STSJ Galicia 461/2022, 31 de Enero de 2022
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 461/2022 |
| Fecha | 31 Enero 2022 |
T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL
A CORUÑA
Sala Primera
SENTENCIA: 00461/2022
PLAZA DE GALICIA S/N
15071 A CORUÑA
Tfno: 981-184 845/959/939
Fax: 881-881133/981184853
Correo electrónico:
NIG: 27028 44 4 2018 0001807
Equipo/usuario: JG
Modelo: 402250
RSU RECURSO SUPLICACION 0005995 /2021 JG
Procedimiento origen: SSS SEGURIDAD SOCIAL 0000604 /2018
Sobre: REINTEGRO DE PRESTACIONES
RECURRENTE/S D/ña Mariana
ABOGADO/A: PEDRO LUIS VILA LOPEZ
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
RECURRIDO/S D/ña: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
ABOGADO/A: LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROCURADOR:,
GRADUADO/A SOCIAL:,
ILMO. SR. D. LUIS F. DE CASTRO MEJUTO
PRESIDENTE
ILMO. SR. D. JOSE ELIAS LOPEZ PAZ
ILMO. SR. D. RICARDO RON LATAS
En A CORUÑA, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós.
Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A
En el RECURSO SUPLICACION 0005995 /2021, formalizado por el/la D/Dª LETRADO PEDRO LUIS VILA LOPEZ, en nombre y representación de Mariana, contra la sentencia número 218 /2021 dictada por XDO. DO SOCIAL
N. 3 de LUGO en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 0000604 /2018, seguidos a instancia de Mariana frente a INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO.
De las actuaciones se deducen los siguientes:
D/Dª Mariana presentó demanda contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 218 /2021, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.
Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes: Primeiro.- Mariana ten recoñecidas dúas pensións a favor de familiares dende o 1 de marzo de 2000, unha delas causada en réxime de autónomos con importe de 225,04 euros ao día (actualizado a data da demanda) e outra causada no réxime agrario por conta propia de 261,61 euros ao mes (actualizado a data da demanda).
Mediante a resolución do INSS do 20 de abril de 2018 acordouse a suspensión cautelar da percepción da prestación a favor de familiares en réxime de autónomos, mantendo o pago da prestación a favor de familiares no réxime agrario por conta propia. Formulouse unha reclamación previa que foi rexeitada.Terceiro.- Mariana percibiu ente o 1 de maio de 2014 ao 20 de abril de 2018 a cantidade total de 12532,80 euros como prestación a favor de familiares en réxime de autónomos.
Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:
FALLO
Acollo a demanda formulada polo INSS/TXSS contra Mariana de tal xeito que Mariana deberá reintegrar as cantidades indebidamente percibidas en concepto de pensión a favor de familiares por importe de 12532,80 euros referidos ao período de 1 de maio d 2014 ao 30 de abril de 2018.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte recurrente, no impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.
Recurre el trabajador la estimación de la demanda de la EG, instando -por el cauce del artículo 193.b) LJS- la modificación del relato histórico, y denunciando -vía artículo 193.c) LJS- la infracción por inaplicación del artículo 146.1 y 3 LJS; y de los artículos 146.3 LJS y 55.3 LGSS.
No acogemos la revisión planteada, dado que resulta intrascendente absolutamente (valgan por todas, SSTS 12/12/06 -rco 21/06-; 13/02/07 -rco 168/05-; 11/10/07 -rco 22/07-; 15/10/07 -rco 26/07-; 20/07/07 -rco 76/06-; 24/06/08 - rco 128/07-; 30/06/08 -rco 138/07-; 08/07/08 -rco 126/07-; y 14/06/18 -rco 189/17; y SSTSJ Galicia 10/11/21 R. 2118/21, 18/10/21 R. 872/21, etc.) recoger los concretos argumentos deducidos en la reclamación previa o el hecho de que se anulase la suspensión cautelar del abono de las prestaciones, puesto que, por una parte, lo primero no añade nada a la discusión jurídica dilucidada aquí y, por otra parte, el objeto de este proceso es la pretensión de la EG de anular un acto declarativo de derecho, ciñéndose el objeto del recurso a la estimación de dicha acción y no discutir sobre una suspensión, que -además- fue anulada posteriormente.
1.- Dos son los motivos esgrimidos para censurar la resolución de Instancia. Uno, concierne a la falta de ejercicio de la necesaria acción revisoria de derecho por parte del INSS, lo que carece de sentido, dado que es - precisamente- esa acción la discutida en este procedimiento, por lo que no es de recibo sostener que no se acudió a ese expediente. Basta leer la demanda de la EG para advertir -como ya se le recordaba a la recurrente en la Sentencia- que se ejercitaba la acción del artículo 146.1 LJS (así se recoge expresamente en el número segundo, aparte de que se deduce de los hechos que fundan la demanda en la que habla expresamente de la incompatibilidad de las prestaciones y la necesidad de acudir a un expediente judicial).
-
- Y otro, relativo a la prescripción, punto en el que sí debemos estimar el recurso, porque el artículo 146.3 LJS indica expresamente que «[l]a acción de revisión a la que se refiere el apartado uno prescribirá a los cuatro años», corriendo ese plazo desde que se dicta la resolución administrativa declarativa del derecho (01/03/00), y no desde que la EG conoce el dato de que deriva la causa de revisión, porque, de no hacerse así, se dejaría en manos de la misma alargar el plazo de modo indefinido ( SSTS 21/04/00 -rcud 3950/98-; y 26/09/00 -rcud 4537/99). Se trata de una regla general de garantía frente al beneficiario de cualquier prestación, que ha sido reiteradamente reconocida y aplicada ( STS 09/12/09 -rcud 4469/08-; 21/06/18 -rcud 59/17-; 06/06/18 -rcud 3045/16-; y 10/03/20 -rcud 2090/17-), que positiva una vieja doctrina sobre la posibilidad de que las Entidades Gestoras de la Seguridad Social (o entes asimilados) activen un proceso judicial para revisar un acto propio, anterior y declarativo de derechos. De esa posibilidad (sometida a un plazo prescriptivo de cuatro años) deriva el principio que impera: la imposibilidad de que el ente gestor revise por sí mismo lo que ha reconocido con anterioridad («auto tutela»); de tal forma que queda...
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