STS, 19 de Julio de 2005

En el recurso contencioso-administrativo número 344/98 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 26 de octubre de 2001, dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de DON Jorge, declarando que el acto impugnado es conforme al ordenamiento jurídico, por lo que debe ser confirmado; sin costas".

Contra dicha sentencia ha preparado recurso de casación la representación procesal de D. Jorge, interponiéndolo en base a los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por vulneración de lo dispuesto en el artículo 43.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (en su redacción anterior a la Ley 4/99, que es la aplicable por razón de la fecha) al no haber estimado la demanda en base a la causa de pedir, consistente en la caducidad del procedimiento de deslinde concluido con la O.M. de 21 de noviembre de 1997 (corregida en 19 de diciembre) aprobatoria del deslinde de Formentera.

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por vulneración de lo dispuesto en los artículos 9.3, 105 y 106 de la Constitución; 3.5, 53.1, 84 y 86 de la Ley 30/92 (todos ellos sobre respeto a los procedimientos y participación ciudadana como mecanismos de control de la actuación administrativa); y 22.2.a) y b) (en relación con el artículo 25) del Reglamento de Costas aprobado por R.D. 1471/89 (sobre reglas específicas aplicables a los procedimientos de deslindes costeros), al no haber reconocido los defectos formales invalidantes esgrimidos en la demanda.

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por no haber tenido en cuenta la sentencia recurrida los artículos 14 y 24 de la Constitución, que obligan a tratar con igualdad a las partes que intervienen en el proceso, y también el artículo 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todo lo cual se traduce en la invalidez de la prueba de reconocimiento judicial practicada.

Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, al basarse la sentencia recurrida en un defecto de forma causante de indefensión, al haber atribuido valor a un reconocimiento judicial practicado con infracción de lo dispuesto en los artículos 14 y 24 de la Constitución y 238.3 de la LOPJ, que obliga a tratar con igualdad a las partes que intervienen en el proceso, todo lo cual implica la invalidez la prueba de reconocimiento judicial practicada.

Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, por vulneración del artículo 24 de la Constitución, en relación con el artículo 5.4 de la LOPJ, sobre derecho a los medios de prueba y a la igualdad de las partes, con cita adicional del artículo 14 de la propia Constitución; vulneración de los artículos 9.3 y 120.3 de la Constitución, sobre condena de la arbitrariedad y motivación de resoluciones; y del artículo 610 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (aquí aplicable por razón de la fecha) sobre necesidad y valor de la prueba pericial en cuanto a cuestiones en las que sea necesaria o conveniente la aportación de conocimientos científicos, artísticos o prácticos.

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por vulneración del artículo 24 de la Constitución, en relación con el artículo 5.4 de la LOPJ, sobre derecho a los medios de prueba y a la igualdad de las partes, con cita adicional del artículo 14 de la propia Constitución; vulneración de los artículos 9.3 y 120.3 de la Constitución, sobre condena de la arbitrariedad y motivación de resoluciones; y del artículo 610 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (aquí aplicable por razón de la fecha) sobre necesidad y valor de la prueba pericial en cuanto a cuestiones en las que sea necesaria o conveniente la aportación de conocimientos científicos, artísticos o prácticos.

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por vulneración de los artículos 9.3 y 120.3 de la Constitución, sobre condena de la arbitrariedad y motivación de resoluciones; del artículo 24 de la Constitución, invocable conforme al artículo 5.4 de la LOPJ; del artículo 610 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (aquí aplicable por razón de la fecha) sobre necesidad y valor de la prueba pericial para análisis de cuestiones en las que sea necesaria o conveniente la aportación de conocimientos científicos, artísticos o prácticos; de los artículos 14 y 24 de la Constitución y 238.3 de la LOPJ sobre nulidad de dicha prueba. Todo ello al romper las reglas de la sana crítica (de acuerdo con la jurisprudencia que cita) e incurrir en arbitrariedad.

Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, por vulneración de los artículos 9.3, 120.3 y 24 de la Constitución, todos invocables conforme al artículo 5.4 de la LOPJ, al haberse infringido las reglas de la sana crítica (de acuerdo con la jurisprudencia que cita) e incurrirse en arbitrariedad.

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por vulneración del artículo 14 de la Constitución, al haber desestimado la demanda y haber, en cambio, declarado inválido el mismo deslinde en procedimientos paralelos en cuanto al terreno colindante con el que motiva este litigio y cuyas características son coincidentes.

