Codificación y técnica legislativa en Estados Unidos de América
| Autor | Marta Muñoz de Morales Romero |
| Páginas | 201-237 |
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Codificación y técnica legislativa en Estados Unidos de América
CAPÍTULO VII
CODIFICACIÓN Y TÉCNICA LEGISLATIVA
EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Marta MUÑOZ DE MORALES ROMERO
1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN AMERICANA
Y JUSTIFICACIÓN DE SU ELECCIÓN
La experiencia americana tiene dos cosas fundamentales que la hacen
muy «especial» para un jurista europeo: Por un lado, los clásicos defectos
que se «achacan» al Derecho penal continental se multiplican y, por tanto,
examinar los remedios propuestos puede aventurar prácticas interesantes
fallidas en un contexto de suma irracionalidad pero quizás fructíferas en
otro menos problemático. Por otro lado, nos encontramos ante un Estado
federal en el que los Estados tienen con carácter general la competencia para
legislar en asuntos penales con la peculiaridad de que una gran mayoría de
ellos siguieron a modo de «implementación» soft-law el Código Penal Mo-
delo (en adelante CPM). Dicho en otras palabras: nos encontramos ante una
situación «parecida» a la de la UE siendo las directivas una suerte de «Dere-
cho federal» y los Códigos Penales nacionales lo que viene a ser el «Derecho
estatal».
En casi todos los países del mundo el discurso político-criminal que
prima es de tipo represivo pero en Estados Unidos su clara tendencia hacia
la politización del crimen, la sobrecriminalización 1 o, en una terminología
1 W. J. STUNTZ, «The Pathological Politics of Criminal Law», en Michigan Law Review,
vol. 100, 2001-2002, pp. 505, 509, 547; S. BEALE, «The Many Faces of Overcriminalization: From
Morals and Mattress Tags to Overfederalization», en Am. U. L. Rev., vol. 54, 2005, pp. 747, 773;
N. J. KING, «Judicial Oversight of Negotiated Sentences in a World of Bargained Punishment»,
Stanford Law Review, vol. 58, 2005, pp. 293, 301; E. LUNA, «The Overcriminalization Phenom-
enon», en Am. U. L. Rev., 2005, pp. 703, 719; G. HEALDY et al. (eds.), Go directly to jail: The
criminalization of almost everything, Cato Institute, 2004, D. HUSAK, «Crimes Outside the Core»,
Marta Muñoz de Morales Romero
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más próxima, hacia la «expansión del Derecho penal» 2 es mayor. El legis-
lador se ha convertido así en una «fábrica de delitos» 3 dirigida bajo la pre-
misa del «ser (más) represivo mejora la imagen y popularidad del político 4 y
le ayuda a ganar votos» 5. O dicho en otros términos: si no eres duro con el
crimen, puedes perder las elecciones 6. Y es que cualquier signo de reforma
menos represiva es considerado como un beneficio para los delincuentes
(los «bad guys») 7.
Vinculado con lo anterior, a nadie se le escapa que la legislación surge
«a golpe de suceso», es decir, lo que a los americanos les gusta denominar
«normal news-story/political-response cycle crimes» o «crimes du jour» 8. En
este sentido, «los malos casos desembocan en malas políticas» y, también en
nuestro caso concreto, «en malas leyes» 9. Dicho de otro modo: los políti-
cos, ante sucesos de gran conmoción, que no son la mayoría de las veces ni
los más representativos ni los más frecuentes, necesitan satisfacer los deseos
en Tulsa Law Review, vol. 39, pp. 755, 769. En español, sobre el pensamiento de este último autor,
recientemente, D. HUSAK, Sobrecriminalización: los límites del Derecho penal, 2013, Marcial Pons.
2 J. SILVA, La expansión del Derecho penal, B de F, 2006.
3 P. H. ROBINSON/M. T. CAHILL, «The Accelerating Degradation of American Criminal
Codes», en Hastings Law Journal, vol. 56, p. 634.
4 ABA, The Federalization of Criminal Law, 1997, p. 16; E. LUNA, «Overextending the Crimi-
nal Law», en G. HEALDY et al. (eds.), Go directly to jail..., op. cit., pp. 1, 5.
5 D. C. RICHMAN, «Federal Criminal Law, Congressional Delegation, and Enforcement Dis-
cretion», en UCLA Law Review, vol. 46, 1999, pp. 757, 772; M. J. MITCHELL, «Cleaning out the
Closet: Using Sunset Provisions to Clean up Cluttered Criminal Codes», en Emory Law Journal,
vol. 54, 2005, p. 1683; R. KIERAN, «Trial by Legislature: Why Statutory Mandatory Minimum Sen-
tences Violate the Separation of Powers Doctrine», en B. U. Pub. Int. L. J., vol. 19, 2009-2010,
p. 302; R. BARKOW, «Federalism and the Politics of Sentencing», en Columbia Law Review,
núm. 105, 2005, pp. 1276, 1277-1278; M. LEMOS, «The Commerce Power and Criminal Punish-
ment: Presumption of Constitutionality or Presumption of Innocence?», en Texas Law Review,
núm. 84, 2006, p. 1203; W. J. STUNZ, «The Pathological Politics of Criminal Law», en Michigan
Law Review, núm. 100, 2001, p. 509.
Para una visión histórica del uso del crimen en el discurso político en Estados Unidos, véase
S. S. BEALE, «What’ Law Got To Do With It? The Political, Social, Psychological and Non-Legal
Factors Influencing the Development of (Federal) Criminal Law», en Buffalo Criminal Law Review,
vol. 1, núm. 1 (abril de 1997), pp. 40 y ss.
