ATS, 8 de Junio de 2022

La representación procesal de D. Daniel interpone recurso de reposición frente al auto de 22 de febrero del corriente, por el que esta Sección -con el Voto Particular discrepante de dos de sus Magistrados-, estimando la alegación previa del Sr. Abogado del Estado, declara la inadmisibilidad, por falta de legitimación activa, del presente recurso contencioso-administrativo n.º 285/2021 interpuesto frente al Real Decreto 457/2021, de 22 de junio, que indultó a D. Eduardo.

Admitido a trámite y conferido traslado a los demandados, presentaron alegaciones el Sr. Abogado del Estado y la representación procesal de D. Imanol, en las que se oponían a la estimación del recurso.

El auto recurrido funda la falta de legitimación activa del aquí recurrente, Delegado del Gobierno en Cataluña en la fecha de los hechos, básicamente, en las siguientes consideraciones: A) Con cita en la reciente STS de 2 de noviembre de 2021, rec. 76/2020, en línea con una constante jurisprudencia, recuerda que "la cualidad que habilita a las personas físicas o jurídicas para actuar como parte demandante en un determinado proceso.... se vincula, en nuestro orden jurisdiccional, a la relación que media entre el sujeto promotor del recurso y el objeto de la pretensión que se deduce. De modo que el recurso sólo puede iniciarse por quien tiene legitimación, pues no se reconoce con carácter general la acción pública, salvo previsión legal expresa. ..................El interés legítimo se delimita, así, caso a caso, en atención a la pretensión ejercitada, en función de si la anulación que se pretende de la actividad administrativa impugnada "supone un concreto beneficio o la evitación de un singular perjuicio a quien ejercita la acción, esto es, una utilidad específica que va más allá del interés genérico de que las Administraciones públicas actúen conforme a derecho" ( STS de 15 de julio de 2010, rec. 23/2008). ...........................; B); "...........los hechos que se describen en la demanda como integrantes de la calificada "violencia ambiental" que habrían afectado al recurrente en su esfera personal familiar y como miembro del Partido Popular, éstos si intereses personales y propios del recurrente, ocurre, sin embargo, que no son objeto de mención en el relato de hechos probados ni determinantes en sí mismos del reproche penal que se hace en la sentencia condenatoria. Se trata, por tanto, de hechos ajenos a la condena por los delitos de sedición y malversación que constituye el objeto del perdón, parcial y condicionado, que se contiene en el acto recurrido. No es posible derivar un interés legítimo como afectado por el delito sustentado en unos hechos que no se mencionan en la sentencia penal condenatoria ni son determinantes de la condena a la que se refiere el perdón que se contiene en el Real Decreto impugnado"; C) "Esta Sala ha admitido la legitimación de la víctima del delito para impugnar ante este orden jurisdiccional las resoluciones que eliminan la pena mediante su perdón y compartimos con el recurrente que tal condición de víctima o perjudicado, en definitiva, la afectación por el delito, hace nacer un interés legítimo en la impugnación de su perdón determinante de aquella legitimación al amparo del art. 19.1.a) LJCA, con independencia de que se hubiera ejercido la acción penal en el previo proceso penal o se hubiera dejado legítimamente su ejercicio en manos del Ministerio Fiscal. Como dijimos en nuestra sentencia de 20 de febrero de 2013, antes citada, "[S]i la víctima tiene interés en la condena también lo tiene en el perdón y en su contenido". Pero como cabe apreciar, tal doctrina se vincula a la condición de ser víctima, perjudicado u ofendido por el delito. Ni la extensión más amplia, ex art. 24 CE, que pueda darse a estos conceptos o a la noción más general de afectado o dañado por el delito como fuente de legitimación de la impugnación de decisiones de concesión de indulto puede construirse, insistimos, fuera del reproche penal que supone la sentencia condenatoria sobre la que el indulto de forma indisociable se proyecta, al margen de los hechos castigados y del interés jurídico protegido por la condena"; D) " Y ello no significa, como alega la parte, que en estos casos en que los delitos indultados no afectan a un perjudicado concreto, sino al conjunto de la ciudadanía por atentar a bienes de titularidad colectiva, de no aceptarse la legitimación del recurrente se cree un espacio de inmunidad al control jurisdiccional. Un argumento similar ha sido ya rechazado en nuestra reciente sentencia de 2 de noviembre de 2021. Y como allí razonamos, la conclusión que hemos alcanzado no es que el Real Decreto impugnado sea un acto no susceptible de control jurisdiccional, se trata de un acto plenamente susceptible de tal control, como ponen de relieve los diversos pronunciamientos de esta Sala conociendo de la impugnación de acuerdos de concesión de indulto, pero para recurrirlo es necesario, como en cualquier otra actuación administrativa impugnada ante esta jurisdicción, ostentar la correspondiente legitimación. Sin que corresponda a esta Sala efectuar un análisis abstracto sobre quiénes serían los legitimados para recurrir en estos casos, ni aventurar hipótesis al respecto, sino examinar en cada caso la concreta legitimación del recurrente en el proceso".

