ATS, 20 de Enero de 2021
| Ponente | FRANCISCO MARIN CASTAN |
| ECLI | ES:TS:2021:602A |
| Número de Recurso | 3739/2018 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Fecha de Resolución | 20 de Enero de 2021 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 20/01/2021
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 3739/2018
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 4 DE VIZCAYA
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo
Transcrito por: MPL/MJ
Nota:
CASACIÓN núm.: 3739/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marín Castán, presidente
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
D. José Luis Seoane Spiegelberg
En Madrid, a 20 de enero de 2021.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.
La representación procesal de D. Saturnino presentó escrito de interposición de recurso de casación contra la Sentencia dictada con fecha 11 de mayo de 2018, por la Audiencia Provincial de Bizkaia (Sección 4.ª), en el rollo de apelación n.º 641/2017, dimanante del concurso abreviado n.º 425/2017 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao.
Mediante diligencia de ordenación la referida Audiencia Provincial tuvo por interpuesto el recurso y acordó elevar las actuaciones a este Tribunal Supremo, habiéndose notificado dicha resolución a las partes litigantes, por medio de sus respectivos Procuradores.
Mediante diligencia de ordenación de fecha se tuvo por parte recurrente a la procuradora D.ª M.ª Cruz Ortiz Gutiérrez en nombre y representación de D. Saturnino. Interviene el Ministerio Fiscal.
Por la parte recurrente se ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.
Mediante providencia de fecha 16 de septiembre de 2020 se acordó poner de manifiesto a las partes personadas, por el plazo de diez días, las posibles causas de inadmisión de los recursos.
Mediante diligencia de ordenación de fecha 19 de octubre de 2020 se puso de manifiesto que únicamente el Ministerio Fiscal efectuó alegaciones, en relación a las posibles causas de inadmisión.
Por parte de la representación procesal de D. Saturnino se interpone recurso de casación contra una sentencia dictada en un juicio ordinario sobre, tramitado en atención a la cuantía inferior a los 600.000 euros y con acceso a la casación a través del ordinal tercero del art. 477.2 de la LEC.
El recurso de casación se formula a través de la vía casacional adecuada y se articula en el recurso de casación en dos motivos. El primer motivo del recurso se funda en la vulneración del art. 165.1. 1.º LC, en relación con los artículos 2 y 5 del mismo texto legal, así como de la jurisprudencia de la Sala Primera concretada en las sentencias de fecha 1 de abril de 2014 y de 7 de mayo de 2015. La parte recurrente considera que la interpretación de la Audiencia vulnera la doctrina jurisprudencial de la Sala respecto del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso, pues la falta de presentación de las cuentas anuales no es ninguno de los hechos legalmente previstos, que permite presumir que el deudor ha conocido su estado de insolvencia.
El segundo motivo del recurso se basa en la vulneración del art. 172 bis de la LC, norma que lleva menos de cinco años en vigor. La parte recurrente aduce que puesto que la sección de calificación se abrió fecha 24 de octubre de 2016, resulta de aplicación el art. 172 bis de la LC tras la reforma llevada a cabo por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre.
Planteado en los términos expuestos, el recurso de casación debe ser inadmitido, porque los dos motivos incurren en la causa de inadmisión de inexistencia de interés casacional ( art. 483.2. 3.º LEC), pues la sentencia recurrida no se opone a la doctrina de esta Sala.
En lo que afecta al primer motivo, pues la Audiencia llega a la conclusión, una vez valorada la prueba de que concurre la causa de culpabilidad prevista el ordinal 1.º del art. 165.1. A estos efectos tiene en cuenta la falta de depósito de las cuentas, la ausencia de la documentación exigida por el art. 6 de la LC , lo que le lleva a concluir que no se desvirtúa la presunción del art. 165.1.1.º de la LC. Tal razonamiento no se opone a la doctrina de esta Sala, que en la. Tal razonamiento es conforme la jurisprudencia de esta Sala, pues como se declaró en la Sentencia n.º 327/2015, de 1 de junio:
"[...] Es doctrina jurisprudencial consolidada la que afirma que el art. 165.1 de la Ley Concursal es una norma complementaria de la del artículo 164.1. Contiene efectivamente una concreción de lo que puede constituir una conducta gravemente culpable con incidencia causal en la generación o agravación de la insolvencia, y establece una presunción "iuris tantum" [que puede desvirtuarse mediante prueba en contrario] en caso de concurrencia de la conducta descrita, el incumplimiento del deber legal de solicitar el concurso, que se extiende tanto al dolo o culpa grave como a su incidencia causal en la agravación de la insolvencia ( sentencias de esta Sala núm. 259/2012, de 20 de abril ; 255/2012, de 26 de abril ; 298/2012, de 21 de mayo ; 459/2012, de 19 de julio , 122/2014, de 1 de abril , y 275/2015, de 7 de mayo ).
