STS 127/2020, 26 de Febrero de 2020

Tramitación en primera instancia.

1. - El procurador D. Ramón Morral Soldevila, en nombre y representación de D. Bernardino, interpuso demanda de juicio ordinario contra Antonio Miró S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia:

   "1. Declare que la utilización de las fotografías del Sr. Bernardino y su nombre en la página web de la sociedad Antonio Miró, SL constituyen una intromisión ilegítima de su imagen y nombre.

   " 2. Condene a Antonio Miró, SL:

   " a) A cesar en la intromisión ilegítima consistente en la utilización de las imágenes fotográficas y del nombre del Sr. Bernardino en la página web de Antonio Miró, SL.

   " b) A reponer al estado anterior a la intromisión mediante la supresión de las imágenes fotográficas y del nombre del Sr. Bernardino en la página web de Antonio Miró, SL.

   " c) Al pago de las costas del presente procedimiento".

2. - La demanda fue presentada el 7 de marzo de 2016 y, repartida al Juzgado de Primera Instancia núm. 55 de Barcelona, fue registrada con el núm. 263/2016. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3. - El Ministerio Fiscal emitió informe contestando a la demanda.

   La procuradora D.ª Susana Puig Echeverría en representación de Antonio Miró S.L., contestó a la demanda, solicitando su desestimación y la expresa condena en costas a la parte actora.

4. - Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 55 de Barcelona dictó sentencia 116/2017, de 26 de mayo, que desestimó la demanda con imposición de costas a la parte actora.

Tramitación en segunda instancia.

1. - La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D. Bernardino. La representación de Antonio Miró S.L. y el Ministerio Fiscal se opusieron al recurso.

2. - La resolución de este recurso correspondió a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo tramitó con el número de rollo 1059/2017 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia 303/2018, de 22 de mayo, que desestimó el recurso, con imposición de costas al apelante y la pérdida del depósito constituido.

Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recuso de casación

1. - La procuradora D.ª Ana de Orovio Jorcano, en representación de D. Bernardino, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

   Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

   "Primero.- Se formula al amparo del art. 469.1.2º LEC y se denuncia mediante el mismo la infracción del art. 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

   "Segundo.- Se formula al amparo del art. 469.1.2º LEC y se denuncia mediante el mismo la infracción del art. 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

   "Tercero.- Se formula al amparo del art. 469.1.4º LEC y se denuncia mediante el mismo la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, proclamado en el artículo 24.1 CE, que incluye el derecho a una resolución debidamente fundada en derecho".

   El motivo del recurso de casación fue:

   "Único.- Se ampara en el art. 477.1 LEC y se denuncia la infracción del art. 18.1 de la Constitución española y de los arts. 1.1 y 1.3, 2.1, 2.2 y 2.3, 7.6 y 7.7 y 9.1 y 9.2.a y b de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

2. - Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de 27 de marzo de 2019, que inadmitió el recurso extraordinario por infracción procesal y admitió el recurso de casación, acordando dar traslado a la parte recurrida personada y al Ministerio Fiscal para que formalizaran su oposición.

3. - Antonio Miró S.L. y el Ministerio Fiscal se opusieron al recurso.

4. - Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 13 de febrero de 2020, en que ha tenido lugar.

Antecedentes del caso

1. - D. Bernardino es un modisto dedicado al mundo de la moda. Fue socio fundador de la sociedad mercantil Antonio Miró S.L. (en lo sucesivo, AMSL), constituida en 1986.

   En 2006, D. Bernardino suscribió un contrato de prestación de servicios con la sociedad AMSL.

   En 2007, siendo socio único de dicha sociedad, D. Bernardino vendió el 70% de las participaciones sociales de AMSL a la sociedad Valores Textiles S.L.

   Como consecuencia de las desavenencias surgidas entre D. Bernardino y Valores Textiles S.L., D. Bernardino dejo de ser miembro del consejo de administración de AMSL en 2009 y cesó en la prestación de servicios a AMSL, por decisión de esta, en 2011.

   La única vinculación que a partir de ese momento mantuvo con la sociedad AMSL fue la titularidad del 30% de las participaciones sociales.

