STS 1239/2017, 12 de Julio de 2017

La sentencia recurrida de fecha 8 de abril de 2015 contiene la parte dispositiva del siguiente tenor literal:

"1º.-ESTIMAR parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto CEDINSA contra el Acuerdo del Jurat d'Expropiació de Catalunya, Secció Barcelona, de 8 de octubre de 2010, por el que se determinó el justiprecio de las fincas NUM000 (en parte), NUM001 , NUM002 , NUM003 y NUM004 del término municipal de Les Masies de Voltregà, y ESTIMAR parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Francisco , D. Guillermo Y D. Ildefonso contra el mismo Acuerdo, determinando un justiprecio total de 2.349.208,32 €, incluido el premio de afección. 2º. - NO EFECTUAR expresa imposición de las costas."

Por Auto de 29 de mayo de 2015 la Sala de instancia acuerda: "Rectificar y aclarar la Sentencia dictada en el presente procedimiento, en el sentido indicado en los fundamentos de la presente resolución."

Notificada la anterior sentencia, la representación procesal de Generalidad de Cataluña y la representación procesal de Cedinsa Ter Concesionaria de la Generalidad de Cataluña presentaron escritos ante la Sala de instancia preparando recursos de casación contra la misma. La Sala tuvo por preparado en tiempo y forma los recursos de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, la representación procesal de la Generalidad de Cataluña, se personó ante esta Sala e interpuso el anunciado recurso de casación, fundamentado en los siguientes motivos:

Primero.- Al amparo de lo que autoriza el artículo 88.1º.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , se denuncia que la sentencia de instancia incurre en incongruencia omisiva, con infracción de los artículos 218.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de los artículos 33 y 67.1º de la antes mencionada Ley Jurisdiccional ; por cuanto se considera que la Sala sentenciadora no examina la cuestión suscitada en la instancia sobre la falta de idoneidad de los precios que sirvieron de comparación para la determinación del justiprecio por el Jurado.

Segundo.- Por la vía casacional que autoriza el párrafo b) del antes mencionado artículo 88.1º, se denuncia que la sentencia de instancia vulnera lo establecido en el artículo 26 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones de 6/1998, de 13 de abril, y de la jurisprudencia que lo interpreta; en cuanto a la aceptación de los antes mencionados precios de comparación para determinar el justiprecio.

Tercero.- Por la misma vía casacional del "error in iudicando" que el anterior, se denuncia que la sentencia recurrida vulnera lo establecido en los artículos 9.3 º y 24 de la Constitución y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por estimar que la Sala sentenciadora ha realizado una valoración arbitraria e ilógica de la prueba, contraria a las reglas de la sana crítica que impone el precepto procesal invocado.

Y termina suplicando a este Tribunal de casación que "...dicte sentencia en su día por la que, con estimación del mismo, se case la Sentencia núm. 244, de 8 de abril de 2015, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el RCA 476/2010 (y acumulado el RCA 44/2011) y se resuelva en los términos que esta parte tiene interesado dejando sin efecto el valor del suelo de 48,63 €/m2 fijado en la sentencia."

La representación procesal de "CEDINSA TER Concesionaria de la Generalidad de Cataluña" presentó escrito desistiendo del recurso de casación interpuesto por ella; por Decreto de 6 de octubre de 2016 se acuerda tener por desistida a la citada parte, debiendo continuar el procedimiento respecto a la también recurrente Generalidad de Cataluña.

Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación interpuesto por la Generalidad de Cataluña por Auto de esta Sala de 10 de marzo de 2016 , se emplazó a la parte recurrida para que en el plazo de treinta días, formalice escrito de oposición, lo que realizó, oponiéndose al recurso de casación y suplicando a la sala que "... dicte sentencia desestimándolos, declarando no haber lugar a los recursos, con imposición de costas a las recurrentes."

Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia el día 4 de julio de 2017, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Objeto del recurso y motivos.-

Se interpone el presente recurso de casación número 2630/2015 por la Generalidad de Cataluña, contra la sentencia número 244/2015, de 8 de abril, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo número 476/2010 , al que fue acumulado el seguido ante la Sala de instancia con el número 44/2011. Los mencionados recursos habían sido interpuesto, respectivamente, por la mencionada Administración autonómica, en su condición de Administración expropiante, y por Don Francisco , Don Guillermo y Don Ildefonso , en su condición de expropiados; en ambos casos impugnando el acuerdo del Jurado de Expropiación de Cataluña, adoptado en sesión de 8 de octubre de 2010 (expediente NUM005 ), por el que se fijaba en la cantidad de 373.870 € el justiprecio de cinco fincas --designadas con los números NUM000 , NUM001 , NUM002 , NUM003 y NUM004 del plano parcelario-- que les habían sido expropiados a los mencionados propietarios por la Consejería del Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de Cataluña, para la ejecución de las obras de desdoblamiento de la C-17, tramo Centellés-Ripoll, siendo beneficiaria de la expropiación "CEDINSA TER. Concesionaria de la Generalidad de Cataluña, S.A" (CEDINSA).

Conforme a lo razonado en el mencionado acuerdo, se consideraba por el órgano autonómico de valoración que la expropiación afectaba a una superficie total de 39.283 m2 de suelo de cultivo regadío y 699 m2 de bosque, así como a la constitución de servidumbre de línea eléctrica soterrada en una superficie de 342 m2, y otra aérea, en 933 m2; además se debería proceder a una ocupación temporal durante la ejecución de las obras en una superficie de 6355 m2 de cultivo regadío y 820 m2 de bosque.

Por la fecha a que debía referirse la valoración, se consideraba que eran aplicables las reglas establecidas en el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y que, conforme a su artículo 23 , debía calcularse el justiprecio por el método de capitalización de rentas, que se fija por el Jurado, para la superficie de cultivo regadío, en la cantidad de 5,47 €/m2, al que se aplica un coeficiente por localización del 25 por 100, de donde resulta un valor de 6,84 €/m2. Para la superficie de bosque, se fija un valor unitario de 1,08 €/m2, que, aplicando el mismo coeficiente de localización, se fija en 1,35 €/m2. Para la valoración de la constitución de las servidumbres se fijaban unos porcentajes de 0,75 y 0,90 del valor del suelo; así como de un 0,10 de dicho valor a la superficie de ocupación temporal. Finalmente se consideraba que debía incluir en el justiprecio sendas indemnizaciones por demérito de la parte de finca matriz no expropiada y por reparación del sistema de riego. Conforme a lo expuesto, incluido el primero de afección, resultaba el ya mencionado justiprecio que se fijaba en el acuerdo del Jurado.

Impugnado el mencionado acuerdo tanto por la Administración expropiante como por los propietarios, se dicta la sentencia de instancia que, como ya se dijo, estima parcialmente los recursos de ambas partes, anula el acuerdo de valoración impugnado y fija el justiprecio, una vez rectificada la cantidad inicial en auto posterior a la sentencia, en 2.185.869,94 €.

A la vista de la decisión de la Sala de instancia se interpone el presente recurso por la Generalidad de Cataluña --el inicial recurso interpuesto por la beneficiaria ha terminado por desistimiento--, que se funda en tres motivos; el primero de ellos por la vía del "error in procedendo" del artículo 88.1º.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , en la redacción aplicable al presente recurso, por el que se denuncia que la sentencia de instancia incurre en vicio de incongruencia omisiva. Los motivos segundo y tercero se acogen a la vía casacional del "error in iudicando" del párrafo d) del precepto procesal citado y por ellos se denuncia, en el primero de los mencionados, infracción del artículo 26 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones de 6/1998, de 13 de abril; y en el tercero y último de los motivos, se reprocha que se han vulnerado los artículos 9.3 º y 24 de la Constitución y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Se termina suplicando a este Tribunal de casación que se estimen los motivos del recurso, se case la sentencia de instancia y se fije el justiprecio conforme a lo interesado en la demanda de la Administración autonómica.

