STS 1592/2023, 17 de Noviembre de 2023

Tramitación en primera instancia

1. El Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol interpuso demanda de juicio ordinario contra la entidad Abanca Corporación Bancaria S.A., en la que solicitaba se dictara sentencia en la que:

   "1.- Se declare la nulidad de la cláusula suelo contenida en la cláusula financiera tercera bis e) del contrato; manteniéndose la vigencia del contrato sin la aplicación del límite de suelo del 3,00% nominal anual.

   "2.- Se condene a la entidad financiera demandada a eliminar dicha condición general del contrato de préstamo hipotecario, con las consecuencias derivadas de ello.

   "3.- Se condene a la entidad financiera demandada a la devolución a la parte prestataria de las cuotas cobradas de más con sus correspondientes intereses, según los criterios que se recogen en el informe pericial de Doña Eugenia y que, a fecha de elaboración del referido informe ascienden a la suma de 25.865,88 euros más otros 2.681,89 euros. lgualmente, se condene a la demandada a reducir la deuda de capital pendiente de amortizar en la suma que proceda de acuerdo con el dictamen pericial. A dichos importes se añadirán las cantidades que se devenguen hasta su efectiva devolución, más los intereses legales.

   "4.- Se declare la nulidad del apartado b) de la cláusula financiera quinta del contrato que impone al prestatario los aranceles notariales y registrales relativos a la constitución, modificación o cancelación de hipoteca.

   "5.- Se declare la nulidad del apartado c) de la cláusula financiera quinta del contrato que impone al prestatario el pago de los tributos que graven la operación, sin distinción de ninguna clase.

   "6.- Se declare la nulidad del apartado f) de la cláusula financiera quinta del contrato que impone al prestatario los gastos procesales o de otra naturaleza derivados del incumplimiento de su obligación de pago.

   "7.- Se declare la nulidad del apartado h) de la cláusula financiera quinta del contrato que impone al prestatario cualquier otro gasto que corresponda a la efectiva prestación de un servicio, relacionado con el préstamo, que no sea inherente a la actividad de la Caja dirigido a la concesión y administración del préstamo.

   "8.- Se declare la nulidad cláusula financiera sexta del contrato que fija los intereses de demora al tipo nominal anual del 18%.

   "9.- Se declare la nulidad del apartado a) de la cláusula financiera sexta bis del contrato relativa a la resolución anticipada del préstamo por falta de pago de cualquiera de los vencimientos de intereses o cuotas de amortización, incluidos todos los conceptos que la integran.

   "10.- Se declare la nulidad del apartado g) de la cláusula financiera sexta bis del contrato relativa a la resolución anticipada del préstamo por falta de cumplimiento de cualesquiera de las cláusulas del contrato.

   "11.- Se declare la nulidad cláusula financiera undécima del contrato relativa a la renuncia de la parte deudora a la notificación en caso de cesión del préstamo.

   "Todo ello, con expresa imposición, de las costas generadas a la parte demandada".

2. La demanda fue presentada el 6 de julio de 2018 y, repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Ferrol, fue registrada con el n.º 467/2018. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3. Abanca Corporación Bancaria S.A. contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba la desestimación íntegra de la demanda con expresa imposición de costas a la actora.

4. Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Ferrol dictó sentencia de fecha 27 de marzo de 2019, con el siguiente fallo:

   "Se desestima íntegramente la demanda formulada por el Procurador Sr. Pedreira Espiñeira, en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol, contra la entidad Abanca Corporación Bancaria SA., representada por el procurador Sr. Rodríguez Ramos, absolviendo a la entidad demandada de todas las peticiones deducidas contra ella, con imposición de las costas de este procedimiento a la parte actora".

Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación del Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de A Coruña, que lo tramitó con el número de rollo 364/2019 y, tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia en fecha 10 de diciembre de 2019, con el siguiente fallo:

"Que con desestimación del recurso de apelación formulado por la representación procesal del Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol, contra la sentencia de fecha 27 de marzo de 2019, dictada en los autos de que este rollo dimana por el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Ferrol, debemos confirmarla y la confirmamos, con imposición a la apelante de las costas originadas a consecuencia de su recurso".

.- Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y de casación

1. El Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol interpuso recurso de casación.

   El motivo del recurso de casación fue el siguiente:

   Único.- Al amparo del art. 477.1 LEC por infracción del art. 1.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (actual art. 3 Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).

2. Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta sala y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 23 de febrero de 2022, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "LA SALA ACUERDA:

   "Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol, contra la sentencia dictada, el día 10 de diciembre de 2019, por la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4.ª), en el rollo de apelación 364/2019 dimanante del juicio ordinario n.º 467/2018 del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Ferrol".

3. Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso de casación, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4. Por providencia de 9 de octubre de 2023 se nombró ponente a la que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 7 de noviembre de 2023, fecha en que ha tenido lugar.

Resumen de antecedentes

Se plantea como cuestión de fondo la valoración de la condición de consumidor de un Colegio de Abogados al suscribir un préstamo con garantía hipotecaria para realizar obras de reforma en el inmueble que es sede oficial del Colegio. En las dos instancias se ha negado la condición de consumidor del Colegio de Abogados y el criterio de las instancias va a ser confirmado por la sala, que desestima el recurso de casación del Colegio.

Son antecedentes necesarios los siguientes.

1. El Colegio de Abogados de Ferrol (A Coruña) suscribió con la demandada un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, formalizado mediante escritura de 29 de diciembre de 2005, por un capital de 400.000 €, destinado, según el expositivo II de la escritura, a la financiación de las obras de reforma del inmueble que constituye su sede.

2. El 6 de julio de 2018, el Colegio de Abogados de Ferrol interpuso demanda contra la entidad Abanca Corporación Bancaria S.A., en la que, resumidamente, solicitaba se dictara sentencia por la que se declarara la de nulidad respecto de, entre otras, la cláusula suelo, gastos de notaría, registro, tributos, gastos procesales, intereses moratorios y vencimiento anticipado. En su demanda, el Colegio invocaba su condición de consumidor en cuanto que destinatario final, al amparo de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, por haber suscrito el préstamo para realizar obras en su propia sede. Alegaba que el contrato no fue negociado, que se trataba de un contrato con condiciones generales prerredactadas y abusivas.

3. La entidad demandada se opuso a la demanda alegando, en primer lugar, que hubo negociación individual de las condiciones del préstamo, como acreditan tanto los correos intercambiados entre las partes con anterioridad al otorgamiento de la escritura como la documentación interna de la entidad; que la demandante, en cuanto que agrupación de profesionales, no ostenta la condición de consumidora y actuó al contratar en el marco de una actividad profesional, como acredita su actividad de formación, el servicio de orientación jurídica al ciudadano, el balance que publica en su web, que muestra la prestación de servicios a terceros, empresas y a la ciudadanía.

4. El juzgado desestimó íntegramente la demanda. En primer lugar consideró que la finalidad del préstamo no era ajena a la actividad profesional de la parte demandante, sino que se vincula a su actividad profesional, pues en su sede se organizan actividades y se prestan servicios (escuela de práctica jurídica, servicio de orientación jurídica, de mediación...). A continuación declaró que había quedado probado que hubo una negociación previa entre las partes (puesto que la tesorera dirigió una carta a la entidad financiera solicitando una oferta por escrito del préstamo de 400 000 euros en el que estaba interesado el Colegio, en un plazo no inferior a 20 años, a lo que contestó la entidad con una oferta; la aprobación en la junta de las condiciones, el plazo de dos meses transcurridos hasta la firma de la escritura, el que el Colegio dirigiera escritos semejantes a otras entidades, optando por contratar con la demandada). Razonó que, al no tratarse de un consumidor, no procedía el control de abusividad y que todas las cláusulas superaban el control de incorporación.

5. El Colegio de Abogados interpuso recurso de apelación en el que reiteró su condición de consumidor y denunció error en la valoración de la prueba del juzgado al concluir que hubo negociación previa.

   La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto por el Colegio de Abogados. Para excluir que pueda considerársele consumidor en la contratación del préstamo concertado para acondicionar el local que constituye su sede, la Audiencia razona que las funciones propias del Colegio (art. 66 del Estatuto General de la Abogacía: representación institucional exclusiva y ordenación del ejercicio de la profesión en su ámbito territorial, y que la adscripción sea obligatoria) y los servicios y actividades que conllevan se llevan a cabo en la sede colegial, además de que el Colegio presta en la sede, o a través de ella, servicios no solo a los propios colegiados, también a terceros (orientación jurídica al ciudadano, mediación, habilitación); tiene en cuenta también que tenga en la sede el centro de formación, que informe y dictamine sobre honorarios profesionales, que pueda emitir dictámenes periciales, y organice y gestione los servicios de asistencia letrada y de defensa gratuita ( art. 67 del Estatuto General de la Abogacía y art. 22 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).