El recurrente, después de informar que, en gran medida, se va a remitir al Voto Particular, funda el recurso, básicamente, en los siguientes argumentos: A) La interpretación realizada por la Sala ha sido además de extemporánea, en exceso rigurosa, lo que implica una desproporción que debe ser corregida con el fin de evitar una situación de indefensión. Cita, al efecto, el auto de la Sección Cuarta de esta Sala de 21 de mayo de 2020, en el que se declara, en relación con la legitimación pasiva: "Es de general conocimiento que se deben interpretar con amplitud las fórmulas que emplean las leyes procesales en la atribución de la legitimación [Cfr., por todas, Sentencia del Tribunal Constitucional - STC- 15/2012, de 13 de febrero, FJ 3 y STC 144/2008, de 10 de noviembre, FJ 4], porque el contenido esencial y primario del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y en mayor medida cuando está en juego el acceso a la jurisdicción ( STC 29/2010, de 27 de abril, FFJJ 2 a 4 y Fallo), es obtener una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes recurrentes o, en este caso, recurridas", lo que comporta llevar a cabo una interpretación amplia de la legitimación activa como consecuencia de la vinculación entre legitimación activa y derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, a fin de garantizar la plena operatividad del principio "pro actione" que, conforme a la STS, Sala Tercera, nº 546/2013, de 20 de febrero, " impone a este Tribunal interpretar con amplitud la fórmula del art. 19.1.a) de la Ley de la Jurisdicción , sin que ello suponga, desde luego, una relativización o devaluación de los presupuestos o requisitos procesales exigidos por la Ley de la Jurisdicción" (FJ 7º). . ..... Sobre esta cuestión el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 89/2020, de 20 de julio, declaró: "[E]l canon de enjuiciamiento constitucional de las decisiones de inadmisión es más severo o estricto que el que rige el derecho de acceso a los recursos (por todas, STC 203/2002, de 28 de octubre, FJ 3), dado que nos encontramos ante el control de resoluciones judiciales que cierran el acceso al proceso y, por lo tanto, que resultan impeditivas de la obtención de una primera respuesta judicial sobre el fondo de los derechos e intereses sometidos a tutela. Conforme a nuestra doctrina constitucional, en este supuesto, despliega su máxima eficacia el principio pro actione, exigiendo que los órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio de la norma, con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de la misma impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto, vulnerando las exigencias del principio de proporcionalidad (por ejemplo, STC 220/2003, de 15 de diciembre, FJ 3)"; B) Errónea valoración de la jurisprudencia de la Sala Tercera del TS sobre cuándo procede enjuiciar y resolver acerca de la falta de legitimación ad causam. Aluden, de nuevo, al Voto particular en el que se dice que "son más de setenta Sentencias de la Sala Tercera del TS , desde la dictada el 31 de octubre de 2000, recurso 1320/1995, hasta la Sentencia 990/2018, de 12 de junio, dictada en recurso 597/2017, que han reiterado la doctrina según la cual la valoración acerca de la existencia de la legitimación "ad causam" debe tratarse en la tramitación del propio procedimiento; siendo un problema procesal ligado con el Derecho material, habiéndose llegado a considerar una cuestión de fondo y no meramente procesal ( Sentencia 639/2019, dictada en recurso 2035/2016). A este respecto, se razonaba lo siguiente en el Auto de 13 de julio de 2006, dictado en el incidente del recurso 2670/2005 (ECLI:ES:TS:2006:14859A) al declarar que "lo que se está poniendo en duda la denominada legitimación " ad causam" ....., respecto de la cual, como ha dicho reiteradamente esta Sala -...-, sólo cabe decidir cuándo se enjuicie y resuelva el fondo mismo de la pretensión ejercitada en la litis , pues la legitimación, en tanto que relación jurídico material que liga a las partes con el objeto procesal, pertenece al fondo del asunto, por lo que procede desestimar el recurso de súplica interpuesto.....No es razonable acordar la inadmisibilidad como una cuestión previa, sin que haya tenido lugar el preceptivo debate procesal y la parte haya podido aportar prueba sobre la existencia de su legitimación y formular sus conclusiones...... Tal y como se razona en la Sentencia y Autos dictados en el recurso 76/2020, que recoge la jurisprudencia de la Sala: el criterio para decidir si la falta de legitimación puede ser apreciada en trámite de alegaciones previas o debe relegarse al momento de dictar sentencia, ha de hacerse depender de que estemos "ante la concurrencia de una causa de inadmisión que se manifieste de forma indudable, [y] del carácter superfluo e irrelevante que debería tener la tramitación posterior..."; C) Errónea valoración de la posible conexión de los derechos e intereses legítimos de la parte recurrente con el objeto del proceso. Para justificar esta afirmación reproduce el apartado 6º del Voto Particular: "En fin, con base en el análisis de las pruebas practicadas y de lo acreditado en el juicio, la Sala sentenciadora identificó, con total nitidez, las conductas de los condenados que eran merecedoras del reproche penal, en los siguientes términos (páginas 243 y 244): "Lo que es objeto de reproche penal -y así lo hemos declarado probado- es haber pulverizado el pacto constitucional, y hacerlo mediante la aprobación de leyes en abierta y contumaz desatención a los requerimientos del Tribunal Constitucional. Lo que se sanciona, en fin, no es opinar o defender una opción rupturista, sino definir una legalidad paralela de corte constituyente y movilizar a una multitud de ciudadanos para oponerse a la ejecución de las decisiones legítimas de la autoridad judicial, celebrando un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyo resultado era la condición necesaria para la entrada vigor de la ley de transitoriedad, que implicaba la definitiva ruptura con la estructura del Estado". Esas leyes a las que se refería la sentencia en ese párrafo fueron la Ley 19/2017, del Referéndum de Autodeterminación y la Ley 20/2017, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la república, después anuladas -respectivamente- mediante las sentencias del Tribunal Constitucional 114/2017 y 124/2017 (citadas en la página 32, dentro del apartado 7 de los Hechos Probados).

