SJMer nº 1 119/2022, 22 de Marzo de 2022, de Girona
| Ponente | SANTIAGO ARAGONES SEIJO |
| Fecha de Resolución | 22 de Marzo de 2022 |
| ECLI | ECLI:ES:JMGI:2022:2919 |
| Número de Recurso | 615/2021 |
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Girona
Plaza Josep Maria Lidón Corbí, 1 - Girona - C.P.: 17001
TEL.: 972942306
FAX: 972223603
E-MAIL: mercantil1.girona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 1707947120218010230
Juicio verbal (250.2) (VRB) - 615/2021 -J
Materia: Demandas materia de propiedad intelectual
Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 2249000003061521
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.
Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Girona
Concepto: 2249000003061521
Parte demandante: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE), ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES (AGEDI), ARTISTAS, INTERPRETES O EJECUTANTES SOCIEDAD DE GESTION DE ESPAÑA (AIE)
Procurador/a: Mercè Canal Piferrer
Abogado/a: Julia Tebar Berruga Parte demandada: OTICA ZD, S.L.
Procurador/a: Pere Ferrer Ferrer
Abogado/a: Carlos García Garoz
SENTENCIA Nº 119/2022
Juez: Santiago Aragonés Seijo
Girona, 22 de marzo de 2022
En el Juicio verbal (250.2) (VRB) 615/2021 la parte demandante SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE), ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES (AGEDI), ARTISTAS, INTERPRETES O EJECUTANTES SOCIEDAD DE GESTION DE ESPAÑA (AIE) representada por el/la Procurador/ a Mercè Canal Piferrer y defendida por el/la Letrado/a Julia Tebar Berruga, presentó demanda contra OTICA
ZD, S.L., representado por el/la Procurador/a Pere Ferrer Ferrer y defendido por el/la Letrado/a Carlos García Garoz.
Se celebró el juicio el 17 de marzo de 2022.
Pretensiones
La parte demandante ejercita una acción, al amparo de los artículos 17, 138, 140 y 157 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, por la que pretende que se condene a la parte demandada al pago de la cantidad que manifiesta que le es adeudada por la demandada como consecuencia de la comunicación pública de obras no autorizada, pues la parte demandada era titular de un establecimiento público denominado OTICA HOME COMERÇ ubicado en Platja DAro.
La parte actora alega que en dicho establecimiento y mediante equipo musical instalado al efecto, consistente en altavoces en el techo, la demandada viene haciendo uso del repertorio de obras gestionado por la SGAE constituyendo dicha utilización un elemento necesario para la explotación del negocio. Tal utilización constituye un acto de comunicación pública que viene realizando la demandada sin haber obtenido para ello la previa y preceptiva autorización de la actora, lo que está en contra del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo precepto exige autorización para que esa utilización sea lícita. Alega que los hechos se vienen produciendo desde el marzo de 2018 a mayo de 2021 y que para esas fechas ha calculado la cantidad reclamada. Además pretende que la demandada sea condenada al pago de los intereses legales de la citada cantidad y de las costas procesales originadas en este procedimiento.
Además se indica que la demandada no ha suscrito ningún contrato con las entidades de gestión afectadas por lo que los actos de reproducción y comunicación pública de esas obras y fonogramas son inconsentidos, al no contar con la debida autorización de los autores y se estaría lucrando ilícitamente a costa de ellos en la medida en que tal amenización es un elemento secundario de su local, sin pagar ningún canon o renta por ello.
El demandado ha contestado la demanda por falta de prueba y por el cierre del local del marco de 2020 al 9 de mayo del 2021.
Hechos probados
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El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente estipula que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone, de tal modo que la parte actora ha de probar normalmente los hechos constitutivos de su derecho y la parte demandada los extintivos.
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En el supuesto enjuiciado ha resultado acreditado la existencia de la obligación pecuniaria del demandado a favor de los demandante por el importe reclamado, sobre la base de los documentos acompañados con la demanda, concretamente el informe del representante de zona de la SGAE aportado como documentos número 1 a 4 y ratificado en juicio por el Sr. Carlos Jesús, así como las Tarifas Generales establecidas por la parte actora al amparo del art. 157 del TRLPI, que acreditan los hechos base de la pretensión de la parte actora. Todo ello sin que la parte demandada haya aportado medio o indicio probatorio alguno que justifique la extinción o inexigibilidad total o parcial de la deuda que se reclama, ni haya alegado hecho o cuestión alguna que impida estimar la demanda en su integridad.