   Con cita de la jurisprudencia del TJUE y de la doctrina de esa sala, la Audiencia razona que el control de transparencia y abusividad solo es aplicable a los contratos con consumidores, y concluye que en el caso, todas las cláusulas cuestionadas superan el control de incorporación, al estar redactadas en términos claros y de forma sencilla, sin aparecer ocultas o disfrazadas en el articulado general de la escritura, además de que en la comunicación dirigida por la entidad bancaria al Colegio de Abogados se hacía referencia a algunas de ellas (como la cláusula suelo), sin que ninguna de las cláusulas fuera sorpresiva o contraria a la buena fe, y no se ocultaron, incluso algunas mejoraban las condiciones que conformaban la oferta inmobiliaria estándar de la entidad, según alegó la entidad demandada, sin que sea contrario a norma imperativa que se prevea que los gastos derivados del incumplimiento de su obligación son de cargo del prestatario.

6. El Colegio de Abogados de Ferrol interpone recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial.

Recurso de casación. Planteamiento. Objeto del recurso. Oposición de la recurrida

1. Planteamiento del recurso. En el único motivo del recurso de casación se denuncia la infracción del artículo 1.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios (actual art. 3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, TRLGCU), vigente al celebrar el contrato el 29 de diciembre de 2005, y de la jurisprudencia que los interpreta y aplica.

   En el desarrollo del motivo se argumenta, resumidamente, que el concepto de consumidor que utiliza el TJUE, que se refiere al ámbito objetivo de la operación y no a la personalidad del contratante, es también el que ha tomado en consideración la Sala Primera del Tribunal Supremo y, en el caso, la operación sometida a enjuiciamiento, el ámbito objetivo o finalidad perseguida por la operación, era realizar obras de reforma en el local del Colegio, como destinatario final, y no para actividades empresariales propias del tráfico mercantil. Añade que los servicios que presta el Colegio y que toma en consideración la sentencia recurrida no pueden considerarse en modo alguno como actos empresariales.

2. Cuestión jurídica sometida a la decisión de la sala. Debemos observar que esta es la única cuestión que la parte demandante ahora recurrente somete a la decisión de la sala y, al hacerlo, la demandante está impugnando la ratio decidendi de la sentencia.

   Aunque el juzgado consideró acreditado que hubo una negociación previa del contrato, lo que excluiría el carácter de condiciones generales de la contratación de las cláusulas del contrato y la procedencia de los controles previstos para esta forma de contratación, la sentencia recurrida desestima el recurso de apelación de la demandante por no considerarla consumidora. La Audiencia alude puntualmente a los correos previos para descartar que las cláusulas no fueran conocidas por la demandante o que fueran ocultadas por la demandada, pero no llega a afirmar el carácter negociado del contrato sin que, contra lo que dice la recurrida en su escrito de oposición al recurso, la actora viniera obligada a solicitar complemento sobre este particular.

3. Oposición de la recurrida. Por lo que interesa a efectos de la cuestión jurídica planteada, la demandada recurrida considera que el Colegio de Abogados no ha acreditado ni puede ser tenido como consumidor, pues realiza una actividad profesional, no ha aportado su contabilidad para acreditar según manifiesta ahora de forma novedosa que sus actividades son gratuitas.

   Cita el Informe 5/2016 emitido por la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española sobre el régimen tributario de los Colegios de Abogados en relación con el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Valor Añadido, el Impuesto sobre Actividades Económicas y la obligación de informar sobre las operaciones con terceras personas, que a su vez cita varias resoluciones administrativas (DGT, TEAC) y judiciales (de lo contencioso administrativo) dictadas de manera muy casuística respecto de diversos colegios profesionales, y en ocasiones al amparo de normativa fiscal derogada, pero que el propio informe considera aplicable en las regulaciones fiscales posteriores, y de las que resultaría que no todas las rentas obtenidas por los Colegios estarían exentas del impuesto de sociedades, ni del IVA, y en la medida en que sean sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades (o del IVA) por desarrollar actividades empresariales o profesionales, necesariamente esa misma actividad determinaraŽ que estén sujetos al impuesto de actividades económicas, salvo que se beneficien de alguna de las exenciones establecidas en la ley. Destaca que en la página web del Colegio figuraba colgado un balance de situación económica para el año 2015, contabilidad que se lleva como en cualquier empresa con ánimo de lucro, que las actividades de formación y mediación constituyen una explotación económica y que la actora no ha presentado prueba de que las actividades o servicios que presta tengan carácter gratuito, más allá de la alegación que realiza ex novo en su escrito de interposición del recurso de casación. Añade que si se considera al Colegio de Abogados como consumidor también la demandada lo es, pues Caixanova es una entidad financiera de naturaleza privada y de carácter benéfico-social. Subsidiariamente, alega que si se considera que se trata de un contrato con condiciones generales, que se supera el control de inclusión; subsidiariamente, si se considera a la parte demandante consumidor, que se supera el control de transparencia, en atención a la formación de todas las personas que intervinieron por parte del Colegio de Abogados en el proceso de contratación; y, finalmente, que a pesar de que la sentencia recurrida termina invocando la buena fe contractual como parámetro de integración, en el caso tal argumento no fue esgrimido en la demanda, basada exclusivamente en la condición de consumidor del Colegio, y que en cualquier caso, la sentencia recurrida rechaza que la entidad demandada hubiera transgredido la buena fe en la contratación.

