivo en su sistema productivo, caracterizado por las rigideces de la estructura institucional y empresarial y la incertidumbre política tras el agotamiento de la dictadura personal de Franco, que había amarrado los hilos de las relaciones laborales. Y en el plano social se aprecia la emergencia de la sociedad civil, su implicación en debates culturales (Pasamar, 2019), movimientos sociales y plataformas como sindicatos o cuerpos profesionales, así como las nuevas formas de la vida rural y los movimientos migratorios que fueron esenciales para la emergencia de la España democrática (Pérez-Díaz, 1993).
Los empresarios, en un primer momento de forma no unificada, y a partir de 1977, a través de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, representan a empresarios y trabajadores respectivamente ante los poderes públicos y la sociedad española. Cada grupo, patronal y sindicatos, con sus propios objetivos y reivindicaciones, tienen que poner sus intereses en común para llegar a acuerdos cuyos resultados llegarán hasta nuestros días; y ese es precisamente el interés y objeto principal de este estudio de ámbito nacional, que presta especial atención a los agentes sociales (3) en momentos claves del proceso de la Transición como la Ley de Relaciones Laborales de 1976, los Pactos de la Moncloa, suscritos en 1977 y el Acuerdo Marco Interconfederal (entre la UGT y la CEOE) de 1979, que confluyen en los momentos de mayor movilización social.
Estos acuerdos marcan el origen de la política de concertación social, en palabras de Del Campo García: "En este nuevo consenso se presuponía el interés de todas las fuerzas políticas y sociales por llegar a acuerdos graduales y consensuados, relegando sus intereses cortoplacistas y parciales en función de la compartida meta final, la democratización" (1995: 88). Una concertación no exenta de desencuentros entre agentes sociales y gobierno, que llega hasta nuestros días, si bien, debatida y en muchas ocasiones criticada por no saber adaptarse a los cambios y efectos colaterales de la crisis económica en donde se han puesto en cuestión los consensos conseguidos en la época de la Transición.
Para abordar las cuestiones planteadas, y especialmente atender a la política de concertación social, relevante sobre todo en momentos de crisis económica, este texto se nutre de las aportaciones de la historiografía especializada que toma como referente a sindicatos y empresarios (Del Campo, 1995 y González, 2010). Ambos actores sirven de hilo conductor a los cambios operados desde el marco laboral de la dictadura franquista al modelo construido durante la Transición política, así como de testimonios orales de quienes vivieron el proceso, recabados en investigaciones previas, que son oportunas para transmitir la pluralidad de visiones y expectativas, junto con las memorias de líderes sindicales, entrevistas realizadas a empresarios y otras noticias destacadas en la prensa.
En las memorias del proceso incide Alzaga Villaamil (2021: 27):
La mayor parte de quienes realmente asumieron el riesgo de trabajar en la oposición al franquismo para evitar su continuidad a la muerte del caudillo están abandonando la tierra sin haber narrado por escrito sus esfuerzos. Y cada vez se repiten más una serie de lugares comunes sobre el final de aquel régimen que no son ciertos. Se nos narra la transición como algo natural, que deseaban acometer los altos mandos de aquel sistema. El texto se ha estructurado en varios apartados, el primero, caracteriza los cambios laborales y las estrategias seguidas por sindicalistas y empresarios, el segundo, aborda la impronta de los Pactos de la Moncloa (1977) y el Acuerdo Marco Interconfederal (1979) y la división de opiniones generales para llegar a unas conclusiones generales del proceso.
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De la dictadura a la transición a la democracia: el nuevo marco de las relaciones laborales
La Transición altera radicalmente las reglas del juego político y da voz a fuerzas sociales y económicas que habían sido silenciadas durante el régimen franquista. Las relaciones laborales estuvieron marcadas, grosso modo, por el control estatal, la prohibición de los sindicatos obreros y la ruptura con la legislación laboral desarrollada durante la II República (4). Los obreros pasaban a ser "productores disciplinados" (Molinero e Ysás, 1998) incardinados dentro del nuevo marco de relaciones laborales, en el que se pueden distinguir dos etapas:
La primera, desde 1938, con la promulgación del Fuero del Trabajo hasta los años finales de la década de los cincuenta. Caracterizada por el control estatal en materia laboral, existencia de un mercado de trabajo rígido, imposición de salarios bajos, elevada tasa de explotación de los trabajadores y la inexistencia de contratación colectiva (5). A quienes contravenían este rígido marco laboral, "las minorías subversivas", se les aplicaba toda una serie de medidas estipuladas en la legislación del franquismo. El propio Fuero del Trabajo ponía fuera de la ley los actos que perturbasen la producción, como las huelgas y los lockouts, que pasaron a ser considerados delitos de lesa patria y sedición. Por su parte, el Código Penal de 1944 castigaba las coaliciones de patronos dirigidas a paralizar el trabajo y las huelgas de obreros (6).
