STS, 10 de Noviembre de 2009

PRIMERO .- La sentencia impugnada desestima el recurso contencioso-administrativo promovido por

4. Geronimo contra la Resolución adoptada el 2 de marzo de 2006 por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que había declarado no haber lugar a indemnizar a dicho recurrente con 34.800 euros, coste de los honorarios pagados a los Letrados que han intervenido en la impugnación de la liquidación improcedentemente practicada por la Inspección de los Tributos de la Agencia Tributaria y que fue anulada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña.

   La sentencia recurrida, en el fundamento cuarto razona:

   Hemos de señalar:

1. Esta Sala venía reconociendo el derecho al resarcimiento de los gastos de honorarios profesionales ocasionados en vía administrativa, pues aunque es cierto que en ella la asistencia letrada es voluntaria, el particular, de una parte no tiene obligación jurídica de soportar los perjuicios que una actuación administrativa posteriormente anulada le ha causado, y de otra, no es exigible a los particulares o entidades un conocimiento del Derecho tal que sea suficiente para correctamente defender sus pretensiones en vía administrativa, lo que justifica el recurso a quienes tienen conocimientos especializados.

2. Sin embargo este criterio ha sido revisado por la propia Sala, ya en anteriores sentencias, en cuanto al sentido y alcance del concepto de "daño ilegítimo". Este concepto aparece claramente vinculado a la idea de que el particular no tenga obligación de soportar el daño, y a tal aspecto se refiere el artículo141.1 de la Ley 30/1992 :

   1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley...

   La cuestión por tanto radica en la obligación de soportar el daño causado por parte del perjudicado. El artículo 140 de la Ley General Tributaria de 1963 establecía:

   "1. Corresponde a la Inspección de los Tributos:

   1. La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.

   2. La integración definitiva de las bases tributarias, mediante las actuaciones de comprobación en los supuestos de estimación directa y objetiva singular y a través de las actuaciones inspectoras correspondientes a la estimación indirecta.

   3. Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de las actuaciones de comprobación e investigación, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

   4. Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la Administración, aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tributos.

   2. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos de inspección serán considerados agentes de la autoridad cuando lleven a cabo las funciones inspectoras que les correspondan. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario para el ejercicio de la función inspectora."

   Por su parte la Ley 58/2003 establece en su artículo 141 :

   "Artículo 141 . La inspección tributaria.

   La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

   A La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.

   B La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.

   C La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de esta Ley .

   D La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de esta Ley .

5. La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales.

   F La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas.

   G La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación.

   H La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los artículos 136 a 140 de esta Ley .

   I El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.J La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no permanente, que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica y, en defecto de regulación expresa, por las normas de este capítulo con exclusión del artículo 149. K Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por las autoridades competentes.

   Resulta claro que el interesado tiene la obligación de soportar la actuación de la Administración Inspectora en el ejercicio de las facultades que le vienen atribuidas por la Ley. El problema es el alcance de ese deber de soportar la actuación de la Inspección. Pues bien, en el presente caso, la Hacienda liquidó una deuda tributaria en concepto de IRPF tras el correspondiente procedimiento de comprobación e inspección, si bien, posteriormente el TEAR, conociendo de la reclamación económica administrativa interpuesta por el sujeto pasivo, estimó los planteamientos de éste anulando la liquidación. Por ello la cuestión consiste en determinar si siempre que se produce una declaración de ilegalidad en la actuación de la Inspección, nace la Responsabilidad Patrimonial, o por el contrario, es necesario un plus además de esa declaración de ilegalidad.

   La Sala en sus recientes decisiones ha optado por la segunda solución. Efectivamente, el deber de soportar la actuación inspectora engloba el de soportar una concreta valoración de hechos e interpretación de las normas realizada por la Inspección para calificar los hechos a efectos tributarios, aplicar las normas y emitir la correspondiente liquidación. Esta facultad interpretativa en la aplicación del ordenamiento jurídico se encuentra implícita en las facultades que los artículos anteriores atribuyen a la Inspección. Ahora bien, la valoración de los hechos y la interpretación de las normas que viene atribuida a la Inspección, ha de desarrollarse en un ámbito de racionalidad y con respeto a las reglas interpretativas, de suerte que los sujetos pasivos están obligados a soportar interpretaciones que se ajusten a las reglas de la lógica jurídica, no aquellas que se separen de ella.

