ATS 535/2018, 22 de Marzo de 2018
| Ponente | MANUEL MARCHENA GOMEZ |
| ECLI | ES:TS:2018:4816A |
| Número de Recurso | 2962/2017 |
| Procedimiento | Penal. Procedimiento abreviado y sumario |
| Número de Resolución | 535/2018 |
| Fecha de Resolución | 22 de Marzo de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 535/2018
Fecha del auto: 22/03/2018
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION
Número del procedimiento: 2962/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez
Procedencia: SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rico Fernández
Transcrito por: FSP/MAC
Nota:
RECURSO CASACION núm.: 2962/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rico Fernández
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 535/2018
Excmos. Sres.
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Manuel Marchena Gomez, presidente
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Miguel Colmenero Menendez de Luarca
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Antonio del Moral Garcia
En Madrid, a 22 de marzo de 2018.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez.
Por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza se dictó sentencia, con fecha dieciocho de mayo de 2017 , en autos con referencia de Rollo de Sala Procedimiento Abreviado nº 20/2017, tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Zaragoza, como Diligencias Previas nº 1624/2016, en la que se condenaba a Matías , mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor responsable de un delito contra la salud pública, con la concurrencia de la atenuante analógica de drogadicción, a la pena de tres años de prisión, con la accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 15.000 euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un mes en caso de impago, así como al pago de la mitad de las costas, declarando la otra mitad de oficio.
También, la sentencia absuelve a Victoriano , decretando el comiso de la droga intervenida y su posterior destrucción, así como el embargo del dinero intervenido.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por Matías , ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que, con fecha catorce de noviembre de 2017, dictó sentencia por la que desestimó el recurso de apelación interpuesto.
Contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se interpone recurso de casación, por el Procurador de los Tribunales Don Ángel Martín Gutiérrez, actuando en nombre y representación de Matías , con base en dos motivos:
1) Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , infracción de ley, por indebida inaplicación del artículo 21.4º del Código Penal .
2) Al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , infracción de ley, por indebida inaplicación de los artículos 21.4 º y 7º, ambos del Código Penal .
Remitidas las actuaciones para informe del Ministerio Fiscal, éste interesó la inadmisión del mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Marchena Gomez.
ÚNICO.- Por razones de sistemática se analizarán conjuntamente los dos motivos formalizados ya que, verificado su contenido, se constata que coinciden en alegar, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , infracción de ley, en concreto de los artículos 21.4 º y 7º del Código Penal .
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Se sostiene por el recurrente que de las propias declaraciones del mismo ante los agentes policiales se desprende que reconoció el hecho objeto del procedimiento y que facilitó datos importantes para la investigación, por lo que debió aplicársele por el Tribunal sentenciador la atenuante de confesión o la analógica como muy cualificada.
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Como indica la STS 476/2017, de 26 de junio , la reforma de La ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. Estas profundas modificaciones legales satisfacen una antigua exigencia del orden penal de la jurisdicción, la doble instancia. Ahora, una vez superada la necesidad de atender la revisión de las sentencias condenatorias exigidas por los Tratados Internacionales, la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible.
En la fijación del contenido de la nueva modalidad de la casación disponemos, por otro lado, de la experiencia adquirida por el conocimiento del recurso de casación contra sentencias dictadas en los procesos seguidos ante el Tribunal de Jurado respecto al que la ley reguladora prevé que el pronunciamiento del Tribunal del Jurado sea revisado a través de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, casación ante esta Sala.
En este marco, la sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Respecto al error de Derecho, función primordial de la nueva casación, deberá actuarse conforme a la consolidada jurisprudencia de esta Sala en torno a los dos apartados del art. 885 de la ley procesal penal . Los quebrantamientos de forma, una vez que han sido planteados en la apelación y resueltos en forma negativa, pues de lo contrario la nulidad declarada no tiene acceso a la casación, la queja se contrae a la racionalidad y acierto de la resolución recurrida al resolver la cuestión planteada.
