STS, 7 de Mayo de 1984

Al amparo del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al no aplicarse el artículo ciento doce de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . El precepto citado como infringido o violado, por no aplicado, simultanea, salvo reserva en contrario, tanto la acción penal como la civil. Es el resumen de la idea para nuestro caso concreto. Queremos anticipar a este Alto Tribunal dos conceptos fundamentales que, en aras de este recurso, no podemos olvidar ni olvidamos. Que los preceptos penales no son de aplicación en un recurso civil, salvo excepciones, y que los procesales, cualquiera que sea la ley donde se incrusten -Enjuiciamiento Civil o Enjuiciamiento Criminal-, tienen que ser "sustantivos». Y la parte recurrente tiene que insistir de que el tema de la indemnización "sí fue resuelto en la jurisdicción penal». Se llegó hasta el juicio oral. No se estimó la existencia de culpa más que de la víctima y, consiguientemente, ni en las diligencias previas ni en las posteriores se perfiló a "Constructora Asturiana, S. A.», como responsable de la conducta del fallecido hasta el extremo de que ni siquiera fue convocada. Por lo tanto, puesto que los entonces demandantes y hoy recurridos incluso pidieron a la sazón, en vía penal, una indemnización de tres millones de pesetas que no les fue concedida, en modo alguno, tras múltiples años de procedimientos y folios escritos, se puede enfocar objetivamente a la inocente Constructora la que, sin Participar en aquel proceso, se encuentra con la sorpresa de una insospechada obligación de pago. El proceso penal finalizó y no debe plantearse nuevamente por ser idéntica la motivación. A estos respectos citamos las sentencias de ese Alto Tribunal de ocho de marzo de mil novecientos veintisiete, veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho y dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho . Por lo expuesto debe estimarse la excepción de cosa juzgada y, sin entrar en el fondo del asunto, casar la sentencia.

Al amparo del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil por estimarse infringidos por violados o no aplicados los artículos ciento doce de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el número segundo del artículo mil novecientos sesenta y ocho del Código Civil. El primero en cuanto a que las acciones penales y civiles se actualizaron simultáneamente. El segundo porque "la acción para exigir la responsabilidad civil... y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo mil novecientos dos , desde que lo supo el agraviado, prescribe por el transcurso de un año». El accidente ocurrió el cuatro de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.El escrito de demanda está fechado el veinticinco de abril de mil novecientos setenta y ocho. La Sala sentenciadora determina que el ejercicio de la acción penal supone reserva de los posibles acontecimientos civiles tanto para los presentes -inculpados- como para los ausentes en la causa. Esto no debe ser así. Porque la demandante y hoy recurrida pudo haberse reservado las acciones de indemnización por daños y perjuicios para la vía estrictamente civil. No sólo no lo hizo sino que, además, reclamó en el proceso penal tres millones de pesetas, aunque en el civil pretendía cuatro millones. Porque debió extenderse la culpa, en aquella vía penal, a "Constructora Asturiana, S. A.». Tampoco se hizo, porque la culpa pudo estar en cualesquiera de las dos vías, la civil o la penal y si se opta por esta última no se puede mantener al posible culpable en el vilo de la angustia caprichosamente. En definitiva, en Derecho no se puede caminar a dos vertientes. Consiguientemente, cuando se interpone la demanda, el veinticinco de abril de mil novecientos setenta y ocho, después de dos años y medio de ocurrir el luctuoso accidente, la acción había prescrito.

