STSJ Galicia 963/2007, 10 de Julio de 2007
| Ponente | IGNACIO DE LOYOLA ARANGUREN PEREZ |
| ECLI | ES:TSJGAL:2007:5976 |
| Número de Recurso | 8697/2005 |
| Número de Resolución | 963/2007 |
| Fecha de Resolución | 10 de Julio de 2007 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA
Ilmos./as. Sres./as. D./Dª
JOSE ANTONIO VESTEIRO PEREZ
JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ
IGNACIO ARANGUREN PEREZ
A CORUÑA, diez de Julio de dos mil siete.
En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 0008697 /2005, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto
por CONCELLO DE A CORUÑA (A CORUÑA), representado y dirigido por el LETRADO DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, contra ACUERDO DE 4-07-05 QUE DESESTIMA RECURSO REPOSICION CONTRA RESOLUCION DE 31-01-05 SOBRE JUSTIPRECIO DE FINCA 65 EXPROPIADA PARA PROYECTO AMPLIACION Y REGENERACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE BENS, T.M. A CORUÑA. EXPTE. 586 /1999. Es parte la Administración demandada JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACION DE A CORUÑA, representada por el ABOGADO DEL ESTADO.
Es ponente el Ilmo/a. Sr/a. D/Dª IGNACIO ARANGUREN PEREZ.ANTECEDENTES DE HECHO
Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dió traslado del mismo a la/s parte/s recurrente/s para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución impugnada en este procedimiento.
Conferido traslado a la/s parte/s demandada/s, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de derecho consignados en la/s contestación/nes de la demanda.
No habiéndose recibido el asunto a prueba y seguido el trámite de conclusiones, se señaló para la votación y fallo del recurso el día 27 de Junio de 2007 , fecha en la que tuvo lugar.
En la sustanciación de recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo indeterminada.
Se interpone recurso contencioso-administrativo por la representación del Concello de A Coruña contra la resolución dictada en fecha 4 de julio de 2005 por el Jurado Provincial de Expropiación de A Coruña que desestimó el recurso de reposición entablado frente al acuerdo fijando el justiprecio de la finca referenciada en autos. La parte actora solicita se declaren no ajustadas a derecho las resoluciones recurridas dejando diferido para al trámite de ejecución de sentencia la determinación de la cantidad liquida que como responsabilidad de demora debe satisfacer la demandada y en su caso asumir la actora. La representación de la demandada solicita la desestimación del recurso interpuesto.
Con carácter previo, se plantea por la demandada como causa de inadmisibilidad, la prevista en el artículo 69.c) de la LJCA por entender que no se ha agotado previamente la vía administrativa en relación al tema de la procedencia de la responsabilidad por demora del jurado y en su caso en cuanto a las bases y términos de tal cuantificación.
Esta cuestión se debe examinar a la luz de la doctrina constitucional que de modo pacífico tiene sentado que tratándose del acceso a la jurisdicción, esto es, cuando lo que está en juego es la obtención de una primera decisión judicial, el principio hermenéutico "pro actione" opera con especial intensidad, de manera que si bien el mismo no obliga a "la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles", sí proscribe aquellas decisiones de inadmisión que "por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican".
Dicho lo anterior, debe resaltarse que el apartado primero del artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa dispone que "En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada". Una interpretación estricta y literal de este precepto podría conducir a entender que la Administración demandante no necesita agotar la previa vía administrativa sino que directamente puede acudir a la vía judicial, criterio seguido por otros Tribunales y no solo por esta Sala y Sección, como es el TSJ de Cataluña que recientemente señaló "Este Tribunal ha tenido ocasión de interpretar la indicada norma en resolución de 21 de mayo de 2002, dictada en el recurso núm. 156/01, en el sentido de decantarse por estar a la propia literalidad del precepto, que establece expresamente la supresión general de los recursos administrativos, tanto los que se suscriben entre las Administraciones Territoriales (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales), como para los que se susciten entre Administraciones Públicas en que una o ambas no tengan carácter territorial, que queda sustituido por un requerimiento previo, de carácter facultativo, referido también a todas las Administraciones y a todo lo que según la propia ley puede ser objeto de pretensión procesal -disposición, acto, actuación material o inactividad-, atendiendo a la "autosuficiencia" del precepto, que contiene una regla de alcance general -apartado 1 - y una restricción a la misma -apartado 4, que respeta lo dispuesto "sobre esta materia en la legislación de régimen local". Frente a este razonamiento otras resoluciones de otros Tribunales, como la STSJ de Cantabria de 15 de Octubre de 2004 o la mas reciente STSJ de Madrid de 23 de diciembre de 2004, defienden la necesidad de distinguir entre aquellos supuestos en que una Administración actúa comotal Administración pública enfrentada en el ejercicio de sus funciones y competencias a otra, en cuyo supuesto si es de aplicación el mencionado artículo 44 y aquellos otros casos en que se encuentra de modo indiferenciado a como estaría un ciudadano. Así, se dice en ésta última resolución "El precepto que acaba de transcribirse pone de relieve, a juicio de esta Sala y Sección, que si una determinada Administración Pública considera en una controversia frente a otra, que se halla frente a ella como Administración Pública en el ejercicio o en la defensa de potestades y competencias que el Ordenamiento Jurídico le atribuye, y no como un particular, entonces y en esa medida de que se trata de Administraciones Públicas enfrentadas, no tendrá que hacer uso, frente a la Administración contraria cuya actuación considere que vulnera sus facultades, de la vía del Recurso administrativo, sino que previo requerimiento potestativo a la...
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