STS, 15 de Abril de 2002
| Ponente | Jorge Rodríguez-Zapata Pérez |
| ECLI | ES:TS:2002:2649 |
| Número de Recurso | 3129/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - CASACION (Pieza Separada)?? |
| Fecha de Resolución | 15 de Abril de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. JUAN MANUEL SANZ BAYOND. RICARDO ENRIQUEZ SANCHOD. JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZD. PEDRO JOSE YAGÜE GILD. MANUEL VICENTE GARZON HERRERO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Abril de dos mil dos.
En el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Procurador Don Francisco de las Alas-Pumariño Miranda en representación de la entidad mercantil "Lista, 30, S.A.", contra el Auto de 8 de febrero de 2000 de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictado en la pieza separada de anotación preventiva de la demanda dimanante del recurso nº 1456/97. Son partes recurridas la Comunidad de Madrid, representada y defendida por su Letrado y el Ayuntamiento de Madrid, representado por el Procurador Don Felipe Juanas Blanco.
Resultando los siguientes:
Por la representación procesal de la entidad mercantil "Lista, 30, S.A.", se ha interpuesto recurso contencioso administrativo ante la Sección Primera de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que pende ante dicha Sala con el número 1456/97.
En el referido recurso se formuló petición de la suspensión de la caución de cien millones de pesetas acordada en la anotación preventiva de la demanda, formándose la correspondiente pieza separada.
La misma fue resuelta por la Sección Primera de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Dicho Tribunal, dictó Providencia el 9 de diciembre de 1999, del siguiente tenor literal: "Dada cuenta; se accede a la solicitud de anotación preventiva del presente recurso respecto de las fincas sitas en los números 28 y 32 de la Calle Ortega y Gasset de esta Capital, pertenecientes al Registro de la Propiedad núm.1 de los de Madrid, siempre que se preste caución de cien millones de pesetas, debiendo remitirse, una vez firme esta providencia y prestada la caución citada, mandamiento por duplicado al Registro de la Propiedad núm.1 de Madrid, para que proceda a la anotación acordada, enviándose fotocopias de las notas simples informativas del citado Registro de la Propiedad de las referidas fincas".
Contra dicha providencia presentó recurso de súplica la entidad mercantil "Lista 30,S.A.", que fue resuelto por Auto de la misma Sala de 8 de febrero de 2000, que tiene la siguiente parte dispositiva:
"LA SALA ACUERDA: Desestimar el recurso de súplica formulado por la parte actora contra la providencia de fecha 9 de diciembre de 1999, que procede confirmar en su integridad ".
Contra dicho Auto se preparó recurso de casación por la representación de la entidad demandante. Fue tenido por preparado, emplazándose a las partes ante este Alto Tribunal, compareciendo ante la misma en tiempo y forma la referida parte recurrente interponiendo recurso de casación, que fue admitido a trámite por providencia de la Sección Primera de 30 de octubre de 2001, que remitió las actuaciones a esta Sección Quinta.
Las partes recurridas formularon escritos de oposición y se señaló finalmente para votación y fallo el día 11 de abril de 2002, en cuya fecha tuvo lugar.
VISTO, y en atención a los fundamentos de Derecho que se expresan
La entidad mercantil "Lista 30, S.A.", que interpuso su recurso de casación el 18 de abril de 2000, formula hasta cinco alegaciones contra el Auto de la Sala "a quo" de 8 de febrero de 2000 que confirma la procedencia de acceder a la anotación preventiva de demanda por ella solicitada respecto de las fincas sitas en la calle Ortega y Gasset 32 y 28 de Madrid, como consecuencia de la aprobación definitiva de la revisión del PGOU de Madrid en dicho ámbito, con una caución de cien millones de pesetas.
Las formula indebidamente al amparo del artículo 95.1.4.º de la Ley jurisdiccional de 1956, en su versión de la Ley 10/1992, de 30 de abril (LJCA), invocando incluso el artículo 122 de la misma Ley, cuando la norma legal aplicable al recurso es la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LRJCA).
Se impugna el Auto recurrido por infracción de las normas legales y la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, por lo que los motivos se deberían reconducir al supuesto d) del artículo 88.1 de la LRJCA. Decisiva gravedad tiene que no se articulen tampoco motivos precisos de casación y, aún, que se alegue a favor de la suspensión del acto impugnado - acordada, al parecer, por la Sala de instancia en una resolución distinta a la que se impugna - cuando el Auto contra el que se recurre en casación ha accedido únicamente a la anotación preventiva de demanda, conforme a lo establecido en los artículos 307.6 y 309.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/992, de 26 de junio (TRLRS), previa constitución de fianza por importe de cien millones de pesetas. El escrito mezcla, con una confusión evidente, ambos problemas y no formula ninguna crítica contra la imposición de la caución de que se trata o su carácter excesivo.
En tal estado de cosas debemos prescindir de los extensos alegatos que apoyan la procedencia de suspender y defienden tal medida desde la perspectiva del "fumus boni iuris", en cuanto ajenos al presente recurso. El resultado de esta operación no puede ser otro, sin embargo, que la desestimación del recurso de casación que nos ocupa: En efecto la Sala ha concedido la medida cautelar de anotación preventiva de la demanda y, como ya se ha dicho, en el recurso nada se alega en contra de la improcedencia, desproporción o ilegalidad de la caución a la que se subordina. La entidad recurrente se limita a pedir que se acuerde la anotación sin caución o, todo lo más, con una fianza de diez millones de pesetas. Bastará recordar que el artículo 133.1 de la LRJCA autoriza al Tribunal a exigir la presentación de caución o garantía suficiente para responder de los perjuicios que pudieran derivarse y que el Auto recurrido razona que entiende proporcionada la suma de cien millones de pesetas para los que se pueden producir en el caso para desestimar el recurso, ya que nada se manifiesta que pueda enervar la decisión recurrida.
Procede la consiguiente imposición de las costas del recurso a la entidad recurrente, por imperativo del artículo 102.3 de la LJCA.
En virtud de lo expuesto,
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Don Francisco de las Alas-Pumariño y Miranda en representación de la entidad mercantil "Lista, 30, S.A." contra el Auto de 8 de febrero de 2000 de la Sección Primera de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en cuanto a la caución señalada en la pieza separada anotación preventiva de la demanda del recurso nº 1456/97. Con expresa imposición de costas a la recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Magistrado Ponente en estos autos, lo que como Secretaria certifico.- Fdo.: Doña María Fernández Martínez.
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