AAP Madrid 147/2018, 2 de Febrero de 2018
| Ponente | JAVIER MARIA CALDERON GONZALEZ |
| ECLI | ES:APM:2018:2831A |
| Número de Recurso | 130/2018 |
| Procedimiento | Penal. Apelación procedimiento abreviado |
| Número de Resolución | 147/2018 |
| Fecha de Resolución | 2 de Febrero de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 27ª |
Sección nº 27 de la Audiencia Provincial de Madrid
C/ de Santiago de Compostela, 96, Planta 10 - 28035
Teléfono: 914934469,4470,4471
Fax: 914934472
NEG. 5 / JU 5
37051030
N.I.G.: 28.079.00.1-2017/0158407
Apelación Autos Violencia sobre la Mujer 130/2018
Origen :Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 06 de Madrid
Pz de orden de protección 1013/2017-01
Apelante: D./Dña. Luis María
Procurador D./Dña. MARIA COLINA SANCHEZ
Apelado: D./Dña. MINISTERIO FISCAL
A U T O Nº 147/2018
Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as:
D. MIGUEL FERNÁNDEZ DE MARCOS Y MORALES (Presidente)
Dª. MARÍA TERESA CHACÓN ALONSO
D. JAVIER MARÍA CALDERÓN GONZÁLEZ (Ponente)
En Madrid, a dos de febrero de dos mil dieciocho.
Por la representación de D. Luis María se interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de fecha 10/10/2017, dictado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 6 de Madrid, en su Pieza núm. 1013/2017-01, por el que acordó otorgar medida cautelar en favor de Dª. Mónica, prohibiendo al investigado cercarse, a menos de 500 metros, a la perjudicada, a su domicilio, lugar de trabajo, o cualquier otro frecuentado por la misma, así como comunicarse con ella por cualquier medio, hasta que recaiga resolución que ponga fin al procedimiento, recursos que fueron impugnados por el Ministerio Fiscal.
La previa reforma fue desestimada por auto de fecha 24/11/2017.
El recurso subsidiario de apelación interpuesto se elevó a esta Audiencia Provincial de Madrid, y admitido a trámite, se señaló día para la deliberación y votación del citado recurso, acto que tuvo lugar el día 1/02/2018, designándose previamente como Ponente al Ilustrísimo Sr. Magistrado D. JAVIER MARÍA CALDERÓN GONZÁLEZ, que manifiesta el unánime parecer de la Sala..
Por la representación de D. Luis María se interpuso recurso subsidiario de apelación contra el auto de fecha 10/10/2017, dictado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 6 de Madrid, en su Pieza núm. 1013/2017-01, por el que acordó otorgar medida cautelar en favor de Dª. Mónica, antes aludido, alegándose, por vía de la falta de motivación y por cauce de la inexistencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima, que la medidas acordadas son totalmente desproporcionadas y perjudiciales para su patrocinado, como respecto de Dª. Mónica, dado que no ha tenido en cuenta ni la situación económica de Luis María, ni la actividad laboral del investigado y de la propia testigo, al compartir entre ellos una misma actividad laboral. Se mantuvo, a la par, que la propia persona perjudicada ni ha interpuesto denuncia, ni ha solicitado la concesión de esta misma orden de protección. Y se instó, por todo ello, que se revoque las medidas concedidas.
Por el Ministerio Público, en su escrito de impugnación de fecha 16/11/2017, entendió que la resolución apelada debía ser confirmada, al ser plenamente ajustada a derecho, al concurrir indicios racionales de criminalidad contra el investigado por la presunta comisión de un delito de maltrato en el ámbito familiar, del art. 153.1 C.P ., así como una situación objetiva de riesgo para la propia perjudicada, debiendo primar, en la adopción de las mismas, la necesidad de proteger la integridad física y la seguridad de persona protegida, Dª. Mónica, respecto de unos hipotéticos, y no concretados, intereses laborales del investigado. Y por todo ello, se interesó la plena confirmación de la resolución recurrida.
