SAP Valencia 5/2021, 8 de Enero de 2021
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 5/2021 |
| Fecha | 08 Enero 2021 |
ROLLO NÚM. 000659/2020
M J
SENTENCIA NÚM.: 5/2021
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA DON ANTONIO PEDREIRA GONZÁLEZ DON JORGE DE LA RUA NAVARRO
En Valencia a ocho de enero de dos mil veintiuno.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA, el presente rollo de apelación número 000659/2020, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 005533/2017, promovidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 25 BIS DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a CAJAMAR CAJA RURAL, SCC, representado por el Procurador de los Tribunales don/ña ANA LUISA PUCHADES CASTAÑOS, y de otra, como apelados a Beatriz representado por el Procurador de los Tribunales don/ña ISABEL BALLESTER GOMEZ, en virtud del recurso de apelación interpuesto por CAJAMAR CAJA RURAL, SCC.
La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 25 BIS DE VALENCIA en fecha 02-07- 2019, contiene el siguiente FALLO: " QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la demanda formulada a instancia de Dª Beatriz, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Isabel Ballester Gomez y asistida por Letrado Dª. Amparo Barrachina Coscolla contra CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATUVA DE CREDITO representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Ana Luisa Puchades Castaños y con dirección Letrada de D. Pablo Valverde Montañes y consecuentemente a ello:
DECLARO la nulidad parcial de pleno derecho por abusiva, la cláusula QUINTA en relación a los GASTOS contenida en la escritura de préstamo hipotecario firmada ante Notario D. Fernando Senent Ana con número de protocolo 973 en fecha 1 de julio de 1.998 relativa a la imputación al prestatario de los siguientes gastos:
* Aranceles notariales y registrales.
* Impuestos ocasionados por los mismos conceptos.
* Gastos de gestoría.
Manteniendo su vigencia en todo lo no afectado por esta declaración
CONDENO a la entidad demandada, CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATUVA DE CREDITO a estar y pasar por la anterior manteniendo su vigencia el contrato con el resto de cláusulas.
CONDENO a la demandada, CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATUVA DE CREDITOa abonar al actor las siguientes cantidades:
* Por aranceles notariales: 218,67 euros.
* Por aranceles registrales: 121,61 euros.
* Por gastos de gestoría: 60,10 euros.
Cantidades estas que se incrementaran con los intereses legales de esa cantidad desde la fecha en que el consumidor realizó los pagosy los intereses del artículo 576 de la LEC desde el dictado de esta sentencia.
Todo ello sin expresa imposición de costas a las partes.
LIBRESE mandamiento al titular del REGISTRO DE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN para la inscripción de la Sentencia una vez alcance firmeza, en relación a la nulidad y no incorporación de las condiciones generales de la escritura de PRÉSTAMO HIPOTECARIO otorgada ante Notario, D. Fernando Senent Ana con número de protocolo 973 en fecha 1 de julio de 1.998."
Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por CAJAMAR CAJA RURAL, SCC, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.
Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.
La sentencia dictada por el Juzgado de primera Instancia 25 bis de Valencia, con fecha 2 de julio de 2019 estimaba parcialmente la demanda formulada a instancia de Dª Beatriz contra CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATUVA DE CRÉDITO declarando la nulidad de pleno derecho, por abusiva, de la cláusula quinta, gastos, de la escritura de préstamo hipotecario suscrita ante Notario D. Fernando Senent Ana con número de protocolo 973 en fecha 1 de julio de 1.998, relativa a la imputación al prestatario de los siguientes gastos: aranceles notariales y registrales, impuestos ocasionados por los mismos conceptos y Gastos de gestoría, CONDENANDO a la entidad demandada, CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATUVA DE CREDITO a estar y pasar por la anterior manteniendo su vigencia el contrato con el resto de cláusulas, así como a abonar las cantidades que se han dejado indicadas en el antecedente de hecho primero de esta resolución, con sus intereses y sin expresa imposición de costas a las partes.