   Por ello, solo los planteamientos que contradigan otros reiterados anteriores, se separen de una interpretación judicial reiterada, de instrucciones de los superiores jerárquicos, o de una interpretación asumible desde las reglas de la lógica jurídica, pueden dar lugar a la Responsabilidad que nos ocupa, porque en tales casos la labor interpretativa no es conforme a las reglas de la interpretación de las normas jurídicas, y por tal razón el perjudicado no tiene obligación de soportar los perjuicios derivados de esa concreta interpretación.

   En el presente caso la discrepancia que origina el presente recurso es la relativa a la aplicación del régimen de transparencia fiscal a efectos de IRPF en relación a uno de los socios. Pues bien, el TEAR, como consecuencia de la estimación de las pretensiones de la Sociedad, estimó también las del hoy recurrente.

   No se aprecia que en la actuación de la Administración hubiese separación de precedentes, pronunciamientos judiciales u órdenes de superiores jerárquicos, tampoco concurrencia de circunstancia alguna que determinase que el recurrente no tenía obligación jurídica de soportar la interpretación administrativa de las normas de aplicación.

   Por tal razón, los perjuicios derivados de la interpretación realizada por la Inspección debían legalmente ser soportados por el interesado, sin perjuicio, obviamente, de su derecho a recurrir>>.

   SEGUNDO .- D. Geronimo interpuso el 13 de diciembre de 2007 recurso de casación para la unificación de doctrina, debido a que, en su opinión, existe contradicción entre la sentencia que combate y las dictadas por la misma Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el 30 de marzo de 2006 (recuso 12/04), el 29 de junio de 2005 (recurso 101/04), y el 16 de diciembre de 1996 (recurso 1494/93), así como con la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 18 de marzo de 2000 (recurso 922/96 ).

   Expone que todas las sentencias tienen por objeto la responsabilidad patrimonial por los daños causados a consecuencia de los honorarios abonados a los letrados que intervinieron en una previa reclamación económico-administrativa contra un acto de la Administración que fue anulado, y en las sentencias de contraste la condena a la Administración deriva de la antijuridicidad de la lesión, mientras que la sentencia recurrida desestima el recurso atendiendo a la actuación de la Administración, infringiendo un criterio jurisprudencial tradicional y pacífico.

   Funda el recurso de casación para la unificación de doctrina en la infracción de los artículos 106.2 de la CE y 139.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.TERCERO .- La Audiencia Nacional, en providencia de 29 de enero de 2008 , tuvo por interpuesto el recurso y dio traslado a la Administración del Estado para que, en el plazo de treinta días, formalizara por escrito su oposición, trámite que evacuó el 5 de marzo de 2008.

   Para el abogado del Estado no se dan entre las sentencias enfrentadas las identidades requeridas, pues se invoca un cúmulo de sentencias relativas a otros litigantes y en supuestos diferentes. A su juicio, la relación de identidades y contradicciones ha de ser sentencia por sentencia y punto por punto, ya que si no se aplica este rigorismo en la formalización del recurso de casación para la unificación de doctrina se obliga a la Sala Tercera del Tribunal Supremo a construirlo, analizando pormenorizadamente el pronunciamiento impugnado en relación con los de contraste. El defensor de la Administración añade que este recurso no está previsto para unificar la doctrina de una sentencia con la que figure en un posible voto particular formulado a la misma. En congruencia con este planteamiento interesa que el recurso no se admita.

   A título subsidiario, la Administración sostiene que la interpretación defendida por el recurrente no se ajusta a derecho, siendo correcta la solución adoptada por sentencia impugnada. En su opinión, el hecho de que los Tribunales anulen una resolución administrativa no supone de suyo ni que sea necesaria una indemnización ni que no lo sea, siendo necesario un análisis del caso concreto, y en el presente caso no se acredita un acto lesivo de la Administración, y ello porque el sistema administrativo ha funcionado con arreglo a los cauces establecidos normativamente.

   Estima que, en de cualquier modo, los gastos de abogado en la reclamación económico-administrativa no son indemnizables, por ausencia de los requisitos necesarios para que pueda reconocerse la responsabilidad de la Administración, y que la impugnación que ha producido el resultado beneficioso al interesado ha sido la que ha articulado la Empresa, porque lo que se ventilaba era un problema de la Sociedad: si le era aplicable o no el régimen de transparencia fiscal. No existe, a su juicio, nexo causal, ya que la decisión de actuar asesorado por un letrado es una opción libre del propio recurrente, a la que no estaba obligado. Este criterio lo han recogido el Tribunal Supremo (sentencias de 2 de enero de 1995, 12 de noviembre de 1998 y 18 de abril de 2000 ) y el Consejo de Estado (dictamen 2916/99).