2. - En 2014, AMSL incluyó fotografías con la imagen de D. Bernardino en su página web. Dichas fotografías habían sido captadas en su día con el consentimiento de D. Bernardino y algunas de ellas utilizadas años antes por AMSL en algún catálogo de sus productos.

   AMSL también ha incluido en la web la firma "artística" de D. Bernardino, esto es, la que ha utilizado en algunas creaciones, que difiere en algunos rasgos de la firma que emplea habitualmente.

   También ha utilizado en la web el nombre de Bernardino, no para referirse a la denominación de la sociedad o a alguna de sus marcas, sino para identificar al demandante como persona física, al glosar la historia de la sociedad AMSL.

3. - D. Bernardino no ha consentido el uso de su imagen, su nombre y su firma en la web de dicha sociedad.

4. - D. Bernardino ha interpuesto una demanda contra AMSL, al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, en la que ha solicitado la declaración de la intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen, el cese de la intromisión ilegítima consistente en la utilización de las imágenes fotográficas y del nombre del Sr. Bernardino en la página web de AMSL, y la reposición del estado anterior mediante la supresión de las imágenes fotográficas y del nombre del Sr. Bernardino en la página web de AMSL.

5. - Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial, ante la que el demandante recurrió en apelación, han desestimado la demanda porque, sucintamente, tras distinguir entre el aspecto moral, relacionado con la dignidad de la persona, y el aspecto patrimonial del derecho a la propia imagen, han considerado que "en realidad lo que se persigue [...] no es la protección de su esfera personal (derecho amparado por el artículo 18.1 CE) sino el control económico de su explotación que, como hemos dicho, el Tribunal Constitucional ha excluido de su ámbito de protección [del art. 18.1 de la Constitución]".

6. - Contra dicha sentencia, D. Bernardino ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal, que no ha sido admitido, y un recurso de casación, basado en un motivo, ha sido admitido.

Formulación del recurso

1. - El único motivo del recurso de casación se encabeza con este epígrafe:

   "Se ampara en el art. 477.1 LEC y se denuncia la infracción del art. 18.1 de la Constitución española y de los arts. 1.1 y 1.3, 2.1, 2.2 y 2.3, 7.6 y 7.7 y 9.1 y 9.2.a y b de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

2. - En el desarrollo del motivo se alega que la demanda contiene estrictamente una petición de que AMSL no utilice la imagen del demandante, sin reclamar siquiera una indemnización por tal utilización, sin formular pretensión alguna respecto del uso de la denominación de la sociedad demandada y de las marcas de la que esta es titular, que incluyen el nombre del demandante, pues lo que quiere evitar el demandante es que AMSL utilice su nombre referido a su persona, así como su imagen física y su firma artística, respecto de las que él no consiente su utilización por la demandada. No se trata de una reclamación de índole patrimonial en la que se discutan las prestaciones a abonar por el uso de la imagen, sino que se solicita la protección de un derecho fundamental mediante el cese por la demandada en el uso de la imagen del demandante. Añade el recurrente que, en todo caso, el derecho de revocación, en el momento en que se desee, de la cesión de la propia imagen es absoluto e irrenunciable y pertenece al ámbito de la protección del derecho fundamental.

Decisión del tribunal: la pretensión de cese en el uso inconsentido de la imagen, el nombre y la firma, está amparada por el derecho fundamental a la propia imagen

1. - De acuerdo con los apartados 5 y 6 del art. 7 de la Ley Orgánica 1/1982 de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, se reputará como intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la propia imagen:

   "Cinco. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos.

   " Seis. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga".

   Los apartados 2 y 3 del art. 2 de dicha ley orgánica establecen:

   "Dos. No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por ley o cuando el titular del derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso.

   " Tres. El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior será revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas".

2. - Estas previsiones legales permiten a los individuos controlar la captación, reproducción, publicación y, en definitiva, la utilización por terceros de los rasgos o atributos identificativos de su persona e impedir que tales actuaciones se realicen sin su consentimiento, salvo en aquellos casos permitidos por la ley. El art. 18.1 de la Constitución, al que las normas legales transcritas sirven de desarrollo, al reconocer el derecho a la propia imagen, atribuye a la persona un derecho subjetivo sobre estos atributos o manifestaciones externas de su personalidad (la imagen, la voz o el nombre), con lo que le garantiza una esfera de poder exclusivo sobre este ámbito.