Pues bien, esas concretas referencias a las sentencias del Tribunal Constitucional, expresamente recogidas en la sentencia penal, constituyen un enlace preciso y directo para tomar en la debida consideración, de forma natural e ineludible (por prescripción del artículo 5.1 LOPJ), los pronunciamientos que efectuó el Tribunal Constitucional respecto de la disconformidad a la Constitución de las Leyes 19/2017 y 20/2017, del irregular procedimiento seguido para su aprobación y de las consecuencias que ello comportó, alcanzando dicho Tribunal la conclusión de que se produjo un alzamiento contra la soberanía residenciada en el pueblo español y, singularmente, una afectación de los derechos fundamentales de los miembros del Parlamento catalán pertenecientes a los grupos minoritarios......"; D) Errónea valoración de la supuesta exigencia de que solo sea aceptada la legitimación activa respecto de aquellos recurrentes que hubieran sido considerados expresamente en la sentencia penal como víctimas, ofendidos o perjudicados por el delito. Ausencia de cobertura legal o justificación conceptual en nuestro ordenamiento. Ni la Constitución ni la ley establecen expresamente tal limitación en la legitimación activa, ni de ellas cabe extraer esa consecuencia restrictiva, transcribiendo, al efecto, pasajes del Voto Particular que apoyan su tesis; E) Improcedencia de declarar en el trámite de alegaciones previas la falta de legitimación de los recurrentes, para lo que reproduce el Voto Particular en este extremo; F) Vulneración de su derecho a probar el derecho de acceso al proceso judicial, con vulneración de los arts. 23.2 y 24.1 CE . El recurrente entiende que defiende un interés legítimo, distinto de la mera defensa de la legalidad, que guarda una estrecha relación, una conexión inescindible con los hechos delictivos cuya condena el acto recurrido levanta. Su afectación directa por los hechos delictivos que fueron objeto de condena deriva de las siguientes circunstancias: a) mediante la afectación en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, a través de las actuaciones violentas frente a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, de las que mi representado ejercía la jefatura en Cataluña durante los hechos delictivos y con posterioridad a los mismos, resultando afectado en tanto que responsable de su seguridad; b) De forma directa, a través de los ataques personales de toda índole de los que fue objeto, así como su entorno social y familiar, con causa en su condición de afiliado al Partido Popular pero, muy especialmente de su cargo de Delegado del Gobierno en Cataluña encargado de la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña durante los hechos delictivos y de máxima autoridad en Cataluña con posterioridad a los mismos. Y ello a través de la violencia, intimidación y hostigamiento generalizado, en toda suerte de géneros, ámbitos y formas. Hostigamiento manifestado en los siguientes aspectos: 1) Espacios públicos: mediante toda suerte de insultos y amenazas en la vía pública o en locales públicos, manifestaciones frente a su lugar de trabajo y escraches en las comparecencias públicas, sin hablar de las pintadas en vías públicas alrededor de su vivienda o el acoso en restaurantes y todo género de espacios públicos de ocio; 2) Medios de comunicación: mediante el ataque continuo e indiscriminado, sin respeto siquiera por la salud, tanto en televisión como todo tipo de medios de comunicación; 3) Redes sociales: a través de una campaña permanente para la generación de odio contra su persona y entorno, pero en especial tras su comparecencia como testigo en el juicio del procedimiento por el que fue condenado el indultado; c) Denuncias y demandas judiciales acusándosele de toda suerte y género de delitos en relación con su intervención frente a los hechos delictivos, todas ellas archivadas; d) Declaraciones de persona non grata en un notable número de localidades en Cataluña; 5) en tanto que afectado, como integrante del Partido Popular, por cuanto la referida "violencia ambiental" promovida y favorecida por los condenados como instrumento de la trama delictiva (hecho probado en firme en la STS 459/2019, de 14 de octubre) se proyectó también contra la formación política a la que pertenece, así como sus miembros, cargos, representantes, afiliados y simpatizantes con ataques a sus sedes y actos de intimidación y escraches a éstos.