   CUARTO .- El secretario judicial de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en diligencia de ordenación de 17 de abril de 2008 , tuvo por formalizada la oposición y mandó elevar la documentación a esta Sala, poniéndolo en conocimiento de las partes.

   QUINTO .- Recibidas las actuaciones y repartidas a esta Sección Cuarta, quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, circunstancia que se hizo constar en providencia de 24 de octubre de 2008, fijándose al efecto el día 3 de noviembre de 2009, en el que, previa deliberación, se aprobó la presente sentencia.

   Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, Magistrado de la Sala

PRIMERO .- D. Geronimo interesa que se case y anule la sentencia pronunciada el 19 de octubre de 2007 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 189/06 , porque contradice la doctrina contenida en las dictadas por la propia Sección los días 30 de marzo de 2006 (recuso 12/04), 29 de junio de 2005 (recurso 101/04), y 16 de diciembre de 1996 (recurso 1494/93), así como en la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 18 de marzo de 2000 (recurso 922/96 ).

Con exclusión de la Sentencia de esta Sala de 18 de marzo de 2000 (recurso 922/96 ), porque tiene por objeto la solicitud de indemnización por anulación de un acto resolutorio de concurso, lo que impide considerar presente la identidad fáctica irrenunciable para que puedan franquearse las puertas de esta modalidad extraordinaria de casación, las otras tres sentencias que esgrime resuelven, como la recurrida, reclamaciones deducidas al abrigo de los artículos 106, apartado 2, de la Constitución y 139 y concordantes de la Ley 30/1992 , por sujetos pasivos tributarios que pretendían ser resarcidos con el importe de las minutas que satisficieron para impugnar, con éxito, determinados actos tributarios en la vía económico-administrativa.

El Abogado del Estado hace valer, como pretensión principal, la inadmisión del recurso porque, en su opinión, no concurren las identidades subjetiva, objetiva y causal exigidas por el artículo 96, apartado 1, de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de esta jurisdicción, para enjuiciar si existe contradicción doctrinaly determinar la tesis correcta.

A juicio de esta Sala, no cabe duda de que en el actual recurso confluyen las coincidencias requeridas, pues las sentencias enfrentadas abordan el mismo problema en relación con justiciables en idéntica situación y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, como requiere el repetido artículo 96, apartado 1, de la Ley de esta jurisdicción, debiendo añadirse que la semejanza o la desigualdad (subjetiva, objetiva y causal) entre los supuestos enfrentados ha de ponerse en relación con la materia doctrinal debatida; tratándose, por un lado, de la tesis conforme a la que, ganada la reclamación en la vía económico-administrativa, siempre hay que indemnizar los gastos de abogado, y, por el otro, de la opinión de que esa obligación de reparar únicamente nace si la Administración no ha actuado ajustándose a criterios razonables en la interpretación de las normas aplicadas, poco importa la naturaleza del tributo en cuya gestión se adoptaron dichos actos o la índole de las cuestiones suscitadas en el debate administrativo. Lo cierto es que, si al recurrente se le hubiera aplicado la doctrina de las sentencias de contraste, habría ganado el recurso contencioso-administrativo y obtenido el reconocimiento del derecho a ser indemnizado por el importe de los honorarios que abonó a «Cuatrecasas Abogados, S.R.L.», pues tal doctrina considera el éxito de la pretensión demostrativo del carácter imprescindible que tuvo la asistencia letrada, siempre técnicamente compleja.

Desde otra perspectiva también resulta indudable la contradicción existente, no sólo porque ese cuarteto de pronunciamientos acceda a la pretensión indemnizatoria en relación con el desembolso por gastos de asesoramiento jurídico, mientras que la sentencia impugnada la desestima, sino porque esta última lo proclama así, indicando en la letra B) del fundamento cuarto que se aparta de la doctrina mantenida tradicionalmente por la Sala sobre el tema controvertido.

En consecuencia, constatado el desacuerdo porque los pronunciamientos enfrentados resuelven de forma distinta cuestiones sustancialmente iguales, atinentes a administrados en situaciones idénticas, procede que esta Sala, rechazando la inadmisión pretendida por el abogado del Estado, solvente la discrepancia y disipe las dudas, indicando cuál de las doctrinas enfrentadas es la correcta, cumpliendo así su tarea uniformadora de los criterios jurisprudenciales dispersos y discordantes.