Decisión de la Sala. Desestimación del recurso.

El recurso de casación va a ser desestimado, pues la sentencia recurrida, al considerar que el Colegio de Abogados de Ferrol no es un consumidor cuando concierta un préstamo hipotecario para financiar las reformas de la sede del Colegio, no infringe la normativa de protección del consumidor ni es contraria a la jurisprudencia.

1. La condición legal de consumidor. Síntesis de la jurisprudencia. La Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, invocada por la demandada por estar vigente en la fecha en que se concertó el contrato de préstamo, consideraba consumidores a "las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden". El precepto precisaba que no tendrían la consideración de consumidores "quienes sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros". El art. 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU), matizó tal concepto, al afirmar que "son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional". Posteriormente (Ley 3/2014, de 27 de marzo) se ha definido a efectos de esta ley como consumidores a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión y también a las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

   Estas definiciones, que no son excluyentes, puesto que giran alrededor del criterio negativo de la actividad profesional o empresarial ( sentencias 232/2021, de 29 de abril, y 693/2021, de 11 de octubre), deben ser interpretadas a la luz de la Directiva 93/13/CE, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, y su aplicación por el TJUE. Como hemos declarado, entre otras, en las sentencias 533/2019, de 10 de octubre, 12/2020, de 15 de enero, y 808/2021, de 23 de noviembre, los criterios de Derecho comunitario para calificar a una persona como consumidora han sido resumidos por la STJUE de 14 de febrero de 2019, C-630/17 (asunto Anica Milivojevic v. Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen), al decir:

   "El concepto de "consumidor" [...] debe interpretarse de forma restrictiva, en relación con la posición de esta persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de este, y no con la situación subjetiva de dicha persona, dado que una misma persona puede ser considerada consumidor respecto de ciertas operaciones y operador económico respecto de otras (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, apartado 29 y jurisprudencia citada).

   "Por consiguiente, solo a los contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional, con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo, les es de aplicación el régimen específico establecido [...] para la protección del consumidor como parte considerada más débil, mientras que esta protección no se justifica en el caso de contratos cuyo objeto consiste en una actividad profesional ( sentencia de 25 de enero de 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, apartado 30 y jurisprudencia citada).

   "Esta protección particular tampoco se justifica en el caso de contratos cuyo objeto es una actividad profesional, aunque esta se prevea para un momento posterior, dado que el carácter futuro de una actividad no afecta en nada a su naturaleza profesional ( sentencia de 3 de julio de 1997, Benincasa, C- 269/95, apartado 17)".

   En el mismo sentido, la STJUE de 3 de septiembre de 2015, asunto C-110/14 (caso Costea) objetiva el concepto de consumidor, al poner el foco en el ámbito no profesional de la operación. Posición reiterada en los autos de 19 de noviembre de 2015 (asunto C-74/15, Tarcãu), 14 de septiembre de 2016 (asunto C-534/15, Dimitras) y 27 de abril de 2017 (asunto C-535/16, Bachman).

   Este mismo concepto de consumidor que utiliza el TJUE, referido al ámbito objetivo de la operación y no a la personalidad del contratante, es también el que ha tomado en consideración esta sala en sus sentencias 149/2014, de 10 de marzo; 166/2014, de 7 de abril; 688/2015, de 15 de diciembre; 367/2016, de 3 de junio; 16/2017, de 16 de enero; 224/2017, de 5 de abril; 594/2017, de 7 de noviembre; 8/2018, de 10 de enero, entre otras.

2. Decisión de la sala. Desestimación del recurso de casación. En este caso, compartimos el criterio de la Audiencia Provincial en cuanto niega la condición de consumidor al Colegio de Abogados que suscribió un préstamo con garantía hipotecaria para realizar obras de reforma en el inmueble destinado a la sede oficial del Colegio.