Por último alegó la improcedencia de rechazar los recursos en el trámite de alegaciones previas, reproduciendo el apartado decimocuarto del VP.

Concluyó postulando que se deje sin efecto el auto de 22 de febrero de 2022, acordando no haber lugar a la alegación previa de inadmisión formulada por la Abogacía del Estado, y, en consecuencia, se declare la admisibilidad del recurso.

El Sr. Abogado del Estado, comienza su escrito afirmando que, sintéticamente, el auto impugnado rechaza la legitimación activa del recurrente para impugnar el Real Decreto por el que se concedió el indulto mediante una argumentación precisa y rigurosa y, sobre todo, coherente con la doctrina reiterada de la Sección y Sala: 1) El trámite de alegaciones previas es idóneo para resolver acerca de la legitimación activa en el presente recurso. En el momento actual ya existen todos los datos para que el Tribunal se pronuncie sobre la legitimación activa sin necesidad de esperar a la sentencia. Es erróneo considerar que la legitimación aparece siempre vinculada con el tema de fondo cuando, evidentemente, hay casos en que la legitimación se encuentra claramente diferenciada de la cuestión de fondo debatida en el proceso y el presente recurso es uno de esos casos. Es claro que una decisión judicial de inadmisión de un proceso por falta de legitimación no supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva constituyendo doctrina consolidada del TC [por todas, SSTC 25/2008, de 11 de febrero , FJ 4; 139/2010, de 21 de diciembre , FJ 4, y 121/2019, de 28 de octubre , FJ 3 a); 2) Los delitos de sedición y de malversación de caudales públicos penados por la Sala Segunda del TS protegen bienes jurídicos colectivos pues son delitos contra la sociedad y no permiten fundar la legitimación del recurrente (apartado 5º recurso de reposición). Respecto al bien jurídico protegido en el delito de sedición, puso de manifiesto la sentencia de la Sala de lo Penal del TS, núm. 459/2019 que:

