ATS, 8 de Julio de 2020
| Ponente | RAFAEL SARAZA JIMENA |
| ECLI | ES:TS:2020:4877A |
| Número de Recurso | 705/2018 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Fecha de Resolución | 8 de Julio de 2020 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 08/07/2020
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 705/2018
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 4 DE BIZKAIA
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
Transcrito por: MAR/I
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 705/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marín Castán, presidente
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Juan María Díaz Fraile
En Madrid, a 8 de julio de 2020.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.
La representación procesal de Caja Laboral Popular, Cooperativa de Crédito interpuso recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2017 por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4.ª) en el rollo de apelación n.º 445/2017, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 494/2016 del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Barakaldo.
Mediante diligencia de ordenación de 1 de febrero de 2018 se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.
Formado el rollo de sala, ha comparecido la procuradora doña María Leceta Bilbao en nombre y representación de Caja Laboral Popular, Cooperativa de Crédito, como parte recurrente; y el procurador don Jaime Fraile Mena, en nombre y representación de doña Milagrosa, doña Mónica y doña Natividad, como parte recurrida.
Por providencia de 3 de junio de 2020 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos a las partes personadas.
Mediante escrito de 19 de junio de 2020, la representación procesal de la parte recurrente interesó la admisión de los recursos; mientras que la parte recurrida, por escrito de la misma fecha, mostró su conformidad con la posible causa de inadmisión.
La parte recurrente ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ.
Los presentes recursos de casación y extraordinario por infracción procesal se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario, en el que se ejercita, entre otras, la acción de nulidad del contrato de adquisición de aportaciones financieras subordinadas Eroski por error vicio en el consentimiento, tramitado en atención a la cuantía. La cuantía no excede de 600.000 euros, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC.
La demandada apelada ha interpuesto recurso de casación en la modalidad de interés casacional. El recurso contiene seis motivos.
Motivo primero: "Por infracción del art. 1.301 CC y jurisprudencia que lo desarrolla, STS 569/2003 de 11 de junio y las que en ella se citan, de 11 de julio de 1.984, 24 de junio de 1.987, 20 de febrero de 1.928 y 27 de marzo de 1.989, que establece el dies a quo para el cómputo de la caducidad en la consumación del contrato y aplicar un evento distinto al señalado en el precepto".
Motivo segundo: "Por infracción del art. 1.301 CC y jurisprudencia que lo desarrolla, STS 569/2003 de 11 de junio y las que en ella se citan, de 11 de julio de 1.984, 24 de junio de 1.987, 20 de febrero de 1.928 y 27 de marzo de 1.989, que establece el dies a quo para el cómputo de la caducidad en la consumación del contrato y aplicar un evento distinto al señalado en el precepto, con vulneración de la excepción a la aplicación de tal doctrina establecida en la STS 769/2014, con infracción del art. 217 LMV y jurisprudencial que lo desarrolla, STS 323/2015 de 30 de junio".
Motivo tercero: "Por error en la interpretación del art. 79 LMV, y su desarrollo normativo, RD 629/1993 de 3 de mayo, en relación a la jurisprudencia que lo desarrolla, STS 840/2013 de 20 de enero, con valoración arbitraria de la prueba".
Motivo cuarto: "Por infracción del art. 1.266 CC y jurisprudencia que lo desarrolla ( STS 840/2013 de 20 de enero y 769/2014 de 12 de enero), en relación al error en el objeto del contrato".
Motivo quinto: "Por infracción del art. 1.266 CC y jurisprudencia que lo desarrolla ( STS 840/2013 de 20 de enero y 769/2014 de 12 de enero), en relación a la esencialidad del error".
Motivo sexto: "Por infracción del art. 1.266 CC y jurisprudencia que lo desarrolla ( STS 840/2013 de 20 de enero y 769/2014 de 12 de enero) en relación a la excusabilidad del error".
