ATS 20102/2023, 10 de Febrero de 2023
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 10 Febrero 2023 |
| Número de resolución | 20102/2023 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 20.102/2023
Fecha del auto: 10/02/2023
Tipo de procedimiento: QUEJA
Número del procedimiento: 21044/2022
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco
Procedencia: AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA, SECCIÓN CUARTA
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Dolores De Haro Lopez-Villalta
Transcrito por: HPP
Nota:
QUEJA núm.: 21044/2022
Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Dolores De Haro Lopez-Villalta
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 20102/2023
Excmos. Sres.
D. Julián Sánchez Melgar
D. Andrés Palomo Del Arco
D. Ángel Luis Hurtado Adrián
En Madrid, a 10 de febrero de 2023.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco.
La Audiencia Provincial de Sevilla, Seccion Cuarta, dicta sentencia 367/22 de 28 de julio desestimando el recurso de apelación interpuesto por las acusaciones particulares Dª Ariadna y Dª Belinda contra la sentencia de 11 de abril de 2019 dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Sevilla; contra la referida sentencia se anuncia recurso de casación, denegándose la preparación de dicho recurso por auto de 24 de octubre de 2022.
El Procurador D. Ángel Onrubia Baturone en nombre y representación de D. Ángel interpone recurso de queja contra el auto de 24 de octubre.
El Procurador D. Miguel Ángel del Alamo García en nombre y representación de Dª Ariadna personada como parte recurrida, impugna el referido recurso.
El Ministerio Fiscal por escrito de 2 de febrero de 2023 emite detallado y meritorio informe que concluye instando la desestimación del recurso de queja planteado.
Ha sido ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. D. Andrés Palomo del Arco.
Se recurre en queja el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, que deniega la preparación del recurso de casación, al no satisfacer el escrito presentado por el recurrente las exigencias establecidas para tener por formulado tal recurso de casación; ello, con apoyo en el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 9 de junio de 2016 referente a la unificación de criterios sobre el alcance de la Reforma procesal operada por la L. 41/20215 de 5 octubre y las previsiones que a tales efectos establece el art. 847 1º de la LECrim.
Argumenta el recurrente en queja, con base en el art 6 de la LOPJ, al considerar que, al no tratarse el Acuerdo mencionado de una resolución de carácter jurisdiccional, no puede oponerse a la regulación contenida en los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM los cuales autorizan la interposición del mentado recurso siempre que se alegue infracción constitucional. Y en definitiva interesa la nulidad del Auto recurrido en tanto se apoya en una resolución no jurisdiccional que contravendría el principio de jerarquía normativa.
Al preparar su recurso de casación, alegaba como motivos: 1º) aún con invocación del art. 849.1º, vulneración del principio acusatorio e incongruencia omisiva; 2º) al amparo del art. 5.4 LOPJ, vulneración del derecho a la presunción de inocencia; y 3º) al amparo del art. 849.2º, error en la valoración de la prueba.
Mientras que, efectivamente, indica el primero de los Acuerdos de Pleno de esta Sala Segunda de 9 de junio de 2016, incorporado ya en múltiples resoluciones de esta Sala, sobre la interpretación del art. 847.1, letra b) de la Ley de Enjuiciamiento Crimina que:
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el art. 847.1º letra b) de la LECrim , debe ser interpretado en sus propios términos: Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art. 849 de la LECrim , debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849 2°, 850, 851 y 852.
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Los recursos articulados por el art. 849.1º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.
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Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo se inadmitidos los que nos los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( art. 884 LECrim )..."
Aplicado jurisdiccionalmente en múltiples resoluciones (sirva de ejemplo entre otros muchos, el ATS 20384/2022, de 25 de mayo, queja 20053/2022; que cita a su vez el ATS de 25 de junio de 2019, queja 20080/2019); y también refrendado por el Tribunal Constitucional en su Auto 40/2018, de 13 de abril, Criterio interpretativo, avalado por el ATC 40/2018 de 13 de abril, que determina la inadecuación del recurso de amparo formulado cuestionado los supuestos de admisión del recurso de casación contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en apelación, por lo que procede a desestimar este recurso de queja con imposición de las costas al recurrente ( art. 870 LECrim), donde entre otros argumentos se señala:
Para justificar que los motivos planteados no eran de los que permiten recurrir en casación las sentencias dictadas en apelación frente a otras dictadas por los jueces de lo penal, la Sala de casación adujo el tenor literal del artículo 847.1 b) LECrim -introducido por la Ley 41/2015, de 5 de octubre-, interpretado conforme al preámbulo de dicha Ley, tal y como había sido fijado en el acuerdo no jurisdiccional del Pleno de 9 de junio de 2016, y aplicado en anteriores Sentencias del Pleno de la Sala Segunda (SSTS 210/2017, 324/2017, 327/2017 y 369/2017).