"Este Tribunal ya ha puesto de relieve la similitud entre la estructura típica de este delito y el de rebelión (cfr. STS 3 de julio de 1991). Sin embargo, .................. Tras la regulación del Código Penal de 1995, la rebelión encabeza el Título XXI del Libro II del Código Penal, donde se ubican los "Delitos contra la Constitución", mientras que la sedición abre su Título XXII, en el que se reúnen los "Delitos contra el orden público". Lo que es coherente con la diferencia de fines perseguidos por los respectivos autores. En efecto, en el delito de rebelión, los rebeldes persiguen los fines descritos en el artículo 472, que atañen a elementos esenciales del sistema constitucional -la Constitución, la Corona, las Cámaras legislativas, la unidad territorial, el Gobierno o la obediencia a éste de las fuerzas armadas-. Los sediciosos, por el contrario, limitan su afán al impedimento u obstrucción de la legítima voluntad legislativa, gubernativa o jurisdiccional -la aplicación de leyes, el ejercicio de funciones por autoridad, corporación oficial o funcionario público, o el cumplimiento de sus acuerdos, resoluciones administrativas o judiciales-. Emparentada por la rúbrica del título de ubicación, la sedición difiere de otras figuras típicas de menor relevancia penal por la finalidad lesiva del sujeto sedicioso, como es el caso de los delitos de desórdenes públicos, alojados en el Capítulo II del mismo Título XXII. El genérico concepto de orden púbico no es de pacífica configuración en la doctrina ni en la literatura del propio código penal. Suele recurrirse a conceptos de seguridad en un sentido material como presupuestos de pacífica convivencia, reflejo de principios inderogables de alcance constitucional que, en todo caso, deben diferenciarse de la mera tranquilidad pública. Se trataría, en fin, de la protección penal del normal funcionamiento de las instituciones y servicios públicos, del ejercicio por las autoridades gubernativas y judiciales de sus funciones -siempre de acuerdo con los principios democráticos que confieren legitimidad a su actuación- y del conjunto de condiciones que permiten el normal desarrollo de la vida ciudadana en el marco convivencial de la organización democrática del Estado. La diversidad de tipos incluidos en el Titulo XXII -desórdenes públicos, atentados, resistencia, desobediencia tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, organizaciones y grupos criminales y terrorismo- y la gravedad de la respuesta penal asociada a algunos de ellos, constituyen un óbice a ese reduccionismo en la configuración del bien jurídico protegido. De hecho, algunos de los delitos de terrorismo alojados bajo la rúbrica de delitos contra el orden público exigen un elemento tendencial, encaminado a "...subvertir el orden constitucional" (cfr. art. 573.1.1 CP). Son preceptos, por tanto, que desbordan los reducidos límites del concepto de orden público concebido como bien jurídico autónomo. Todo ello ha llevado a diferenciar el orden público de otros conceptos como el de paz pública, que permitiría construir un bien jurídico identificable con el interés de la sociedad en la aceptación del marco constitucional, de las leyes y de las decisiones de las autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales..............., hasta el punto de que se ha visto en ese enunciado una cláusula puramente formal, que exige acudir, en cada caso concreto, al interés protegido en los distintos tipos penales incluidos bajo su ámbito. Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de esa diferencia. Decíamos en la STS 1154/2010, 12 de enero, que "... se ha discutido si la noción de orden público es coincidente con la de paz pública. A pesar de su proximidad y de las dificultades para su distinción, ésta resulta obligatoria (...) Las definiciones han sido variadas, pero puede entenderse que la paz pública hace referencia a la normalidad de la convivencia con un uso pacífico de los derechos, especialmente los derechos fundamentales, mientras que el orden público se refiere al funcionamiento normal de las instituciones y de los servicios. De esta forma podría decirse que la paz pública puede subsistir en condiciones de un cierto desorden, aun cuando al concebir éste como un elemento de aquella, una grave alteración del mismo conllevaría ordinariamente su afectación. En este sentido, en la STS 987/2009, 13 de octubre, se precisaba que: "tanto la doctrina científica como la jurisprudencia de esta Sala distinguen entre orden público y paz pública, en el sentido de que aquel es el simple orden en la calle, en tanto que la paz pública, concepto más amplio se integraría por el conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, el orden de la comunidad y en definitiva la observancia de las reglas que facilitan esa convivencia (...) y por tanto permiten el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas" (cfr. SSTS 865/2011, 20 de julio, 987/2009, 13 de octubre y 1622/2001, 21 de septiembre)".

Y respecto al delito de malversación de caudales públicos, indica la mencionada STS núm. 459/2019- en lo que ahora interesa- que: "El delito de malversación de caudales públicos, sujeto a una importante reforma operada por la LO 1/2015, 30 de marzo, sanciona ahora, no solo conducta de apoderamiento o sustracción, sino la administración desleal de fondos públicos. Así lo expresábamos, entre otras, en la STS 281/2019, 30 de mayo: "...el nuevo tipo de malversación reprueba la conducta de la autoridad o funcionario público encargado del patrimonio público que, quebrantando los vínculos de fidelidad y lealtad que le corresponden por el ejercicio de su función y abusando de las funciones de su cargo, causa un perjuicio al patrimonio administrado. Esta modalidad típica es mucho más amplia que la que definía al delito de malversación con anterioridad a la reforma y en ella caben actuaciones distintas de la mera sustracción tales como la asunción indebida de obligaciones".

