SAP Barcelona 427/2008, 8 de Julio de 2008
| Ponente | FERNANDO UTRILLAS CARBONELL |
| ECLI | ES:APB:2008:7653 |
| Número de Recurso | 824/2007 |
| Número de Resolución | 427/2008 |
| Fecha de Resolución | 8 de Julio de 2008 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 13ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL
DE
BARCELONA
SECCIÓN Decimotercera
ROLLO Nº 824/2007 - B
JUICIO VERBAL NÚM. 536/2006
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 6 MANRESA
S E N T E N C I A Nº 427
Ilmos. Sres.
D. JUAN BAUTISTA CREMADES MORANT
Dª. ISABEL CARRIEDO MOMPIN
Dª. Mª ANGELS GOMIS MASQUÉ
D. FERNANDO UTRILLAS CARBONELL
En la ciudad de Barcelona, a ocho de julio de dos mil ocho.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimotercera de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de
Juicio verbal, número 536/2006 seguidos por el Juzgado Primera Instancia 6 Manresa, a instancia de D/Dª. Jose Ignacio, contra D/Dª. María Rosa ; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia dictada en los mismos el día 26 de junio de 2007, por el/la Juez del
expresado Juzgado.
La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda de juicio verbal de desahucio por expiración del plazo arrendaticio interpuesta por Don Jose Ignacio contra Doña María Rosa decreto el desahucio por expiración del plazo arrendaticio condenándole a desalojar la finca con apercibimiento de lanzamiento si no procede a su desalojo.
Cada parte abonará sus costas y las comunes por mitad.".
Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria se opuso en tiempo y forma; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
Se señaló para votación y fallo el día 8 de julio de 2008.
En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D/Dª. FERNANDO UTRILLAS CARBONELL.
Es doctrina constante, uniforme, y reiterada ( Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1930, 21 de octubre de 1959, o 20 de septiembre de 1996; RJA 640/1930-31, 3597/1959, y 6727/1996), que es consustancial al contrato de arrendamiento que se haga por tiempo determinado, según resulta de los artículos 1543, 1554,3º, y 1569,1ª del Código Civil, de modo que la determinación del plazo es esencial en este negocio jurídico, por lo que, si las partes dejan de señalar el plazo, es el Código Civil el que, en el artículo 1581, establece las normas de carácter subsidiario para la determinación de la duración del contrato de arrendamiento, entendiéndose hecho el arrendamiento por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, y por días cuando es diario.
Ahora bien, es igualmente doctrina comúnmente admitida ( Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1918), que la disposición del artículo 1581 del Código Civil es puramente supletoria, para el caso de no haberse fijado plazo al arrendamiento.
En este caso, centrada la primera cuestión discutida en la duración pactada del contrato de arrendamiento, de fecha 1 de enero de 1993,de la vivienda en la planta baja de la finca denominada "Can Flautes", en Navàs, (doc 1 de la demanda),es doctrina reiterada ( Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1964, 18 de junio de 1992, y 10 de mayo de 1994; RJA 5556/1964, 5320/1992, y 4017/1994), que para indagar la intención de las partes, de conformidad con lo previsto en los artículos 1281 y 1285 del Código Civil, debe tenerse en cuenta la totalidad del contrato, el todo orgánico que lo constituye, y no una cláusula aislada de las demás.
Y en este mismo sentido, es igualmente doctrina constante, uniforme, y reiterada ( Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de abril y 16 de diciembre de 1987, 20 de diciembre de 1988, 19 de enero de 1990, y 7 de julio de 1995; RJA 2482 y 9509/1987, 9736/1988, 36/1990, y 5566/1995), que las normas o reglas interpretativas contenidas en los artículos 1281 a 1289 ambos inclusive del Código Civil, constituyen un conjunto o cuerpo subordinado y complementario entre sí de las cuales tiene rango preferencial y prioritario, la correspondiente al primer párrafo del artículo 1281, de tal manera que si la claridad de los términos de un contrato no dejan duda sobre la intención de las partes,no cabe la posibilidad de que entren en juego las restantes reglas contenidas en los artículos siguientes que vienen a funcionar con el carácter de subsidiarias respecto de la que preconiza la interpretación literal.
En este caso, del tenor literal del conjunto orgánico del contrato de arrendamiento, de fecha 1 de enero de 1993 (doc 1 de la demanda), aparece claramente que la duración pactada fue la de cuatro años, según se expresa claramente en el pacto segundo el contrato, en el que se añade igualmente de manera expresa que finalizaría su vigencia el 31 de diciembre de 1996, conforme al Real Decreto de 30 de abril de 1985.