Estos elementos son el fundamento sobre los que debe operar la admisión del recurso de casación y cuya inobservancia puede conllevar la inadmisión del mismo, conforme a los artículos 884 y 885 LECRIM . Por otra parte, como dijimos en la STS 308/2017 es ajena a la función jurisdiccional una interpretación rígida de las causas de inadmisión, pero sería conveniente y deseable (a la vista de los actuales contornos de la casación derivados de la regulación de la Ley 41/2015) que la parte planteara adecuadamente las razones que sustentan la relevancia casacional de su recurso, bien en cuanto a los aspectos que sostienen su fundamento esencial o bien en relación con los aspectos novedosos que plantea su recurso ( números 1 y 2 del artículo 885 LECRIM , sensu contrario ). Ello permitiría a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que prima facie podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación.
Por lo que se refiere a la atenuante de confesión, la sentencia de esta Sala nº 863/2015, de 30 de diciembre , señala que "es bien sabido que la atenuante descrita en el número 4º del artículo 21 del Código Penal , requiere la confesión de los hechos antes de que el procedimiento se dirija contra el culpable, es decir, presentarse ante el Juez o la Policía para declarar la realidad del delito cometido y su autoría. Semejante actitud de colaboración no es fácil que se produzca en la práctica. Es más, en los casos en que tal postura se ha constatado, se han saldado generalmente con la concesión de una atenuante muy cualificada. De ahí, que por razones de política criminal, deba rellenarse el espacio existente entre tal postura y actitud, repetimos que excepcional en términos estadísticos, y la confesión de los hechos cuando la Policía judicial detiene al sospechoso, aun con un principio de prueba en su contra, resultando entonces muy útil a la investigación la clarificación de los hechos, lo que contribuirá a su completo esclarecimiento. Utilidad que debe distinguirse de una relevante fuente de colaboración, que a menudo consistirá en la incriminación de otros partícipes, o en la aportación de pruebas decisivas con dichos fines, o en el descubrimiento de fuentes relevantes de investigación, lo que deber ser acreedor de una singular bonificación, siempre por razones de política criminal, entrando en juego la conceptuación como muy cualificada por razones de la intensidad de tal colaboración, cuyo módulo ha sido desde siempre el exigido por esta Sala Casacional para su estimación como tal. De ahí, que nuestra jurisprudencia haya integrado tal puesta en conocimiento del órgano instructor de datos que supongan cualquier género de colaboración, incluida naturalmente la propia confesión del imputado, con la construcción de la correspondiente atenuante analógica, actividad que supone también la admisión de los hechos por quien declara, aunque ya existan elementos indiciarios de sospecha que recaigan sobre aquél. Es por ello que, con respecto a la atenuante de confesión, se ha apreciado la analógica en los casos en los que, no respetándose el requisito temporal, sin embargo, el autor reconoce los hechos y aporta una colaboración, más o menos relevante para la Justicia".
Debe recordarse que el cauce casacional elegido implica la aceptación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sin que con base en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pueda pretenderse una modificación de dicho relato fáctico, ya que lo que se denuncia es una incorrecta aplicación del derecho al hecho probado de la sentencia; de ahí que reiterada jurisprudencia de esta Sala haya afirmado que el recurso de casación por infracción de ley exige el respeto absoluto e íntegro de los hechos probados en sentencia ( SSTS 170/2011, de 29 de marzo y 131/2016, de 23 de febrero , entre otras).
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En el supuesto de autos, se declara probado por la Audiencia Provincial que, el día quince de octubre de 2016 hacia las 11:30 horas miembros de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría de San José que prestaban servicio de patrulla por la Travesía del Puente del Virrey observaron la presencia de dos individuos en un vehículo de color rojo que resultaron ser Matías y Victoriano ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, los cuales, al observar la presencia policial mostraron síntomas de inquietud lo que hizo que los agentes de Policía procedieran a su identificación observando cómo en el momento de acercarse a ellos Matías trataba de esconder debajo del asiento del copiloto un paquete conteniendo una sustancia blanca que, una vez sometida al correspondientes análisis, resultó ser cocaína con un peso bruto de 246,31 gramos y una pureza del 71,12% lo que arroja un peso neto de 175,17 gramos de cocaína pura con un valor de mercado de 14.914 euros.