El recurso de casación debe ser inadmitido al incurrir en la causa de inadmisión de falta de justificación e inexistencia de interés casacional ( arts. 477.2.3.º y 483.2.3.º LEC), ya que no se justifica que la sentencia recurrida, a la vista de su base fáctica y razón decisoria, se oponga a la doctrina de esta sala sobre la caducidad de la acción de nulidad, la naturaleza compleja del producto de inversión contratado, el error vicio, y legitimación pasiva de la empresa de inversión que comercializa el producto de inversión.
i) En lo que respecta a la caducidad de la acción -motivo primero-, el criterio de la sentencia recurrida, que fija el comienzo del plazo para el ejercicio de la acción en el momento en el que el demandante tuvo conocimiento de las características y riesgos del producto adquirido, es conforme a la doctrina que ha fijado la sala en la sentencia de Pleno 769/2014, de 12 de enero de 2015, sobre el cómputo del plazo para ejercitar la acción de anulación de contratos financieros o de inversión complejos por error en el consentimiento, y que ha sido reiterada, entre otras, en la sentencia de Pleno 89/2018, de 19 de febrero en donde, entre otros extremos, se establece lo siguiente:
"[...] Mediante una interpretación del art. 1301.IV CC ajustada a la naturaleza compleja de las relaciones contractuales que se presentan en el actual mercado financiero, la doctrina de la sala se dirige a impedir que la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, quede fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo."
Dicha doctrina ha sido aplicada en supuestos en los que se ejercita la acción de nulidad por error vicio en el consentimiento en la comercialización de aportaciones financieras subordinadas (entre otras, sentencias 44/2018, de 30 de enero, 312/2018, de 28 de mayo, y 103/2020, de 12 de febrero).
ii) En lo que respecta al motivo segundo -en el que se afirma que las aportaciones financieras subordinadas no pueden ser calificadas como un producto financiero complejo, y por ello no sería aplicable la doctrina establecida en la sentencia 769/2014 sobre la caducidad de la acción-, esta sala ya ha calificado en varias sentencias dichas aportaciones financieras, algunas comercializadas por el ahora recurrente, como productos financieros complejos (entre otras, sentencias 715/2016, de 30 de noviembre, 718/2016, de 1 de diciembre, 44/2018, de 30 de enero, 312/2018, de 28 de mayo, y 103/2020, de 12 de febrero).
iii) En el motivo tercero se sustenta en la afirmación de que no existía obligación de informar - y que no estamos ante un producto complejo-, lo que no tiene apoyo en la doctrina de la sala.
Además de lo razonado al analizar el motivo segundo, constituye jurisprudencia constante de esta sala que tanto bajo la normativa MiFID (en concreto el art. 79 bis.3 LMV), como en la pre MiFID (el art. 79 LMV y el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo), en la comercialización de productos complejos por parte de las entidades prestadores de servicios financieros a inversores no profesionales existe una asimetría informativa que impone a dichas entidades financieras el deber de suministrar al cliente una información comprensible y adecuada de las características del producto y los concretos riesgos que les puede comportar su contratación. Aunque por sí mismo el incumplimiento de los reseñados deberes de información no conlleva necesariamente la apreciación de error vicio en la contratación del producto financiero, la previsión legal de estos deberes, que se apoya en la asimetría informativa que suele darse en la contratación de estos productos financieros con clientes minoristas, incide en la apreciación del error (entre otras, sentencias 840/2013, de 20 de enero de 2014, y 559/2015, de 27 de octubre).
iv) En lo que respecta al motivo cuarto, la sentencia 257/2018, de 26 de abril, recuerda lo siguiente:
"[...]3.- Este tribunal, en anteriores sentencias, ha reconocido la legitimación pasiva de la entidad bancaria que comercializa a sus clientes un producto de inversión cuando estos ejercitan contra aquella una acción de nulidad y piden la restitución de lo que invirtieron. Lo hicimos en las sentencias 769/2014, de 12 enero, 625/2016, de 24 de octubre, y 718/2016, de 1 de diciembre, entre otras. Lo hemos hecho más recientemente y de un modo extenso en la sentencia 477/2017, de 20 de julio.
