ATS, 10 de Noviembre de 2021

La representación procesal de D. Eulogio, presentó escrito de interposición de recurso de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada con fecha 20 de febrero de 2019 por la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Primera, en el rollo de apelación núm. 1312/2018, dimanante de los autos de juicio ordinario núm. 269/2017 del Juzgado Mixto n.º 6 de Cáceres.

Mediante diligencia de ordenación de la Audiencia Provincial de Cáceres (Sección Primera), se acuerda remitir los autos originales y el rollo de apelación a la Sala Primera del Tribunal Supremo, emplazando a las partes personadas en los autos para su comparecencia ante el mismo.

Con la diligencia de ordenación de fecha 29 de mayo de 2019 se tiene por parte recurrente a D. Eulogio, y en su nombre y representación a la procuradora Sra. Collado Díaz, y como recurrida a D. Fermín, Dña. Julieta y a Calimas de Monfrague SL, y en su nombre y representación a la procuradora Sra. Martín González, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.

Por providencia de fecha 21 de julio de se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos a las partes personadas.

Transcurrido el plazo concedido para alegaciones en relación con las posibles causas de inadmisión del presente recurso, ha evacuado dicho trámite únicamente la parte recurrente, como se contiene en la diligencia de fecha 22 de octubre de 2021.

Por la parte recurrente se han constituido los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la LOPJ.

Por la representación procesal de D. Eulogio se interponen recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal contra sentencia recaída en un juicio ordinario sobre reclamación de cantidad derivada de intermediación en la venta de finca rústica.

La sentencia de primera instancia estima la demanda, y contra la misma se interpone recurso de apelación, que es estimado por la audiencia.

El presente procedimiento se ha tramitado como juicio ordinario por razón de la cuantía inferior a 600.000 euros, por lo que la vía de acceso al recurso de casación es la contenida en el art. 477.2-3º LEC, lo que exige al recurrente acreditar el interés casacional.

Pues bien, teniendo en cuenta que, según la Disposición Final 16.ª , apartado 1, párrafo 1.º y regla 5.ª párrafo 2.º de la LEC, la viabilidad del recurso extraordinario por infracción procesal está subordinada a la admisibilidad del recurso de casación, es preciso examinar si éste ha de ser admitido o no.

El recurso de casación se interpone por interés casacional por los siguientes motivos:

1. -Infracción de los arts. 1261, 1262, 1254, 1258 y 1450 CC, al considerarse que el contrato de compra venta no llegó a perfeccionarse.

2. - Infracción de los arts. 1281 y 1282 CC, en relación con los arts. 1278, 1254, 1258, 1261 y 1450 CC, en cuanto los criterios de interpretación de los contratos.

   El recurso por infracción procesal se interpone por siete motivos:

1. -Al amparo del art. 469.1-2º LEC, por infracción del art. 378 LEC.

2. - Al amparo del art. 469.1-4º LEC, por infracción de los arts. 270 y 271 LEC y art. 24 CE.

3. - Al amparo del art. 469.1-2º LEC, por infracción del art. 218.2 LEC.

4. - Al amparo del art. 469.1-2º LEC, por infracción del art. 218.2 LEC.

5. - Al amparo del art. 469.1-4º LEC, por infracción del art. 326 LEC y 24 CE.

6. - Al amparo del art. 469.1-4º LEC, por infracción del art.326 LEC, y del art. 24 CE.

7. - Al amparo del art. 469.1-4º LEC, por infracción del art. 24 CE.

Examinado en primer lugar el recurso de casación interpuesto, ha de inadmitirse por lo siguiente:

1. - Por no cumplir con los requisitos exigidos para el escrito de interposición del recurso ( art. 483.2,2º LEC), en relación a ambos motivos, ya que se acumulan en cada uno de ellos múltiples infracciones, diferentes preceptos de interpretación contractual con reglas interpretativas distintas, cita de normas genéricas y heterogéneas.