Al amparo del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil por estimar indebidamente aplicado el artículo mil novecientos tres del Código Civil en relación con la excepción cuarta del artículo quinientos treinta y tres de la Ley Procesal . A "Constructora Asturiana, S. A.», aplicándose indebidamente la excepción del artículo quinientos treinta y tres, se le otorga la personalidad de demandado, enjugándose el párrafo cuarto del artículo mil novecientos tres que confunde a la recurrente como responsable de la negligencia de la propia víctima. También se aplica indebidamente, y, por tanto se viola, el artículo mil novecientos dos del Código Civil porque, en definitiva, se viene a decir que la empresa constructora, por omisión, interviniendo culpa o negligencia, ha causado un daño al fallecido don Benedicto . Todo es cuestión de que analicemos la conducta de cuanto lo han sido -protagonistas- desde que se encarga la obra hasta que se termina: a) La Sala afirma que los arquitectos y el aparejador son personas contratadas, que únicamente llevan la dirección de obra y que no tienen responsabilidad directa sobre el personal, b) La Sala afirma que la constructora tiene que ocuparse, en materia de seguridad, a través de su personal subalterno, c) La Sala ignora que el aparejador es el hombre fuerte a pie de obra, supremo jefe de la auténtica ejecución de la misma. El encargado distribuye los trabajos; los compañeros de la víctima, por amistad o caridad, pueden aconsejarle. Pero nada de esto es concreción y, por eso, tenemos que volver al anterior interrogatorio -auto interrogatorio-. Si la posible responsabilidad está tan diluida, ¿por qué se personifica...? Nos encontramos ante una falta de legitimación pasiva que es algo así como preguntarse por qué me demandan si no he tenido parte en la cuestión. Partamos de un supuesto de que hubiésemeos tenido que montar cornisas, mallas o redes, etc. Ninguna empresa constructora puede estar pendiente del quehacer de los qué la Sala viene en denominar sus subordinados o subalternos. En otro orden de cosas al imputar responsabilidades, es evidente que el afán de llevarlas hasta el infinito, el último responsable sería el Estado porque debió haber tenido en la obra a una persona responsable del Gobierno por si la constructora, el aparejador, el encargado, o el compañero del difunto no cumplió las normas. Está demostrado que la víctima tenía un cinturón de seguridad que él no quiso enganchar debidamente o de ninguna manera porque así se le antojaba. Luego, en definitiva, si no queremos buscar la culpa objetiva, la excepción de falta de legitimación pasiva, debe estimarse.

También se va a fundamentar este motivo en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil al aplicarse indebidamente, violándose, el artículo mil novecientos dos del Código Civil . Se trata de las obligaciones que nacen por culpa o negligencia. Pues bien, el artículo mil novecientos dos citado, nada tiene que ver con Constructora Asturiana, S. A., en relación con la muerte de don Benedicto . Si hubo acción fue, quién lo sabe, la propia voluntariedad de la víctima. Si hubo omisión fue, asimismo, la del difunto señor Juan Alberto . Si hubo daño, se lo autoocasionó la propia víctima. Si hubo culpa o negligencia, culpa expresa fue la del accidentado. Tenemos que volver a repetir: si deseamos implantar la culpa objetiva, aunque sea antijurídico el concepto, implantada quede, pero no llegar hasta el infinito de posibilidades de protección porque de este modo podríamos implicar a los entes más extraños a la obra como hemos dicho en otro motivo anterior. Es el riesgo contractual. Es el riesgo del contrato de trabajo. Es también lo sinalagmático en esta materia laboral porque el trabajador no es un autómata ni un robot que contrata o se contrata a costa de la compañía cuando también recibe, por ese riesgo, su contraprestación. Distinto sería si la contratación fuese libre, si el precio del trabajo se atuviese a un pacto y si las condiciones no fuesen imperativas.