Es decir, los delitos de sedición y de malversación de caudales públicos son delitos contra la sociedad y no delitos contra las personas individualmente consideradas y por eso los bienes jurídicos protegidos por aquellos delitos son colectivos y no individuales; 3) El actor -Delegado del Gobierno en Cataluña- no puede considerarse víctima singularizada de los delitos indultados. No puede considerarse ni víctima directa (concepto que la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, reserva a las personas físicas que sufren daños o perjuicios "directamente causados por la comisión de un delito", art. 2º a) , ni víctima indirecta (concepto que esa Ley reserva a los familiares en los casos de muertes o desapariciones causadas directamente por un delito, art. 2º b)), excluyéndose la aplicación de las disposiciones de esa Ley a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito (art. 2º in fine). Los hechos a que alude la demanda y el recurso de reposición (ataques personales de toda índole de los que fue objeto, así como su entorno social y familiar, con causa en su condición de afiliado al Partido Popular pero, muy especialmente de su cargo de Delegado del Gobierno en Cataluña encargado de la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña durante los hechos delictivos y de máxima autoridad en Cataluña con posterioridad a los mismos. Y ello a través de la violencia, intimidación y hostigamiento generalizado, en toda suerte de géneros, ámbitos y formas.......................) surge una indudable legitimación para el ejercicio de las acciones pertinentes ante los distintos órdenes jurisdiccionales pero esa legitimación no puede pretender estirarse para intentar fundar un interés legítimo que permita impugnar nada menos que los RD de concesión de indultos; 4) La condición de Delegado del Gobierno en Cataluña no le confiere legitimación para impugnar los indultos (apartados 7 y 8 recurso de reposición), es una condición incompatible con ella por aplicación del art. 20 de la LJCA, a cuyo tenor: "No pueden interponer recurso contencioso administrativo contra la actividad de una Administración Pública: a) Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente".

Por lo tanto, el demandante no puede invocar su condición institucional de haber sido la persona física titular del órgano Delegación del Gobierno en Cataluña para interponer recurso contencioso-administrativo contra un Real Decreto que ha sido adoptado por otro órgano de la Administración del Estado como es el Consejo de Ministros. El interés que invoca el demandante en su condición de Delegado del Gobierno en Cataluña en 2017 no es un interés personal y propio del mismo sino un interés institucional del órgano que no puede atribuirse como propio; 5) La condición de miembro de un partido político tampoco atribuye legitimación para recurrir. El ejercicio de la gracia de indulto es una cuestión ajena al ámbito de actividad de los partidos políticos por lo que no existe conexión específica entre el Real Decreto impugnado y las actividades desarrolladas por los partidos políticos y sus miembros.

En ese sentido se ha pronunciado la doctrina de esa Sala de forma uniforme negando legitimación a los partidos políticos en diversos recursos que enumeramos en el escrito de alegaciones previas al cual nos remitimos. En particular, en la Sentencia del Pleno de esa Sala de 3 de marzo de 2014 (recurso de casación n.º 4453/2012) se denegó la legitimación al Partido Socialista Obrero Español para impugnar una Orden Ministerial en desarrollo de un Real Decreto ley que introdujo diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, en concreto la declaración tributaria especial conocida como "amnistía fiscal"; en esa sentencia se llegó, en síntesis, a las siguientes conclusiones todas ellas directamente aplicables al supuesto aquí debatido :

-"La doctrina general que se extrae de la legitimación activa de las personas jurídicas resulta plenamente aplicable a los partidos políticos. De manera que este tipo de forma asociativa, por si sola, no resulta razón suficiente para reconocer una legitimación activa general o de simple interés de legalidad, para poder recurrir en el orden contencioso-administrativo disposiciones de carácter general. El que se trate de un partido político no añade un plus en orden a la determinación de su legitimación activa, ni permite extender el ámbito del preceptivo interés legítimo de manera difusa a los objetivos o fines de interés de política general del partido".

-"El mero interés de legalidad no constituye, sin más, interés legítimo suficiente como para habilitar el acceso a la jurisdicción, sin que ello suponga una interpretación contraria al principio por actione, independientemente de que sea un partido político quien recurra".