Y termina suplicando a la Sala que estime el recurso "...en el sentido de anular dicha sentencia y estimar el recurso contencioso-administrativo en el sentido de declarar inválida dicha Orden Ministerial conforme a las pretensiones principal y subsidiaria del suplico de la demanda presentada en su día, y de acuerdo asimismo con el escrito de conclusiones asimismo presentado en su momento".

El Abogado del Estado, en la representación que ostenta, se opuso al recurso de casación interpuesto de contrario y suplica en su escrito a la Sala que dicte "...sentencia que desestime íntegramente las pretensiones de la recurrente, confirmando la Sentencia de instancia, e imponiéndole a la actora las costas del proceso casacional".

Mediante Providencia de fecha 10 de junio de 2005 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 5 de julio del mismo año, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Segundo Menéndez Pérez,

La sentencia que es objeto de este recurso de casación ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Director General de Costas de fecha 21 de noviembre de 1997, dictada por delegación de la Sra. Ministra de Medio Ambiente, por la que se aprueban las Actas y planos en los que se definen los bienes de dominio público marítimo- terrestre del término municipal de Formentera (Illes Balears), comprendiendo las islas de Espalmador y Espardell.

Afirma dicha sentencia, al inicio de su fundamento de derecho IV, que la finca de autos es la 07 del Plano 99, entre los hitos 1.160 y 1.163, estando comprendida en el tramo 23 del deslinde. Y en su fundamento de derecho VIII se lee que en apreciación conjunta de la prueba la Sala llega a la conclusión de que estamos en presencia de un sistema eólico-dunar que cumple la función de dar estabilidad a la playa y a la costa, y por tanto entra en el concepto de duna definida por la ley como dominio público marítimo-terrestre en el artículo 3.1.b) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y 3.1.b) y 4.d) del Reglamento de dicha Ley.

Esta Sala del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias sobre el deslinde aprobado por aquella resolución de 21 de noviembre de 1997, en algunas de las cuales ha tenido que pronunciarse sobre motivos de casación similares, cuando no idénticos, a los que aquí se esgrimen; así y por citar sólo algunas, las de fecha 19 de mayo y 2 de junio de 2004, dictadas respectivamente en los recursos de casación números 1957 y 5086 de 2002.

Al no haber razones para modificar nuestro criterio, el principio de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad de trato en aplicación de la Ley nos imponen el deber de resolver en forma coincidente con lo ya expresado en esas sentencias.

En el primer motivo de casación se aduce que la Sala de instancia ha infringido lo dispuesto por el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al no haber estimado la demanda por caducidad del procedimiento de deslinde concluido con la Orden ministerial impugnada.

Como hemos declarado en esas dos sentencias antes citadas, reiterando lo expresado en la anterior de fecha 31 de marzo de 2004 (recurso de casación 5371 de 2001), ni la Ley ni el Reglamento de Costas tienen establecido un plazo máximo para dictar resolución, sin que pueda aplicarse el supletorio de tres meses, que establecía el artículo 42.2 de la referida Ley 30/1992, ya que el procedimiento en cuestión fue iniciado de oficio y no a solicitud de los interesados, sin que, además, pueda calificarse de limitador o restrictivo de derechos, pues el procedimiento de deslinde tiene como finalidad la protección del interés general en declarar o constatar el dominio público marítimo terrestre definido por la Ley, e incluso, en los procedimientos iniciados a instancia de los particulares, el artículo 92.4 de la repetida Ley 30/1992 prevé la inaplicabilidad de la caducidad cuando la cuestión suscitada afecte al interés general o fuese conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, razones que, como ya declaramos en nuestras dos Sentencias anteriores, no permiten que prospere el primer motivo de casación alegado.