Dicha sustancia la había adquirido Matías en la ciudad de Zaragoza a un desconocido, en parte para su posterior distribución a terceros y en parte para su consumo. Asimismo, se le intervinieron cuatro teléfonos móviles y 55 euros en metálico.
Debajo del asiento del conductor se encontró un bote de bebidas energéticas con doble fondo preparado para el transporte de sustancias sin que se haya podido determinar a quién pertenece el mismo.
El vehículo en que se trasladaron a Zaragoza es matrícula ....NDN y era conducido por Victoriano el cual se había prestado a traer a Matías a Zaragoza a cambio de que le pagase la gasolina y 100 euros por el servicio.
Dicho vehículo es propiedad de Damaso , hermanastro de Victoriano , el cual se lo había dejado prestado porque se encontraba en esa época en América.
No se ha probado que Victoriano tuviese conocimiento de la mercancía que portaba Matías ni mucho menos que participase en actos de venta o favorecimiento del consumo de la misma.
Matías es consumidor habitual de cocaína lo que le produce una merma en su capacidad intelectiva y volitiva, estando actualmente en situación de estancia irregular en España.
Partiendo de la inmutabilidad de los hechos probados, nada se dice en ellos sobre la confesión del acusado, ni de una conducta colaboradora, que permitiera averiguar algunos datos relevantes para la investigación. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia deniega la pretensión de que se aplique la atenuante invocada sobre la base de que el acusado trató de ocultar la droga debajo del asiento que ocupaba en el vehículo. Asimismo, hace hincapié en la negativa del mismo a declarar en la Comisaría.
Además, el Tribunal de apelación destaca que, con los datos de los teléfonos móviles, los agentes policiales disponían de información suficiente para proseguir con la investigación, así como que el recurrente no identificó desde un primer momento a la persona que le proporcionó la droga.
Esta decisión es conforme con la jurisprudencia de esta Sala, que ha recordado recientemente en la STS 784/2017, de 30 de noviembre , que "la llamada atenuante de confesión tardía, como afirma la sentencia 695/2016, de 28 de julio , es aplicable en todos aquellos supuestos en los que no concurra el elemento cronológico exigido en la expresa previsión atenuatoria, pero aparezca una actuación colaboradora del investigado que sea reflejo de la asunción de su responsabilidad y que facilite la depuración del reproche que legalmente merecen los hechos en los que participó; exigiéndose por ello, así como por razones pragmáticas de política criminal, que el comportamiento del encausado en el seno de la investigación -si bien de manera tardía- favorezca de forma eficaz el esclarecimiento de los hechos y de los responsables, denegándose cuando los datos aportados sean conocidos o evidentes para la investigación ( SSTS 332/2002, de 1 de marzo , 25/2003, de 16 de enero , y 767/2008, de 18 de noviembre )".
En definitiva, el Tribunal de apelación no ha infringido los artículos 21.4 y 21.7 del Código Penal por la no aplicación de los mismos al recurrente, habida cuenta que no hubo confesión, ni se ha aportado una colaboración, más o menos relevante, para la resolución del caso, razonándolo en la sentencia, con respeto a la reiterada jurisprudencia sobre el particular (que se cita y aplica adecuadamente en tal resolución), por lo que no existe la infracción denunciada.
Ambos motivos, contrarios al relato fáctico y carentes de fundamento, incurren en las causas de inadmisión de los artículos 885.1 º y 884.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En su consecuencia se ha de dictar la siguiente:
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LA SALA ACUERDA : NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de origen en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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SAP Pontevedra 120/2018, 31 de Julio de 2018
...cando os datos que achega o acusado son coñecidos ou evidentes para a investigación ( ATS, Penal, Sección 1ª, do 22 de marzo de 2018 -ROJ: ATS 4816/2018 - ECLI:ES:TS:2018:4816A-), abofé que este é o B) A defensa de Anselmo alegou a súa grave adicción ás substancias estupefacientes, invocand......