Tal causa de inadmisión también es predicable respecto al segundo motivo, pues la Audiencia analiza en el fundamento de derecho quinto la incidencia que las conductas que han determinado la calificación de culpable han tenido sobre la insolvencia, lo que es conforme con la jurisprudencia de esta Sala, ejemplificada en la Sentencia n.º 279/2019, de 22 de mayo:
"[...]De este modo, bajo el actual art. 172 bis.1 LC, aplicable al caso, la justificación de la condena a la cobertura del déficit radica en la incidencia que la conducta o conductas que hubieran merecido la calificación culpable del concurso han tenido en la generación o agravación de la insolvencia. Como se ha advertido en la doctrina, esto trae consigo dos consecuencias lógicas, que afectan al enjuiciamiento: i) por una parte, no cabe condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, apoderados generales o socios que se negaron sin causa justificada a la capitalización de créditos, a la cobertura total o parcial del déficit si con su conducta (la que ha merecido la calificación culpable y su declaración de persona afectada por la calificación) no han contribuido a la generación o a la agravación de la insolvencia; ii) y, por otra, el alcance o montante de esta condena estará en función de la incidencia que su conducta ha tenido en la generación de la insolvencia o en su agravación.
4. En el presente caso, existe una sola conducta que ha merecido la calificación culpable del concurso: irregularidades relevantes en la contabilidad para la comprensión de la situación patrimonial del concursado ( art. 164.2.1º LC ), al haberse incluido en el balance del ejercicio 2012 unos créditos por "deudores varios" por un importe de 1.606.000 euros, que en el balance de situación del año siguiente (2013) quedaron reducidos a 440.000 euros, sin que conste justificación de estos créditos.
Tiene razón el tribunal de instancia cuando razona que esta irregularidad en la contabilidad es relevante para el conocimiento de la situación patrimonial de la sociedad, pues muestra una solvencia de la que carece. Por esta razón estaba justificada la incardinación de la conducta en el tipo previsto en el art. 164.2.1º LC , cuya concurrencia conlleva en todo caso la calificación culpable del concurso. Es cierto que para esta calificación culpable resulta irrelevante la valoración jurídica de si la irregularidad contable contribuyó a generar o agravar la insolvencia.
Lo anterior constituye uno de los presupuestos de la condena a la cobertura del déficit, pero no es suficiente. Como hemos visto, para esta responsabilidad por el déficit concursal sí es necesario que la conducta que ha merecido la calificación culpable del concurso, en este caso las reseñadas irregularidades en la contabilidad, hubiera contribuido a la generación o agravación de la insolvencia, que es la que a la postre provoca el déficit.
Si bien para lograr la calificación culpable del concurso sobre la concurrencia de esta causa prevista en el art. 164.2 LC , la administración sólo tenía que acreditar la existencia de la irregularidad contable y su relevancia para la comprensión de la situación patrimonial del deudor concursado; para obtener una condena a la cobertura del déficit le correspondía, además, justificar en qué medida la conducta había contribuido a la generación o agravación de la insolvencia.
Esta justificación supone, cuando menos, un esfuerzo argumentativo que muestre de forma razonable cómo la conducta generó o agravó la insolvencia y en qué medida lo hizo, aunque sea de forma estimativa. Sin perjuicio de que, en algunos casos, ante la imposibilidad de acreditar las causas de la generación o agravación de la insolvencia y, sobre todo, la posible incidencia de la conducta que ha merecido la calificación culpable del concurso, debido a esta propia conducta que provoca como efecto la imposibilidad de conocer y acreditar, sea posible invertir la carga de la acreditación [...]"
Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4, dejando sentado el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 y no habiendo presentado alegaciones la parte recurrida, no procede la imposición de las costas.
La inadmisión del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.
LA SALA ACUERDA:
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) Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Saturnino, contra la Sentencia dictada con fecha 11 de mayo de 2018 por la Audiencia Provincial de Bizkaia (Sección 4.ª), en el rollo de apelación n.º 641/2017, dimanante del concurso abreviado n.º 425/2017 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao, sin imposición de las costas.
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) Declarar firme dicha Sentencia.
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) La pérdida perderá del depósito constituido.
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) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, previa notificación de esta resolución por este Tribunal a la parte recurrente y recurrida.
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno de conformidad con lo establecido en el art. 483.5 de la LEC.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
