ATS 20198/2023, 23 de Marzo de 2023
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 23 Marzo 2023 |
| Número de resolución | 20198/2023 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 20.198/2023
Fecha del auto: 23/03/2023
Tipo de procedimiento: QUEJA
Número del procedimiento: 21152/2022
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Dolores De Haro Lopez-Villalta
Transcrito por: GM
Nota:
QUEJA núm.: 21152/2022
Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Dolores De Haro Lopez-Villalta
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 20198/2023
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Andrés Martínez Arrieta
D.ª Susana Polo García
D. Javier Hernández García
En Madrid, a 23 de marzo de 2023.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta.
Por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén, Rollo de Apelación n.º 471/2022 se dictó Auto de fecha 18 de noviembre de 2022, en el que se deniega tener por preparado el recurso de casación, interpuesto contra sentencia 220/2022, de 30 de junio, que desestimaba el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 7 de marzo de 2022, por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Jaén, en el Procedimiento Abreviado n.º 340/2021, por la que Aquilino fue condenado como autor de un delito de robo con fuerza en local abierto al público fuera de las horas de apertura.
La sentencia de la Audiencia de instancia contiene la siguiente FALLO: "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia con fecha 7 de marzo, por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Jaén en Diligencias de Procedimiento Abreviado n.º 340 del año 2021, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, declarando de oficio las costas procesales de esta alzada. [. ..]".
Frente al mismo se anunció recurso de queja ante esta Sala II.
Con fecha 15 de octubre de 2022, se presentó telemáticamente en el Registro General de este Tribunal Supremo escrito del Procurador D. Alejandro Muñoz Berzal, en nombre y representación de Aquilino , y defendido por la letrada D.ª Elena Ramírez Lillo, donde interpone recurso de queja, personándose en cumplimiento del emplazamiento efectuado por la Audiencia y formalizando este recurso de queja alegando motivos casacionales.
El Ministerio Fiscal, por escrito de fecha 9 de enero de 2023, dictaminó: "[...] la Fiscal interesa de la Sala la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución por la que se acuerda no haber lugar a tener por preparado el recurso de casación anunciado. [...]"
Ha sido Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta.
ÚNICO.- se formaliza el recurso de queja contra el auto dictado por la Audiencia Provincial de Jaén, Sección Tercera, que deniega la preparación del recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en apelación de otra del Juzgado de lo Penal. En el recurso interesa la preparación del recurso de casación por el vulneración de derechos fundamentales, concretamente, el derecho fundamental a la presunción de inocencia y del derecho contenido en el artículo 120.3 de la Constitución, referido a las motivación de las resoluciones judiciales.
Procede desestimar la queja instada. Efectivamente, como recuerda la resolución contra la que se formaliza la queja, el Acuerdo de Pleno de esta Sala Segunda de 9 de junio de 2016, incorporado ya en múltiples resoluciones de esta Sala, sobre la interpretación del art. 847.1, letra b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, indica que:
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el art. 847.1º letra b) de la LECrim, debe ser interpretado en sus propios términos: Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art. 849 de la LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849 2°, 850, 851 y 852.
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Los recursos articulados por el art. 849.1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.
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Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo se inadmitidos los que nos los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art. 884 LECrim)..."
Aplicado jurisdiccionalmente en múltiples resoluciones (sirva de ejemplo entre otros muchos, el ATS 20384/2022, de 25 de mayo, queja 20053/2022; que cita a su vez el ATS de 25 de junio de 2019, queja 20080/2019); y también refrendado por el Tribunal Constitucional en su Auto 40/2018, de 13 de abril, Criterio interpretativo, avalado por el ATC 40/2018 de 13 de abril, que determina la inadecuación del recurso de amparo formulado cuestionado los supuestos de admisión del recurso de casación contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en apelación, por lo que procede a desestimar este recurso de queja con imposición de las costas al recurrente ( art. 870 LECrim), donde entre otros argumentos se señala: Para justificar que los motivos planteados no eran de los que permiten recurrir en casación las sentencias dictadas en apelación frente a otras dictadas por los jueces de lo penal, la Sala de casación adujo el tenor literal del artículo 847.1 b) LECrim -introducido por la Ley 41/2015, de 5 de octubre-, interpretado conforme al preámbulo de dicha Ley, tal y como había sido fijado en el acuerdo no jurisdiccional del Pleno de 9 de junio de 2016, y aplicado en anteriores Sentencias del Pleno de la Sala Segunda (SSTS 210/2017, 324/2017, 327/2017 y 369/2017).
