Capacidad para contratar en el Código Civil y leyes estatales

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario

Actualización: Este tema se ha actualizado teniendo en cuenta la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que ha entrado en vigor el 3 de septiembre de 2021.

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Unos de los requisitos fundamentales para que haya contrato es el consentimiento y éste, además de otros requisitos, exige capacidad por quien ha de prestarlo; no tener capacidad para consentir es no tener capacidad para contratar.

Contenido
  • 1 Diferencia entre capacidad y prohibición
  • 2 Capacidad de las personas físicas
    • 2.1 Menores de edad no emancipados
    • 2.2 Menores emancipados
    • 2.3 Personas con discapacidad
    • 2.4 Efectos del contrato suscrito por un representante legal sin la debida autorización
    • 2.5 Discapacidad de hecho
  • 3 Capacidad de las personas jurídicas
  • 4 Ver también
  • 5 Recursos adicionales
    • 5.1 En formularios
    • 5.2 En doctrina
  • 6 Legislación básica
  • 7 Legislación citada
  • 8 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
Diferencia entre capacidad y prohibición

Ha sido tradicional distinguir entre la capacidad jurídica (capacidad para ser titular de derechos y obligaciones) y la capacidad de obrar.

Cuando se hablaba de la capacidad de contratar (o en sentido negativo de incapacidad para contratar) se estaba hablando de una capacidad de obrar que podía estar restringida ) o de una incapacidad a causa de una sentencia judicial de incapacitación.

Pero para los territorios en que rige el Código Civil, sea directamente, sea con carácter supletorio, la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, vigente el 3 de septiembre de 2021, supone un cambio total: no hay incapaces, puede haber personas con discapacidad y éstas pueden estar necesitadas de medidas de apoyo, (curador que puede tener la representación o no, guardador de hecho, defensor judicial y las medidas voluntarias ordenadas).

En definitiva, como dice la Exposición de Motivos de esta Ley:

La nueva regulación está inspirada, como nuestra Constitución en su artículo 10 exige, en el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad, así como en los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que, en su caso, pueda necesitar esa persona para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás.

Asimismo hay que diferenciar entre la situación del menor de edad sujeto a patria potestad o a tutela, la discapacidad necesitada o no de apoyos y la prohibición para contratar.

La prohibición no es un problema de discernimiento, no se refiere al ejercicio de la capacidad predicada ahora de todos, sino de disposición legal, de una norma que prohíbe unos contratos determinados a personas que tienen plena capacidad de obrar y ello es debido a unas especiales circunstancias.

A la situación del menor se refiere el art. 1263 CC y a las prohibiciones el art. 1264 CC y diversas disposiciones; respecto a éstas puede verse el tema Prohibiciones para contratar en el Código Civil y leyes estatales

Capacidad de las personas físicas

Todo ser humano tiene siempre capacidad jurídica, pero su aptitud para prestar su consentimiento en un contrato se ve condicionada en tres supuestos bien concretos: tratarse de menores de edad no emancipados, tener la discapacidad con más o menos medidas de apoyo e incluso estar sujeto a curatela representativa y no tener capacidad mental o discernimiento para contratar, a la que habría que añadir tener capacidad limitada para comprender según que contratos o determinadas cláusulas de un contrato.

El art. 1263 CC sólo contempla el caso de personas físicas diciendo, después de la redacción dada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica:

Los menores de edad no emancipados podrán celebrar aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales.

Ahora ya no es una definición negativa como antes.

Menores de edad no emancipados

A ellos se refiere el citado art. 1263 CC.

A) Capacidad limitada

Hoy día se entiende que el menor no tiene una incapacidad, más bien el menor tiene limitada su capacidad de obrar.

Es el caso del niño que por su corta edad no comprende ni sabe; si un menor de edad comprende, el contrato que celebre será anulable; pero si su edad es tan corta que nada entiende ni comprende el acto es nulo por falta de consentimiento.

