ATS 830/2020, 26 de Noviembre de 2020
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 26 Noviembre 2020 |
| Número de resolución | 830/2020 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 830/2020
Fecha del auto: 26/11/2020
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION
Número del procedimiento: 2217/2020
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet
Procedencia: Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 7ª)
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero
Transcrito por: FSP/MJCP
Nota:
RECURSO CASACION núm.: 2217/2020
Ponente: Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 830/2020
Excmos. Sres.
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Manuel Marchena Gómez, presidente
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Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
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Vicente Magro Servet
En Madrid, a 26 de noviembre de 2020.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet.
Por el Juzgado de lo Penal número dos de Algeciras se dictó sentencia de veintinueve de marzo de 2018, en los autos de Procedimiento Abreviado nº 346/2016, dimanantes de las Diligencias Previas nº 1/2015 del Juzgado de Instrucción número uno de Algeciras, en la que se condena a Heraclio como responsable en concepto de autor de un delito de lesiones con uso de arma peligrosa de los artículos 147.1º y 148.1º del Código Penal, a la pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
Además, la sentencia condena a Heraclio a indemnizar a Ignacio en la cantidad 963,76 euros, con aplicación a la misma de lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
También, la sentencia absuelve a Heraclio de la falta de amenazas por la que venía siendo acusado y condena a Leonardo como autor de una falta de maltrato de obra del artículo 617.2º del Código Penal, en la redacción anterior a la Ley Orgánica 1/2015, a la pena de veinte días de multa con una cuota diaria de diez euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como al pago de las costas, incluidas las de la acusación particular.
Por último, la sentencia absuelve a Leonardo y a Marcelino de las faltas de amenazas y maltrato de obra, por las que venían siendo acusados.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por el acusado, Heraclio dictándose sentencia por la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 7ª) de diecisiete de febrero de 2020, por la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto.
Contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 7ª) se interpone por Heraclio, recurso de casación, mediante la presentación del correspondiente escrito por parte del Procurador de los Tribunales Don Miguel del Valle Macías. Como primer motivo se sostiene, al amparo de los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, infracción de precepto constitucional, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2º de la Constitución; como segundo motivo se alega, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, infracción de ley, por indebida aplicación de los artículos 147.1º y 148.1º del Código Penal; como tercer motivo se sostiene, al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, infracción de ley, por error en la apreciación de la prueba; como cuarto motivo se alega, al amparo de los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, infracción del principio "in dubio pro reo"; como quinto motivo se sostiene, al amparo de los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, infracción de precepto constitucional, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1º de la Constitución; y como sexto motivo se alega, al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, infracción de ley, por error en la apreciación de la prueba.
En el trámite correspondiente a la sustanciación del recurso, el Ministerio Fiscal interesó la inadmisión del mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Vicente Magro Servet.
ÚNICO.-
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Se considera en el recurso que esta Sala Segunda debe entrar a valorar los motivos desarrollados en el mismo, al considerar que la sentencia dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Cádiz es una de las resoluciones que el actualmente vigente artículo 847.1 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla como susceptibles de ser recurridas en casación, invocando la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable para el reo.
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El derecho al recurso está comprendido dentro del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, pero siempre que se trate de recursos previstos en la ley, pues no permite habilitar medios de impugnación al margen de lo regulado en las leyes.
Conviene recordar, que la Sentencia del Tribunal Constitucional número 88/97, de 5 de mayo, señala que aunque el acceso a los recursos legalmente establecidos forma parte de la tutela judicial efectiva, este derecho no queda vulnerado cuando el recurso interpuesto es inadmitido por el órgano judicial competente en virtud de la concurrencia de algunas de las causas legalmente previstas al efecto, añadiendo la citada sentencia del Tribunal Constitucional que la interpretación de las normas que contemplan causas de inadmisión de recursos es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios.
Sobre la retroactividad de las leyes, el Tribunal Constitucional (sentencias 149/1995 de 16 de octubre y 374/1993 de 13 de diciembre) recuerda que el fenómeno de la retroactividad es posible si la propia ley lo autoriza.
Conviene recordar que las leyes procesales no son leyes penales, por lo que no es posible el efecto retroactivo de las mismas, sino que únicamente son aplicables a los procedimientos en vigor con arreglo a las circunstancias establecidas para el procedimiento aplicable.
La STS 1336/2011, de 12 de diciembre señala que, el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable con carácter supletorio, por prescripción del artículo 4 de la misma ley, dispone que salvo que se establezca otra cosa en las disposiciones legales de Derecho transitorio, los asuntos se sustanciarán siempre con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.
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A la vista de lo anteriormente expuesto, se hace necesario antes de entrar en el fondo del recurso, analizar si la resolución que se impugna es susceptible de ser recurrida en casación en el caso que nos ocupa.
Se trata de una sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Cádiz, que desestimó el recurso de apelación interpuesto por Heraclio, frente a una sentencia del Juzgado de lo Penal de Algeciras.
Para abordar esta cuestión, se hace necesario partir de una premisa esencial, cual es que la redacción actual del artículo 847.1 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la otorgada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
Dicha reforma entró en vigor el seis de diciembre de 2015 ( Disposición final cuarta de la Ley 41/2015), siendo determinante que en la Disposición transitoria única de la Ley 41/2015, se establezca que se aplicará "a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor".
Por lo tanto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al amparo de la cual, son recurribles en casación las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, no puede incidir, en virtud de la Disposición transitoria referida, sobre un proceso, como el que nos ocupa, incoado en virtud de resolución del Juzgado instructor, de dos de enero de 2015 (folios veintisiete y veintiocho de las actuaciones), es decir, más de once meses antes de que entrase en vigor la modificación referida.
En conclusión, la modificación legal operada por la Ley 41/2015 no puede tener efectos retroactivos sobre el presente procedimiento, al no estar previsto expresamente en su Disposición transitoria, única posibilidad que posibilitaría que esta Sala conociese sobre el fondo del recurso de casación interpuesto. No pudiéndose invocar, ante dicha falta de previsión, el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, ya que no estamos en el ámbito de la normatividad penal sustantiva, sino de la procesal penal, donde la redacción del artículo 792.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente y aplicable al procedimiento del que estamos tratando, establecía que "contra la sentencia dictada en apelación no cabrá recurso alguno".
Esta solución se ha mantenido por esta Sala anteriormente en Autos de fechas 3 y 6 de mayo de 2016, recaídos en los recursos de queja números 20186/2016 y 20124/2016, así como, en el Auto de inadmisión de fecha 9 de junio de 2016, recaído en el recurso nº 547/2016.
Procede, pues, inadmitir el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 884.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
LA SALA ACUERDA: NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación interpuesto por el recurrente contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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AAP Madrid 283/2023, 22 de Febrero de 2023
...que ha transcurrido, silenciando u omitiendo que fueron varios y sucesivos los recursos interpuesto, siendo que el Tribunal Supremo, por ATS 26.11.20 inadmite el recurso de casación, incoándose la Ejecutoria por AJP 6 Alcalá de Henares de 22.01.21. Ello dispensa de mayor La sentencia de 24.......