SEGUNDO .- La tesis tradicional, de la que la sentencia impugnada se separa de forma consciente, sostenía que el contribuyente, si bien no está obligado a actuar bajo dirección letrada ante los órganos de la Administración tributaria, para una adecuada defensa de sus intereses tiene derecho a la asistencia de un profesional si el asunto reviste complejidad. No le son exigibles profundos conocimientos, más aún en materia tributaria, donde la técnica es especialmente compleja e involucra distintas ramas del saber jurídico. Consecuentemente, no puede pedírsele que soporte los gastos causados por tal asistencia cuando su pretensión ha sido completamente estimada.

La nueva línea, en la que se inscribe la sentencia recurrida, precedida por otras [a título de ejemplo, una de 22 de marzo de 2005 (recurso 336/02) y dos de 18 de julio de 2006 (recursos 626/03 y 368/04)], estima que no procede considerar antijurídico el detrimento patrimonial sufrido por un ciudadano que retribuye al profesional que le asiste para impugnar un acto de la Administración tributaria por el sólo hecho de su anulación en la vía económico-administrativa y niega tal calificación de antijurídica a los desembolsos por tal concepto realizados para reaccionar frente a un acto que, pese a ser revocado, se mantiene dentro de unos márgenes razonables y razonados. Es decir, según esta segunda posición no basta con la mera anulación para que nazca el deber de reparar, sino que la lesión puede calificarse de antijurídica y, por ende, de resarcible únicamente si concurre un plus consistente en la ausencia de motivación y en la falta de racionalidad del acto administrativo que, a la postre, se expulsa del ordenamiento jurídico.

TERCERO .- A juicio de esta Sala, la doctrina correcta es la segunda, como hemos tenido ocasión de aclarar en la sentencia de 14 de julio de 2008 , resolutoria del recurso de casación para la unificación de doctrina 289/07, entablado contra la dictada por la propia Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el 27 de febrero de 2007 , en el recurso contencioso-administrativo 67/06, cuya motivación reproducimos a continuación.

«TERCERO.- Podemos ahorrarnos la reproducción de nuestra jurisprudencia sobre la naturaleza objetiva de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y sobre los requisitos que han de confluir para su exigibilidad, de la que las resoluciones judiciales en conflicto dan cumplida cuenta, singularmente el voto particular formulado a la sentencia que revisamos.

En nuestra indagación, dado que nos encontramos ante reclamaciones para recuperar los gastos de asistencia jurídica retribuidos a fin de obtener la revocación de liquidaciones tributarias, debemos considerar como punto de partida que, en virtud del artículo 142, apartado 4, de la Ley 30/1992 , heredero del artículo40, apartado 2, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957 (BOE de 31 de julio de 1957 ), la anulación en la vía administrativa o jurisdiccional de un acto o de una disposición de la Administración no presupone el derecho a indemnización, lo que implica tanto como decir que habrá lugar a ella cuando se cumplan los requisitos precisos. Hay que rechazar, pues, las tesis maximalistas de cualquier signo, tanto las que defienden que no cabe nunca derivar la responsabilidad patrimonial de la Administración autora de un acto anulado como las que sostienen su existencia en todo caso (véase la sentencia de esta Sala y Sección de 5 de febrero de 1996, casación 2034/93 , FJ2º).

Pues bien, nadie discute que en los supuestos analizados por las sentencias en conflicto la Administración tributaria causó un daño patrimonial real, efectivo, evaluable económicamente e individualizado en los administrados, quienes reclamaron en el plazo de un año, conforme preceptúa el artículo 142, apartado 5, de la Ley 30/1992 . La discrepancia y el punto de inflexión, determinante del cambio de doctrina y que ha provocado este recurso para su unificación, se encuentra en la apreciación del requisito de la lesión, que ha de ser antijurídica, es decir, en los términos empleados por el legislador, debe tratarse de un daño que los particulares no tengan el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley (artículo 141, apartado 1 , de la Ley 30/1992 ).

Centraremos, pues, nuestra atención sobre este requisito, que no desdice el talante objetivo de la responsabilidad de las organizaciones públicas, pues el daño jurídicamente no tolerable se independiza de la índole de su actividad, normal o anormal, correcta o incorrecta.