Al amparo del número séptimo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con los artículos mil doscientos cuarenta y tres del Código Civil y seiscientos treinta y dos de la Ley Procesal antes citada. Nos estamos refiriendo a la prueba de peritos y al error de hecho en su apreciación. Ocurre en nuestro supuesto que la prueba pericial que entendemos que no ha sido apreciada debidamente por el juzgador se actualiza, en función de la ordenanza laboral relativa a la construcción de mil novecientos setenta, con un resultado en mil novecientos setenta y cinco. Es cierto, porque no puede serlo de otro modo, el texto de los preceptos citados, pero no es menos cierto que puesto que se va a examinar un tema estrictamente laboral, la prueba pericial tiene una preeminencia de gran magnitud y debe limitarse desde luego a las reglas de la sana crítica. La Sala ha tenido en cuenta la pruebapericial pero dándole un valor abstracto sin ninguna proyección determinada. La Sala sentenciadora, al igual que el Juzgado no tuvieron en cuenta el informe emitido por el perito arquitecto, obrante en autos, que resumimos: a) Que el trabajo de desencofrado es de carácter transitorio por cuanto ocupa una parte reducida de la obra, b) Que el sistema de medidas de seguridad a veces, podrá ser de mayor duración que el desencofrado, c) Que el personal que lo realice debe estar protegido por medio de "cinturón se seguridad», d) El personal encargado de realizar el desencofrado no tiene normalmente que trabajar cerca de los bordes de la planta, e) Que el cinturón de seguridad, correctamente utilizado, es una medida que reúne las máximas garantías de seguridad. 0 Que es preferible que los trabajadores que realizarían la labor de carpintería de instalar barandillas y rodapiés utilicen cinturón de seguridad, g) Que también es preferible, mejor que las barandillas y rodapiés, que los desencofradores utilicen también el cinturón de seguridad. Con barandilla, con pasarelas, con rodapiés, con etcétera, lo único seguro es el cinturón de seguridad debidamente utilizado, lo demás es superfluo.

RESULTANDO que admitido el recurso e instruidas las partes se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Visto siendo Ponente el Magistrado don José Betrán de Heredia y Castaño.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que el origen de las actuaciones de las que trae causa el presente recurso es preciso ponerlo en un accidente ocurrido el día cuatro de diciembre de mil novecientos setenta y cinco en la obra en construcción de un edificio que efectuaba la empresa actualmente recurrente, en la ciudad de El Puerto de Santa María (Cádiz), como consecuencia del cual falleció el padre y esposo de los ahora recurridos (que lo son junto con don Juan Pedro ), hecho que motivó unas diligencias preparatorias penales que terminaron con sobreseimiento y archivo, decretados por el auto del Juzgado de dos de mayo de mil novecientos setenta y siete ; después de lo cual y exactamente el día dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho, fue presentada la demanda civil, dirigida contra la citada empresa constructora, el encargado de la obra y los directores técnicos de la misma(que eran dos arquitectos y un aparejador), con amparo legal en los artículos mil novecientos dos y mil novecientos tres del Código Civil , solicitando se condenase solidariamente a los demandados al pago de una indemnización de cuatro millones de pesetas, por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes. La pretensión fue estimada por la sentencia de primer grado aunque redujo la indemnización a la cantidad de un millón de pesetas, con base en la apreciación de culpa concurrente por parte del accidentado, que obligaba a la debida compensación de la consiguiente responsabilidad; decisión esta, que fue revocada por la sentencia que es objeto de recurso en este trámite, que consideró responsables, con el mismo carácter solidario, sólo a la sociedad constructora y al encargado de la obra, rebajando además la cantidad indemnizatoria a la suma de setecientas cincuenta mil pesetas.

