STS 341/2020, 9 de Marzo de 2020
| Ponente | JESUS CUDERO BLAS |
| ECLI | ES:TS:2020:1038 |
| Número de Recurso | 6555/2018 |
| Procedimiento | Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015) |
| Número de Resolución | 341/2020 |
| Fecha de Resolución | 9 de Marzo de 2020 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
Sentencia núm. 341/2020
Fecha de sentencia: 09/03/2020
Tipo de procedimiento: R. CASACION
Número del procedimiento: 6555/2018
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 04/02/2020
Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Cudero Blas
Procedencia: T.S.J.ANDALUCIA SALA CON/AD
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Gloria Sancho Mayo
Transcrito por: Emgg
Nota:
R. CASACION núm.: 6555/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Cudero Blas
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Gloria Sancho Mayo
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
Sentencia núm. 341/2020
Excmos. Sres.
D. Nicolás Maurandi Guillén, presidente
D. Ángel Aguallo Avilés
D. José Antonio Montero Fernández
D. Francisco José Navarro Sanchís
D. Jesús Cudero Blas
D. Rafael Toledano Cantero
D. Isaac Merino Jara
En Madrid, a 9 de marzo de 2020.
Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 6555/2018, interpuesto por el PATRONATO DE RECAUDACIÓN DE MÁLAGA, representado por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, contra la sentencia de fecha 10 de mayo de 2018, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, dictada en el recurso de apelación núm. 2085/2016, sobre liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Ha comparecido como parte recurrida la entidad FASFUNDA, SA, representada por el procurador don Francisco José Abajo Abril.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Jesús Cudero Blas.
Resolución recurrida en casación y hechos del litigio.
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Este recurso de casación tiene por objeto la sentencia pronunciada el 10 de mayo de 2018 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, estimatoria del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de FASFUNDA, SA frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Málaga que había declarado ajustada a Derecho la resolución del Patronato de Recaudación Provincial de fecha 11 de junio de 2014, desestimatoria del recurso de reposición deducido contra varias liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana como consecuencia de la transmisión de varios inmuebles sitos en Marbella.
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Los hechos sobre los que ha versado el litigio, en lo que hace a las cuestiones que suscita el recurso que nos ocupa, son los siguientes:
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Como consecuencia de la transmisión de determinados inmuebles en el año 2011, el órgano de recaudación competente giró las correspondientes liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana aplicando los preceptos correspondientes del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, concretamente su artículo 107.
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Disconforme con dichas liquidaciones por entender la contribuyente (FASFUNDA, SA) que las mismas incurrían en defectos formales anulatorios, dedujo frente a ellas recurso de reposición, que fue desestimado por acuerdo del Patronato de Recaudación Provincial de fecha 11 de junio de 2014.
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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Málaga desestimó el recurso contencioso-administrativo deducido frente a aquel acuerdo por considerar, sustancialmente, que no concurrían en las liquidaciones los defectos formales aducidos.
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La Sala de Málaga estimó, por lo que aquí interesa, el recurso de apelación interpuesto por la contribuyente frente a la expresada sentencia por entender que las liquidaciones incurren en un defecto "de fijación de la base imponible mediante una aplicación automática del método legal inconstitucional", añadiendo que la Administración "no ha agotado su carga de probar la realidad de la existencia del hecho imponible (...) al no haberse cerciorado de la generación del incremento" pues "la labor de acreditación de la realización del hecho imponible debe recaer sobre la Administración, a la que corresponde su probanza".
Preparación y admisión del recurso de casación.
El Patronato de Recaudación Provincial de Málaga preparó recurso de casación contra la mencionada sentencia en el que, tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, se opuso a las consecuencias extraídas por la Sala sentenciadora de la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo de 2017 (ES:TC:2017:59), argumentando que se ha impuesto -erróneamente- la carga de la prueba a la parte contraria a la legalmente procedente.
La Sala a quo tuvo por preparado el recurso mediante auto, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo y emplazó a los litigantes para que comparecieran ante esta Sala Tercera.
La sección de admisión de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el recurso de casación por medio de auto de 8 de enero de 2019, en el que aprecia la presencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada en estos literales términos:
"Determinar si, como defiende el juzgador de instancia, la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, cierra el paso a cualquier presunción de existencia de incremento de valor de los terrenos, de modo que corresponde a la Administración tributaria probar su existencia cuando el sujeto pasivo declare que no se ha producido".