Por lo tanto, no cabe que entren en juego otras reglas de interpretación del contrato, por tener rango preferencial y prioritario, según lo expuesto, la regla correspondiente al primer párrafo del artículo 1281, no habiendo en este caso duda sobre la intención de las partes por la claridad de los términos del contrato.
Opuesto por la demandada que no firmó el contrato de arrendamiento, de fecha 1 de enero de 1993,de la vivienda en la planta baja de la finca denominada "Can Flautes", en Navàs, (doc 1 de la demanda), es lo cierto que es reiterada la doctrina que, en interpretación del antiguo artículo 1225 del Código Civil, no priva de todo valor al documento privado no reconocido, en la medida en que ello supondría dejar al arbitrio del perjudicado la eficacia del documento ( Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1962, 2 de junio de 1966, y 27 de enero de 1987).
En este caso, además, se practicó una prueba pericial caligráfica en la que se concluyó que el documento 1 de la demanda había sido firmado por la demandada. Y no ha sido practicada ninguna prueba relevante de la que resulta que la relación arrendaticia entre las partes se rigiera por cualquier otro contrato distinto y aceptado por ambas partes.
En este sentido, es doctrina comúnmente aceptada ( Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1963 y 20 de abril de 1993), que para la existencia real de los contratos en general que originen relaciones jurídicas exigibles y permitan el ejercicio de las acciones que de ellos se deriven es preciso, por lo previsto en el artículo 1254 del Código Civil, que haya habido un concierto de voluntades serio y deliberado por el cual hayan quedado definidos los derechos y obligaciones de los contratantes, llegando con ello a su perfección, que es el momento cuando empiezan a obligar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1258 del Código Civil, no entendiéndose la convención perfecta, con fuerza coactiva en derecho, hasta que además de la causa y el consentimiento que haya de manifestarse por el concurso de la oferta y la aceptación, no haya aquél recaído sobre el objeto cierto que sea materia del contrato, según los preceptos de los artículos 1261 y 1262 del Código Civil, aún siendo doctrina reiterada ( Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de Febrero de 1987, 30 de Septiembre de 1988, 23 de Noviembre de 1989, y 12 de Marzo de 1994) que, de acuerdo con las normas de los artículos 1278 y 1279 del Código Civil, las del artículo 1280 no comportan la exigencia de formalidades "ad solemnitatem",sino tan sólo "ad probationem", de suerte que es posible pronunciar la existencia del contrato, si reúne los requisitos del artículo 1261 del Código Civil, sin que imperiosamente tenga que basarse en una constatación escrita, pudiendo declararse su existencia por la apreciación de los instrumentos de prueba aportados a las actuaciones, con las matizaciones en orden a la valoración de la prueba, impuestas, en relación con la testifical por el antiguo artículo 1248 del Código Civil, y en la actualidad por el artículo 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite valorar la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos, conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, y las circunstancias que en ellos concurran.
En este caso, correspondiendo a la demandada, de acuerdo con la norma general de distribución de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la prueba del hecho positivo y extintivo a su cargo, de la existencia de otro contrato distinto del aportado por la actora, y que hubiera sido consentido por ambas partes, no puede estimarse cumplidamente probado por la demandada que el arrendamiento de la vivienda en la planta baja de la finca denominada "Can Flautes", en Navàs, se rigiera por otro contrato distinto del contrato de arrendamiento, de fecha 1 de enero de 1993, (doc 1 de la demanda), que aparece suscrito por ambas partes, y que no consta que haya sido novado por ningún otro contrato o acuerdo posterior.
Opuesto además por la demandada que, aun cuando hubiese firmado el contrato, no sabía lo que firmaba, alegando la pretendida existencia de vicios del consentimiento, aunque sin una clara finalidad procesal, por no formular reconvención en ejercicio de la acción de nulidad del contrato, en cualquier caso, es doctrina comúnmente admitida la que, de acuerdo con el principio de conservación del negocio, recogido en preceptos dispersos del ordenamiento jurídico, como es el artículo 1284 del Código Civil, y acogido claramente por la doctrina (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de marzo de 1990;RJA 2302/1990, y Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 1992;RJA 8594/1992),viene exigiendo para la nulidad contractual, por la concurrencia de error o dolo, que pueda ser apreciada una equivocación...
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