STSJ Cataluña 384/2017, 1 de Junio de 2017
| Ponente | MARIA LUISA PEREZ BORRAT |
| ECLI | ES:TSJCAT:2017:7686 |
| Número de Recurso | 196/2016 |
| Procedimiento | Recurso ordinario (Ley 1998) |
| Número de Resolución | 384/2017 |
| Fecha de Resolución | 1 de Junio de 2017 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Recurso nº 196/2016
Parte actora: Carmela
Parte demandada: DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT Parte codemandada:SEGURCAIXA ADESLAS, SA
SENTENCIA nº 384/2017
Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE
D. EDUARDO BARRACHINA JUAN
MAGISTRADOS
DÑA. MARÍA LUISA PÉREZ BORRAT
D. JOAQUÍN BORRELL MESTRE
En Barcelona, a uno de junio de dos mil diecisiete.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION CUARTA), constituida como figura al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M. EL REY la siguiente sentencia para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, interpuesto por DÑA. Carmela, representada por el Procurador de los Tribunales D. Francisco Javier Manjarín Albert, y asistido por el Letrado D. Carlos Thomas Vall-Llosera, contra la Administración demandada DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT, actuando en nombre y representación de la misma el JAVIER SEGURA ZARIQUIEY.
Es parte codemandada SEGURCAIXA ADESLAS, SA, representada por el Procurador D. Javier Segura Zariquiey y asistida por el Letrado D. Rafael Esteva Pelaez.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. MARÍA LUISA PÉREZ BORRAT, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la parte actora, a través de su representación en autos, se interpuso en tiempo y forma legal, recurso contencioso administrativo contra la resolución objeto de recurso dictada por la Administración demandada.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Se acordó recibir el presente pleito a prueba, con el resultado que obra en autos.
Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las partes evacuaron.
Se señaló para votación y fallo de este recurso para el día31 de mayo de 2017, habiéndose observado y cumplido en este procedimiento las prescripciones legales correspondientes.
Se impugna en este proceso la Resolución de 16 de febrero de 2016 dictada por la Consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que inadmitió la reclamación patrimonial formulada por la demandante por responsabilidad de acto legislador.
La imputación se sustenta en que la Administración pública dejó sin efecto la prolongación en el servicio activo y declaró la posterior declaración de jubilación del funcionario de carrera demandante, en aplicación de la DT 9ª de la Ley 5/2012 . La jubilación fue confirmada por Sentencia de esta misma Sección (recurso 452/2013 ).
Ejercita la acción, al amparo del art. 139 de la LJCA . Entiende que se ha producido una lesión patrimonial en sus derechos que es consecuencia del funcionamiento normal de la Administración, en base a diversos actos administrativos en aplicación de una Ley y un Acuerdo de Gobierno que le ha causado: i) una disminución de los ingresos hasta cumplir los 70 años; ii) desconocimiento de sus derechos adquiridos y expectativas de no poder continuar en su carrera profesional y iii) pérdida de las expectativas vitales que tenía.
Sostiene que estamos ante un supuesto de funcionamiento normal de la Administración de la Generalitat de Cataluña, que implica una lesión indemnizable.
El daño efectivo se concreta en la pérdida de las remuneraciones que hubiera percibido de haber proseguido su carrera profesional hasta los 70 años (22 de junio de 2017), cuantificado en la diferencia de lo que ha percibido por la pensión de jubilación y las retribuciones que hubiera percibido de estar en activo. Además, reclama una cantidad mensual por daño moral. Y a esta cantidad habrá de sumarse el interés de demora.
Aduce que la ley reconoce una indemnización a particulares en aplicación de los actos legislativos. También considera que concurre el nexo causal entre la actuación administrativa y el daño causado, así como la antijuridicidad del daño porque tenía una resolución que le autorizaba a prolongar en el servicio activo hasta los 70 años.
Impugna la inadmisión a trámite de la reclamación porque se le ha generado indefensión, ya que no se ha tramitado el expediente, no se le ha dado audiencia, vista, etc. por lo que procede la retroacción del procedimiento al momento en el que pueda presentar pruebas y practicarlas, si procede, así como pueda formular alegaciones, presentar otros documentos y tener un trámite de vista y audiencia.