-
- Hemos afirmado en esta última sentencia que cuando el demandante solo mantiene la relación contractual con la empresa de inversión de la que es cliente, en este caso un banco, y adquiere un producto de inversión que tal empresa comercializa, el negocio no funciona realmente como una intermediación por parte de la empresa de inversión entre el cliente comprador y el emisor del producto de inversión o el anterior titular que transmite, sino como una compraventa entre la empresa de inversión y su cliente, que tiene por objeto un producto (en este caso, unas participaciones) que la empresa de inversión se encarga de obtener directamente del emisor o de un anterior titular y, al transmitirla a su cliente, obtiene un beneficio que se asemeja más al margen del distribuidor que a la comisión del agente.
Es más, por lo general el cliente no conoce el modo en que la empresa de inversión ha obtenido el producto que tal empresa comercializa, pues ignora si la empresa de inversión lo ha adquirido directamente del emisor, que en ocasiones está radicado en un país lejano, o lo ha adquirido en un mercado secundario de un anterior inversor que es desconocido para el cliente.
El inversor paga el precio del producto a la empresa de inversión de la que es cliente. La empresa de inversión le facilita el producto financiero que comercializa (que usualmente queda custodiado y administrado por la propia empresa de inversión, de modo que la titularidad del cliente se plasma simplemente en un apunte en su cuenta de valores administrada por tal empresa de inversión) y esta obtiene un beneficio por el margen que carga sobre el precio que abonó por la adquisición del producto.
-
- En estas circunstancias, ha de reconocerse legitimación pasiva a la empresa de inversión que comercializa el producto de inversión, en este caso un banco, para soportar la acción de nulidad del contrato por el que el cliente obtuvo el producto y, en caso de condena, debe restituir al cliente la prestación consistente en el precio que este pagó por la adquisición del producto.
-
- Esta solución es la más adecuada a la naturaleza de la acción ejercitada y a la intervención que los distintos sujetos tienen en el negocio, habida cuenta de que el elemento determinante de la existencia de error vicio es, en estos casos, el déficit de información del cliente provocado porque la empresa de inversión que actúa como comercializadora ha incumplido las obligaciones de información sobre la naturaleza y los riesgos del producto de inversión que le impone la normativa sobre el mercado de valores[...]".
v) En los motivos quinto y sexto, en los que argumenta sobre la esencialidad y la excusabilidad del error, no se justifica que la sentencia recurra, a la vista de su base fáctica, se oponga a la doctrina de la sala en torno al error vicio en la contratación de productos financieros y de inversión. No está acreditado que el cliente, sin conocimientos financieros y con perfil inversor conservador, recibiese una información adecuada sobre los concretos riesgos de los productos adquiridos conforme a las obligaciones que la normativa del mercado de valores impone a las entidades prestadoras de servicios financieros, lo que ha determinado el error sustancial y excusable.
La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, puesto que mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, LEC.
Las alegaciones efectuadas por la parte recurrente -que identifica erróneamente la causa de inadmisión- en el trámite de audiencia previa a esta resolución, no desvirtúan los anteriores argumentos. Consecuentemente, procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC y habiendo formulado alegaciones la parte recurrida personada, procede condenar en costas a la parte recurrente.
La inadmisión de los recursos determina la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9, de la LOPJ.
LA SALA ACUERDA:
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No admitir el recurso de casación ni el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por Caja Laboral Popular, Sociedad Cooperativa de Crédito contra la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2017 por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4.ª) en el rollo de apelación n.º 445/2017, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 494/2016 del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Barakaldo.
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Declarar firme dicha sentencia.
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Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá el depósito constituido.
-
Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