El Sr. Carlos Jesús declaró en el juicio que no era música ambiental, era comercial. Tenían la radio puesta, con música comercial. En mayo de 2021 estaba abierto el local. Él hizo las fotografías. La tarifa se ha hecho por el tipo de local, podría haber una estimación del metraje del local, aunque los demandantes suelen aplicar menos metros cuadrados.
De abril a junio de 2020 no se facturó a nadie por la pandemia.
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En el juicio declaró la trabajadora de la demandada Sra. Carlota, que trabaja desde 2018 allí. Afirmó que Se reproducen instrumentos para relajar: piano, flauta. La tienda es muy grande y que no ponen música de cantantes. Recuerda que en 2018 pasó un inspector de la SGAE por la tienda y en 2019 no pasó ninguno. Reconoce el documento número 8 de la demanda. Finalmente, dijo que no sabe mucho de música.
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La anterior prueba unida a la testifical del Sr. Carlos Jesús Inspector de Zona que manifestó en el acto de juicio haber visitado el local y que éste contaba con receptores de televisión, así como que el uso que hacía el demandado del repertorio de la SGAE era necesario para que el local ejerciera su actividad de restaurante que el uso que el demandado hace del repertorio del actor es un uso que se puede calificar, a efectos de determinar la tarifa aplicable, como secundario y condenar al demandado a la cantidad que se le reclama.
Valoración jurídica.
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A la vista de tales hechos que se estiman probados de la documental obrante en autos, me lleva a estimar la acción de condena que se ejercita en el escrito de demanda en la medida en que la demandada estaría realizando en sus establecimientos públicos, actos de comunicación pública que infringen lo dispuesto en los artículos 108.4 y 116.2 del vigente TRLPI.
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Las actoras, por su parte, como entidades de gestión, en méritos de la autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se acompaña a la solicitud, están legitimadas para hacer valer sus derechos en toda clase de procedimientos, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 147.1 de la TRLPI, puede exigir, en concepto de indemnización, la remuneración a calcular conforme a sus tarifas generales.
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Por la parte demandada se ha afirmado que reproducir música relajante e instrumental no es un hecho generador de la obligación que se reclama y que el local estuvo cerrado de marzo de 2020 al 9 de mayo de 2021.
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Desde la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1993 se ha consolidado la tesis favorable a la consideración como comunicación pública la efectuada a través de aparatos de televisión situados en locales públicos, aplicable igualmente con posterioridad a los aparatos de música. Como señala la Audiencia Provincial de Murcia en su Sentencia de 29 de octubre de 2015 es criterio consolidado que la existencia de los aparatos de televisión o de radio o música en un establecimiento abierto al público constituye un hecho base suficiente para suponer su utilización pública y continuada, de modo que debiera haberse acreditado por el demandado la afirmación de que sólo los utiliza para espacios en que no se emiten obras protegidas, señalándose que no es necesario que dichos aparatos se encuentren encendidos permanentemente dado que pugna con toda lógica que una vez se ha instalado un equipo de música y un televisor, no se efectúe el uso normal y habitual de un aparato de este tipo. Este criterio ha sido seguido por la llamada jurisprudencia provincial, y entre ellas, esta Sala en sentencias de 9 de diciembre de 2011 y 28 de noviembre de 2013 según las cuales "... es que como señalan las sentencias de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 21 de enero de 2010 y la de la Audiencia Provincial de Teruel de 9 de mayo de 2011, ..." la mera existencia de un aparato de televisión o de una radio o equipo de música en un establecimiento abierto al público, como un servicio más que se presta a la clientela, genera una presunción "iuris tantum" de utilización de los mismos de forma habitual, con la consiguiente posibilidad de ejecución de actos de comunicación pública de obras gestionadas por la SGAE y objeto de propiedad intelectual; correspondiendo a la parte demandada la carga de probar que no explota derechos de autor o que los que explota no están gestionados por la actora, o que está pagando por dicha utilización a un particular o a otra entidad de gestión, para entonces, destruida la presunción, verse compelida la actora a probar que en el local en cuestión se alcanza efectivamente a reproducir obras musicales integrantes de su repertorio ".
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La Sentencia de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Girona 700/2019, de 9 de octubre de 2019 dijo, en relación con esta clase de asuntos lo siguiente:
Alcance de los derechos reconocidos a las entidades demandantes/recurrentes.- Jurisprudencia de aplicación.-El alcance de los derechos que se ejercitan, en cuanto se trata de derechos de gestión colectiva obligatoria y en concreto el de percibir una remuneración equitativa compartida entre productores y artistas, intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública de...
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