El segundo motivo de casación invoca como infringidos los artículos 9.3, 105 y 106 de la Constitución, 3.5, 53.1, 84 y 86 de la Ley 30/1992 (todos ellos sobre respeto a los procedimientos y participación ciudadana como mecanismos de control de la actuación administrativa) y 22.2, a) y b), en relación con el 25, del Reglamento de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/89 (sobre reglas específicas aplicables a los procedimientos de deslindes costeros), al no haber reconocido la Sala de instancia los defectos formales invalidantes esgrimidos en la demanda. Se desgrana en el motivo un conjunto de defectos formales consistentes, dicho aquí en síntesis, en la introducción de alteraciones en los planos del expediente, algunas antes del apeo y otras muchas con posterioridad al trámite de alegaciones (así y según se dice a título de ejemplo, en los planos números 1 a 7, 30 a 36, 74, 95 a 97, 115 a 125 o 161); en la incorporación de un documento nuevo después de elevar a los Servicios Centrales del Ministerio la propuesta de resolución, constituido por un informe pedido por el Ministerio a la entidad Tecnoambiente; en la introducción, sin nuevo apeo y retramitación del expediente, de nuevas modificaciones en los planos, sin que el nuevo trámite de vista y audiencia a los interesados, ordenado como consecuencia de ello, fuese correctamente otorgado, ya que no se les advirtió de las variaciones introducidas; en que, a pesar de dichas variaciones, no se volvió a oír a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento, según exigen los artículos 22.2 b) y 25 del Reglamento de Costas; alteraciones sucesivas que obligaron a dictar una nueva Orden ministerial que se dice correctora de erratas pero que, en realidad, demuestra que la propia Administración ignoraba cuál fuese de las líneas reflejadas en los distintos planos la finalmente aprobada; y, en fin, en que nunca se cumplimentó la exigencia de publicación del artículo 22.2.a); defectos, todos, que en su conjunto impiden al acto alcanzar su fin.

El motivo debe ser desestimado.

De un lado, porque al omitirse la cita de datos y argumentos más concretos, que desciendan al detalle de lo acontecido en el procedimiento en cada una de sus fases y trámites, no vemos correctamente combatidas las afirmaciones de la Sala de instancia de que se han observado los trámites esenciales, o de que el recurrente tenía un conocimiento claro y preciso de la línea de deslinde propuesta por la Demarcación de Costas, por lo que no se ha producido indefensión. En este sentido, no vemos combatida con precisión y detalle la afirmación, contenida en el antecedente de hecho III de la resolución de 21 de noviembre de 1997, de que la providencia de incoación del expediente de deslinde se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en el Tablón de Anuncios de la Demarcación de Costas y en varios diarios de los de mayor circulación en la zona; o lo que se lee en su antecedente de hecho XV: las modificaciones recogidas en estos planos o bien son intranscendentes o son favorables a diferentes interesados al tomarse en consideración, parcial o totalmente alegaciones presentadas. Ni podemos olvidar, tampoco, la valoración que alcanzamos en la sentencia ya citada de 19 de mayo de 2004, en la que dijimos que la incorporación al expediente del informe emitido por la entidad "Tecnoambiente" tiene escasa importancia, ya que la Administración no introdujo, con base en él, modificación alguna.

Y, de otro, porque la representación procesal del recurrente no llega a justificar que las modificaciones a las que se refiere, de modo bien genérico, por cierto, fueran sustanciales; siendo así que sólo cuando de éstas se trata, el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Costas impone a la Administración el deber de abrir un nuevo período de información pública y de pedir nuevo informe a la Administración de la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento, así como la obligación de dar audiencia a los propietarios colindantes afectados. Es esto lo que ya hemos dicho en las sentencias citadas de 19 de mayo y 2 de junio de 2004, y antes en la de 2 de marzo del mismo año (recurso de casación 1516 de 2001).

En los motivos tercero y cuarto se denuncia la infracción de los artículos 14 y 24 de la Constitución, en la medida en que obligan a tratar con igualdad a las partes que intervienen en el proceso, y del artículo 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; ello, en cuanto el Tribunal a quo en la práctica de la prueba de reconocimiento judicial actuó de forma discriminatoria respecto del recurrente, que se vio privado de poder intervenir eficazmente en dicha práctica.

Tales infracciones se hacen valer, tanto por la vía del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional (motivo cuarto), como por el cauce de la letra d) de ese mismo artículo 88.1 (motivo tercero); pero lo que se alega es, en suma, un vicio de procedimiento, consistente en la premura del señalamiento para la práctica de la prueba; premura que no afectó, en cambio, al Sr. Abogado del Estado, que lo conocía con suficiente antelación.

Esos hipotéticos vicios serían, pues, vicios procesales (defectos en la mecánica de la preparación de la prueba de reconocimiento judicial, con trascendencia o reflejo en el momento de su práctica), alegables, propiamente, por el cauce de la letra c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional. La precisión es muy importante, porque en tal caso la norma exige que se haya pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello (artículo 88.2 de dicha Ley). Sin embargo, en el desarrollo argumental del motivo no se nos dice que el recurrente pidiera la subsanación, ni al serle notificadas las resoluciones oportunas, ni en el escrito de conclusiones. Por tanto, la sola aplicación del precepto que acaba de ser citado sería razón bastante para rechazar los motivos que analizamos.