Planteó recurso de apelación la entidad demandada frente a dicha resolución, que fundó, en síntesis, en la prescripción de la acción para reclamar el reintegro de las sumas abonadas por la parte demandante respecto de la escritura de otorgada en 1 de julio de 1998, por transcurso del plazo de quince años establecido en el CC, al ser imprescriptible solo la acción declarativa y tratarse de dos acciones distintas.
La parte demandante se opuso al recurso, solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida, quedando planteada la cuestión, en esta alzada, en los términos expuestos.
Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, en cuanto no se oponga a lo que seguidamente se dirá.
Sobre la prescripción de la acción restitutoria.- Decíamos, entre otras, en sentencia de esta Sala, de 24 de julio pasado, recaída en rollo de apelación 250/20, número sentencia 1011/20 sobre la cuestión - única- sometida a revisión en esta segunda instancia lo que sigue:
Sentencia de 1 de febrero de 2018 (Rollo 1227/2017 Pte. Sr. Martínez Carrión) mediante la distinción entre la acción declarativa de nulidad de la cláusula de gastos y la acción de restitución de los importes indebidamente satisfechos como consecuencia de aquella declaración. Decíamos al respecto que: "[...] debe distinguirse entre la acción de nulidad y la acción de restitución o reclamación dineraria, en este caso, la primera una acción meramente declarativa y la segunda una acción de condena, y que los plazos para su ejercicio no son los mismos. La acción de nulidad absoluta o nulidad de pleno derecho no tiene plazo de prescripción (ni de caducidad), es imprescriptible y puede ser ejercitada en cualquier momento, pues lo que es nulo no debe
producir efectos incluso sin necesidad de una previa impugnación, pues se trata de una ineficacia ipso iure, que no precisaría declaración judicial, aunque para destruir la apariencia sea necesario su ejercicio; en cualquier caso, la sentencia que se dicte es declarativa de la nulidad, no constitutiva. En cambio, la acción de restitución, que persigue un pronunciamiento de condena, sí está sujeta a plazo para su ejercicio, y la razón fundamental de ello es la necesidad de otorgar certidumbre a las relaciones jurídicas. De no admitir esa distinción, resultaría difícil conciliar que la acción de restitución no tenga plazo para su ejercicio, fuera también imprescriptible, con la existencia de plazos para usucapir, ya se trata de bienes muebles o inmuebles, y fuese la usucapión ordinaria o extraordinaria"
Esta distinción es aceptada doctrinal y jurisprudencialmente a tenor de las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de abril de 1947 y 27 de febrero de 1964, de las que resulta - conforme al C. Civil - la extinción por prescripción de los "los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean" ( art. 1930.2 C. Civil ), sin excluir la relativa al derecho de repetición en los efectos de la nulidad de los contratos ni incluirla en el ámbito de las acciones imprescriptibles del artículo 1965 del C. Civil .
Añadimos ahora que la distinción entre ambas acciones ha sido expresamente admitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia de 9 de julio pasado, cuando en su parágrafo 58 resuelve la primera de las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto C- 698/18 en el sentido de que "los artículos 2, letra b ), 6, apartado 1, y 7, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, al mismo tiempo que establece el carácter imprescriptible de la acción cuyo objeto es declarar la nulidad de una cláusula abusiva incluida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, somete a un plazo de prescripción la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de esa declaración, siempre y cuando ese plazo no sea menos favorable que el aplicable a recursos similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, en particular por la Directiva 93/13 (principio de efectividad)". Dicho criterio se reitera en el parágrafo 84 de la Sentencia de 16 de julio de 2020, referida, esta última a cuestión prejudicial planteada por órganos judiciales españoles.
Admitida la separación entre la acción declarativa de nulidad y la acción de restitución, y la posibilidad de que la primera de las acciones no esté sujeta a plazo de prescripción y si la segunda (con justificación en la necesidad de otorgar certidumbre a las relaciones jurídicas), la siguiente cuestión es la relativa a la determinación del plazo de prescripción aplicable (el señalado en el C. Civil para las acciones personales que no tengan plazo especial) y la determinación del dies "a quo"...
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