STS 1199/2020, 23 de Septiembre de 2020
| Ponente | MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE |
| ECLI | ES:TS:2020:2974 |
| Número de Recurso | 2286/2018 |
| Procedimiento | Recurso de Casación Contencioso-Administrativo ( |
| Número de Resolución | 1199/2020 |
| Fecha de Resolución | 23 de Septiembre de 2020 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
Sentencia núm. 1.199/2020
Fecha de sentencia: 23/09/2020
Tipo de procedimiento: R. CASACION
Número del procedimiento: 2286/2018
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 15/09/2020
Ponente: Excma. Sra. D.ª Esperanza Córdoba Castroverde
Procedencia: T.S.J.ANDALUCIA CON/AD SEC.2
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Gloria Sancho Mayo
Transcrito por: CCN
Nota:
R. CASACION núm.: 2286/2018
Ponente: Excma. Sra. D.ª Esperanza Córdoba Castroverde
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Gloria Sancho Mayo
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
Sentencia núm. 1199/2020
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Nicolás Maurandi Guillén, presidente
D. José Díaz Delgado
D. Ángel Aguallo Avilés
D. José Antonio Montero Fernández
D. Francisco José Navarro Sanchís
D. Jesús Cudero Blas
D. Isaac Merino Jara
Dª. Esperanza Córdoba Castroverde
En Madrid, a 23 de septiembre de 2020.
Esta Sala ha visto , constituida en su Sección Segunda por los/a Excmos/a. Sres/a. Magistrados/a que figuran indicados al margen, el recurso de casación núm. 2286/2018, interpuesto por la procuradora doña Aurora Barranca Alcántara, en nombre y representación de DOÑA Adolfina , contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 18 de enero de 2018, recaída en el recurso núm. 124/2017, en materia referente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Han comparecido como recurridos el Abogado del Estado, en la representación que le es propia de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y la Letrada de la Junta de Andalucía en la representación legal de la JUNTA DE ANDALUCÍA.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Esperanza Córdoba Castroverde.
Resolución recurrida en casación y hechos del litigio.
-
Este recurso de casación tiene por objeto la mencionada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 18 de enero de 2018, que desestimó el recurso interpuesto por doña Adolfina contra la resolución de 25 de noviembre de 2016 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, desestimatoria de la reclamación tramitada con el núm. NUM000 deducida por la Sra. Adolfina frente a la liquidación NUM001 practicada en fecha 4 de enero de 2016 por la Oficina Liquidadora de Arcos de la Frontera en concepto de Impuesto sobre Sucesiones por importe de 35.445,27 euros.
-
Los hechos sobre los que ha versado el litigio son los siguientes:
-
La Oficina liquidadora de Arcos de las Frontera practicó liquidación nº NUM001 en fecha 4 de enero de 2016 por el concepto de Impuesto sobre Sucesiones por importe de 35.445,27 euros.
-
Contra la liquidación se formuló reclamación ante el TEAR de Andalucía, que fue desestimada el 25 de noviembre de 2016 en la resolución que fue objeto de litigio en la instancia.
-
-
La Sala de este orden jurisdiccional dictó sentencia de 18 de enero de 2018, aquí impugnada, que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR referida.
Preparación y admisión del recurso de casación.
-
La representación procesal de la demandante en la instancia presentó escrito de preparación del recurso de casación, ante la Sala de instancia, contra la sentencia anteriormente mencionada.
-
Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la sentencia, identificó como normas infringidas: i) El artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), así como el artículo 102.2, letras b) y c), de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre) ["LGT"]; y (ii) El artículo 57.1, letra b), LGT.
-
La Sala de instancia acordó tener por preparado el recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala juzgadora y remitir las actuaciones a este Tribunal con emplazamiento de las partes para que puedan interponer y oponerse al recurso.
Admisión e interposición del recurso de casación.
-
La sección de admisión de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el recurso de casación mediante auto de 11 de julio de 2018, en que aprecia la concurrencia del interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada en estos literales términos:
"[...] Determinar cuál es la forma en que debe verse cumplida la garantía de motivación de los actos administrativos que inician un procedimiento de comprobación de valores, especialmente en aquellos casos en los que se utilice el medio de comprobación recogido en el artículo 57.1, letra b), de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en particular, cuando consista en la aplicación de coeficientes multiplicadores ".
-
La procuradora doña Aurora Barranca Alcántara interpuso recurso de casación mediante escrito que observa los requisitos legales, en el que se mencionan como normas jurídicas infringidas las que han sido más arriba mencionadas.
Oposición del recurso de casación.
-
El Abogado del Estado, emplazado como parte recurrida, presentó escrito de oposición fechado el 7 de marzo de 2019, en el que solicita se dicte sentencia que lo desestime, confirmando la sentencia recurrida.
