ATC 66/2023, 21 de Febrero de 2023
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 21 Febrero 2023 |
| Número de resolución | 66/2023 |
Sección Segunda. Auto 66/2023, de 21 de febrero de 2023. Recurso de amparo 1645-2022. Deniega un recurso de reposición planteado con relación a una diligencia de ordenación dictada en el recurso de amparo 1645-2022 promovido por doña Felicita Sauquillo Herreros en pleito civil.
La Sección Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por los magistrados don Ricardo Enríquez Sancho, presidente, y don Juan Carlos Campo Moreno, en el recurso de amparo núm. 1645-2022, promovido por doña Felicita Sauquillo Herreros en relación con el auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 9 de febrero de 2022, ha dictado el siguiente
AUTO
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Con fecha 11 de marzo de 2022 se registró en este tribunal un escrito firmado por doña Felicita Sauquillo Herreros anunciando su intención de promover recurso de amparo contra el auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2022, a cuyo efecto solicitó la designación de un procurador de oficio para que la representase en este proceso.
Mediante diligencia de ordenación de 25 de marzo de 2022 de la Secretaría de Justicia de la Sección Primera de este tribunal, entonces encargada del conocimiento del recurso, se acordó tener por designado en turno de oficio a la procuradora doña María Dolores Girón Arjonilla para que ejercitara la representación de la parte recurrente, y bajo la dirección del letrado don Jesús García Sañudo, con traslado a la citada procuradora de los escritos y documentos presentados, concediéndole plazo de treinta días para la formalización de demanda. Presentado dicho escrito, en él se alegó que el auto del Tribunal Supremo impugnado, en cuanto inadmitía el recurso extraordinario por infracción procesal promovido contra la sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia de 23 de abril de 2020, incurría en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
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Mediante providencia de 11 de mayo de 2022, dictada por la Sección Primera de este Tribunal Constitucional, se acordó en cuanto a dicho recurso de amparo “no admitirlo a trámite […] toda vez que el recurrente no ha agotado debidamente los medios de impugnación dentro de la vía judicial (no interposición del incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 241.1 LOPJ [Ley Orgánica del Poder Judicial]). Notifíquese con indicación de que, si el Ministerio Fiscal no hubiere interpuesto recurso de súplica en el plazo legal de tres días, se archivarán estas actuaciones sin más trámite [art. 50.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)]”.
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Con fecha 16 de mayo de 2022 tuvo entrada un escrito de la representante procesal de la recurrente, formulando solicitud de aclaración del “auto” (quiere decir, providencia) antes indicada, en concreto que se especifique “qu[é] resolución firme no ha podido ser recurrida, pues a la vista de los autos esta parte ha agotado todos los recursos sin que en ningún caso fuera susceptible iniciar incidente de nulidad de actuaciones”.
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En proveído del mencionado escrito, la Secretaría de Justicia de la Sección Primera de este tribunal dictó diligencia de ordenación el 15 de noviembre de 2022, disponiendo lo que sigue: “En el asunto de referencia se tiene por recibido el precedente escrito de la procuradora señora Girón Arjonilla, que se une a las precedentes actuaciones y se acuerda estar a lo acordado en la anterior providencia de inadmisión de 11 de mayo de 2022. Transcurrido el plazo concedido al Ministerio Fiscal para recurrir en súplica, única parte que podrá recurrir en su condición de defensor de los derechos de los ciudadanos (arts. 124.1 CE), sin haber ejercitado tal facultad de conformidad con lo prevenido en el art. 50.3 LOTC la anterior providencia de inadmisión devino firme, por lo que procede decretar el archivo del presente recurso de amparo. Sin perjuicio de lo anterior, cumple advertir a la recurrente que impugnándose el auto del Tribunal Supremo que inadmite el recurso extraordinario de infracción procesal presentado contra la sentencia de instancia, no se interpuso incidente de nulidad de actuaciones antes de recurrir en amparo”.
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Por escrito presentado el 22 de noviembre de 2022, la representante procesal de la recurrente vino a interponer, según lo califica, recurso de reposición contra la diligencia de ordenación del 15 de noviembre, alegando que la parquedad de esta resolución la causa indefensión, y pidiendo que se resuelva por los magistrados.
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Mediante diligencia de ordenación de 23 de noviembre de 2022, la Secretaría de Justicia acordó tener por recibido el último escrito, dando traslado al Ministerio Fiscal para alegaciones en el plazo de tres días.
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Con fecha 14 de diciembre de 2022, el fiscal ante este tribunal presentó sus alegaciones, interesando de la Sección la revisión de la diligencia de ordenación de 15 de noviembre de 2022, para que se pronuncie sobre la solicitud de aclaración. Con cita del ATC 179/2019 , de 16 de diciembre, sostiene que si bien las diligencias de ordenación no pueden ser recurridas en reposición, sí que son revisables no solo por el secretario que la dictó, sino por la Sección correspondiente o en su caso por la Sala, de oficio, a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, lo que es aplicable a la indicada diligencia de 15 de noviembre de 2022. Añade que frente a la petición de aclaración formulada por la recurrente, la Secretaría de Justicia carecía de jurisdicción para pronunciarse sobre ella, y que debió dar traslado al órgano que dictó la providencia, a la cual compete decidir sobre la procedencia de la aclaración, o de acordar suplir la omisión que se pide.
