STSJ Comunidad de Madrid 520/2017, 5 de Julio de 2017
| Ponente | FATIMA BLANCA DE LA CRUZ MERA |
| ECLI | ES:TSJM:2017:7472 |
| Número de Recurso | 933/2016 |
| Procedimiento | Recurso de Apelación |
| Número de Resolución | 520/2017 |
| Fecha de Resolución | 5 de Julio de 2017 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33010280
NIG: 28.079.00.3-2013/0012145
Recurso de Apelación 933/2016
RECURSO DE APELACIÓN 933/2016
SENTENCIA NÚMERO 520/17
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
----- Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
Dª. Natalia de la Iglesia Vicente
------------------- En la Villa de Madrid, a cinco de julio de dos mil diecisiete.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos de recurso de apelación número 933/2016, interpuesto por D. Roque y DÑA. María Inés, representados por la Procurador Sra. Cendoya Argüello, contra la Sentencia dictada el 29 de julio de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 26 de los de Madrid, recaído en el Procedimiento Ordinario núm. 232/2013. Ha sido parte apelada el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado por el Letrado Consistorial.
Notificada la Sentencia que ha quedado descrita en el encabezamiento de la presente resolución, se interpuso recurso de apelación por la representación procesal del recurrente, en el plazo de los quince días siguientes, que fue admitido en ambos efectos por providencia en la que también se acordó dar traslado del mismo a las demás partes para que, en el plazo común de quince días, pudieran formalizar su oposición elevándose los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, a la Sala de lo Contencioso-administrativo.
Recibidas las actuaciones se acordó dar a los autos el trámite previsto en los artículos 81 y siguientes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; y no habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista o la presentación de conclusiones, se señaló para la deliberación y fallo del presente recurso de apelación el día 29 de junio de 2017, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente la Ilmo. Sra. Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera.
El presente recurso de apelación tiene por objeto la Sentencia dictada el 29 de julio de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 26 de los de Madrid, recaído en el Procedimiento Ordinario núm. 232/2013, por el que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el aquí apelante contra la resolución dictada por el Coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 30 de enero de 2.013, desestimatoria del recurso de reposición deducido frente a la resolución del Director General de Control de la Edificación de 24 de octubre de 2.012, mediante la que se acuerda iniciar en ejecución sustitutoria la demolición de la construcción realizada en la finca sita en la Cañada Real Galiana, 66.
El apelante se muestra disconforme con la citada Sentencia aduciendo dos motivos de impugnación: 1º:- Falta de motivación de la sentencia al no estimar las alegaciones referentes a los actos administrativos realizados por el Ayuntamiento de Madrid, en concreto los referidos a la orden de demolición, que a su juicio, puede ser examinada en el seno de este litigio por estar en juego derechos e intereses superiores como el derecho fundamental a una vivienda ( arts. 39.1 y 18.2 CE ), así como la propia actuación municipal que en comunicado de 30 de enero de 2013 paraliza expresamente las órdenes de demolición de los asentamientos de la Cañada y el Acuerdo Marco Social firmado por el Ayuntamiento reconociendo los derechos sociales de sus habitantes. Y 2º.- Vulneración de las normas reguladoras de la práctica de la prueba, al haberse denegado indebidamente la prueba testifical solicitada en primera instancia a fin de esclarecer la intención del Ayuntamiento en todo este tipo de asuntos.
El Ayuntamiento de Madrid, por el contrario, se muestra enteramente conforme con la Sentencia de instancia por lo que, con desestimación del recurso de apelación, solicita la confirmación de aquélla.