En todo caso, esta Sala, que ha de juzgar tales motivos únicamente por lo que resulta de las actuaciones procesales, no observa infracción alguna: la prueba fue propuesta por el Sr. Abogado del Estado en escrito presentado el día 2 de junio de 1999; fue admitida en providencia de 7 de junio de 1999, quedando para más adelante su señalamiento; éste fue efectuado en providencia de 10 de noviembre de 1999 para los días 15 a 19 siguientes, (providencia notificada al Sr. Abogado del Estado el día 10 y al recurrente el día 11) y el acta de reconocimiento se extendió el día 15 de noviembre de 1999.

No se observa en esta actividad procesal infracción alguna de las normas a las que había de sujetarse; ni de ella se deriva, en relación de causa a efecto, una situación de indefensión.

Ambos motivos deben, por tanto, ser desestimados.

En los motivos quinto y sexto, formulados al amparo, respectivamente, de las letras c) y d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la vulneración del artículo 24 de la Constitución -en relación con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- (sobre derecho a los medios de prueba y a la igualdad de las partes, con cita adicional del artículo 14 de la propia Constitución), de los artículos 9.3 y 120.3 de la Constitución (sobre condena de la arbitrariedad y motivación de las resoluciones) y del artículo 610 de la LECiv/1881 -aquí aplicable por razón de fecha- sobre necesidad y valor de la prueba pericial en cuanto a cuestiones en las que sea necesaria o conveniente la aportación de conocimientos científicos, artísticos o prácticos. Se defiende, en suma, que cuando los informes aportados por las partes sostienen posturas enfrentadas y el informe pericial practicado en el proceso es favorable al actor, no cabe, si lo que ha de decidirse es una cuestión requerida de ese tipo de conocimientos, inclinarse por el informe de la demandada sin previamente traer a los autos un nuevo dictamen pericial. A lo que se añade, bien que como mera afirmación, sin sustento argumental alguno, que aquel informe pericial ha sido preterido por la sentencia, y que es infundada la negación de valor de dicha prueba pericial.

La interpretación de las normas que se dicen infringidas no conduce a una conclusión como la que afirma la parte recurrente; a una conclusión según la cual siempre sería obligado en un supuesto como el que se describe acudir a un nuevo dictamen pericial antes de inclinarse por la postura defendida por la parte demandada. No es así. Lo exigible en tal supuesto, en el que no dejan de obrar en autos informes que ya aportan los conocimientos científicos de los que carece el órgano judicial, es que éste valore razonadamente el conjunto de elementos de juicio puestos a su disposición. Si así lo hace, e incluso si decide haciendo recaer un hipotético estado de incertidumbre sobre la parte gravada con la carga de la prueba, no habrá vulnerado ninguna de las normas que se dicen infringidas.

Basta lo dicho para desestimar aquellos motivos de casación, pues la queja de arbitrariedad, que aquí meramente se afirma, sin apoyo en argumentos concretos, será objeto de estudio en motivos posteriores.

En el séptimo y octavo motivos de casación se aducen idénticas infracciones, aunque, usando la técnica reiteradamente empleada por la representación procesal del recurrente al articular este recurso, en el séptimo se invocan al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción, que sería lo correcto, y en el octavo al amparo del apartado c) del mismo precepto, lo que resulta inexacto, si bien nuestra respuesta, ante la intrascendencia práctica de tal distinción, será la misma para ambos, a cuyo fin nos serviremos de argumentos equivalentes a los usados en las tantas veces citadas sentencias de 19 de mayo y 2 de junio de 2004, no sin detenernos, como es obligado, en el análisis del concreto caso que enjuiciamos.

En dichos motivos de casación séptimo y octavo se asegura que la Sala sentenciadora ha conculcado lo dispuesto en los artículos 9.3 y 120.3 de la Constitución, que proscriben la arbitrariedad y exigen la motivación de las resoluciones judiciales; en el artículo 24 de la Constitución; en el artículo 610 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que impone la práctica de una prueba pericial cuando se trate de analizar cuestiones en las que sea necesaria o conveniente la aportación de conocimientos científicos, artísticos o prácticos; y en los artículos 14 y 24 de la Constitución y 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre nulidad de dicha prueba; todo ello, en suma, por no haber respetado la Sala sentenciadora las reglas de la sana crítica y haber incurrido en arbitrariedad.