Ya en dicho análisis, la primera conclusión que se ha sentar, sobre la que también existe acuerdo, consiste en que la antijuridicidad de la lesión no desaparece por la circunstancia de que para actuar ante los órganos tributarios de gestión o de revisión no resulte preceptiva la asistencia letrada, planteamiento defendido en repetidas ocasiones por el Consejo de Estado [pueden consultarse entre los más recientes los dictámenes de 19 de junio de 2003 (expediente 971/03, punto IV.C) y 15 de julio de 2004 (expediente 958/04, punto IV)]. Pese a que en la vía económico-administrativa no sea obligada la comparecencia mediante un profesional del derecho [así se deduce del artículo 33 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas , aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo (BOE de 23 de marzo ); igual deducción se obtiene actualmente del artículo 3 del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo (BOE de 27 de mayo )], la complejidad de los procedimientos tributarios, la dificultad intrínseca de las disposiciones que regulan las distintas figuras impositivas y la especialización de los órganos y de los funcionarios que intervienen en las fases administrativas de gestión y de revisión no sólo aconsejan sino que, en la mayoría de los casos, hacen materialmente imprescindible que los contribuyentes comparezcan asesorados por expertos singularmente preparados para la tarea. En otras palabras, los ciudadanos que deciden voluntariamente asistirse de un técnico cuando se enfrentan a los vericuetos de una inspección fiscal y a la liquidación en la que desemboca no siempren quedan constreñidos a soportar los gastos que comporta ese asesoramiento, a veces insoslayable para obtener la anulación pretendida. El propio Consejo de Estado ha acudido en alguna ocasión a la noción de «gastos necesarios» (dictamen de 20 de mayo de 2004, expediente 957/04, punto

III).

Ahora bien, desplazándonos al otro extremo del diagrama, tampoco es certera la afirmación de que, habida cuenta de aquella complejidad y siempre que la propia Administración estime sus pretensiones, debe resarcírseles por los emolumentos de abogados, puesto que la Administración tributaria se encuentra habilitada para comprobar e investigar los hechos imponibles y, si procede, integrar las bases tributarias y practicar las liquidaciones correspondientes [véanse los artículo 109, 110 y 140 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE de 31 de diciembre ); en la misma línea los artículos 115 y 141 de la Ley homónima 58/2003, de 17 de diciembre (BOE de 18 de diciembre )], con el fin de establecer, en defensa de los intereses generales que debe servir con objetividad y efectividad, un sistema tributario justo (artículos 103, apartado 1, y 31, apartado 1 , de la Constitución). Y a esta potestad corresponde, como si fuera el envés de la misma moneda, la obligación del contribuyente de colaborar, atendiendo los requerimientos de la Administración, hoy explicitado en el artículo 142 de la Ley citada en segundo lugar. No cabe olvidar que la recepción constitucional del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de cada uno configura un mandato que vincula tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos, incidiendo en la naturaleza misma de la relación tributaria (sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990 , FJ3º), de modo que para su efectivo cumplimiento resulta irrenunciable la actividad inspectora y de comprobación de la Administración (sentencias del Tribunal Constitucional 110/1984, FJ3º, y 76/1990 , FJ3º).

En resumen, y de este modo avanzamos hacia la resolución del dilema, cuando un obligado tributario, valiéndose de un asesoramiento específico y retribuido, obtiene de la Administración, bien en la vía degestión bien en la económico- administrativa, la anulación de un acto que le afecta, ha de soportar el detrimento patrimonial que la retribución comporta si la actuación administrativa frente a la que ha reaccionado se produce dentro de los márgenes ordinarios o de los estándares esperables de una organización pública que debe servir los intereses generales, con objetividad, efectividad y pleno sometimiento a la ley y al derecho, eludiendo todo atisbo de arbitrariedad (artículos 103, apartado 1, y 9, apartado 3 , de la Constitución).

Con este planteamiento no se "subjetiviza" el instituto de la responsabilidad patrimonial de las organizaciones públicas, que sigue haciendo abstracción de todo elemento culpabilístico en la conducta administrativa, sino, muy al contrario, se traslada el debate a un dato de inegable talante objetivo cual es el resultado, indagando su antijuricidad, nota que viene determinada, antes que por un atributo o una condición de los sujetos que intervienen en la relación jurídica, por la posición que uno de ellos, el lesionado, ocupa frente al ordenamiento jurídico, posición en la que no influyen las características de la actuación administrativa a la que se imputa el desenlace, su "normalidad" o su "anormalidad".

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina 184/08, interpuesto por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz Cuellar, en nombre de D. Geronimo contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el 19 de octubre de 2007 , en el recurso contencioso-administrativo 189/06, sentencia que queda firme.

Imponemos a la compañía recurrente las costas causadas, con el límite de 1.800 euros para los honorarios del Abogado del Estado.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.