La contratación pública sostenible, un estudio pan-europeo
| Autor | Javier Mendoza Jiménez, Naomi Álvarez Walo, Jaime Pintos Santiago |
| Cargo del Autor | Univesidad de La Laguna/Univesidad a Distancia de Madrid |
| Páginas | 71-79 |
Javier Mendoza Jiménez
Naomi Álvarez Walo
Univesidad de La Laguna
Jaime Pintos Santiago
Univesidad a Distancia de Madrid
Resumen
La compra pública parece haber emprendido un nuevo camino para transformarse de forma decidida
en una política que contribuya activamente al desarrollo sostenible. Las bases legislativas muestran un
apoyo más decidido para ello y un resultado de ello es la Directiva 24/2014/UE. El objetivo de esta
investigación es reflejar las similitudes y diferencias en el modo en el que las legislaciones nacionales
de 28 países (los 27 de la UE más Reino Unido) han recogido las posibil idades sociales y ambientales
que se mencionan en dicha Directiva. En general, el criterio precio sigue siendo la referencia principal
para la adjudicación de los contratos, si bien existen algunas excepciones desde el punto de vista
contractual (con los servicios sociales y de carácter intelectual) y en forma de límites a la ponderación
que pueda dársele. Dent ro de los aspectos sociales que resaltan a quellos estados que han decidido ir
más allá de la Directiva, la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión y la igual dad de
mujeres y hombres han sido los temas más destacados. En la parte medioambiental existe una mayor
variedad de aspectos, que van desde el consumo eficiente de la energía y recursos al bienestar animal.
Palabras clave: contratación pública, sostenibilidad, Europa
1.! INTRODUCCIÓN
El papel que debe jugar la contratación pública para contribuir al desarrollo sostenible ha
permeado los documentos europeos y nacionales (al menos en España) en este ámbito desde que en la
Estrategia Europa 2020 se estableciera la necesidad de desarrollar
normas modernizadas sobre
contratación pública
que permitieran fomentar la innovación y avanzar hacia un modelo verde
(Comisión Europea, 2010). Ese documento, del que se derivaron otros hitos como el Libro verde de
2011 sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE, que recogía una serie de
retos que debían afrontarse como la compra pública electrónica y que reflexionaba en la dicotomía del
qué
comprar frente al
cómo
comprar (Comisión Europea, 2011).
A partir de ahí, se refuerza la visión de la compra pública como herramienta para plasmar la
responsabilidad social de las administraciones públicas (Abdelmotaleb & Saha, 2018) que se recoge de
manera clara en las referencias que, en las Directivas de cuarta generación, se hacen a los aspectos
sociales y medioambientales que puede recoger la contratación pública. Todo ello, se recoge bajo
distintas denominaciones, que pueden abarcar un campo más o menos amplio. De esta manera, ha
surgido una cacofonía de definiciones que hablan tanto de compra pública sostenible (Delmonico
et al., 2018; Sönnichsen & Clement, 2020), de contratación pública social y sostenible (Bernal et al.,
2019) y de contratación pública verde (Cerutti et al., 2016; Mélon, 2020), más enfocada en la parte
ambiental.
Para llevar a cabo ese potencial de desarrollo, que se ha puesto aún más de manifiesto con la
situación de
nueva normalidad
actual (Folliot Lalliot & Yukins, 2020), es necesario que la legislación
de contratación pública facilite la introducción de aspectos sociales y medioambientales, estableciendo
de manera clara cuáles son las posibilidades y un mandato claro para promover el desarrollo sostenible.
El análisis de las leyes de contratación nacionales puede arrojar luz sobre el modo en que lo disp uesto
en esas nuevas directivas, se ha trasladado al ordenamiento jurídico nacional.
El objetivo de esta investigación es reflejar las similitudes y diferencias en el modo en el que
las legislaciones nacionales de 28 países (los 27 de la UE más Reino Unido) han recogido las
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