-"El que los partidos sean el cauce de la participación política, y concurran a la formación de la voluntad popular, no es suficiente para conferirles legitimación para la impugnación de cualquier actividad administrativa, si no se aprecia una conexión específica con un concreto interés, actuación o funcionamiento del partido".

-"No es suficiente que exista una relación entre la disposición que pretende impugnarse y los fines de política general que puedan perseguir como asociaciones de participación política. Es necesario que pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado en la esfera de partido político, no de manera hipotética, abstracta, general o potencial".

-"Tampoco el principio de oportunidad o el rechazo a una determinada política llevada a cabo por el Gobierno, constituyen presupuestos de la legitimación activa que se predica. En todo caso se trata de cuestiones atinentes al ámbito político en general, que deben ser controladas por otros mecanismos no jurisdiccionales".

-"Por último, la bondad o no de la medida desarrollada por la Orden ministerial impugnada y su coincidencia o no con el ideario político del partido, dista mucho de coincidir con una concreta ventaja o beneficio en torno a los cuales se ha construido el concepto interés legítimo que permitiría la impugnación de la disposición reglamentaria. La sola referencia a una frontal oposición a la medida fiscal, constituye una suerte de conexión genérica y abstracta incompatible con la razón de ser de legitimación activa, en los términos establecidos en el artículo 19 de la Ley de esta jurisdicción".

En esta misma línea se ha pronunciado el auto de 31 de julio de 2020, (recurso directo nº. 75/2020), que negó legitimación al Partido Popular para impugnar el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. Por último, las SSTS de 2 de noviembre de 2021 han inadmitido por falta de legitimación activa los recursos números 64 y 76/2020 interpuestos por los partidos políticos Vox y Popular contra el nombramiento de la actual Fiscal General del Estado.

Concluyó postulando que se tuviera por formulada oposición al recurso de reposición y se confirmara el auto impugnado.

El representante procesal de D. Imanol, se opuso conjuntamente, al recurso presentado por el aquí recurrente, por D Faustino y otros Diputados del Grupo Popular en el Parlamento Catalán en la fecha de los hechos y por el Partido Popular porque eran idénticos, sin embargo a lo largo de su impugnación se refiere en todo momento, única y exclusivamente, al P.P., por lo que sus alegaciones se recogerán en el recurso de reposición de dicho Partido.

Entrando ya a analizar la cuestión debatida a la vista de cuanto antecede -y en sintonía con el criterio del Voto Particular del auto recurrido-, conviene recordar que la legitimación ( ad causam) es uno de los conceptos más oscuros del Dº Procesal, hasta el punto de que, como se ha dicho, resulta más confuso cuanto más se escribe sobre él.

La legitimación, es la aptitud para ser parte en un proceso determinado, aptitud que deriva del problema de fondo que se pretende discutir en el proceso, de ahí que sea el presupuesto procesal más íntimamente ligado al Derecho material hasta el punto de que un sector doctrinal y jurisprudencial entendió que la legitimación ad causam no es un presupuesto de la relación procesal y, por tanto, no puede condicionar el proceso, sino que, como cuestión relacionada con el ámbito sustantivo, solo puede ser determinada cuando se examine el derecho material reclamado y ese examen solo puede hacerse en sentencia.

Especialmente rotundo, en este sentido, se manifestó el TC en su sentencia 214/91, de 11 de noviembre: "[L]a legitimación, en puridad, no constituye excepción o presupuesto procesal alguno que pudiera condicionar la admisibilidad de la demanda o la validez del proceso. Antes bien, es un requisito de la fundamentación de la pretensión y, en cuanto tal, pertenece al fondo del asunto... Y es que la legitimación, en tanto que relación jurídico-material que liga a las partes con el objeto procesal, pertenece al fondo del asunto.........". En igual sentido la STC 17/89, declaró que la " carencia de acción -legitimación ad causam-, [que] se integra en la cuestión de fondo por equivaler a ausencia de violación del derecho cuya protección se pretende y, por tanto, la desestimación que aquí se acuerda es de naturaleza sustantiva o material,......".O en la STC 65/88, de 13 de abril, en la que se afirma que " la falta de legitimación ad causam, presupone conceder el acceso al proceso en cuanto constituye una cuestión de fondo.", y, la STC 47/06, de 13 de enero, reconoce los efectos de cosa juzgada material a las sentencias en las que se estime la falta de legitimación, a diferencia de lo que ocurre con las sentencias en las que se aprecian óbices procesales que dejan imprejuzgado el derecho cuestionado.