Respecto a la movilización obrera, ésta fue más escasa en los inmediatos años de posguerra, debido a los acuciantes problemas de subsistencia. No obstante, se producen movilizaciones para conseguir mejoras salariales y cambiar las condiciones de trabajo, lo que desembocaba en tensiones con los patronos. A pesar del marco legal e institucional descrito, se produce la politización de sectores obreros conscientes de las necesidades de cambio. De hecho, la represión en sus distintas modalidades tuvo como contrapartida la radicalización de actitudes, así como una mayor solidaridad y amplitud de las metas de la oposición antifranquista (Doménech, 2002: 123-143, 2012). Dentro de la misma destacó Comisiones Obreras (Ariza, 1978, Ortíz, 2005). Marcelino Camacho las definía como movimiento sociopolítico abierto y objetivamente revolucionario que "asume fundamentalmente las reivindicaciones y planteamientos que en otras condiciones históricas correspondían a los sindicatos de clase" y plantea "el problema del cambio del poder político" (Camacho, 1974: 82-83). Muchos de sus integrantes, como el propio Marcelino Camacho (7), estuvieron en prisión.
La segunda etapa queda marcada por la Ley de Convenios Colectivos de 1958. Esta ley flexibilizaba el ámbito de las relaciones laborales, se posibilitaba las elecciones de enlaces sindicales, figura que fue paulatinamente ocupada por militantes que representaban los intereses reales de los trabajadores (Sánchez y Nicolás, 1993:1-41), e introducía mecanismos de contratación colectiva (Aparicio, 1980). Con la ley sindical de 1971 tan sólo se reconocían como representantes de los trabajadores a los enlaces sindicales y jurados de empresas, pero los trabajadores consideraban como interlocutores válidos a las personas que ellos elegían en sus asambleas, aunque éstas no eran aceptadas (8). Además, los obreros quedaban sujetos a la Ley de Orden Público de 1959, que mantuvo como punibles los paros colectivos, manifestaciones y reuniones públicas ilegales. La legislación de la dictadura tardó en modificarse. El decreto sobre rebelión militar, sabotaje y terrorismo de 1960 incluía como caso de rebelión los plantes y las huelgas (Ysás, 1991:193-212). Estos asuntos se transfirieron al Tribunal de Orden Público una vez constituido en 1963.
En la movilización obrera confluían diversas organizaciones, HOAC, USO y especialmente Comisiones Obreras, impulsadas por el PCE. Como señala un militante: "Hasta que no se legaliza es sólo un movimiento de oposición al Régimen, con los objetivos de conseguir la libertad sindical, la democracia, y la organización del congreso nacional constituyente..." (9).
Comisiones Obreras siguió la táctica del "entrismo", es decir, la infiltración en el Sindicato Vertical para defender los derechos de los trabajadores durante la dictadura. Esta actuación fue defendida por el Partido Comunista y rechazada por el Partido Socialista y la UGT. Los infiltrados en el Sindicato Vertical, no sin dificultad, consiguieron mediar a favor de las demandas obreras:
Cuando un trabajador demandaba a un empresario había un abogado que era el que llamaba a mediar y el comité ejecutivo hacía de hombre bueno. ¿Qué ventajas tenía el empresario? Que estaba muy tranquilo, cuando el trabajador ponía la demanda, el empresario enseguida lo sabía. ¿Qué decidimos nosotros? Nos metemos nosotros de hombres buenos para frenar la información que el empresario tenía. Y no podían echarnos porque estábamos con sus leyes, trabajando con las leyes de Franco. Hasta que llegó la democracia (10). 2.1. Estrategias de actuación sindical y patronal en la transición política
El clima de tensión y movilización explica los...
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