   La Audiencia atiende al dato de que los servicios y actividades que conllevan las funciones propias del Colegio de Abogados vinculadas al ejercicio profesional de la abogacía se llevan a cabo en la sede colegial, y que el destino del préstamo litigioso fuera precisamente financiar la reforma del local en el que se encontraba la sede del Colegio. Tiene en cuenta, al igual que el juzgado, que en la sede, o desde ella, el Colegio ejerce la representación institucional exclusiva que le incumbe y la ordenación del ejercicio de la profesión en su ámbito territorial (artículo 66 del Estatuto General de la Abogacía), y que la adscripción a un Colegio de Abogados sea obligatoria para el ejercicio profesional de la abogacía; también que "por el ICA del Ferrol se presten en la sede colegial, o desde ella, servicios no solo a los propios colegiados, sino a terceros, como los servicios de orientación jurídica al ciudadano, de mediación, de habilitación; que tenga allí su sede el Centro de Formación; o se informe y se dictamine sobre los honorarios profesionales, pudiendo emitir incluso dictámenes periciales, y se organicen y gestionen los servicios de asistencia letrada y de defensa gratuitas ( art. 67 del Estatuto General de la Abogacía y 22 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita)".

   Con independencia de que el desarrollo de los fines propios del Colegio de Abogados y las funciones que le encomienda el ordenamiento jurídico no comporte siempre una actividad económica en el sentido de ordenación de medios y recursos con la finalidad de producir bienes y servicios, no es objeto de esta sentencia determinar la aplicación de la normativa tributaria a los diferentes ingresos o retribuciones percibidas por los Colegios Profesionales y, en particular, por el Colegio de Abogados de Ferrol, tanto de sus colegiados como de terceros destinatarios de sus actividades y servicios. Por ello, resulta indiferente valorar qué parte de las cuotas de los colegiados financian las actividades, lo que se cobra a los terceros destinatarios de determinados servicios (formación, mediación, etc.) o incluso el destino de los fondos.

   Lo que se plantea aquí es si la protección que dispensa la normativa de protección del consumidor es aplicable al Colegio de Abogados que concierta un contrato de préstamo para financiar la reforma de su sede colegial, y la respuesta debe ser negativa. No nos encontramos ante una actuación en un ámbito ajeno a una actividad profesional, ante una relación de consumo con fines privados, ni la entidad demandada podía pensar en modo alguno que se estaba relacionando al contratar con un consumidor. Ello con independencia de que, además, en este caso, el propio proceso de contratación fuera iniciado por el propio Colegio de Abogados, que como relata con detalle la sentencia del juzgado, se dirigió a la entidad financiera solicitando una oferta concreta referida a sus necesidades de financiación, a lo que también alude la sentencia recurrida al mencionar la información ofrecida en los correos dirigidos por la entidad financiera.

   En atención al ámbito objetivo de la operación, en el caso litigioso resulta relevante que la financiación iba dirigida a la reforma de la sede del Colegio, donde o desde donde el Colegio lleva a cabo los fines que le son propios, entre los que se encuentran los de ordenación del ejercicio de la profesión, representación institucional exclusiva de la profesión, por estar sujeta a colegiación obligatoria y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, pero también actividades dirigidas a los colegiados y a terceros. Todo ello evidencia el desempeño de actividades dirigidas a un fin profesional que, per se, excluye la condición de consumidor.

   La naturaleza de los colegios profesionales está singularizada por el art. 36 CE, que los configura como entes diferentes de las asociaciones del art. 22 CE ( STS, 3.ª, de 2 de febrero de 2010, rc. 146/2007), y en este caso cabe advertir que los principales destinatarios de la reforma de la sede del Colegio son en última instancia los profesionales colegiados para el cumplimiento de sus fines profesionales. La situación de los colegios profesionales es por tanto muy diferente de la de aquellas asociaciones que contratan para cumplir sus finalidades no profesionales y a las que esta sala ha reconocido la condición de consumidoras. Así, en el caso de la sentencia 533/2019, de 10 de octubre, en la contratación de un préstamo para la reforma y mejora de una asociación deportiva incluida en el régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos. En el caso de la sentencia 1556/2023, de 13 de noviembre, la contratación para financiar la realización de obras para la instalación de bar y salón social para los asociados de una asociación con fines de recreo y culturales.

   En consecuencia, el recurso de casación se desestima y se confirma la sentencia recurrida.

Costas

La desestimación del recurso de casación conlleva la imposición de las costas causadas por este recurso a la parte recurrente.