Es con esta imputación, que condensa o resume el (los) motivo (motivos) que analizamos, con la que no podemos estar de acuerdo. En efecto, la Sala de instancia, tras identificar la finca o terreno sobre el que va a decidir, da cuenta de los elementos de juicio que tiene a su disposición (Memoria, de la que trascribe algunos párrafos; Estudio geológico acompañado por la actora con su escrito de demanda y ya aportado al expediente administrativo, del que también trascribe un párrafo; el dictamen pericial, del que no deja de decir que el Sr. Perito muestra su parecer conforme con dicho Estudio, trascribiendo, además, un párrafo del acta de ratificación; la prueba de reconocimiento judicial, de cuya acta trascribe ciertas apreciaciones; los que llama "planos fotográficos", donde se explican, según dice, las características físicas del terreno; fotografías aéreas; fotografías de las fincas; y el Informe Complementario de la empresa "Tecnoambiente"). Y en apreciación conjunta de esos elementos expone las razones por las que entiende que estamos en presencia de un sistema eólico-dunar que cumple la función de dar estabilidad a la playa y a la costa. Razones que son: la fragilidad de la arena, que se desmorona al pisar, del sistema dunar que rodea al Hostal, apreciada en el reconocimiento judicial; fragilidad que indica a juicio de la Sala que la cadena de dunas ha de reputarse un cordón activo; la ubicación de la parcela en una zona que forma una flecha litoral arenosa, que recibe el viento marino de levante y de poniente, lo que contribuye aún más a mantener activo el cordón litoral; la altura del acantilado, dos metros, que no pasa de ser una rocosidad rebasada por las olas; y la acumulación de materiales existente sin solución de continuidad, con entidad suficiente para formar una playa, tal y como reconocen ambos peritos.

Podrá, cierto es, defenderse que otras conclusiones puedan tener su propia lógica. Pero lo que no puede sostenerse es que la conclusión de la Sala de instancia sea arbitraria, esto es, carente de toda razón; o que descanse en una apreciación del conjunto de los elementos de juicio falta de lógica o no basada en las reglas de la sana crítica. Es, por el contrario, una apreciación razonable, que en cuanto basada en todo un conjunto de elementos, entre ellos otros informes técnicos, posibilita, sin ilicitud alguna, obtener una conclusión acerca de cuáles son los elementos de juicio de esa naturaleza que el juzgador considera mejor fundados o dotados de mayor rigor. Lo expuesto, unido (1) a lo que después diremos sobre la insuficiencia de los datos que se nos aportan para que podamos considerar como término válido de comparación las decisiones alcanzadas en otros recursos referidos también al deslinde de Formentera; (2) a la trascendencia, nada menor, que en supuestos como el enjuiciado debe tener una prueba que, como la de reconocimiento judicial, aprecia directamente las características físicas aparentes de los terrenos cuya demanialidad se discute; (3) a la percepción de que los razonamientos de la parte recurrente no son capaces de ofrecer una alternativa más rotundamente coherente que la acogida por la Sala de instancia; y (4) a la regla de que es a ésta a quien corresponde la labor procesal de valoración de las pruebas, con la consecuencia de que sus conclusiones deban ser respetadas en tanto se muevan dentro de los parámetros de la sana razón, conduce a la desestimación de aquellos motivos.

En el noveno, último de los motivos de casación, se denuncia la vulneración del artículo 14 de la Constitución "al haber desestimado la demanda y haber en cambio declarado inválido el mismo deslinde en procedimientos paralelos en cuanto al terreno colindante con el que motiva este litigio y cuyas características son coincidentes". Se sostiene, en suma, que la misma Sala y Sección de la Audiencia Nacional dictó días después de la sentencia aquí recurrida (ésta es de fecha 26 de octubre de 2001) otras (de fechas 15 y 16 de noviembre de 2001, dictadas, respectivamente, en los recursos contencioso-administrativos números 251 y 257 de 1998) que, pese a referirse a terrenos colindantes, fueron estimatorias, por considerar la Sala, en ellas, que el deslinde no estaba suficientemente justificado. Se vulnera por ello, a juicio de la parte, aquel artículo 14.

El motivo, pese a su aparente atractivo, debe ser desestimado, al igual que ya hicimos para un motivo similar en la sentencia antes citada de 19 de mayo de 2004.