Interposición del recurso de casación.
La representación procesal del citado Patronato interpuso recurso de casación mediante escrito en el que indica que la Sala incurre en un error interpretativo de la doctrina constitucional y en una quiebra de los principios que disciplinan las reglas de distribución de la carga de la prueba. Y solicita en su escrito de interposición que se case la sentencia recurrida al haber infringido los preceptos anteriormente citados, y que se declare ajustadas a derecho las resoluciones administrativas impugnadas en la instancia.
La parte demandante en la instancia, personada en el presente recurso de casación, formalizó escrito de oposición en el que defiende la conformidad a derecho de la sentencia recurrida, interesando -subsidiariamente- la retroacción del procedimiento para que la Sala sentenciadora valore la prueba practicada y analice el resto de las alegaciones del recurso de apelación.
Señalamiento para deliberación, votación y fallo.
La Sala, no considerando necesaria la celebración de vista por versar el asunto sobre cuestiones ya decididas en procesos anteriores en los que sí se celebró vista, señaló para la deliberación, votación y fallo de este recurso, el día 4 de febrero de 2020, fecha, en la que, efectivamente, y previa deliberación, se votó y falló el mismo, con el resultado que ahora se expresa.
Objeto del presente recurso de casación.
El objeto de esta sentencia consiste en determinar si la pronunciada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, es o no conforme a Derecho, para lo cual resulta forzoso interpretar cabalmente la STC 59/2017, sentencia que, recogiendo la jurisprudencia sentada en pronunciamientos recientes del propio Tribunal Constitucional en relación con normas forales de Guipúzcoa y Álava ( SSTC 26/2017, de 16 de febrero, y 37/2017, de 1 de marzo, respectivamente), declara inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del TRLHL.
A tal efecto, debemos comenzar por hacer referencia a la sentencia de esta Sala y Sección de 9 de julio último, pronunciada en el recurso de casación núm. 6226/2017.
Remisión íntegra a los razonamientos expresados en la sentencia de esta Sala núm. 1163/2018, de 9 de julio, que resuelve el recurso de casación núm. 6226/2017 .
Atendidas tales consideraciones y, en lo que aquí interesa, procede recordar lo que afirmamos en aquella sentencia:
Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.
El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, "no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene", o, dicho de otro modo, porque "impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica ( SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)". Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL [...]".
Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general del artículo 105.1 LGT, conforme al cual "quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo", sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa, ha sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017, y admitido, incluso, por la Sección Primera de esta Sala en el Auto de admisión de 30 de octubre de 2017 (RCA 2672/2017).
Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA núms. 1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017) y de 13 de junio de 2018 ( RCA núm. 2232/2017]; (b) optar por una prueba pericial que confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU.
Aportada -según hemos dicho, por cualquier medio- por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía.
Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario dispondrá de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial. En la vía contencioso-administrativa la prueba de la inexistencia de plusvalía real será apreciada por los Tribunales de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 61 LJCA y, en último término, y tal y como dispone el artículo 60.4 LJCA, de conformidad con las normas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Contenido interpretativo de esta sentencia.
Con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 LJCA, procede, en función de todo lo razonado precedentemente, responder a las cuestiones suscitadas en el auto de admisión, lo que debemos hacer necesariamente por remisión íntegra a la interpretación plasmada en el fundamento séptimo de la sentencia de 9 de julio último y en la sentencia de 17 de julio de 2018 (casación núm. 5664/2017).
Así, a la cuestión formulada por el auto de admisión como necesitada de esclarecimiento, consistente en "...[D]eterminar si, como defiende el juzgador de instancia, la inconstitucionalidad de los artículos 107.1 , 107.2.a ) y 110.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo , cierra el paso a cualquier presunción de existencia de incremento de valor de los terrenos, de modo que corresponde a la Administración tributaria probar su existencia cuando el sujeto pasivo declare que no se ha producido", hemos de efectuar una remisión total a lo que al respecto señala dicho fundamento séptimo y lo que, en materia de prueba, incorpora a la cuestión nuestra sentencia posterior de 17 de julio de 2018 (recurso de casación núm. 5664/2017), referida, cabalmente, a las reglas de distribución de la carga de la prueba.