Han comparecido en el recurso los expropiados, que suplican la desestimación del mismo.

Primer motivo. Incongruencia omisiva.-

El primer motivo del recurso, como se ha dicho, denuncia que la sentencia de instancia incurre en vicio de incongruencia omisiva, con infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de los artículos 33 y 67.1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . En la fundamentación del motivo se critica a la Sala de instancia que no examinara la cuestión suscitada en el proceso sobre la falta de idoneidad de los parámetros de comparación utilizados para la determinación del valor de los terrenos, en concreto, de las muestras utilizadas en el informe pericial de parte en que se funda la sentencia para determinar el valor de comparación de los terrenos expropiados; falta de idoneidad que ya fue cuestionada en la instancia por la defensa de la Administración y que no se examina en la sentencia, de donde se concluye que se ha incurrido en el referido vicio procesal, ocasionando indefensión a la Administración recurrente.

Suscitado el debate en la forma expuesta debemos recordar que la incongruencia, en su modalidad omisiva, comporta una discordancia entre las pretensiones accionadas oportunamente por las partes en el proceso y la decisión dictada por los Tribunales, y que conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Sala, siguiendo lo declarado por el Tribunal Constitucional, ese desajuste afecta al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, porque se deja de prestar esa protección cuando algunas de las pretensiones de las partes no son resueltas en las sentencias. En ese sentido se ha declarado por la jurisprudencia de esta Sala --por todas, sentencia de 19 de junio de 2012, dictada en el recurso 3934/2010 , con abundante cita-- que no solo las pretensiones pueden suponer el vicio examinado, también los motivos aducidos por las partes en defensa de sus pretensiones, si tienen sustantividad propia, requieren una debida respuesta de los Tribunales y, por tanto, su omisión comporta el vicio de incongruencia por omisión. Ahora bien, como todo vicio procedimental, lo relevante para que pueda apreciarse la incongruencia es que real y efectivamente se hubiese ocasionado indefensión a las partes, lo cual supone que la exigencia de la congruencia que se impone en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no comporta que necesariamente los Tribunales hayan de dar respuesta a todas y cada una de las cuestiones suscitadas por las partes porque, así como con relación a las concretas pretensiones accionadas en la demanda --también en la contestación, en su caso-- requieren ese pronunciamiento expreso y específico; en relación con los motivos, cuando puedan integrar el contenido de congruencia, puede resultar suficiente una respuesta global o genérica, como se declara en la sentencia de 19 de junio de 2012 (recurso de casación 3934/2010 ), siendo suficiente una decisión y motivación ajustada a la normativa aplicable, porque el principio " iura novit curia " comporta que ni el Tribunal ha de adaptarse exhaustivamente a los razonamientos de las partes ni, por tanto, existe esa obligación de atender de manera minuciosa a lo razonado por ellas, sino que basta con que la decisión adoptada aparezca plenamente ajustada a las normas que se consideran aplicable.

Sentado lo anterior y por lo que respecto al caso de autos, ya vimos como el Jurado había considerado aplicable a la expropiación de autos las normas de valoración del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Pues bien, la Sala de instancia considera --fundamento tercero-- que no resultaba procedente la aplicación de dicho Texto Refundido, sino la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones de 6/1998, de 13 de abril, declarando al respecto: " por la valoración a fecha 2 de octubre de 2006 (que) lleva implícita la aplicación de los criterios valorativos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, y en concreto, el método de comparación a partir del valor de fincas análogas previsto en el artículo 26 de la norma."