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En aplicación de lo dispuesto en el art. 3 del Acuerdo de 17 de enero de 2023, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se dispone la composición de las Salas y Secciones (“BOE” núm. 16, del jueves 19 de enero de 2023, Sección II.A), la competencia para resolver sobre la solicitud de aclaración presentada se atribuye a la Sección Segunda del mismo Tribunal.
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Se dicta el presente auto para resolver la pretensión de la demandante del recurso de amparo núm. 1645-2022 consistente en que se anule la diligencia de ordenación de 15 de noviembre de 2022 de la Secretaría de Justicia de la Sección Primera de este tribunal, por la que se denegó la aclaración pedida respecto de la providencia de inadmisión del recurso, adoptada por la Sección Primera el 11 de mayo de 2022. Pretensión que considera conforme a derecho el fiscal ante este tribunal, según lo expuesto en su escrito de alegaciones.
Así planteada la cuestión ha de darse la razón al Ministerio Fiscal cuando sostiene, con base en nuestra doctrina reiterada (por todos, ATC 6/2023 , de 24 de enero, FJ único, del Pleno, con cita de resoluciones anteriores), que no cabe recurso de reposición contra las diligencias de ordenación dictadas por las secretarías de Justicia de este tribunal, pues el mismo no está previsto en la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional (LOTC), ni cabe en materia de impugnación de las resoluciones de este tribunal, el reenvío ex art. 80 LOTC a lo dispuesto por las leyes procesales ordinarias. Dicho esto, como igualmente recuerda el fiscal al resumir la doctrina, las Secciones o en su caso las Salas tienen la facultad jurisdiccional de acordar la revisión de las diligencias dictadas por sus respectivas secretarías de Justicia, cuando entiendan que la resolución debe ser corregida o dejada sin efecto.
La aplicación de la mencionada doctrina conduce por tanto a denegar el recurso de reposición planteado por la recurrente contra la diligencia de ordenación de 15 de noviembre de 2022, y así se declara.
Procede en este caso que ejercitemos el control de oficio de la revisión de dicha diligencia, con el resultado que a continuación se dirá.
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La diligencia de ordenación referida resolvió denegar la petición de aclaración-rectificación de la providencia de inadmisión del recurso, al entender que no cabía contra esta última dicho recurso porque, conforme con el art. 50.3 LOTC, únicamente tiene legitimación el Ministerio Fiscal para impugnar las providencias de inadmisión de los recursos de amparo.
La decisión así adoptada no vulneró el ámbito competencial de la Secretaría de Justicia pues, de un lado, el art. 206.1.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), aquí sí de aplicación supletoria ( ex art. 80 LOTC) en cuanto al contenido y forma de las resoluciones, determina que se dictará providencia “cuando la resolución se refiera a cuestiones procesales que requieran una decisión judicial por así establecerlo la ley, siempre que en tales casos no exigiera expresamente la forma de auto”; siendo que la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no exige una decisión judicial para denegar la aclaración de providencias de inadmisión, sencillamente porque este recurso no se prevé.
Y de otro lado, porque el art. 206.2.1 LEC preceptúa que se dictará diligencia de ordenación “cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca”, lo que puede considerarse que es el caso de la denegación de aclaración de providencias de inadmisión. Y ello es así porque no se trata de que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional permita a la parte recurrente de turno deducir la pretensión de aclaración cumpliendo al efecto con ciertas condiciones que, en esa misma medida, hubiera que enjuiciar si se cumplen o no en el caso concreto, lo que podría exigir en efecto una decisión jurisdiccional. Lo que sucede, por el contrario, es que no cabe la aclaración por el recurrente en ningún caso, y por tanto su denegación no supone otra cosa sino dar a los autos el curso que la ley establece, porque se limita a un recordatorio de lo dispuesto en ella. De modo que la respuesta dada aquí por la diligencia de ordenación que se discute, no invadió las competencias de la Sección al motivar esta el porqué de la denegación de la aclaración-rectificación solicitada, incluyendo al final una coletilla reiterando lo declarado en la propia providencia de inadmisión, en cuanto a que la parte no interpuso, como era necesario antes de venir en amparo, un incidente de nulidad de actuaciones contra el auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo que aquí recurrió, incurriendo en falta de agotamiento de la vía judicial previa.
Sentado todo esto, nada obsta para que la Sección considere más adecuado, a fin de evitar estas impugnaciones colaterales, el asumir con carácter general la competencia directa para denegar las solicitudes de aclaración o en su caso de incidente de nulidad de actuaciones, contra providencias de inadmisión de los recursos de amparo, como procede hacer en este caso.
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Resolviendo con ello el interrogante planteado, es criterio de esta Sección que frente a las providencias de inadmisión de recursos de amparo dictadas en trámite del art. 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no cabe solicitud de aclaración, ya que este cauce excepcional solo está expresamente previsto en la Ley Orgánica de este tribunal respecto a las sentencias (art. 93.1), y nuestra jurisprudencia lo ha extendido a los autos (AATC 43/2021 , de 19 de abril, y 50/2021 , de 21 de abril), pero no a las providencias dictadas en amparo; así como tampoco cabe incidente de nulidad de actuaciones. Conforme a los arts. 93.2 y 50.3 de la citada Ley Orgánica, frente a las providencias de inadmisión de recursos de amparo solo se permite el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal, que ha dejado transcurrir el plazo concedido por el mencionado art. 50.3.
Por lo expuesto, la Sección
Denegar el recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación de 15 de noviembre de 2022. Y sin que se acuerden más trámites respecto de cuantos escritos puedan recibirse en lo sucesivo en relación con este procedimiento.
Madrid, a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés.