-
Por resolución de 3 de abril de 2019, se tuvo por decaído en su derecho a la Junta de Andalucía, al no haber presentado escrito de oposición dentro del plazo conferido para ello.
Vista pública y deliberación.
En virtud de la facultad que le confiere el artículo 92.6 LJCA, esta Sección Segunda no consideró necesaria la celebración de vista pública, quedando fijada la deliberación, votación y fallo del recurso para el 15 de septiembre de 2020, día en que efectivamente se deliberó y votó, con el resultado que seguidamente se expresa.
Objeto del presente recurso de casación.
El objeto de este recurso de casación consiste en determinar si la sentencia impugnada es acertada en su decisión de dar respaldo a la motivación del acto de liquidación, manifestado en una fórmula aritmética que aplica sobre el valor catastral un coeficiente multiplicador. Expresado de otro modo -por seguir los términos del auto de admisión-, debemos precisar cuál es la forma en que debe verse cumplida la garantía de motivación de los actos administrativos que inician un procedimiento de comprobación de valores, especialmente en aquellos casos en los que se utilice el medio de comprobación recogido en el artículo 57.1.b) de la LGT y, en particular, cuando consista en la aplicación de coeficientes multiplicadores.
En realidad, como seguidamente veremos, el asunto no encierra únicamente un problema de motivación de los actos de rectificación de la deuda tributaria autoliquidada, en aquellos casos en que se haya acudido al medio de comprobación establecido en el artículo 57.1.b) de la LGT, esto es, el empleo de índices o coeficientes multiplicadores del valor catastral, en caso de bienes inmuebles. Las dos sentencias de esta Sala de 23 de mayo de 2018, pronunciadas en los recursos de casación núms. 1880 y 4202/2017, anteriores al auto de admisión, resuelven el mismo problema con mayor amplitud que la determinada solamente por el alcance y efectos de la motivación y su eventual incumplimiento.
Doctrina jurisprudencial ya establecida por esta Sala que da respuesta a las cuestiones debatidas.
La cuestión relativa a la idoneidad jurídica del medio de valoración consistente en la utilización de coeficientes -por lo general, únicos para todo el municipio- multiplicadores del valor catastral, cuando se trata de la comprobación del valor real de adquisición de bienes a efectos del gravamen en aquellos impuestos en que la base imponible se determina en función de ese mismo valor real ( artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria, en relación con los artículos 10.1 y 46 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -LITP- y artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) ha sido, como hemos adelantado, resuelta ya repetidamente por esta Sala, a partir de las dos sentencias de 23 de mayo de 2018, seguidas posteriormente por otras varias, que si bien están referidas a liquidaciones del ITP su doctrina resulta igualmente aplicable a las liquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones, como aquí acontece.
Tal doctrina resuelve el problema jurídico y fija, ratificándola, la doctrina a propósito de la improcedencia de aplicar valores genéricos, objetivos o abstractos, prescindiendo del examen individualizado de cada inmueble. De dicha doctrina se infiere sin dificultad que el problema jurídico que presenta la utilización de este método comprobador va mucho más allá de un problema atinente a la motivación necesaria de los actos de valoración y de la liquidación que surge de ellos, pero la encierra también.
Indican esas sentencias, a los efectos que ahora importan, lo siguiente:
" SEGUNDO.- Doctrina jurisprudencial sobre las cuestiones controvertidas.
Sobre la cuestión controvertida existe una jurisprudencia consolidada, de suerte que basta para resolver la controversia suscitada con aplicar al caso debatido la doctrina que sobre la normativa aplicable ha sido creada por este Tribunal Supremo.
Al respecto son numerosas las sentencias que se han dictado, valga por todas la sentencia de 23 de mayo de 2018, rec. cas. 1880/2017 , que estableció la siguiente doctrina:
"1) El método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes ( artículo 57.1.b) LGT) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo.
2) La aplicación del método de comprobación establecido en el artículo 57.1.b) LGT no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no.
3) La aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral.
4) El interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia".
Sobre la tasación pericial contradictoria se dijo en la misma sentencia lo siguiente:
"1) La tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar las conclusiones del acto de liquidación en que se aplican los mencionados coeficientes sobre el valor catastral, sino que su utilización es meramente potestativa.
2) Para oponerse a la valoración del bien derivada de la comprobación de la Administración basada en el medio consistente en los valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes, el interesado puede valerse de cualquier medio admisible en derecho, debiendo tenerse en cuenta lo respondido en la pregunta anterior sobre la carga de la prueba.