Nos recuerda el Auto de eta Sala de 2 de febrero de 2023, Auto 149.2923, que los anteriores argumentos son coherentes con la letra y finalidad de la reforma aplicada:
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El tenor literal del artículo 847.1 b) LECrim justifica la decisión de inadmisión cuestionada pues establece que, contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional procede recurso de casación únicamente por infracción de ley del motivo previsto en el número primero del artículo 849 LECrim; esto es, "cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley penal". Cabe añadir que, en concordancia con estos preceptos, el artículo 792.4 de la LECrim -también reformado- establece, en el ámbito del procedimiento abreviado, que "contra la sentencia dictada en apelación solo cabrá recurso de casación en los supuestos previstos en el artículo 847", posibilidad ésta que es, literalmente, el contenido de la indicación de recursos que aparece en la sentencia de apelación cuestionada en casación a que se refiere este proceso de amparo.
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También el preámbulo de la Ley 41/2015 permite sostener dicha interpretación pues, al justificar la decisión de generalizar la doble instancia penal para dar mejor cumplimiento a lo establecido en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el legislador hace referencia expresa al régimen procesal anterior que se reforma, cuyas limitaciones provocaron la necesidad de flexibilizar el entendimiento de los motivos de casación desvirtuando así la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley penal (apartado IV). A esta situación, según se dice, se pone fin remodelando la casación "para conseguir que cumpla de forma eficaz su función unificadora de la doctrina penal". Tal objetivo se pretende conseguir con una doble decisión: se generaliza el recurso de casación por infracción de ley, pero queda acotado al motivo primero del artículo 849 (error iuris), "reservando el resto de los motivos para los delitos de mayor gravedad" (apartado V). La limitación expuesta es aplicable únicamente a las sentencias dictadas en apelación en causas tramitadas por los cauces del procedimiento abreviado ( art. 757 LECrim). De esta manera, el legislador manifiesta en el preámbulo su voluntad de limitar las posibilidades de casación en los delitos que no son de mayor gravedad -cuya pena prevista es inferior a 5 años de duración-, admitiéndola únicamente en aquellos supuestos en los que se denuncie la infracción de aquellas normas o preceptos penales de carácter sustantivo que deban ser observados en la aplicación de la Ley penal.
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El criterio interpretativo tomado en consideración por el Tribunal Supremo en las resoluciones cuestionadas tiene vocación de aplicación general, pues es uno de los incluidos en el acuerdo no jurisdiccional del Pleno de 9 de junio de 2016, dictado con la finalidad de unificar criterios "sobre el alcance de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 en el ámbito del recurso de casación". En el mismo se aboga por una interpretación en sus propios términos del artículo 847.1 b) LECrim, de manera que "las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art. 849 LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849.2, 850, 851 y 852". Y se añade: "Los recursos articulados por el art. 849.1 deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva".
El mandato general explícito establecido en el artículo 5.4 LOPJ, según el cual en todos los casos en que, según la ley, procede recurso de casación será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional, respondía a la exigencia constitucional de satisfacer las necesidades de tutela judicial de los derechos fundamentales cuando no estuviera expresamente prevista en la ley, al tiempo que garantizaba el sometimiento del fallo y la pena impuesta a un tribunal superior. Dicho mandato no supuso la creación de recursos inexistentes, sino que era criterio de interpretación del régimen de recursos de casación ya previstos por la ley.
Por lo tanto, una vez generalizada la doble instancia penal por la Ley 41/2015, el legislador no se encuentra limitado por el contenido de derecho fundamental alguno al definir los casos y supuestos en los que, en el ámbito penal, cabe acudir en casación.
La recurribilidad en casación de la sentencia se habilita para las infracciones de ley por error de derecho del art. 849.1 de la ley procesal quedando fuera del ámbito del recurso los otros motivos.
Consecuentemente, la queja debe ser desestimada.
LA SALA ACUERDA:
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Desestimar el recurso de queja interpuesto por la representación procesal de Aquilino , contra el Auto de fecha 18 de noviembre de 2022, dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén, Rollo de Apelación n.º 471/2022, por el que se acuerda no haber lugar a tener por preparado el recurso de casación.
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Condenar al recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