Teniendo en cuenta esa premisa, el método que se considera aplicable no es el de capitalización que imponía el precepto erróneamente aplicado en el acuerdo impugnado, sino el de comparación establecido en el precepto mencionado, que imponía como primer método de valoración del suelo no urbanizable, el de comparación y, subsidiariamente, por inexistencia de valores comparables, el de capitalización. Y con ese antecedente se razona en la sentencia --en el mismo fundamento antes citado-- que " Tal método es empleado en la hoja de aprecio de la expropiada llegando a un valor unitario de 48,63 €/m2 tras examinar 7 muestras de transacciones reales en la zona y actualizarlas posteriormente al año 2007 según índice de evolución de precios publicado por el Departament de Agricultura y Acció Rural que es el que adoptaremos, toda vez que si bien la pericial judicial practicada calcula el valor de las fincas por el método de comparación, sus conclusiones no pueden ser atendidas por cuanto refiere la misma a fecha 2009 y no 2006 como ya hemos dicho."

Es decir, la Sala de instancia no deja sin examinar los parámetros de comparación para calcular el valor del comparación, sino que razona el por qué rechaza la propuesta del perito judicial y acoge los aportado por los expropiados. Y esa conclusión se podrá o no combatir desde el punto de vista de valoración de la prueba, que no es admisible en esta vía casacional a que se acoge el motivo que examinamos, pero ha de estimarse suficiente a los efectos formales en que ahora se suscita el debate. Es decir, no se puede reprochar la omisión que se hace en el motivo, habida cuenta de que la incongruencia ha de examinarse, con todo rigor, respecto de las pretensiones, que en el caso de autos es que el justiprecio se fijase en la cantidad pretendida por la Administración; porque en relación a los argumentos, que es de lo que se trata en el caso de autos, en que se pretende ese menor justiprecio por una partida del mismo, no requiere un examen exhaustivo, sino que es suficiente con una respuesta genérica que, en el caso de autos, está suficientemente expuesta, al afirmar el Tribunal de instancia que considera procedente la valoración que resulta de la hoja de aprecio de los expropiados.

Buena prueba de lo razonado es que no se ha ocasionado indefensión alguna a la Administración expropiante para conocer las razones en la fijación del justiprecio que se establece en el fallo y ha tenido oportunidad de combatirla, sin merma alguna de los derechos de defensa, que está en el fundamento de esos motivos casacionales del párrafo c) del artículo 88.1º de la Ley Jurisdiccional .

Procede desestimar el motivo primero del recurso.

Motivos segundo y tercero. Determinación del justiprecio pro el método de comparación. Valoración de la prueba.-

El motivo segundo del recurso, por la vía del "error in iudicando", denuncia que la sentencia de instancia vulnera lo establecido en el artículo 26 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones de 6/1998, de 13 de abril, que, al establecer la regla de valoración del suelo no urbanizable, determinaba que se realizaría por el método de comparación " a partir de valores de fincas análogas." Añadía el precepto que "a estos efectos, la identidad de razón que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso, los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles." Pues bien, lo que se suscita en la fundamentación del motivo es, en síntesis, que conforme a lo concluido por la Sala de instancia para determinar la valoración de los terrenos, no queda acreditado que exista la analogía en los testigos tomados de referencia del informe de valoración en que se fundaba la hoja de aprecio de los expropiados, por no tratarse de fincas similares.

Suscitado el debate en la forma expuesta, más que vulneración del mencionado precepto de valoración, lo que se está cuestionando en realidad es la valoración que hace la Sala de instancia de la prueba practicada en autos, porque es indudable que la sentencia aplica el mencionado precepto, porque considera que es el que debía aplicarse para la determinación del valor de los terrenos. Así pues, deben examinarse conjuntamente ambos motivos porque en el tercero se cuestiona precisamente la valoración que de la prueba se hace por el Tribunal de instancia, que se considera arbitraria e ilógica, precisamente por haber acogido una valoración que no comporta la identidad de condiciones de las fincas cuyos precios se ha tomado de referencia.