Estos argumentos son coherentes con la letra y finalidad de la reforma aplicada:
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El tenor literal del artículo 847.1 b) LECrim justifica la decisión de inadmisión cuestionada pues establece que, contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional procede recurso de casación únicamente por infracción de ley del motivo previsto en el número primero del artículo 849 LECrim; esto es, "cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley penal". Cabe añadir que, en concordancia con estos preceptos, el artículo 792.4 de la LECrim -también reformado- establece, en el ámbito del procedimiento abreviado, que "contra la sentencia dictada en apelación solo cabrá recurso de casación en los supuestos previstos en el artículo 847", posibilidad ésta que es, literalmente, el contenido de la indicación de recursos que aparece en la sentencia de apelación cuestionada en casación a que se refiere este proceso de amparo.
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También el preámbulo de la Ley 41/2015 permite sostener dicha interpretación pues, al justificar la decisión de generalizar la doble instancia penal para dar mejor cumplimiento a lo establecido en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el legislador hace referencia expresa al régimen procesal anterior que se reforma, cuyas limitaciones provocaron la necesidad de flexibilizar el entendimiento de los motivos de casación desvirtuando así la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley penal (apartado IV). A esta situación, según se dice, se pone fin remodelando la casación "para conseguir que cumpla de forma eficaz su función unificadora de la doctrina penal". Tal objetivo se pretende conseguir con una doble decisión: se generaliza el recurso de casación por infracción de ley, pero queda acotado al motivo primero del artículo 849 ( error iuris), "reservando el resto de los motivos para los delitos de mayor gravedad" (apartado V). La limitación expuesta es aplicable únicamente a las sentencias dictadas en apelación en causas tramitadas por los cauces del procedimiento abreviado ( art. 757 LECrim). De esta manera, el legislador manifiesta en el preámbulo su voluntad de limitar las posibilidades de casación en los delitos que no son de mayor gravedad -cuya pena prevista es inferior a 5 años de duración-, admitiéndola únicamente en aquellos supuestos en los que se denuncie la infracción de aquellas normas o preceptos penales de carácter sustantivo que deban ser observados en la aplicación de la Ley penal.
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El criterio interpretativo tomado en consideración por el Tribunal Supremo en las resoluciones cuestionadas tiene vocación de aplicación general, pues es uno de los incluidos en el acuerdo no jurisdiccional del Pleno de 9 de junio de 2016, dictado con la finalidad de unificar criterios "sobre el alcance de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 en el ámbito del recurso de casación". En el mismo se aboga por una interpretación en sus propios términos del artículo 847.1 b) LECrim, de manera que "las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del art. 849 LECrim, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los arts. 849.2, 850, 851 y 852". Y se añade: "Los recursos articulados por el art. 849.1 deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva".
(...) el mandato general explícito establecido en el artículo 5.4 LOPJ, según el cual en todos los casos en que, según la ley, procede recurso de casación será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional, respondía a la exigencia constitucional de satisfacer las necesidades de tutela judicial de los derechos fundamentales cuando no estuviera expresamente prevista en la ley, al tiempo que garantizaba el sometimiento del fallo y la pena impuesta a un tribunal superior. Dicho mandato no supuso la creación de recursos inexistentes, sino que era criterio de interpretación del régimen de recursos de casación ya previstos por la ley. Por lo tanto, una vez generalizada la doble instancia penal por la Ley 41/2015, el legislador no se encuentra limitado por el contenido de derecho fundamental alguno al definir los casos y supuestos en los que, en el ámbito penal, cabe acudir en casación.
La queja debe ser desestimada.
LA SALA ACUERDA:
Desestimar el recurso de queja interpuesto por el Procurador Sr. Onrubia Baturone en nombre y representación de D. Ángel contra el auto de 24 de octubre de 2022 dictado por la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Cuarta, que le deniega la preparación del recurso de casación contra la sentencia 367/22 de 28 de julio; ello, con imposición de las costas a la recurrente.
Contra la anterior resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