Se opone a que se pueda inadmitir la reclamación por cosa juzgada porque no se están enjuiciando los actos que dejaron sin efecto la prolongación en el servicio y declararon la jubilación sino el funcionamiento normal de la Administración. Del mismo modo, no se está reproduciendo una reclamación de daños, según resulta de una comparación de la demanda de aquel proceso y la reclamación de responsabilidad patrimonial.
También niega que se pueda declarar la extemporaneidad de la acción de reclamación patrimonial porque el derecho a reclamar prescribe al año de producirse el hecho o acto que motiva la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo, por lo que, dadas las circunstancias concurrentes y la acción que aquí se ejercita, no existe la prescripción apreciada.
Por último, también cuestiona la alegación de la Administración de que no se puede admitir la reclamación porque el daño deriva de una ley, porque existe una previsión normativa para los casos en que el daño sea consecuencia de un acto legislativo si este es la causa del daño objeto de reclamación.
Solicita que se estime la demanda y que se deje sin efecto la Resolución impugnada que inadmitía a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada, por no ser conforme a Derecho.
Además, interesa que se condene a la Administración al abono de una indemnización que cubra el daño producido por razón de la pérdida de remuneraciones que le correspondía percibir mensualmente entre la fecha en que se dejó sin efecto la prolongación del servicio activo y se declaró la jubilación y la fecha en que
se cumplieron los 70 años, junto con los daños morales y lucro cesante producido durante el citado periodo en los términos solicitados, fijándose las bases para determinar la indemnización en ejecución de sentencia en función de las retribuciones que resultan del expediente administrativo, así como a las costas.
La Administración demandada se opone al recurso. Interesa que se confirme la declaración de inadmisibilidad porque los actos fueron dictados en aplicación de la Ley 5/2012, de 20 de marzo.
Admite que la parte recurrente disponía de una resolución de autorización para prolongar el servicio activo hasta los 70 años y, antes de que finalizase el periodo, se dejó sin efecto y se procedió a su jubilación. Entiende que fue a partir de la fecha en que tuvo efectos la jubilación cuando se produjo el detrimento patrimonial por el que se reclama.
Además en aquel recurso previo la actora no solo pretendía que se revisara la legalidad del cese sino también que se la indemnizara por el daño económico que le suponía la rescisión de la prolongación en el servicio y la jubilación. En concreto suplicaba que "Aquesta resolució de rescissió de deixar sense efecte el perllongament a més em representa un dany econòmic determinat i avaluable que serà avaluat en fase de prova i en el seu cas en execució de sentencia.".
No obstante, la jubilación fue confirmada por Sentencia de esta misma Sala y Sección, que no fue impugnada, por lo que la pretensión sobre la petición de responsabilidad patrimonial ya ha sido denegada, lo que le lleva a afirmar que concurre la cosa juzgada y que ha de ser inadmitida la reclamación.
Argumenta la extemporaneidad de la reclamación porque la fijación inicial del dies a quo del cómputo se inicia en el momento en que la acción de reclamación puede iniciarse (principio de actio nata ) que es el momento en que el reclamante tuvo conocimiento del daño. Cita las SSTS de 28 de febrero de 2007 ; 12 de noviembre de 2007 y STC de 21 de junio de 2007, que resuelven que la prescripción de la acción comienza en el momento en que ésta puede ejercitarse. Esta coyuntura solo se perfecciona cuando concurren los dos elementos del concepto de lesión, es decir, el daño y la comprobación de su ilegitimidad, o en palabras de la STS de 26 de febrero de 2013, el momento en que el reclamante tuvo conocimiento del daño.
Aplicando esta doctrina y tomando como fecha inicial la de la jubilación, coincide con la resolución impugnada en que la acción está prescrita porque el alcance del daño se produjo en el momento en que se acordó dejar sin efecto la prolongación y declarar la jubilación. En ese momento dejó de percibir el sueldo y perdió sus supuestas expectativas laborales y personales, por lo que rechaza la tesis de contrario, con cita de la STSJ de Cataluña, de 10 de marzo de 2014, que distingue entre daños permanentes y continuados. Los primeros pueden evaluarse desde el momento en que se produce la lesión y, por lo tanto, el día inicial del cómputo es el siguiente al en que se produjo el daño, en este caso, la jubilación forzosa.
Se opone también a los defectos formales que niega porque estos exigen la previa admisión a trámite.
Además opone la inadmisibilidad parcial del presente recurso, respecto a la cuestión de fondo cuyo examen solicita la actora, porque el Tribunal solo...
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