STS, 1 de Diciembre de 2003
| Ponente | LUIS RAMON MARTINEZ GARRIDO |
| ECLI | ES:TS:2003:7636 |
| Número de Recurso | 3740/2002 |
| Procedimiento | CASACION |
| Fecha de Resolución | 1 de Diciembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
D. LUIS GIL SUAREZD. AURELIO DESDENTADO BONETED. ANTONIO MARTIN VALVERDED. LUIS RAMON MARTINEZ GARRIDOD. JOSE MARIA BOTANA LOPEZD. BARTOLOME RIOS SALMERON
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a uno de Diciembre de dos mil tres.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representado y defendido por el Letrado Sr. Segovia Muro, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Asturias, de 6 de septiembre de 2.002, en el recurso de suplicación nº 2918/01, interpuesto frente a la sentencia dictada el 28 de julio de 2.001 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Avilés, en los autos nº 335/01, seguidos a instancia de Dª. Marí Luz contra dicha recurrente y el INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, sobre derechos.
Con fecha 28 de julio de 2.001, el Juzgado de lo Social núm. 1 de Avilés dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimando la demanda presentada por Dª. Marí Luz contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo declarar y declaro el derecho de la demandante a permanecer en situación de alta en la Seguridad Social de forma ininterrumpida mientras se mantenga vigente la prestación de servicios con el INSALUD establecida en virtud del nombramiento suscrito el 01.10.2000, condenando a las entidades demandadas a estar y pasar por ésta declaración, y al INSALUD a cumplir de igual manera su obligación de cotización y ello desde la fecha de dicho nombramiento".
En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: "1.- Dª Marí Luz , celebró un contrato con el Insalud con fecha 01-10-2000, por el cual se produjo su nombramiento estatutario de carácter eventual como refuerzo para la realización de Turnos de Atención Continuada en los servicios de Atención Especializada al amparo del artículo 7.5 de la Ley 30/99 en el "Hospital C." (Gijón).- 2.- Que en virtud de dicho nombramiento, desde la citada fecha presta sus servicios para la citada Entidad como Facultativo Especialista en el Área de Medicina Intensiva, habiendo trabajado 167 horas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2000, 133 horas en enero de 2001, y 143 horas en febrero de 2001, fecha hasta la que alcanza la certificación emitida por el Insalud.- 3.- Que el Insalud solamente mantiene el alta y cotiza por la demandante por los días realmente trabajados, excluyendo los periodos intermedios entre los días en que presta servicios efectivos.- 4.- Se interpusieron las preceptivas reclamaciones previas reclamando el derecho a estar en alta y cotizando por la totalidad del período, siendo las mismas.- 5.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales".
La citada sentencia fue recurrida en suplicación por el Instituto Nacional de la Salud y la Tesorería General de la Seguridad Social, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la cual dictó sentencia con fecha 6 de septiembre de 2.002, en la que dejando inalterada la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, consta la siguiente parte dispositiva: "Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Salud y Tesoreria General de la Seguridad Social contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Avilés, dictada en los autos seguidos a instancia de Dª Marí Luz contra las Entidades Gestoras recurrentes sobre derecho a permanecer de forma ininterrumpida de alta en la Seguridad Social y en consecuencia confirmamos la resolución impugnada".
Por la Letrada Sr. Segovia Muro, en nombre y representación del Tesorería General de la Seguridad Social, se formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que se alega como sentencia contradictoria con la recurrida, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de fecha 13 de marzo de 2.001. Por escrito de fecha 12 de mayo de 2.003 el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) se adhiere al recurso de casación para la unificación de doctrina formalizado por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Por providencia de esta Sala, se procedió a admitir a trámite el citado recurso, y habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito en el sentido de considerar procedente el recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 25 de noviembre de 2.003, en el que tuvo lugar.
