Editorial. 10 números y seguimos adelante.
| Autor | Agustí Cerrillo |
| Páginas | 1-2 |
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Propiedad intelectual, administración electrónica, comercio electrónico, e-justicia, datos personales, gobernanza de Internet, fiscalidad en Internet, cibercriminalidad, participación electrónica y política en Internet... son diez ámbitos que han ocupado nuestra atención a lo largo de cinco años, desde que en el 2005 se puso en marcha la revista Internet, Derecho y Política.
En este número 10 nuestra atención se centra en la resolución de conflictos en línea, lo cual nos permite cerrar un primer círculo en el que se incluyen una cincuentena de artículos publicados y en los que se han analizado diferentes instrumentos normativos y regulatorios, a través de los cuales se ordenan e impulsan las relaciones que se dan en Internet y se ha valorado el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en las instituciones políticas. Resulta paradigmático que, cuando cerramos este primer círculo, lo hagamos analizando otro conjunto de instrumentos orientados a la resolución de los conflictos que se pueden generar en las relaciones en la Red, que están llamados a jugar un papel bastante relevante en el futuro inmediato.
De hecho, el Online Dispute Resolution (ODR), como canal para la resolución de las controversias al margen de las instancias judiciales o en colaboración con ellas, incluye una diversidad de prácticas y está adquiriendo una importancia significativa en numerosos sectores, como queda patente a lo largo del monográfico.
El monográfico recoge una selección de artículos que son el resultado del Workshop internacional sobre ADR/ODR, celebrado el 15 de septiembre del 2009 en la sede de la UOC. Como explica Esther Vilalta, organizadora de la jornada y coordinadora del monográfico, la jornada contó con la participación activa de prestigiosos referentes del mundo académico y empresarial en métodos ODR, lo que permitió realizar un debate de alto nivel e interés del que hemos trasladado una muestra al monográfico de la revista.
Además, en este número también hemos incluido el artículo de Pablo Ferrándiz sobre la reforma de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, que aborda una cuestión que ha sido polémica y que ha supuesto una significativa movilización en la Red en un ámbito, la protección de la propiedad intelectual en la Red, en el que derecho y sociedad se encuentran todavía en puntos distantes y en el que a buen seguro en los próximos años se producirán cambios significativos. El autor analiza el alcance de la reforma propuesta y valora si la atribución a la Administración pública de competencias para resolver controversias entre particulares sobre cuestiones relativas a la propiedad intelectual es acorde con los principios constitucionales.
Finalmente, conforman este número 10 las secciones habituales de la revista, en las que damos noticia de las actividades realizadas por los Estudios de Derecho y Ciencia Política, y de las novedades normativas y jurisprudenciales que se han producido en este periodo en materia de derecho de Internet.
Con este número, continuamos en nuestra apuesta por la calidad. En este sentido, hay que dar noticia de la utilización de una nueva aplicación para la gestión de la revista que tiene que suponer un avance significativo, tanto para los auto-
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res y editores como para los lectores. Desde hace unos meses, la revista utiliza el Open Journal Systems 2.2.2.0, un software de código abierto para la gestión y publicación de revistas electrónicas desarrollado y distribuido libremente por el Public Knowledge Project bajo la licencia pública general, GNU. Encontraréis más información respecto a esta aplicación en la página web de la revista.
También confirmamos nuestra línea editorial, que se sintetiza en el propio título de la revista y pretende reflexionar y analizar los retos que para el derecho y la ciencia política se derivan de la sociedad de la información.
No podemos olvidar que, como afirmaba Joan Prats, en un artículo escrito junto con Jaume Giné en el 2002, «vivimos la revolución tecnológica más importante experimentada por la humanidad. Nos induce sentimientos cruzados de esperanza y temor». Y en este sentido, tanto desde las instituciones políticas como de los instrumentos regulatorios se pueden articular medidas no sólo para superar la llamada brecha digital, como planteaba Prats, sino también para facilitar que las relaciones que se dan en Internet puedan tener un impacto significativo en el desarrollo humano. En este sentido, se manifestaba también la Declaración de Principios sobre la Construcción de la sociedad de la información: un desafío global para el nuevo Milenio, adoptada en la Cumbre de Ginebra celebrada en diciembre del 2003 al reconocer que «el Estado de derecho, acompañado por un marco de política y reglamentación propicio, transparente, favorable a la competencia, tecnológicamente neutro, predictible y que refleje las realidades nacionales, es insoslayable para construir una sociedad de la información centrada en la persona. Los gobiernos tienen que intervenir, según se tercie, para corregir los errores del mercado, mantener una competencia leal, atraer inversiones, intensificar el desarrollo de infra-estructura y aplicaciones de las TIC, aumentar al máximo los beneficios económicos y sociales y atender las prioridades nacionales».
Recordando estas palabras, queremos rendir un sentido homenaje a quien fue director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya entre los años 2000 y 2003, y que siempre nos animó a emprender nuevos proyectos como éste.