6 P. H. ROBINSON, «Comment on Proposal for Structuring Judicial Discretion in Sentenc-
ing», en Hukin: Israeli Journal on Legislation, vol. 3, marzo de 2011, p. 16, disponible en http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1846579 (ultimo acceso: 30 de enero de 2015); D. C.
RICHMAN, «Federal Criminal Law...», op. cit., p. 772; H. A. CHERNOFF, «The Politics of Crime», en
Harvard J. Legis, vol. 33, 1996, p. 577. Es lo que les pasó a los republicanos en 1992 y a los demó-
cratas en 1994: no fueron capaces de mostrar su política represiva contra el crimen y perdieron las
elecciones.
7 J. R. BROUGHTON, «Congressional Inquiry and the Federal Criminal Law», en University of
Richmond Law Review, vol. 46, 2012, p. 17.
8 P. ROBINSON, «Can a Model Penal Code second save the Status from themselves?» (2003),
Faculty Scholarship. Paper 42, disponible en http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholars-
hip/42 (último acceso: 31 de enero de 2015).
9 D. P. MEARS, American Criminal Justice Policy: An Evaluation Approach to Increasing Ac-
countability and Effectiveness, Cambridge University Press, 2010, pp. 24 y ss.
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de la sociedad 10 y mostrar a la ciudadanía su reacción enérgica e, incluso a
veces, pionera 11, a modo de «remedios milagrosos» (silver bullets) para im-
pedir que casos así se vuelvan a repetir en el futuro. En este sentido, desde
el ejecutivo se anuncian milagros que evidentemente no existen y menos aún
en el caso de las políticas criminales 12. El Derecho penal se usa, por tanto,
con carácter simbólico 13 para reforzar las normas de buena conducta y cen-
surar los malos comportamientos 14.
Los medios de comunicación juegan aquí un rol determinante. Siempre
decididos a dar una atención desmesurada a casos sensacionalistas y a pro-
porcionar a los políticos una opinión pública sectaria basada en las opiniones
de los protagonistas, familiares, amigos, etc., de la víctima que evidentemen-
te defienden posturas más represivas 15. En todos los países existen múltiples
ejemplos de legislación tras titular impactante: en el caso de delincuentes
sexuales y pedófilos son famosas la ley Lindbergh 16, la ley Megan en Estados
Unidos 17 y en su versión inglesa las Sarah’s laws 18.
Son estos casos sensacionalistas que ocurren en todas partes del mundo
los que llevan al legislador a adoptar leyes «a toda prisa» sin tener en cuenta
la opinión de expertos en la materia (salvo excepciones como Suecia) y sin
10 R. O. DAWSON, «The Third Justice System: The new juvenile-criminal system of determi-
nate sentencing for the youthful violent offender in Texas», in St Mary’s Law Journal, vol. 19; F. J.
REMINGTON, «The Future of the Substantive Criminal Law Codification Movement - Theoretical
and Practical Concerns», en Rutgers Law Journal, núm. 19, 1987-1988, p. 882.
11 D. P. MEARS, American Criminal Justice Policy..., op. cit., p. 163.
12 Ibid.
13 Sobre esta cuestión en España véase J. L. DÍEZ RIPOLLÉS, «El Derecho penal simbólico y los
efectos de la pena», en L. ARROYO ZAPATERO/A. NIETO MARTÍN, Crítica y justificación del Derecho
penal en el cambio de siglo: el análisis crítico de la Escuela de Frankfurt, 2003, pp. 147-172.
14 En Estados Unidos, véase D. M. KAHAN, «The Secret Ambition of Deterrence», en Harv.
L. Rev., 1999, n. 113, p. 413; «Social Influence, Social Meaning, and Deterrence», en Va. L. Rev.,
1997, n. 83; del mismo autor «What Do Alternative Sanctions Mean?», en University of Chicago
Law Review, 1996, n. 63, p. 591; B. E. HARCOURT, «After the “Social Meaning Turn”: Implications
for Research Design and Methods of Proof in Contemporary Criminal Law Policy Analysis», en
Law & Soc. Rev., 2000, n. 34, p. 179, y J. FEINBERG, «The Expressive Function of Punishment», en
Doing and deserving: Essays in the Theory of Responsibility, 1970, p. 95.
15 S. S. BEALE, «What’s Law Got To Do With It?...», op. cit., p. 47.
16 Esta ley tipificó como delito federal el secuestro tras la desaparición de un menor en la
casa de un famoso piloto americano. A este respecto, véase M. S. SCOTT, «Kidnapping Federalism:
United States v. Wills and the Constitutionality of Extending Federal Criminal Law into the States»,
en Journal of Criminal Law & Criminology, vol. 93, 2003.
17 Por esta ley se introdujo el primer registro moderno de delincuentes sexuales. Para una
visión general, véase C. R. YOUNG, «One of These Laws is Not Like the Others: Why the Federal
Sex Offender Registration and Notification Act Raises New Constitutional Questions», en Harvard
Journal on Legislation, vol. 46, 2009, pp. 369, 372.
18 Para una perspectiva comparada de ambas, véase M. J. DUGAN, «Megan’s Law or Sarah’s
Law - A Comparative Analysis of Public Notification Statutes in the United States and England», en
23 Loy. L.A. Int’l & Comp. L. Rev., 617 (2001), y L. GRIFFIN/K. BLACKER, «Megan’s Law and Sar-
ah’s Law: A Comparative Study of Sex Offender Community Notification Schemes in the United
States and the United Kingdom», en Criminal Law Bulletin, vol. 46, 2010, pp. 987 y ss.
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