3) En el seno del proceso judicial contra el acto de valoración o contra la liquidación derivada de aquél el interesado puede valerse de cualesquiera medios de prueba admisibles en Derecho, hayan sido o no propuestos o practicados en la obligatoria vía impugnatoria previa.
4) La decisión del Tribunal de instancia que considera que el valor declarado por el interesado se ajusta al valor real, o lo hace en mayor medida que el establecido por la Administración, constituye una cuestión de apreciación probatoria que no puede ser revisada en el recurso de casación".
Aplicación de la doctrina jurisprudencial que hemos establecido al caso concreto que nos ocupa.
Obviamente, la doctrina establecida por esta Sala, en las sentencias de 23 de mayo de 2018, reproducidas en otras muchas posteriores, sobre los límites formales y sustantivos que conlleva la aplicación del artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria cuando se trata de la valoración -o, por mejor decir, la corrección del valor declarado- de bienes inmuebles a efectos del gravamen en impuestos cuya base imponible ha de ser coincidente, por exigencia legal, con el valor real de aquellos, como sucede con el de sucesiones y el de transmisiones patrimoniales -coincidente, como ya hemos dicho de modo uniforme y reiterado, con el que pactarían dos sujetos de derecho independientes entre sí, esto es, como regla general, con el valor de mercado- resulta trasladable in toto al caso debatido, lo que nos lleva a estimar la pretensión casacional, declarando la doctrina jurisprudencial que se reitera, así como a declarar que la sentencia de instancia debe ser casada y anulada y, examinando el asunto desde la perspectiva del juzgador de instancia, procede la anulación de los actos administrativos de liquidación y revisión impugnados en el litigio, con la devolución de los ingresos efectuados que proceda, incrementada en los intereses de demora legalmente establecidos.
Sobre las costas del recurso de casación y las de instancia.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, respecto de las costas del recurso de casación, no procede hacer un pronunciamiento condenatorio; y por lo que se refiere a las costas de la instancia, a tenor del artículo 139.1 LJCA, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad, conforme al criterio interpretativo general y reiteradamente aplicado por este Tribunal Supremo.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :
Fijar los criterios interpretativos sentados en el fundamento jurídico segundo.
Segundo. Haber lugar al recurso de casación interpuesto por la procuradora doña Aurora Barranca Alcántara, en nombre y representación de DOÑA Adolfina , contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 18 de enero de 2018, recaída en el recurso núm. 124/2017, en materia referente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sentencia que se casa y anula.
Tercero. Estimar el mencionado recurso núm. 124/2017, deducido contra la resolución del TEAR de Andalucía arriba reseñada, con anulación de la expresada resolución y de la liquidación en ella impugnada, reconociendo el derecho de la parte demandante a la devolución de la cantidad ingresada, incrementada con los intereses de demora que procedan.
Cuarto. No hacer imposición de las costas procesales, ni de las de esta casación, ni las causadas en la instancia.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
D. Nicolás Maurandi Guillén D. José Díaz Delgado
D. Ángel Aguallo Avilés D. José Antonio Montero Fernández
D. Francisco José Navarro Sanchís D. Jesús Cudero Blas
D. Isaac Merino Jara Dª. Esperanza Córdoba Castroverde
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Excma. Sra. Magistrada Ponente Dª. Esperanza Córdoba Castroverde, estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
-
STSJ Castilla-La Mancha 62/2021, 8 de Marzo de 2021
...57 1 c) LGT . Tal y como viene reiterando el Tribunal Supremo, entre otras en sentencia de 23 de septiembre de 2020 ( Rec. 2286/2016) ( Roj STS 2974/2020 ), la cuestión relativa a la idoneidad jurídica del medio de valoración consistente en la utilización de coeficientes -por lo general, ún......
-
STSJ Castilla-La Mancha 247/2020, 2 de Octubre de 2020
...en la valoración de los inmuebles objeto de liquidación, se hace preciso traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2020 (Rec. 2286/2018) en la que se "PRIMERO. Objeto del presente recurso de casación. El objeto de este recurso de casación consiste en determin......
-
SAP Granada 878/2021, 27 de Diciembre de 2021
...que, definido el objeto litigioso a tenor de los hechos alegados en la contestación, no pueden modificarse con posterioridad ( STS 23 de septiembre de 2020), entre otras, prescindiendo además el recurso del demandante de la reiterada doctrina del Tribunal Supremo que recuerda que, aunque ......
-
SAP Granada 153/2021, 2 de Marzo de 2021
...incluyéndose indebidamente cantidades a compensar y reclamar como eran las pagadas por el préstamo en 2011. Así lo establece la STS de 23 de septiembre de 2020, al examinar el artículo 426 LEC, en doctrina perfectamente trasladable a las aclaraciones previstas en el juicio No se ejercita aq......