ATS, 8 de Octubre de 2020
| Ponente | ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO |
| ECLI | ES:TS:2020:9394A |
| Número de Recurso | 289/2020 |
| Procedimiento | Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015) |
| Fecha de Resolución | 8 de Octubre de 2020 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
A U T O
Fecha del auto: 08/10/2020
Tipo de procedimiento: R. CASACION
Número del procedimiento: 289/2020
Materia: CONTRATACION PUBLICA
Submateria:
Fallo/Acuerdo: Auto Admisión
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián
Secretaría de Sala Destino: 004
Transcrito por: MMC
Nota:
Resumen
R. CASACION núm.: 289/2020
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
A U T O
Excmos. Sres.
D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, presidente
D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo
D. César Tolosa Tribiño
D. Ángel Ramón Arozamena Laso
D. Dimitry Berberoff Ayuda
En Madrid, a 8 de octubre de 2020.
La Unión General de Trabajadores de Castilla La Mancha recurrió las siguientes resoluciones de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
- Resolución de fecha 22.11.2017, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la resolución del mismo órgano administrativo de 16.02.2017, por la que se declara el reintegro de subvención (expediente FPTO/2010) por el importe total de 254.789,27 euros.
- Resolución de fecha 15.11.2017, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la resolución del mismo órgano administrativo de 31.03.2017, por la que se declara el reintegro de subvención (expediente FPTO/2011) por el importe total de 511.129,42 euros.
La Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en el recurso tramitado con el número 347/2019, dictó en fecha 30 de septiembre de 2019, sentencia estimatoria del recurso interpuesto, anulando las resoluciones recurridas.
La sentencia, frente a la cuestión de si, el seguimiento de un procedimiento de comprobación está sometido a un plazo máximo de duración y cabe la aplicación del instituto de la caducidad en el caso de que aquél se supere, ante la ausencia de un plazo máximo para la realización de dichas actuaciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones ( LGS), a diferencia de cuanto acontece en las actuaciones de control financiero, que sí tienen previsto un plazo máximo de duración de 12 meses a contar desde la fecha de notificación del inicio de las mismas, en virtud de lo dispuesto en el art. 49.7, justifica su fallo estimatorio en lo siguiente:
"(...) entendemos que, aunque a efectos de tramitación de las actuaciones de comprobación haya de acudirse a las disposiciones de la LRJ-PAC, ello no ha de comportar que hayan de aplicarse también la de los plazos máximos de duración de los procedimientos y las consecuencias de su inobservancia, pues, como acabamos de ver, la LGS regula distintos procedimientos relacionados con las subvenciones y no a todos les fija plazos máximos de duración. Y, respecto del plazo de doce meses que contempla la STSJ de Canarias, cabe señalar que dicha sentencia asimila las actuaciones de comprobación con los procedimientos de control, siendo así que ese plazo es el que establece la Ley para estos últimos y no para las actuaciones de comprobación que, según veremos seguidamente al analizar la doctrina que consideramos de aplicación (...)
(...) dos sentencias del Tribunal Supremo de 24 de enero y 8 de noviembre de 2007 ( recursos de casación 252 y 257/2006 , respectivamente), concluye sosteniendo que existe un plazo máximo general de caducidad de doce meses para estas actuaciones.
Es decir, según las aludidas sentencias, las funciones de vigilancia e inspección de los compromisos asumidos por los beneficiarios a que se refería la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, serían asimilables, a los efectos que ahora nos ocupan, a los procedimientos de control financiero de la Ley 38/2003.
En consecuencia, no encontramos razón para, en contra de lo que ha señalado el Tribunal Supremo en las sentencias de referencia, sostener que esas actividades intermedias no estén sujetas a plazo de caducidad. Entendemos, por el contrario, que, como acertadamente dice la demanda, las actuaciones de comprobación, que han de enmarcarse en el seno de un procedimiento, pueden iniciarse en cualquier momento dentro del plazo de prescripción, pero, una vez iniciadas, han de estar sometidas a un plazo de finalización. Y, siguiendo ese razonamiento, hemos de señalar que nos parece razonable que, a falta de un plazo específico contemplado por la LGS, se aplicase el de tres meses que, con carácter supletorio, prevé el art. 42.3 de la LRJ-PAC , si bien, habida cuenta que el Tribunal Supremo lo ha asimilado al plazo de doce meses previsto por la LGS para los procedimientos de control financiero en su art. 49.7 , entendemos que ha de estarse a dicho plazo".
Concluye la sentencia indicando que " Y, no siendo cuestión discutida en el presente pleito que las actuaciones de comprobación se extendieron durante más de doce meses, entendemos que, sin necesidad de entrar a analizar el resto de las alegaciones de la demanda (prescripción de la acción de reintegro de la anualidad 2010)".
El Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha presentó escrito de preparación del recurso de casación por infracción de los artículos 30.2 y 32.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, considerando que la interpretación que lleva a cabo el Tribunal de entender existente un plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento de comprobación que realiza el órgano concedente, no estando previsto expresamente dicho plazo en la normativa aplicable, artículo 32 de la Ley 38/2003, ni en el resto de la citada norma, cuando, para otros procedimientos que la misma contempla, como el de control financiero, previsto en el artículo 49, si regula y prevé expresamente un plazo de tramitación del mismo, no es una interpretación adecuada del precepto en cuestión, sin que sea razonable llevar a cabo una aplicación analógica del plazo previsto para otro procedimiento distinto en la misma norma, y no siendo tampoco acorde con la naturaleza y finalidad del procedimiento de comprobación previsto en el referido artículo 32.
Como supuestos de interés casacional, cita el del artículo 88.2.a) de la LJCA, indicando que se fija una doctrina contradictoria con las sentencias de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 14-07-2016, rec. 12/2015, y de fecha 19-07-2016, rec. 65/2015, en las que existen una total identidad con el supuesto ahora enjuiciado, pues en las mismas se analizaba igualmente la existencia o no de un plazo de caducidad respecto al procedimiento de comprobación previsto en el artículo 32.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, llegando a la conclusión que no era aplicable plazo alguno a dicho procedimiento, siempre que el mismo se hubiera realizado dentro del plazo general de prescripción. También en esa misma línea cita la Sentencia del T.S.J. de La Rioja, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 26-06-2017, rec. 212/2016.
Por auto de 20 de diciembre de 2019 se tuvo por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo de 30 días ante esta Sala del Tribunal Supremo, así como la remisión a la misma de los autos originales y del expediente administrativo.
Se ha personado ante esta Sala la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en concepto de recurrente, así como la representación procesal de la Unión General de Trabajadores de Castilla La Mancha, en concepto de parte recurrida, formulando oposición a esta casación.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, Magistrado de la Sala.
Como cuestión previa, y desde un punto de vista formal, debe señalarse que el escrito de preparación cumple con las exigencias del artículo 89.2 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), por lo que nada puede oponerse a la admisibilidad del recurso desde el punto de vista del subapartado b) del artículo 90.4 LJCA, como opone la parte recurrida, siendo cierto, a juicio de esta Sala, que del escrito de preparación se deduce una cuestión de interés casacional.
Cumplidas, en definitiva, las exigencias que impone al escrito de preparación el art. 89.2 de la LJCA, entendemos que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, de forma coincidente con la parte recurrente, es la siguiente:
Si el procedimiento de comprobación regulado en el artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, está sujeto a plazo de caducidad y, en su caso, cuál debe ser dicho plazo.
Es necesario destacar que, sobre una cuestión similar, se dictó auto de admisión de 9 de junio de 2020, en el recurso de casación 3057/2019, donde se plantea la siguiente cuestión: Si el procedimiento de comprobación que concluye con el acuerdo de liquidación -y que es previo a la apertura del procedimiento de reintegro- constituye un procedimiento administrativo autónomo que como tal está sujeto a plazo de caducidad, de conformidad con los artículos 39, 42 y 49.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De igual forma, resulta de interés señalar que, relacionado con lo anterior, se encuentra el recurso 6537/2017, en el que ha recaído reciente sentencia de 5 de junio de 2020, donde se concluye que "la verificación y comprobación desplegada por la Administración Pública de una subvención concedida que culmina con la liquidación del importe y abono de la ayuda, no enerva, anula o elimina la posibilidad de incoar un procedimiento de reintegro, ni aboca al procedimiento de revisión de oficio, pues la naturaleza jurídica de tal liquidación y abono no es la de una resolución que, de manera definitiva y firme, reconozca al beneficiario el derecho a percibir la subvención en la cuantía que se liquida y abona, sino la de una liquidación y pago provisionales sujetos, en su caso, a lo que resulte de comprobaciones ulteriores culminadas dentro del plazo de prescripción de cuatro años que establece el artículo 39.1 de la Ley General de Subvenciones", lo que abunda en la existencia de interés casacional acordada.
Conforme a lo dispuesto en el art. 90.7 de la LJCA, este auto se publicará en la página web del Tribunal Supremo.
Por lo expuesto, en el recurso de casación registrado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el núm. 289/2020.
Admitir a trámite el recurso de casación preparado por el Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha contra la sentencia de 30 de septiembre de 2019, dictada por la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en el recurso tramitado con el número 347/2019.
Precisar que la cuestión en la que entendemos que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente:
Si el procedimiento de comprobación regulado en el artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, está sujeto a plazo de caducidad y, en su caso, cuál debe ser dicho plazo.
Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación las contenidas en los artículos 30.2, 32.1 y 49.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
Comunicar inmediatamente a la Sala de Instancia la decisión adoptada en este auto.
Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala, competente de conformidad con las normas de reparto.
El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es firme.
Así lo acuerdan y firman.
D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez D. Antonio J. Fonseca-Herrero Raimundo
D. Cesar Tolosa Tribiño D. Angel Arozamena Laso
D. Dimitry Berberoff Ayuda