En el suplico de la demanda que inicia las presentes actuaciones se pide que "se dicte sentencia en la que declare el derecho de la demandante a permanecer de forma ininterrumpida en alta en la Seguridad Social, no sólo los días en que se presten servicios efectivos, y ello mientras se mantenga vigente su relación de servicios con el INSALUD establecida en virtud del nombramiento suscrito con fecha 1 de octubre de 2.000 y a que se alude en el hecho primero de esta demanda, condenando al INSALUD y a la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a estar y pasar por esta declaración, y al INSALUD a cumplir de la misma forma ininterrumpida su obligación de cotización, retrotrayendo tal reconocimiento y obligación de cotización a la fecha de dicho nombramiento". El fallo de la sentencia de instancia es estimatorio y en él se declara el derecho de la actora a permanecer de forma ininterrumpida en alta en la Seguridad Social mientras se mantenga vigente su relación de servicios con el INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD establecida en virtud del nombramiento suscrito el 1 de octubre de 2.000 y se condena a los codemandados a estar y pasar por dicha declaración y al INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD a cumplir ininterrumpidamente su obligación de cotizar desde la fecha de dicho nombramiento. La Tesorería General de la Seguridad Social y el INSALUD recurrieron este pronunciamiento, alegando que se ejercía una acción declarativa inadmisible porque no responde a un interés actual y real. La sentencia recurrida desestimó el recurso, señalando que lo que se pide es la permanencia en alta durante todo el período de vigencia del contrato con independencia de la limitación de los días de prestación efectiva de servicios y que, por tanto, no se trata de una petición "ad cautelam", sino con contenido actual. La sentencia de contraste es la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 13 de marzo de 2001. Se trata de una trabajadora contratada como ATS-DUE eventual para prestar servicios de refuerzo que pedía la ampliación de los días de alta y la realización de las cotizaciones correspondientes, porque en el período reclamado se habían excluido tanto de alta como de cotización los lunes y los días siguientes a los festivos pese a que en ellos se prestó servicio hasta las ocho horas. La sentencia de instancia reconoció "el derecho de la actora a haber permanecido en alta en el Régimen General de la Seguridad Social durante los 42 días que se relacionan en el párrafo sexto de hechos probados de esta sentencia en que trabajó como refuerzo en los centros sanitarios del INSALUD, así como a que se ingresen las cuotas correspondientes a esos días en la TGSS, condenando a ambos organismos demandados a estar y pasar por la anterior declaración y al INSALUD a ingresar en la TGSS las referidas cuotas de seguros sociales correspondientes". Sin embargo, la sentencia de contraste aprecia la inexistencia de acción, porque entiende que no es un interés actual el que "se realicen determinados cómputos de cotizaciones y no otros distintos en cuanto que de ello pudiera derivar la decisión de instar o no una determinada situación de acceso a prestaciones...sin sufrir el avatar de la incertidumbre de si serán o no tenidas en cuenta", citando en este sentido las sentencias de esta Sala de 27 de marzo de 1992, 6 de mayo de 1996, 23 de septiembre de 1998 y 31 de mayo de 1999.
Hay que estimar la existencia de contradicción, aunque con carácter parcial, pues se producen algunas diferencias relevantes. En la sentencia recurrida hay una pretensión que se proyecta hacia el pasado (pago de cotizaciones devengadas durante los días de interrupción de la prestación de servicios), pero también hacia el presente y el futuro (mantenimiento del alta durante esos días y cotización por los mismos). En la sentencia de contraste los efectos se refieren sólo al pasado (retroacción del alta y pago de las cotizaciones durante los días debatidos en un período anterior a la demanda). La identidad se produce en lo relativo al pago de las cotizaciones, pero no para el resto de los puntos de debate. En primer lugar, no es lo mismo solicitar el mantenimiento actual del alta durante la vigencia de la relación entre partes, como ocurre en el caso de la sentencia recurrida, que solicitar el reconocimiento retroactivo del alta para un período ya transcurrido, pues cuando ese reconocimiento se hace a efectos de futuras prestaciones podría sostenerse que no hay un interés real y actual que merezca la protección de una acción declarativa, sin perjuicio de que pueda entrase en la valoración de ese hecho cuando se discuta el reconocimiento de una prestación concreta cuya efectividad o cuantía pudiera depender de dichas cotizaciones (sentencia de 6 de mayo de 1996), mientras que en el mantenimiento del alta durante la vigencia de la relación derivada del nombramiento tiene una consideración distinta en orden a su actualidad. En cuanto al pago de las cotizaciones devengadas, la coincidencia es plena y además aquí no se pide que se computen esas cotizaciones a efectos de prestaciones, sino que se abonen y lo mismo sucede con la sentencia de contraste, aunque en la fundamentación jurídica se introduzca algún equívoco al respecto. Es cierto que la pretensión deducida en estas actuaciones no parece limitarse a las cotizaciones ya devengadas, pues puede incluir las futuras. Pero éstas no plantean ninguna diferencia relevante en orden a la apreciación del interés real de la pretensión, aunque sí pudieran suscitarla en lo relativo al límite las condenas de futuro, y en todo caso la identidad existe , al menos para la pretensión relativa a las cuotas devengadas. La conclusión que se impone, por tanto, es que hay contradicción en los relativo al pago de las cotizaciones y que no lo hay en lo que afecta al alta.