En esta misma línea, el auto de la Sección Primera de esta Sala Tercera de 13 de julio de 2006 (recurso 2670/2005), aunque referido a un supuesto de legitimación pasiva, declara que "lo que se está poniendo en duda la denominada legitimación «ad causam»....., respecto de la cual, como ha dicho reiteradamente esta Sala -por todas, Sentencias de 7 de noviembre de 1995 y 22 de noviembre de 2001, y Auto de 16 de septiembre de 2004-, sólo cabe decidir cuándo se enjuicie y resuelva el fondo mismo de la pretensión ejercitada en la litis, pues la legitimación, en tanto que relación jurídico material que liga a las partes con el objeto procesal, pertenece al fondo del asunto..........".

Con independencia y al margen de cuál sea la naturaleza de la legitimación, su tratamiento jurídico es el de los requisitos o presupuestos procesales: La falta de legitimación: a) puede apreciarse de oficio (51.1.b) LJCA, tras el examen del expediente administrativo; b) en trámite de alegaciones previas ( artículos 58 y 59 LJCA); c) en sentencia ( artículo 69.b) LJCA. En cualquiera de estos supuestos la apreciación de la falta de legitimación activa determinará la inadmisibilidad del recurso. No puede examinarse, sin embargo, con carácter previo, cuando esté íntimamente ligada a la cuestión de fondo.

La jurisprudencia mayoritaria de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo ha interpretado la legitimación activa, regulada en el artículo 19 LJCA, en el sentido que minuciosamente recoge el auto que aquí se impugna.

Este breve repaso, no exhaustivo, de la doctrina constitucional y de algunas resoluciones de esta Sala Tercera evidencian lo que ya dijo nuestra sentencia de 29 de junio de 2004 (citada en el auto del recurso 255/21), que el problema de la legitimación es su carácter casuístico, lo que no permite una respuesta indiferenciada para todos los casos, siendo preciso examinar en cada uno de ellos el concreto interés legítimo. La legitimación "ad causam" no tiene una respuesta única. No es un concepto unívoco, sino que depende de las concretas circunstancias que concurran en cada supuesto.

Y, si bien, existen numerosos autos que aprecian la falta de legitimación activa en trámite de alegaciones previas ( artículo 58 en relación con el 69 LJCA), son más los que difieren la decisión al trámite de sentencia, pues como se dice en el reciente auto de la Sección Cuarta de 4 de febrero de 2021 (recurso 76/2020): "Este filtro tiene sentido, por tanto, cuando estamos ante la concurrencia de una causa de inadmisión que se manifieste de forma indudable, haciendo irrelevante la tramitación posterior del recurso para formar el juicio de la Sala. Dicho de otro modo, la utilidad de este trámite de alegaciones previas no sólo resulta de la concurrencia de la causa de inadmisibilidad invocada, sino también del carácter superfluo e irrelevante que debería tener la tramitación posterior".

En el caso examinado, y al margen de otras consideraciones, nos enfrentamos a indultos parciales por delitos muy singulares: contra la sociedad, que protegen bienes jurídicos colectivos.

Esta singularidad supone una dificultad añadida a la hora de concretar quienes ostentan esa necesaria legitimación activa, íntimamente relacionada con el bien jurídico protegido -y sus titulares- por los delitos indultados, sin que, a nuestro juicio, sea "conditio sine qua non" que los legitimados aparezcan identificados en la sentencia penal, pues, aparte de que podría producirse el efecto indeseable de dejar un ámbito inmune al control jurisdiccional, por estrecho que sea éste en los supuestos de indulto, es que el indulto, si bien y necesariamente ha de tener por base la sentencia condenatoria penal, es un acto independiente, del Gobierno, revisable en sede contenciosa, por lo que el presupuesto de la legitimación activa queda sujeta al Derecho Administrativo.

Los complejos perfiles de la legitimación activa -recordemos que no es un concepto unívoco, sino que depende de las concretas circunstancias que concurran en cada supuesto- en este tipo de delitos, unido a la reiterada discrepancia en el seno de la Sección, evidencia que no existe la claridad y firmeza exigible a una decisión de tal calado en este trámite (y ello con independencia de la que, al final y en trámite de sentencia, pueda adoptarse).

Por todo lo expuesto y con el fin de garantizar al máximo el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes se estima el recurso de reposición.

No se efectúa pronunciamiento en materia de costas habida cuenta la dificultad que comportaba la cuestión examinada.

Con base en cuanto ha quedado expuesto,