CONSIDERANDO que el recurso, interpuesto solamente por la citada constructora, basa su impugnación en cinco motivos amparados los cuatro primeros en el número uno del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento, mientras que el quinto lo hace a través del ordinal séptimo del mismo, ninguno de los cuales es susceptible de estimación, según ponen de relieve los razonamientos siguientes: No puede sostenerse que se infringe por no aplicación el artículo ciento doce de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como se hace con el motivo primero , cuyo solo enunciado demuestra su improcedencia en materia de casación civil, que impide, por otra parte, pueda ponerse en relación con la pretendida excepción de cosa juzgada, habida cuenta los ámbitos conceptual y jurisdiccionalmente distintos que entran en juego con base en la distinción entre lo ilícito civil y penal; ni tampoco es posible relacionarlo con la alegada prescripción de la acción que se ejercitó, en virtud de lo establecido en el número segundo del artículo mil novecientos sesenta y ocho del Código Civil, según se afirma en el motivo segundo , pues el plazo que éste establece es el de un año que, a tenor de lo dispuesto por el mil novecientos sesenta y nueve, en la constante interpretación de este Tribunal Supremo, se contará desde el día en que la acción puede ejercitarse, que aquí tiene que empezar a transcurrir a partir del auto del Juzgado que ordenó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones penales precedentes, que tiene fecha, como se dijo, de dos de mayo de mil novecientos setenta y siete, habiéndose presentado la demanda civil el dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho antes, por tanto, de que el año hubiera transcurrido. Del mismo modo que no es admisible la denuncia formulada en el motivo tercero de aplicación indebida de los artículos mil novecientos dos y mil novecientos tres del Código, porque trata de apoyarse en el número cuatro del artículo quinientos treinta y tres de la Ley de Enjuiciamiento , cuyo mero carácter procesal le hace inviable en este recurso, confundiéndose la falta de legitimación de esta clase, con la sustantiva material que, en supuestos como el presente, equivale a susceptibilidad de ser sujeto pasivo de la acción para lo que basta la condición de empresa que efectuaba la obra en que se produjo el accidente, al margen de la imputación concreta, que quedó acreditada en la instancia, al comprobarse que no se adoptaron por la constructora todas lasmedidas que debieron adoptarse para evitar el suceso; omisión que, además de la acción, preceptúa el artículo mil novecientos dos y que es índice, al menos, de una negligencia sancionable en el propio artículo, a estos fines civiles, ajenos a los de orden penal estricto; lo cual implica, una cuestión de hecho, que depende de la prueba, cuya apreciación en este caso, concurrente con la acción del propio accidentado, dio resultado positivo, lo que conduce a la aplicación ineludible de los artículos mil novecientos dos y mil novecientos tres del Código con las consecuencias inherentes a dicha concurrencia, en contra de lo que, sin razón ni fundamento, se pretende de nuevo en el motivo cuarto.

CONSIDERANDO que el referido resultado probatorio es impugnado especialmente en el motivo quinto pero sin posibilidad de buen éxito pues, apoyado en el número siete del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento , se formula "en relación con los artículos mil doscientos cuarenta y tres del Código y seiscientos treinta y dos de la Ley Procesal» con lo que parece que se trata de un error de derecho, aunque no cita concepto de infracción y luego habla de "error de hecho en la apreciación de la prueba de peritos», no sabiéndose con certeza cuál es el pretendido error, confusionismo que es contrario a la exigencia del artículo mil setecientos veinte de la Ley de Enjuiciamiento , que el recurso dice respetar; siendo de observar, que en ninguna de las dos posibilidades puede ser estimado, pues para el de carácter fáctico hubiera tenido que apoyarse en un documento dotado de autenticidad que por sí solo acreditase el equívoco, para lo que no sirve un informe pericial, según la constante doctrina jurisprudencial; y para el de orden jurídico, tendría que acreditarse la infracción de una norma valorativa de la prueba, que no contienen los preceptos invocados, pues la "sana crítica» a que se remite el artículo seiscientos treinta y dos de la Ley Procesal no está contenido en norma alguna que pueda alegarse como infringida a estos efectos, quedando a la ponderada discrecionalidad del Juzgador, que le impide el acceso a la casación.

CONSIDERANDO que la desestimación de los cinco motivos formulados, en la forma que se acaba de exponer, supone la del recurso en su totalidad, con el consiguiente pronunciamiento del artículo mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento relativo a las costas causadas en este trámite, no así el referido al depósito que no fue constituido al no ser conformes de toda conformidad las dos sentencias de instancia.

FALLAMOS que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por "Constructora Asturiana, S. A.», contra la sentencia pronunciada por la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Sevilla, en fecha dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno

. Condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso; y a su tiempo, comuniqúese esta resolución a la expresada Audiencia, con devolución a la misma de las actuaciones que remitió.

ASI por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José Betrán de Heredia y Castaño.-Jaime de Castro.- Carlos de la Vega.- Antonio Jáuregui.- Jaime Santos.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el Excmo. Sr don José Betrán de Heredia y Castaño, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que, como Secretario, certifico.-Antonio Docavo.- Rubricado.