Pero, aceptada la contradicción, la Sala, que considera que una pretensión sobre el pago de las cuotas devengadas responde a un interés real, debe, sin embargo, entrar de oficio en el examen de la jurisdicción del orden social; cuestión que puede suscitarse de esta forma una vez superada la contradicción, como ha establecido la Sala cuando su decisión del recurso está condicionada por cuestiones de orden público, aunque éstas no se encuentren el ámbito de la contradicción denunciada, siempre que ésta haya sido apreciada. Y esto es lo que sucede en el presente caso en el que el pronunciamiento sobre la procedencia de la acción declarativa ejercitada está condicionada por el problema previo de si el conocimiento de esa acción corresponde al ámbito de la jurisdicción social . Y en este punto hay que recordar la doctrina de la sentencia de 29 de abril de 2002, dictada en Sala General, en la que, revisando algún criterio anterior (sentencias de 12 de julio de 1999 y 10 de julio de 2001), se reafirma el criterio general de la Sala que considera que corresponden al orden contencioso-administrativo todas las cuestiones relativas a la cotización (sentencias de 21 de septiembre de 1987, 20 de julio de 1990, 3 de diciembre de 1992, 20 de enero de 1993, 30 de junio de 1994 y 27 de marzo de 2001). Como señala la sentencia de 29 de abril de 2002, la gestión recaudatoria que excluye de la competencia del orden social el artículo 3.1 b) de la Ley de Procedimiento Laboral no se limita cuando se refiere a las cotizaciones a su sentido estricto, referido la actividad encaminada a hacer efectivo el cobro de una deuda ya declarada y fijada en su importe, sino que tal expresión alcanza, cuando se trata de las cotizaciones, no sólo a esas operaciones materiales de cobro, sino también a la declaración de la existencia de la obligación de cotizar y a la determinación de su importe. Se llega a esta conclusión por varias razones. En primer lugar, porque la propia redacción del artículo 3.1 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, pese a su carácter incompleto, muestra con claridad que la actividad recaudatoria se entiende en este precepto en sentido amplio, como una actividad que, en el ámbito de las relaciones de cotización y a diferencia de lo que ocurre con la acción protectora, comprende todas los actos de declaración de la deuda y de fijación de su importe (liquidación). Esto es así porque la norma se refiere también de forma expresa a las actas de liquidación, cuyo contenido consiste en establecer y determinar la obligación de cotizar en los supuestos que enumera el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y en esta referencia deben entenderse comprendidas también las reclamaciones de deuda del artículo 30 de dicha Ley y, en general, toda la gestión que se conecta con la denominada recaudación en período voluntario (decisiones sobre aplazamientos y fraccionamiento de pago, recargos, devoluciones de cuotas, etc.). En segundo lugar, porque la noción de recaudación que utiliza el artículo 3.1 b) de la Ley General de la Seguridad Social está delimitada en la Ley General de la Seguridad Social, que, en su artículo 18, la define como una actuación que comprende tanto la recaudación en vía ejecutiva, como en período voluntario (artículo 18 de la Ley General de la Seguridad Social) y esta última incluye las operaciones típicas de declaración de la deuda, las actas de liquidación, las reclamaciones de deuda y los actos recaudatorios conexos (artículos 20, 23 y 25 a 32 de la Ley General de la Seguridad Social).
Por otra parte, la sentencia de 29 de abril de 2002 recuerda que, como establecieron ya las sentencias de la Sala 3ª de este Tribunal de 11 de julio de 1996, hay que aplicar el principio de unidad del ámbito de la jurisdicción, que también tuvo en cuenta esta Sala en su sentencia de 20 de julio de 1990, y, con arreglo a él, «no cabe separar la vertiente positiva, actividad de cobranza, y la que la delimita negativamente, actividad de determinar si la cobranza fue indebida, para atribuir a órdenes jurisdiccionales diversos lo que participa de una única y real naturaleza: la actividad de gestión recaudatoria, con lo que al elemento de la interpretación contextual se une el finalista de no diversificar regímenes de impugnación de actuaciones administrativas presididas por el mismo fin público». En este sentido no deben tampoco confundirse las cuestiones que en materia de cotización el orden social tiene que decidir prejudicialmente para resolver las que le corresponden en el ámbito de la acción protectora y aquellas cuestiones cuyo objeto, como sucede en el presente caso, es recabar un pronunciamiento directo sobre el alcance de la obligación de cotizar, cuya única especialidad consiste en proponerse al margen de los actos formalizados de recaudación y de las vías administrativas de decisión.
La aplicación de esta doctrina conduce a declarar de oficio la falta de jurisdicción del orden social para conocer de la pretensión deducida en las presentes actuaciones sobre el pago de las cotizaciones, anulando en este punto el pronunciamiento de la sentencia de instancia que se pronuncia sobre esta petición, así como el de la sentencia recurrida que lo confirma y advirtiendo a las partes que la competencia para conocer de esta cuestión corresponde al orden contencioso- administrativo de la jurisdicción. En cuanto a los pronunciamientos de las mencionadas sentencias sobre el mantenimiento del alta, los mismos se confirman, desestimándose en este punto el recurso. Todo ello sin imposición de costas.
En el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, al que se ha adherido el SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Asturias, de 6 de septiembre de 2.002, en el recurso de suplicación nº 2918/01, interpuesto frente a la sentencia dictada el 28 de julio de 2.001 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Avilés, en los autos nº 335/01, seguidos a instancia de Dª. Marí Luz contra dicha recurrente y el INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, sobre derechos, declaramos de oficio la falta de jurisdicción del orden social para conocer de la pretensión deducida en las presentes actuaciones sobre el pago de las cotizaciones, anulando en este punto la parte del pronunciamiento de la sentencia de instancia que decide sobre esta petición, así como el de la sentencia recurrida que lo confirma y advirtiendo a las partes que la competencia para conocer de esta cuestión corresponde al orden contencioso-administrativo de la jurisdicción. Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en lo relativo al pronunciamiento de la sentencia recurrida que confirma la decisión de la sentencia de instancia sobre el mantenimiento del alta. Sin imposición de costas.
Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social de procedencia ,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Luis Ramón Martínez Garrido hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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