La cuestión es si hay alguna edad contemplada por el Derecho. Y la realidad es que se contempla y faculta al menor en diversos supuestos.

Y así encontramos:

a) En la adopción, el art. 177 CC dice que deberán ser oídos por el Juez:

«3.º El adoptando menor de doce años de acuerdo con su edad y madurez».

b) A partir de los 14 años ya puede: a) otorgar testamento ante notario; b) optar por la nacionalidad española y solicitar dicha nacionalidad, asistido de su representante legal; c) contraer matrimonio con la previa dispensa del juez; d) otorgar capitulaciones matrimoniales; e) reconocer un hijo como propio.

c) Desde los 16 años puede: a) celebrar contratos de trabajo, autorizados por sus padres o tutores; b) administrar los bienes que adquiera con su trabajo; c) adquirir la capacidad de obrar del emancipado, si vive de manera independiente de sus padres o tutores; d) solicitar la emancipación de sus padres, y el beneficio de la mayor edad de sus tutores.

d) En materia testifical, el art. 361 de la Ley de Enjuiciamiento Civil habla de que:

«los menores de catorce años podrán declarar como testigos si, a juicio del tribunal, poseen el discernimiento necesario para conocer y para declarar verazmente».

Ambos preceptos parecen admitir respectivamente que puede haber menores de doce años o de catorce que tengan cierta madurez o discernimiento.

e) La Ley de Enjuiciamiento Criminal en el art. 409 dispone que:

«para recibir declaración al procesado menor de edad no habrá necesidad de nombrarle curador,

Esta norma no habla de años en concreto».}}

B) Protección del menor

Para su protección a su representante legal se le exige autorización judicial para ciertos actos.

En concreto:

Por aplicación del art. 166 CC, se exigirá la autorización judicial para enajenar -vender es enajenar- o gravar (y no para adquirir) bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente de acciones, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización del juez del domicilio, con audiencia del Ministerio fiscal; sin embargo, el mismo artículo indica que:

«no será necesario autorización judicial si el menor hubiese cumplido dieciséis años y consintiere en documento público ni para la enajenación de valores mobiliarios siempre que su importe se reinvierta en bienes o valores seguros».
Menores emancipados

Por aplicación del art. 323 CC, el menor emancipado no podrá gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el de su curador.

En realidad, en general el menor emancipado, aunque tiene capacidad para contratar, tiene estas concretas limitaciones: se exige el consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, el de su curador.

Personas con discapacidad

Hasta la vigencia de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, era la sentencia que modificaba su capacidad la que establecía si se trataba de una incapacidad total, que exigía el nombramiento de tutor o de una incapacidad sólo para determinados actos para los cuales se exigía la actuación del curador; y por aplicación del art. 271 CC en el caso de tutela, el tutor necesitaba autorización judicial para aportar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados.

La citada Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica supone un cambio fundamental en la regulación de la discapacidad indicando en cada caso el nuevo sistema sobre medidas de apoyo vigente a contar del 3 de septiembre de 2021 que sustituye a la tradicional incapacitación.

Y la nueva redacción del art. 287 del CC dice:

El curador que ejerza funciones de representación de la persona que precisa el apoyo necesita autorización judicial para los actos que determine la resolución y, en todo caso, para los siguientes:
1.º Realizar actos de transcendencia personal o familiar cuando la persona afectada no pueda hacerlo por sí misma, todo ello a salvo lo dispuesto legalmente en materia de internamiento, consentimiento informado en el ámbito de la salud o en otras leyes especiales.
2.º Enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, bienes o derechos de especial significado personal o familiar, bienes muebles de extraordinario valor, objetos preciosos y valores mobiliarios no cotizados en mercados oficiales de la persona con medidas de apoyo, dar inmuebles en arrendamiento por término inicial que exceda de seis años, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones. La enajenación de los bienes mencionados en este párrafo se realizará...

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