Debiendo examinarse conjuntamente ambos motivos, en realidad el tercero, debemos comenzar por señalar que, en relación con la valoración de la prueba, la jurisprudencia inconcusa de este Tribunal Supremo viene declarando que las cuestiones sobre valoración de la prueba quedan al margen del recurso de casación y nunca ha sido la errónea valoración de la prueba un motivo del recurso en nuestro proceso. Bien es verdad que a instancias de la doctrina del Tribunal Constitucional, esa misma jurisprudencia ha venido declarando que cuando sea apreciable una valoración arbitraria, ilógica o que conduzca a conclusiones inverosímiles, lo que se estaría vulnerando no serían propiamente las normas sobre valoración, sino el mismo derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su faceta de derecho a la prueba; siendo admisible el recurso de casación en tales supuestos extremos de defectuosa valoración, en el bien entendido de que es la parte que los invoca la que tiene la carga de justificar dicha valoración, sin que pueda servir a esos efectos una mera discrepancia en la apreciación de la prueba, basada en un subjetivismo que debe excluirse en la realizada por el Tribunal.

Por lo que se refiere al caso de autos, ya vimos como la sentencia de instancia acoge la propuesta contenida en la hoja de aprecio de los expropiados, en la que se propone un valor de referencia de 48,63 €/m2, que es la conclusión de siete muestras que se toman como criterio de analogía en el informe de valoración en que se funda la mencionada hoja. Y para la aceptación del valor que se propone en el informe técnico, que no prueba pericial, en que se funda la hoja de aprecio de los expropiados, añade la Sala de instancia, como ya vimos en la transcripción hecha anteriormente, que se rechaza la propuesta que se hace por el perito de designación judicial, porque, aunque también acude al sistema de comparación, que era el procedente conforme al precepto aplicable, refiere los valores a los años 2009, en vez del año 2006, que es la fecha a que debía referirse la valoración.

Es cierto que en relación a la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica y la valoración conjunta de los elementos probatorios permiten al Juzgador concluir los hechos que se cuestionan en el proceso; pero en esa labor, deberá convenirse que cuando existe una diferencia de valoración tan abultada entre la propuesta realizada por perito de designación judicial y un informe emitido a instancia de parte y para justificar la hoja de aprecio, si bien no excluye la posibilidad de primar a esta última sobre aquella, en principio más objetiva e imparcial --porque ninguna imparcialidad, más bien lo contrario, es exigible a quien emite aquel informe de parte--, requiere una especial valoración y justificación de esa primacía, que en el caso de autos este Tribunal no puede compartir.

En efecto, ya de entrada, en relación con la prueba pericial, no es cierto, como en la sentencia se razona, que el técnico que la evacua calcule el justiprecio por el método de comparación de fincas análogas, porque en los folios 10 y 11 del informe --también en las aclaraciones del técnico-- se concluye que, si bien se hace referencia a la Ley de Valoraciones de 1998, el valor de los terrenos se calcula por el método de capitalización, excluyendo el de comparación. De ahí que no se haga referencia a concreta anualidad de dichos precios de comparación. Es decir, es manifiesta la improcedencia de acoger la propuesta del perito, como concluyó la Sala de instancia, aunque es de apreciar ese erróneo método.

Ahora bien, la fundamentación de la propia Sala de instancia para rechazar la propuesta del perito, deja sin fundamento el acogimiento de la propuesta que se hace en el informe de valoración que figura en la hoja de aprecio, porque si el reproche al perito es haber tomado valores no referidos al año a que debía referirse la valoración --año 2006-- sino de tres anualidades posterior --2009--; es lo cierto que aquel informe de valoración, parte del método correcto, el de comparación, pero si nos atenemos a lo que se refleja en el cuadro que obra al folio 5 del mismo, hemos de concluir que también los valores tomados en consideración están desfasados, porque ya empieza el técnico que suscribe el informe a tomar en consideración " los datos registrales de las fincas vendidas en los últimos siete años " --el informe está datado en 2009--, apreciándose valores de transacciones de 2005 (1), 2004 (1), 2003 (2), 2000 (2) e incluso una de 1994.

