SAP Barcelona 57/2020, 13 de Enero de 2020
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 13 Enero 2020 |
| Número de resolución | 57/2020 |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801942120178118519
Recurso de apelación 1002/2019 -3
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Contratación art. 249.1.5) 2764/2018
Parte recurrente/Solicitante: Arsenio, Sonsoles
Procurador/a: Nuria Fraile Antolin, Nuria Fraile Antolin
Abogado/a: Jaime Concheiro Fernandez
Parte recurrida: BANCO SANTANDER, S.A.
Procurador/a: Carlos Montero Reiter
Abogado/a: Daniel Machado Rubiño
Cuestiones: nulidad cláusula multidivisa.
SENTENCIA núm. 57/2020
Composición del tribunal:
MANUEL DIAZ MUYOR
ANNA ESTHER QUERAL CARBONELL
MARTA PESQUEIRA CARO
Barcelona, a trece de enero de dos mil veinte.
Parte apelante: Sonsoles y Arsenio .
Parte apelada: Banco Santander, S.A.
Objeto del proceso: nulidad multidivisa.
Resolución recurrida: sentencia.
- Fecha: 20 de febrero de 2019.
- Parte demandante: Sonsoles y Arsenio .
- Parte demandada: Banco Santander, S.A.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: " Que accedo a lo solicitado por Banco Santander, S.A y acuerdo que ocupe en este juicio la posición procesal de parte demandada que ocupaba su transmitente. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta a instancia de D. Arsenio y Dª Sonsoles contra Banco Santander, S.A, declaro la nulidad de la cláusula quinta del contrato de préstamo hipotecario de 7 de enero de 2008 otorgado ante Notario D. Joaquim Lamora i Peix, con número de protocolo 30, en lo referente a gastos de notario, registro, tramitación e impuestos, gastos procesales y extraprocesales.
Absuelvo a la parte demandada de las restantes pretensiones de la parte actora.
Sin expresa condena en costas".
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito oponiéndose, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 8 de enero pasado.
Ponente: magistrada Marta Pesqueira Caro.
Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.
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La parte demandante ejercitó una acción de nulidad, por error vicio del consentimiento, así como por falta de transparencia y carácter abusivo de las cláusulas multidivisa incorporadas en la escritura pública de préstamo hipotecario de fecha 7 de enero de 2008, solicitando que se condenara al Banco a recalcular la deuda como si el préstamo se hubiera concedido en euros. Asimismo interesó la nulidad de la cláusula quinta de la escritura de préstamo hipotecario citado y relativa a los gastos.
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La entidad demandada se opuso alegando que la iniciativa para suscribir el préstamo multidivisa fue de los demandantes, que las cláusulas contractuales fueron negociadas y que no concurría ni error del consentimiento ni falta de transparencia ni abusividad. En todo caso, defendió que no era posible declarar la nulidad parcial del contrato al ser las cláusulas impugnadas elementos esenciales del contrato no siendo ello posible en caso de estimar la concurrencia de vicios del consentimiento.
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La resolución recurrida estimó parcialmente la demanda en el sentido de declarar la nulidad de la cláusula quinta de la escritura de préstamo hipotecario y desestimar la nulidad de las cláusulas multidivisas insertas en el mismo, sin expresa condena en costas
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El recurso de la parte actora discrepa de las conclusiones a las que llega la resolución recurrida reiterando los mismos argumentos reproducidos en su escrito de demanda. La parte demandada se opone e interesa la confirmación de la resolución recurrida.
Principales hechos que sirven de contexto.
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No se discute por las partes que el 7 de enero de 2008 los demandantes suscribieron con Banco Popular, S.A el préstamo hipotecario multidivisa litigioso por un importe de 28.420.000 yenes japoneses equivalentes en ese momento a 175.000 euros. Con dicho préstamo cancelaron el préstamo que tenían en euros con Banesto.
Sobre el alcance del control de transparencia.
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La STJUE de 20 de septiembre de 2017 se extiende de forma notable en interpretar la forma en la que debe llevarse a cabo el control de transparencia, así como la finalidad que el mismo persigue. En cuanto a esta última, expresa en el apartado 476 que "incumbe al juez nacional, (...) verificar que, en el asunto de que se trata, se comunicaron al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso ". Por consiguiente, el objetivo último del control de transparencia consiste en determinar si el consumidor se ha encontrado al contratar en situación de poder conocer y comprender adecuadamente todos aquellos elementos que tienen incidencia en las obligaciones asumidas. Ello incluye, en un contrato como es el préstamo multidivisa, los riesgos asociados al producto contratado.