Esto es, resulta conveniente reiterar que (i) corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido, (ii) que es válido a tal efecto cualquier medio de prueba de los admisibles en derecho, (iii) que no cabe atribuir al interesado la carga de probar la pérdida patrimonial por medios distintos al de la exhibición de las escrituras de adquisición y enajenación, (iv) que no es exigible una prueba pericial para acreditar que se ha experimentado la minusvalía que situaría la transmisión efectuada fuera del ámbito objetivo de la aplicación del tributo y (v) que una vez aportados aquellos documentos (escrituras) se traslada a la Administración la carga de probar que los datos que figuran en las mismas no son correctos.
Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.
*Lo anterior nos conduce a las declaraciones siguientes, que vamos a fundamentar en lo declarado con valor de doctrina, y ampliamente transcrito, en nuestra sentencia de 9 de julio de 2018, pronunciada en el recurso de casación núm. 2662/2017:
1) La resolución dictada por la Sala de Málaga y que es objeto de impugnación contiene un criterio distinto al que se sigue de nuestras sentencias, pues lo primero que señala es que la labor de acreditación de la realización del hecho imponible debe recaer sobre la Administración, a la que corresponde su probanza, siendo así que dicho onus probandi debe atribuirse al contribuyente en relación con la inexistencia de incremento gravable.
2) No consta que se haya efectuado valoración alguna del material probatorio del que la Sala disponía al resolver el recurso de apelación, ni que se haya dado respuesta en la sentencia - obviamente, porque la apelación se acogió por otra razón- a la totalidad de los motivos de impugnación que la parte apelante adujo al interponer su recurso contra la sentencia del Juzgado núm. 1 de Málaga.
3) Resulta entonces procedente retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior a aquel en el que la Sala de Málaga dictó su sentencia en apelación, al objeto de que dicha Sala dicte nueva resolución en la que, para analizar la conformidad a derecho de las liquidaciones recurridas en la instancia:
3.1 Tenga en cuenta las reglas de distribución de la carga de la prueba sobre la inexistencia del hecho imponible del impuesto que se desprenden de nuestra doctrina.
3.2 Analice -en caso de que quepa afirmar la existencia de incremento gravable a tenor de la prueba practicada- el efecto que, sobre este concreto asunto, tiene la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1020/2019, que declara inconstitucional el artículo 107.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer sea superior al rendimiento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente, y
3.3. Dé respuesta a los motivos de apelación aducidos en el recurso en el supuesto de que pueda afirmarse que concurre el hecho imponible del tributo y que no existe el reparo de inconstitucionalidad establecido en la última sentencia del Tribunal Constitucional citada.
* QUINTO. Pronunciamiento sobre costas.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, no procede declaración expresa de condena a las costas del recurso de casación, al no apreciarse mala fe o temeridad en la conducta procesal de ninguna de las partes.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :
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) Fijar los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia, por remisión al fundamento séptimo de nuestra sentencia de 9 de julio de 2018, pronunciada en el recurso de casación núm. 6226/2017.
* 2°) Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por el PATRONATO DE RECAUDACIÓN DE MÁLAGA, representado por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, contra la sentencia de fecha 10 de mayo de 2018, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, dictada en el recurso de apelación núm. 2085/2016, sobre liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sentencia que se casa y anula.
-
) Ordenar la retroacción del procedimiento en apelación al momento inmediatamente anterior a dictarse sentencia al objeto de que dicha Sala dicte nueva sentencia en apelación en los términos recogidos en el fundamento jurídico cuarto de esta resolución.
-
) No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
D. Nicolás Maurandi Guillén D. Ángel Aguallo Avilés
D. José Antonio Montero Fernández D. Francisco José Navarro Sanchís
D. Jesús Cudero Blas D. Rafael Toledano Cantero
D. Isaac Merino Jara
PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Jesús Cudero Blas, estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico .
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STSJ Navarra 173/2020, 30 de Junio de 2020
...figuran en las mismas no son correctos!.". El mismo criterio se recoge en la Sentencia de la misma Sala Tercera del Tribunal Supremo Roj: STS 1038/2020, ECLI:ES:TS: 2020:1038, Sección 2ª, número de Recurso 6.555/2.018; nº de resolución 341/2.020, de 9 de marzo de 2.020, fundamentos de derec......