De lo expuesto ha de concluirse que no solo no se justifica por la Sala de instancia considerar que los valores acogidos en el informe de la hoja de aprecio son idóneos para determinar el justiprecio, sino que se deja sin explicar las razones por las que se utiliza un promedio de valores tan variados y comprendiendo periodos temporales más amplios que los que se dice había utilizado el perito procesal y comprendiendo anualidades afectadas por la denominada burbuja inmobiliaria. Es decir, ha de concluirse que la valoración que se hace por la Sala de instancia de la prueba obrante en autos es arbitraria porque no se justifican que unas mismas razones sirvan, en principio, para rechazar la propuesta del perito procesal y no se opongan a la propuesta que se hace por el técnico que emite la valoración a instancia de los expropiados.

Por lo expuesto procede estimar el motivo tercero del recurso.

Nueva sentencia. Determinación del justiprecio.-

La estimación del motivo tercero, y necesaria anulación de la sentencia de instancia, comporta que este Tribunal de casación deba dictar otra nueva en sustitución, conforme a los términos en que ha quedado planteado el debate, de conformidad con lo establecido en el artículo 95.1º.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . Y dichos términos es la determinación del justiprecio de los bienes y derechos afectados por la expropiación de autos.

En el trance antes señalado, la primera conclusión a la que hemos de llegar es que, como consideró la Sala de instancia, no cuestionándose que por la fecha a que debe referirse la valoración estaban aún en vigor las normas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, el justiprecio ha de determinarse, en primer lugar, por el método de comparación y solo caso de inexistencia de valores fiables, procedería la aplicación del método de capitalización de rentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la mencionada Ley . Siendo ello así, en cuanto el acuerdo del Jurado aplicaba las normas de valoración establecidas en el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que resultaban improcedentes, hace perder al acuerdo de la presunción "iuris tantum" de legalidad, acierto y veracidad, que reiteradamente viene reconociendo la jurisprudencia de este Tribunal, estando acreditada la prueba en contrario en cuanto a la legalidad, que acarrea el rechazo de las facetas de certeza y acierto de la presunción.

A la vista de lo concluido en el párrafo que precede y en el fundamento anterior, hemos de concluir que este Tribunal no puede considerar procedentes las valoraciones que se proponen ni por el perito procesal ni en el informe técnico de valoración en que se funda la hoja de aprecio de los expropiados, porque en ambos casos no se toman valores de comparación idóneos por no ser coetáneos en cuanto no están referidos a la fecha a que debe referirse la valoración --2006-- sino a anualidades anteriores o posteriores y comprendiendo un periodo temporal de importantes fluctuaciones en los valores de la propiedad por la denominada burbuja inmobiliaria.

A la vista de lo concluido lo procedente será relegar a los trámites de ejecución de sentencia la determinación del justiprecio, acogiendo la potestad de formación progresiva del fallo que se reconoce en el artículo 71.1º.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , debiendo establecerse las bases para dicha determinación.

Conforme a lo señalado, deberá procederse en trámite de ejecución de sentencia a la determinación del justiprecio, conforme a lo establecido en el mencionado artículo 26 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones , a cuyos efectos deberá fijarse el justiprecio, a juicio de perito designado al efecto, por el método de comparación, partiendo de valores fiables de fincas análogas, que a la fecha a que ha de referirse la valoración --2.006--, tengan las condiciones de analogía a que se refiere el mencionado precepto; sin que dicho justiprecio, en virtud del principio de congruencia y la posición de las partes en este proceso, pueda exceder del fijado en la sentencia recurrida ni ser inferior al fijado en la hoja de aprecio de la beneficiaria de la expropiación o Administración expropiante.

Costas procesales.-

La estimación del presente recurso de casación determina, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , que no procede hacer concreta imposición de las costas de este recurso y, estimando en parte las pretensiones originarias, tampoco procede hacer dicha condena en las costas de la instancia.