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La STJUE hace referencia, en el apartado 49, a la extraordinaria importancia de esos riesgos, a la que también nosotros nos referíamos en nuestra Sentencia de 26 de mayo de 2017 (ECLI:ES:APB:2017:4033), con alusión a la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Como justificación de dicha norma, el considerando cuarto de la Directiva hace referencia a los problemas existentes " en relación con la irresponsabilidad en la concesión y contratación de préstamos, así como con el margen potencial de comportamiento irresponsable entre los participantes en el mercado ", así como que " algunos de los problemas observados se derivaban de los créditos suscritos en moneda extranjera por los consumidores, en razón del tipo de interés ventajoso ofrecido, sin una información o comprensión adecuada del riesgo de tipo de cambio que conllevaban ". En el considerando trigésimo, la Directiva añade que "[d]ebido a los importantes riesgos ligados a los empréstitos en moneda extranjera, resulta necesario establecer medidas para garantizar que los consumidores sean conscientes de los riesgos que asumen y que tengan la posibilidad de limitar su exposición al riesgo de tipo de cambio durante el período de vigencia del crédito. El riesgo podría limitarse otorgando al consumidor el derecho a convertir la moneda del contrato de crédito, o bien mediante otros procedimientos. Entre tales procedimientos cabría, por ejemplo, incluir límites máximos o advertencias de riesgo, en caso de que las mismas sean suficientes para limitar el riesgo de tipo de cambio".
En los arts. 13.f/ y 23 se contienen previsiones específicas para estos préstamos en moneda extranjera, que son sometidos a importantes limitaciones para reducir el riesgo de cambio de divisa que supone para los prestatarios, y a obligaciones reforzadas de información sobre los riesgos para las entidades que los comercialicen.
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En suma, esa Directiva nos sirve para justificar que lo pactado no es algo corriente, al menos en las relaciones entre una entidad bancaria y un consumidor y menos aun cuando el consumidor se encuentra en una situación tan vulnerable como es la que se produce en el momento de la solicitud de financiación para la compra de su vivienda habitual. Por tanto, lo que pone de manifiesto esa Directiva es que en estas situaciones se produce una situación de vulnerabilidad extraordinaria del consumidor que hace precisa una intervención del legislador para remediarla, al menos hacia el futuro. Y, en cuanto al pasado, esto es, respecto de los contratos ya celebrados, la enseñanza de la Directiva 2014/17/UE sirve al juez para justificar la idea de que al contrato se asocia una importante situación de riesgo para el consumidor, lo que ha de conducir a extremar la interpretación de las garantías relativas a la forma en la que se produjo la prestación de su consentimiento contractual.
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La doctrina que emana de la STJUE de 20 de septiembre es particularmente elocuente respecto de ese punto, al poner mucho énfasis en los deberes de lealtad y diligencia que pesan sobre el Banco, deberes que comportan unas especiales obligaciones de información que el Banco debe prestar al consumidor. A pesar de que en la STJUE de 3 de diciembre de 2015 (asunto C-312/14) se afirmara que el préstamo multidivisa no es un producto de inversión, razón por la que no le resultan de aplicación la normativa MiFID (esto es, la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financiero), ello no impide que la intensidad y calidad de la información que el Banco debe suministrar al cliente se aproxime mucho a la que es propia de los productos de inversión, porque los riesgos son similares.
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El alcance de ese derecho de información constituye uno de los pilares fundamentales (no el único, como veremos) de la doctrina que establece la STJUE de 20 de septiembre de 2017. En el apartado 47 se expresa que esa información debe permitir "... a un consumidor medio, a saber, un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, evaluar" el coste total del préstamo, lo que incluye las consecuencias económicas adversas y desconocidas en el momento de contratar que se puedan derivar de la evolución de los mercados de divisas.
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El deber de prestar información que pesa sobre el Banco se proyecta en una doble dirección: de una parte, como exigencia del deber de lealtad de quien se encuentra en clara posición de...
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SAP Madrid 2188/2020, 30 de Octubre de 2020
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