Por la Sra. Magistrada a quo, en el auto de fecha 10/10/2017, tras aludir al régimen legal derivado de la aplicación de los arts. 13 y 544 Bis LECRIM ., entendió que al supuesto enjuiciado concurrían no solo indicios racionales de criminalidad por un supuesto delito de maltrato en el ámbito familiar, sino también una situación objetiva de riesgo, que se infería de la producción de aquellos hechos en una estación de Metro, con la necesidad de intervención de un testigo que medió parar la agresión que se estaba produciendo, así como de la agresividad demostrada por el investigado contra la propia perjudicada, a la par de la demostrada contra los Agentes intervinientes, a los que incluso amenazó de muerte. La Juzgadora de Instancia, además, en el auto resolutorio de la reforma interpuesta, de fecha 24/11/2017, tras reiterar anteriores pronunciamientos, consideró que la resolución recurrida se encontraba debidamente motivada, y que la situación objetiva de riesgo se deducía del informe médico-forense, obrante en las actuaciones (folio 43), como de la propia agresividad demostrada por el investigado contra la perjudicada, lo que hizo necesaria la intervención de terceras personas, además de la Policía Nacional. Se entendió, además, en relación a la supuesta falta de proporcionalidad, que había de estarse a la protección de la persona perjudicada frente a los intereses laborales del denunciado.
El art. 544 Bis LECRIM ., introducido por Ley 14/1999 de 19/06, y modificado su último párrafo por Ley Orgánica 15/2003 de 25/11, dispone que: "En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma. En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o Comunidades Autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas. Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación económica del inculpado y los requerimientos de su salud, situación familiar y actividad laboral. Se atenderá especialmente a la posibilidad de continuidad de esta última, tanto durante la vigencia de la medida como tras su finalización. En caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada por el Juez o Tribunal, esté convocará la comparecencia regulada en el artículo 505 para la adopción de la prisión provisional en los términos del artículo 503, de la orden de protección prevista en el artículo 544 ter o de otra medida cautelar que implique mayor limitación de su libertad personal, para lo cual se tendrá en cuenta la incidencia de incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar".
Constituyen, por tanto, presupuestos para la adopción de las medidas de protección los siguientes: 1).-existencia de indicios fundados de la comisión de un delito o delito leve reseñados en el precepto penal; y 2).-la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima.
La valoración de la concurrencia de tales requisitos ha de enmarcarse, necesariamente, en el juicio de inferencia indiciaria propio de la fase procesal en que se encuentra la presente causa. En este sentido, conviene recordar lo señalado por la doctrina ( STS de 29/03/1999 ), en relación al auto de procesamiento, de que el indicio o los indicios racionales de criminalidad que justifican su adopción equivalen a un acto de inculpación formal adoptado por el Juez Instructor, exteriorizador de un juicio de probabilidad a la vista del resultado de la instrucción judicial, los cuales deben distinguirse de las meras conjeturas o suposiciones sin el menor soporta objetivo. Cabe también destacar que la jurisprudencia ( STS de 21/03, 22/06 y 21/10/2005 ) afirma que no debe confundirse entre lo que es una línea de investigación con apoyo en sospechas fundadas y objetivadas, y los indicios inequívocamente incriminatorios que permiten dictar el auto de procesamiento, o que obtenidos en el acto del plenario, constituyen la prueba de cargo en los que puede sustentarse una sentencia condenatoria. Precisamente en relación con los indicios racionales de criminalidad, recuerda la doctrina ( STS de 9/01/2006 ) que, según su especifica utilidad procesal, es decir, según para qué se necesitan en el desarrollo del procedimiento, la palabra indicios, que significa siempre la asistencia de datos concretos reveladores de un hecho importante para las actuaciones judiciales, exige una mayor o menor intensidad en cuanto a su acreditación según la finalidad con que se utilizan. Así, la máxima intensidad ha de existir cuando esos indicios sirven como medio de prueba de cargo (prueba de indicios), en cuyos casos han de estar realmente acreditados y han de tener tal fuerza probatoria que, partiendo de ellos, pueda afirmarse, sin duda razonable alguna, la concurrencia del hecho debatido; en otras ocasiones, sin que haya una verdadera prueba, han de constar en las actuaciones procesales algunas diligencias a partir de las cuales puede decirse que hay probabilidad de delito y de que una...
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