En relación con la alegación de falta de motivación de la sentencia, hemos de traer a colación la jurisprudencia existente en este materia, contenida entre otras muchas en la reciente STS de 11 de mayo de 2017 (rec. 1501/2016 ) en el siguiente sentido:
"Nuestra doctrina sobre la motivación de las sentencias es suficientemente conocida, por cuanto la misma es exigida "siempre" por el artículo 120.3 CE . El Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto ( STC 57/2003, de 24 de marzo ) que "la obligación de motivar las Sentencias, que el artículo 120.3 CE impone a los órganos judiciales, se integra como una de las garantías protegidas en el derecho a la tutela judicial efectiva ( artículo 24.1 CE ), entendida como el derecho a obtener una resolución razonablemente fundada en Derecho, que entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho ( artículo 1 CE ) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional reviste la Ley ( artículo 117.1 y 3 CE ; SSTC 55/1987, de 13 de mayo, F. 1 ; 24/1990, de 15 de febrero, F. 4 ; 22/1994, de 27 de enero, F. 2). Esta garantía tiene como finalidad última la interdicción de la arbitrariedad, ya que mediante ella se introduce un factor de racionalidad en el ejercicio del poder que, paralelamente, potencia el valor de la seguridad jurídica y constituye un instrumento que tiende a garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el que compete a este Tribunal a través del recurso de amparo (SSTC 55/1987, de 13 de mayo, F. 1 ; 22/1994, de 27 de enero, F. 2 ; 184/1995, de 12 de diciembre, F. 2 ; 47/1998, de 2 de marzo, F. 5 ; 139/2000, de 29 de mayo, F. 4 ; 221/2001, de 31 de octubre F. 6). De esta garantía deriva, en primer lugar, que la resolución ha de exteriorizar los elementos y razones de juicio que fundamentan la decisión ( SSTC 122/1991, de 3 de junio
, F. 2 ; 5/1995, de 10 de enero, F. 3 ; 58/1997, de 18 de marzo, F. 2), y, en segundo lugar, que el fundamento
de la decisión ha de constituir la aplicación no arbitraria, ni manifiestamente irrazonable, ni fruto de un error patente, de la legalidad (entre muchas SSTC 23/1987, de 23 de febrero, F. 3 ; 112/1996, de 24 de junio, F. 2 ; 119/1998, de 4 de junio, F. 2 ; 25/2000, de 31 de enero, F. 3). A ello ha de añadirse que, cuando están en juego otros derechos fundamentales, el canon de examen de la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva aparece reforzado (por todas SSTC 25/2000, de 31 de enero [RTC 20005 ], F. 3 ; 64/2001, de 17 de marzo, F. 3). ... Como
tiene señalado este Tribunal, la exigencia de motivación, proclamada por el artículo 120.3 CE, constituye una garantía esencial del justiciable mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del Ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad ( SSTC 116/1986, de 8 de octubre, F. 5 ; 109/1992, de 14 de septiembre, F. 3 ; 139/2000, de 29 de mayo, F. 4 ; 6/2002, de 14 de enero, F.
3). La carencia de fundamentación constituye un defecto capaz de generar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva si, en atención a las circunstancias concurrentes, la falta de razonamiento de la resolución no puede interpretarse como una desestimación tácita que satisfaga las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva ( SSTC 175/1990, de 12 de noviembre, F. 2 ; 83/1998, de 20 de abril, F. 3 ; 74/1999, de 26 de abril, F. 2 ; 67/2000, de 13 de marzo, F. 3 ; y 53/2001, de 26 de febrero, F. 3). En definitiva hemos exigido "que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución pueda deducirse razonablemente, no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita" ( SSTC 26/1997, de 11 de febrero, F. 4 ; 104/2002, de 6 de mayo, F. 3 ; 236/2002, de 9 de diciembre, F. 5)".
Por su parte en la STC 6/2002 de 14 de enero se señala que "la obligación de motivar las Sentencias no es sólo una obligación impuesta a los órganos judiciales por el artículo 120.3 CE, sino también, y principalmente, un derecho de los intervinientes en el proceso que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24.1 CE, que únicamente se satisface si la resolución judicial, de modo explícito o implícito, contiene los elementos de juicio suficientes para que el destinatario y, eventualmente, los órganos encargados de revisar sus decisiones puedan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. Es por lo tanto ---y sobre todo-- una garantía esencial para el justiciable mediante la cual es posible...
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