3. - El Tribunal Constitucional, en la STC 117/1994, de 25 de abril, ha afirmado que el derecho fundamental a la propia imagen garantiza el ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más característicos, propios e inmediatos como son la imagen física, la voz o el nombre, cualidades definitorias del ser propio y atribuidas como posesión inherente e irreductible a toda persona. La protección que confiere este derecho fundamental salvaguarda el poder de decisión sobre los fines a los que hayan de aplicarse las manifestaciones de la persona a través de su imagen, su identidad o su voz, tanto respecto de la observación y captación de la imagen y sus manifestaciones como de la difusión o divulgación posterior de lo captado. Estos derechos, como expresión de la persona misma, disfrutan de la más alta protección en nuestra Constitución y constituyen un ámbito exento capaz de impedir o limitar la intervención de terceros contra la voluntad del titular.

4. - Las SSTC 117/1994, de 25 de abril, y 167/2013, de 7 de octubre, han declarado que el derecho al nombre se incluye en el ámbito del derecho fundamental a la propia imagen del artículo 18.1 de la Constitución. La utilización pública de su nombre que pretende impedir el demandante, por no contar con su consentimiento, es la que le identifica como persona física. En su demanda y en su recurso deja claro que su pretensión no afecta al uso por parte de la sociedad demandada de su denominación social ni de sus marcas registradas para identificar los productos o servicios que comercializa, por más que incluyan el nombre del demandante.

5. - El demandante alegó en su demanda que la utilización de su nombre por parte de la demandante se realiza también mediante la reproducción en la web de su firma "artística". La firma constituye también uno de los atributos más característicos, propios e inmediatos que identifican a toda persona con capacidad para escribir. Por tal razón, puede considerarse amparada también por el ámbito de protección del derecho a la propia imagen del art. 18.1 de la Constitución. El concepto de "propia imagen" que configura el derecho fundamental protegido en dicho precepto constitucional ha ido ampliándose progresivamente para superar el alcance de su formulación inicial como representación de los rasgos físicos de la figura humana y ha devenido en una noción apta para tutelar otros elementos distintivos de la identidad personal, como la voz, el nombre, o, en este caso, la firma.

6. - Que el demandante suela usar dos firmas, una más "habitual" y otra más "artística", utilizada solamente para distinguir ciertas creaciones, no impide que esta segunda firma, en tanto que sirve para identificar inmediatamente al demandante en una de sus facetas como persona, la de creador de moda, esté también amparada por su derecho a la propia imagen.

7. - Es cierto que ciertas pretensiones referidas a la imagen de una persona (o que quien interpuso la demanda consideró que tenían esa naturaleza) han sido consideradas, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta propia sala, ajenas al ámbito de protección conferido por el art. 18.1 de la Constitución.

8. - Se han considerado excluidas de la protección conferida por el derecho fundamental a la propia imagen del art. 18.1 de la Constitución las demandas que solicitaban pronunciamientos sobre el incumplimiento de los términos del contrato de utilización pública de la imagen ( sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 400/2001, de 20 de abril) o una indemnización por la utilización en la publicidad de elementos que evocan un personaje interpretado por un actor y se aprovechan de la fama de dicho personaje pero que no reproducen un rasgo personal de la persona del actor ( STC 81/2001, de 26 de marzo).

9. - Asimismo, este tribunal ha negado legitimación, en un proceso de protección civil de los derechos fundamentales del art. 18.1 de la Constitución, a la sociedad que tiene cedidos los derechos de explotación de la imagen de un artista del mundo del espectáculo, para ejercitar las acciones necesarias para la protección del derecho fundamental a la propia imagen de dicho artista, en concreto, para solicitar una indemnización por utilización inconsentida de la imagen "al ser la explotación comercial de la imagen del artista algo ajeno al contenido del derecho fundamental consagrado en el artículo 18.1 de la CE", si bien le reconoció legitimación a dicha persona física ( sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 219/2014, de 8 de mayo).