   Por lo que respecta a la causa de inadmisión de falta de cumplimiento de los requisitos en el escrito de interposición ( art. 483.2, 2ª LEC) cabe decir que el recurso de casación, exige una estructura diferente a la de un mero escrito de alegaciones, con expresión de motivos estructurados en encabezamiento y desarrollo. Tanto si se alega más de una infracción o vulneración de la misma naturaleza, como si se alegan varias de distinta naturaleza, cada una de las infracciones debe ser formulada en un motivo distinto y todos ellos deben aparecer numerados correlativamente sin poder formularse submotivos dentro de cada motivo. El encabezamiento de cada motivo deberá condensar sus elementos esenciales, de forma que puedan ser comprendidos sin necesidad de acudir al estudio de su fundamentación, lo que exige expresión de la concreta norma jurídica sustantiva en cuya infracción se funda el motivo, un breve el resumen de la infracción cometida expresando cómo, por qué y en qué ha sido infringida o desconocida la norma citada, y en su caso la modalidad del interés casacional invocada, siendo objeto del desarrollo la exposición razonada de la infracción o vulneración denunciada en el encabezamiento y de cómo influyó en el resultado del proceso. Tal y como señala la sentencia de esta sala n.º 209/2017, de 22 de marzo:

   "[...] esta Sala ha declarado de forma reiterada que la imprescindible claridad y precisión del recurso de casación, implícitamente exigidas en el citado art. 477.1 LEC, exigen una estructura ordenada que posibilite un tratamiento separado de cada cuestión, con indicación de la norma sustantiva, la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo o el principio general del Derecho infringidos. Y además, que el recurrente argumente la infracción con razonable claridad para permitir la individualización del problema jurídico planteado, de tal forma que no cabe una argumentación por acarreo que se limite a la genérica afirmación de que la sentencia yerra en la decisión de los extremos que se indican, quizás admisible en las instancias, pero inadecuada en la casación. Ello responde a que no es posible transformar la casación en una tercera instancia, a fin de que sea la Sala la que, supliendo la actividad que la norma atribuye a la parte, investigue si el agravio denunciado deriva de una infracción sustantiva, identifique la norma vulnerada y construya la argumentación del recurso, a fin de precisar en qué y porqué resulta infringido el derecho aplicable a la decisión del caso (en este sentido, sentencias 965/2011, de 28 de diciembre; 957/2011, de 11 enero de 2012; 185/2012, de 28 de marzo; y 348/2012, de 6 de junio, entre otras muchas) [...]".

   Además, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017, al igual que hacía el acuerdo de 30 de diciembre de 2011, prohíbe la cita de preceptos de carácter genérico, pues ello da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo, con la consecuente indefensión para la parte contraria.

   En el presente caso, en ambos motivos se acumulan varias infracciones, con cita de preceptos en su mayoría genéricos, referidos a los requisitos de los contratos en general, junto con otros de interpretación contractual. La cita de manera conjunta de una pluralidad de preceptos calificados como genéricos por esta Sala y referidos a los requisitos de validez de los contratos, impide determinar cuál es la infracción cometida, además de no hacer posible la identificación del problema jurídico, más allá de una discrepancia con la valoración probatoria realizada por la Audiencia Provincial, en concreto, sobre la existencia y perfección de la venta del terreno objeto de autos.

   La STS 502/2013 de 30 de julio dice al respecto:

   "[...]4.- Los motivos cuarto al octavo enuncian como infringidos una serie de artículos del Código civil relativos a formulaciones generales acerca de los contratos: artículo 1254, su definición legal; artículo 1255, principio de la autonomía de la voluntad; 1256, necessitas, esencia de la obligación; 1257, eficacia del contrato; 1258, perfección del contrato y principio de la buena fe, en relación con la doctrina de los actos propios.

   Todos estos motivos se desestiman por la misma razón. El ser preceptos genéricos que no permiten vislumbrar dónde se halla la infracción. Se ha dicho anteriormente que una reiterada jurisprudencia ha insistido en que no caben motivos de casación fundados en preceptos genéricos; en relación con preceptos generales de los contratos se hallan las sentencias de 17 junio 2011, 20 octubre 2011, 2 diciembre 2011, 29 noviembre 2012, 19 abril 2013.