De entrada, la circunstancia de que la sentencia aquí recurrida sea anterior a aquéllas en que se llegó a una solución distinta es bastante para eliminar de raíz la queja de vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley, pues la Sala de instancia no podía entonces, al tiempo de sentenciar, conocer que estaba dando una solución desigual para casos supuestamente iguales. La solución posterior distinta podrá, tal vez, aportar un argumento más para una queja en la que se impute a la decisión anterior falta de razonabilidad o, incluso, arbitrariedad (lo cual no ocurre en el caso de autos, en el que la arbitrariedad o la falta de razonabilidad de la sentencia recurrida debe ser descartada, tal y como ya hemos hecho); pero no aporta fundamento jurídico a una queja de trato discriminatorio.

Pero además, en un proceso judicial "las situaciones iguales" no derivan de la sola confrontación del objeto litigioso; derivan o dependen, también, del modo en que las partes han defendido sus respectivas posturas, a través de sus alegaciones y motivos de impugnación y de oposición, de las pruebas propuestas y practicadas, y del resultado de éstas; de suerte que será el conocimiento completo de las circunstancias de cada pleito lo que permitirá, en Derecho, para un Tribunal de Justicia, afirmar, o no, que ante situaciones iguales se ha hecho una desigual aplicación de la ley. Buena prueba de ello es, en lo que hace a este orden jurisdiccional, el deber que al órgano judicial le impone el artículo 33.1 de la Ley de la Jurisdicción, de juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición; o la previsión legal sobre los supuestos en los que se abre el recurso de casación para la unificación de doctrina (artículo 96 de dicha Ley), que requiere litigantes en idéntica situación y, además, que en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se haya llegado a pronunciamientos distintos. Es esto lo que ya vinimos a decir en aquella sentencia de 19 de mayo de 2004, en la que además pusimos de relieve las razones que la Sala de instancia había ofrecido en su posterior sentencia de 15 de noviembre de 2001 para explicar el fallo aparentemente contradictorio al que llegaba. Bueno es, por tanto, recordar nuestro anterior razonamiento. Decía así:

"[...] Con relación a la existencia de otras sentencias de la misma Sala de la Audiencia Nacional que con referencia al mismo deslinde y a fincas idénticas o colindantes han llegado a estimar en parte el recurso Contencioso-Administrativo, diremos lo siguiente:

En la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 15 de noviembre de 2001, que resolvió el recurso Contencioso-Administrativo núm. 251/98 ... se dice literalmente lo siguiente en su fundamento de Derecho octavo:

Es cierto que esta Sala ha desestimado otros recursos en los que, por tratarse de terrenos comprendidos en estos mismos tramos del deslinde de la isla de Formentera, cabría reprochar al expediente de deslinde las mismas notas de generalidad e imprecisión en la motivación que venimos destacando en el caso que ahora nos ocupa. Debe notarse, sin embargo, que en aquellos otros casos han concurrido circunstancias muy diferentes a las del presente litigio, sea porque la prueba allí practicada vino a corroborar o cuando menos no contradijo la sucinta motivación dada por la Administración para justificar el deslinde, sea porque, en definitiva, en esos otros litigios la actuación de la Administración de Costas sí encontró un efectivo respaldo argumental y/o probatorio por parte de la Abogacía del Estado, en contraste con la inconsistencia de su actuación en este litigio, tanto en contestación a la demanda como en trámite de conclusiones.

En consecuencia, el hecho de que en el presente litigio recaiga un pronunciamiento de signo diferente al dictado en otros recursos relativos a terrenos comprendidos en los mismos tramos del deslinde (puede verse la sentencia dictada con fecha de hoy en el Recurso 257/98 o la de 2 de noviembre de 2001 en el Recurso 345/98) no implica que las decisiones jurisdiccionales sean contradictorias, pues cada una de ellas pretende ser congruente con las alegaciones formuladas y las pruebas practicadas, y, en definitiva, congruente con los términos en que se ha planteado el debate procesal en cada caso

.

Así que la propia Sala de la Audiencia Nacional justifica en ese argumento las distintas soluciones a que ha llegado con referencia al mismo deslinde de Formentera.

Y es que el resultado de un proceso no depende sólo de su objeto litigioso (de forma que el resultado haya de ser el mismo cuando se ejercite análoga pretensión, por más que ello sea deseable), sino que depende también de las alegaciones que hagan las partes, de los motivos de impugnación que esgriman y de las pruebas practicadas.

Todo ello, como puede comprenderse, exige un conocimiento exacto de las circunstancias de cada pleito, que aquí no tenemos. [...]".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, si bien, en uso de la facultad que confiere el número 3 de ese mismo precepto y dado el contenido del escrito de oposición, el importe de los derechos y honorarios del representante y defensor de la Administración recurrida no podrá exceder de 4.000 euros.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,