10. - El significado y alcance del derecho fundamental a la propia imagen consiste básicamente en salvaguardar un ámbito necesario para poder decidir libremente el desarrollo de la propia personalidad. Otorga a su titular la facultad de determinar, mediante la prestación de su consentimiento o mediante la revocación del mismo, qué información gráfica generada por sus rasgos físicos personales, o qué información generada por otros rasgos personales como la voz o el nombre, puede tener difusión pública. Consecuentemente, otorga la facultad de impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad (informativa, comercial, científica, cultural, etc.) perseguida por quien la capta o difunde ( STC 14/2003, de 28 de enero, y 25/2019, de 25 de febrero, entre otras).

11. - Por tal razón, una pretensión como la formulada en la demanda por D. Bernardino, en la que solicita el cese de la utilización pública no consentida de su imagen, su nombre como identificativo de su persona y su firma, se encuadra en el ámbito de actuación propio del derecho fundamental a la propia imagen.

12. - Que la pretensión del demandante se produzca en un contexto de enfrentamiento societario o que pueda tener motivaciones o consecuencias económicas no excluye tal pretensión del ámbito del art. 18.1 de la Constitución.

13. - Las motivaciones que guían la voluntad de la persona respecto de la difusión que puedan tener sus rasgos identificadores pueden ser de diversa naturaleza, incluida la económica, sin que eso le impida ejercitar esa libre autodeterminación y que la haga efectiva a través del ejercicio de acciones de defensa de su derecho fundamental. Los intereses económicos que puedan subyacer bajo un determinado derecho subjetivo no determinan necesariamente el conjunto de facultades que integran este derecho, ni tampoco su naturaleza. El derecho fundamental a la propia imagen del art. 18.1 de la Constitución no se transmuta, por la mera presencia de aquellos intereses, en un derecho de naturaleza exclusivamente patrimonial, ajeno al ámbito de protección de dicho precepto constitucional.

14. - Sentado lo anterior, concurren los elementos que determinan la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen del demandante. Que las fotografías del demandante incluidas en la página web de la demandada hubieran sido captadas con el consentimiento del demandante no legitima su difusión pública, por cuanto que el "consentimiento expreso" que exige el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 para que no se aprecie la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido por el derecho fundamental se exige no solo para la captación, sino también, de modo diferenciado, para la difusión pública de la imagen, pues el consentimiento debe venir referido a cada acto de intromisión ( sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 131/2006, de 22 de febrero).

15. - Aunque se entendiera que, por las circunstancias del caso, el demandante era consciente de que la captación de su imagen iba destinada a ser reproducida en catálogos, folletos, páginas web, etc., de la sociedad AMSL, y que, por tanto, por las circunstancias concurrentes, su consentimiento para esta utilización pública se desprendía de actos inequívocos, ese consentimiento es revocable en cualquier momento, y en el caso objeto del recurso, el demandante ha hecho saber a la demandada que no consiente la utilización que de su imagen, nombre y firma se estaba haciendo en la página web de la sociedad AMSL.

16. - En este sentido, la nuestra sentencia 266/2016, de 21 abril, declaró:

    "Al venir delimitado el ámbito protegido en la ley por el consentimiento del titular del derecho ( art. 2.2 LO 1/1982), debe entenderse que la revocación del consentimiento también incide en el derecho a la propia imagen como derecho fundamental, es decir, no exclusivamente en su aspecto o dimensión puramente patrimonial, pues así resulta tanto del carácter esencial atribuido por la propia LO 1/1982 al consentimiento como del contenido de la STC 117/1994, centrado en la relevancia del consentimiento y de su revocación para el derecho a la propia imagen en su dimensión de derecho fundamental".

17. - Por último, que la denominación de la sociedad demandada y algunas de las marcas que tiene registradas incluyan el nombre del demandante no priva a este de la facultad de impedir a la sociedad demandada que utilice públicamente su nombre para identificar a su persona y utilizarla en la publicidad realizada a través de su web, pues entra dentro de su poder de autodeterminación impedir determinados usos públicos de su nombre.

18. - Por las razones expuestas, el recurso de casación debe ser estimado, la sentencia de la Audiencia Provincial ha de ser revocada, y la demanda, estimada en su totalidad.

Costas y depósito

1. - No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación ni del recurso de apelación, que han sido estimados, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Respecto de las costas de la primera instancia, procede imponerlas a la demandada al resultar plenamente estimada la demanda, sin que se considere que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición.

2. - Procédase a la devolución del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª , apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.