   En relación con ello, como no podía ser menos, no se expone en el desarrollo de cada uno de los motivos infracción alguna, sino que simplemente se alega el cumplimiento del contrato según su posición jurídica y conforme a su versión del mismo y de los hechos acaecidos. Todo ello, como si se presentara ante esta Sala como en una tercera instancia, lejos de su verdadera función[...]".

   La STS 783/2006 de 21 de julio, en relación con el art. 1258 CC, dice:

   "[...]Debe recordarse que esta Sala tiene ya dicho en diversas sentencias, de la que es exponente la de 24 octubre 2005, que el artículo 1258 CC "es una norma de significado tan genérico que no puede servir como motivo de casación su alegada infracción ( sentencias de 19 febrero 2001 y 14 febrero 2002 y las citadas en ellas)" [...]".

   La STS 128/2012 de 8 de marzo de 2012 sobre el art. 1261 CC dice:

   "[...] Por ello, no hay infracción de los artículos que se dicen infringidos en este motivo, tanto más porque el artículo 1261 del Código civil es un precepto genérico, en principio no idóneo para fundar un motivo de casación; en este sentido, sentencias de 5 de noviembre de 2009, 20 de octubre de 2011, ambas referidas a esta misma norma, que simplemente enumera los elementos del contrato [...]".

   Además de los artículos que se citan como infringidos relativos a formulaciones generales acerca de los contratos, se citan como infringidos preceptos de interpretación contractual como son los arts. 1281 y 1282 CC, a sabiendas de que tales preceptos recogen diversos criterios de interpretación de los contratos de aplicación sucesiva, distintos entre sí, a veces contradictorios (como los dos párrafos del art., 1281) y contemplan elementos o efectos de la interpretación, que no pueden ser alegados de manera heterogénea como constitutivos de un motivo de casación ( STS de 8 de junio de 2016, RCIP n.º 576/2014 que alude a la sentencia de esta Sala n.º 692/2013, de 7 noviembre).

2. - Por falta de acreditación del interés casacional ( art. 483.2-3º LEC), en relación al motivo primero, porque no se trataría que la audiencia haya obviado o infringido la doctrina de esta sala sobre la perfección y consumación de los contratos sino de una cuestión de valoración de la prueba, vedada en casación. Lo que establece la sentencia recurrida es que aquí no existe una compraventa perfeccionada y que los contratos a los que se refiere en doc. 1 de la demanda nunca llegaron a perfeccionarse, a lo sumo fueron una preparación de un futuro contrato, de tal forma que la actividad mediadora no habría quedado cumplida o agotada, ni se habría generado derecho al cobro de comisión y que la compraventa que finalmente se llevó a cabo lo fue con otros sujetos y objeto distintos, e incluso la situación real de las fincas objeto del doc.1 referido era muy distinta en cuanto no se plasman cargas, gravámenes, deudas...de las fincas, datos esenciales que hicieron que no se formalizara la venta tal y como estaba prevista en el doc.1. y que en definitiva la compraventa final con otros sujetos y objeto no fue la operación en la que intervino el mediador.

3. -Por carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2-4º LEC), concretada en pretender la interpretación del contrato sin atenerse a los requisitos establecidos para su acceso a la casación, esto es, que resulte ilógica, arbitraria, irrazonable o contraria a un precepto legal, en relación al motivo segundo. La STS 390/2019, de 3 de julio (recurso 3192/2016) establece:

   "[..] La sala viene reiterando su doctrina en múltiples sentencias (n.º 506/2016, de 20 de julio, y n.º 1237/2017, de 24 de febrero, entre otras), en los siguientes términos:

   " La Sala en la sentencia de 6/2016, de 28 de enero, rec. 2773/2013, recogía, con cita de jurisprudencia, que: (i) la interpretación de los contratos es función de los tribunales de instancia; (ii) que sólo cabrá su revisión cuando se demuestre su carácter manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario; (iii) de no ser así se respetará la interpretación acogida en la sentencia aunque no sea la única posible ó pudiera caber alguna duda razonable acerca de su acierto ó sobre su absoluta exactitud ( SSTS de 5 de mayo de 2010 y 16 de marzo de 2011); (iv) sólo se permite la revisión de la interpretación del contrato de forma excepcional, ya que otra cosa supondría convertir la casación en una tercera instancia ( STS de 29 de febrero de 2012, rec. 495/2008).

   " Una vez expuesta la anterior consideración conviene matizarla en los términos que recogía la sentencia de 25 de junio de 2015, rec. 2868/2013.

   "A saber:

   "(i) La jurisprudencia ( sentencias 294/2012, de 18 mayo, y 27/2015 de 29 de enero) al abordar el sentido de las reglas legales de interpretación de los contratos afirma que: El principio rector de la labor de interpretación del contrato es la averiguación o búsqueda de la voluntad real o efectivamente querida por las partes. Esta búsqueda de la intención común de las partes se proyecta, necesariamente, sobre la totalidad del contrato celebrado, considerado como una unidad lógica y no como una mera suma de cláusulas, de ahí que la interpretación sistemática (1285 CC) constituya un presupuesto lógico-jurídico de esta labor de interpretación.

   "No obstante, el sentido literal, como criterio hermenéutico, es el presupuesto inicial, en cuanto que constituye el punto de partida desde el que se atribuye sentido a las declaraciones realizadas, se indaga la concreta intención de los contratantes y se ajusta o delimita el propósito negocial proyectado en el contrato.

   "Cuando los términos son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de los contratantes, la interpretación literal no sólo es el punto de partida sino también el de llegada del fenómeno interpretativo, e impide que, con el pretexto de la labor interpretativa, se pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa. A ello responde la regla de interpretación contenida en el párrafo primero del art. 1281 CC ("si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas ").

   "Pero, en otro caso, la interpretación literal también contribuye a mostrar que el contrato por su falta de claridad, por la existencia de contradicciones o vacíos, o por la propia conducta de los contratantes, contiene disposiciones interpretables, de suerte que la labor de interpretación debe seguir su curso, con los criterios hermenéuticos a su alcance ( 1282 - 1289 CC) para poder dotar a aquellas disposiciones de un sentido acorde con la intención realmente querida por las partes y con lo dispuesto imperativamente en el orden contractual.

   "(ii) Se habrá de decidir, por tanto, con tales normas hermenéuticas, en primer lugar si se debe respetar la interpretación que ha hecho el Tribunal de apelación del contrato en cuestión y, si la Sala no la considerase razonable y lógica habrá de abordar si la que corresponde se compadece con la pretendida por la parte recurrente."

   Constituye, pues, doctrina pacífica de esta sala (sentencia 6/2016 de 28 de enero, 313/2015 de 21 de mayo, y 590/2014, de 30 de octubre) que corresponde al tribunal de instancia la función de interpretar los contratos y sus cláusulas hasta el extremo de que pueda optar entre varias interpretaciones defendibles ( sentencia 546/2013, de 12 septiembre), pues el objeto de discusión no se refiere a lo oportuno o conveniente, sino la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción del raciocinio lógico, prevaleciendo el criterio del tribunal de instancia aunque la interpretación contenida en la sentencia no sea la única posible, o pudiera caber alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud ( sentencia 71/2016, de 17 febrero). Por todo ello resulta restringida su revisión en casación a los casos en que se acredite debidamente que la realizada por la Audiencia Provincial resulta ilógica, arbitraria o contraria a las reglas de interpretación contenidos en el Código Civil".

   En este caso no se apreciaría la concurrencia de tales requisitos, pues no se cuestiona propiamente la interpretación del contrato, sino la valoración de la prueba.

La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo segundo, de la LEC.

Las razones expuestas justifican la inadmisión de los recursos interpuestos, sin que las alegaciones realizadas en escrito presentado por la recurrente, tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión, supongan una alteración de dichos razonamientos.

Consecuentemente procede declarar inadmisibles los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.

Siendo inadmisibles los recursos, la parte recurrente perderá los depósitos constituidos.

Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC, y no habiéndose presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida, no se imponen las costas a la parte recurrente.