STS 1246/2017, 13 de Julio de 2017
| Ponente | JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ |
| ECLI | ES:TS:2017:2926 |
| Número de Recurso | 626/2016 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 1246/2017 |
| Fecha de Resolución | 13 de Julio de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En Madrid, a 13 de julio de 2017
Esta Sala ha visto el recurso de casación para unificación de doctrina núm. 626/16 interpuesto por la representación procesal de D. Jose Ignacio , contra la sentencia, de fecha de 29 de septiembre de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso de dicho orden jurisdiccional 943/13. Ha sido parte recurrida el Sr. Abogado del Estado en la representación que le es propia.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Sieira Miguez
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia con fecha 29 de septiembre de 2015 , cuya parte dispositiva dice:«Que desestimamos el presente recurso interpuesto por D. Jose Ignacio . Condenamos al recurrente al pago de las costas.»
Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de Jose Ignacio se preparó recurso de casación para la unificación de doctrina, dándose traslado del mismo a la parte contraria.
Por el Sr. Abogado del Estado se presentó escrito de oposición al recurso de casación para la unificación de doctrina interesando se decrete la inadmisión del recurso o subsidiariamente su desestimación.
Por Diligencia de Ordenación de la Audiencia Nacional se acuerda elevar las actuaciones al Tribunal Supremo.
Recibidas las actuaciones en esta Sala y repartidas a esta Sección se ordenó formar rollo de Sala.
-Por providencia de la Sala , se señaló para votación y fallo el día ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE , en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.
El recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en la Sección Cuarta, Capítulo III, Título IV ( arts. 96 a 99) de la Ley procesal de esta Jurisdicción, como afirmamos, por todas, en sentencias de 17 de julio y 11 de septiembre de 2009 ( recursos de casación nº 286/2008 , 288/2008 , 477/2008 y 526/2008 ), se configura como un recurso excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, que tiene por finalidad corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, pero sólo en cuanto constituyan pronunciamientos contradictorios con los efectuados previamente en otras sentencias específicamente invocadas como de contraste, respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales . Se trata, con este medio de impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de los criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, pero no en cualquier circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la casación -siempre que se den, desde luego, los requisitos de su procedencia-, sino "sólo" cuando la inseguridad derive de las propias contradicciones en que, en presencia de litigantes en la misma situación procesal y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, hubieran incurrido las resoluciones judiciales específicamente enfrentadas. No es, pues, esta modalidad casacional, una forma de eludir la impugnabilidad de sentencias que, aun pudiéndose estimar contrarias a Derecho, no alcancen los límites legalmente establecidos para el acceso al recurso de casación general u ordinario, ni, por ende, una última oportunidad de revisar jurisdiccionalmente sentencias eventualmente no ajustadas al ordenamiento para hacer posible una nueva consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente, un remedio extraordinario arbitrado por el legislador para anular, sí, sentencias ilegales, pero sólo si estuvieran en contradicción con otras de Tribunales homólogos o con otras del Tribunal Supremo específicamente traídas al proceso como opuestas a la que se trate de recurrir" (S.15-7-2003).
Esta configuración legal determina la exigencia de que en el escrito de formalización se razone y relacionen de manera precisa y circunstanciada las identidades que determinan la contradicción alegada y la infracción que se imputa a la sentencia recurrida, contradicción que ha de establecerse sobre la triple identidad de sujetos, fundamentos y pretensiones sin que quepa apreciar esa identidad sobre la base de doctrina sentada en base a supuestos de hecho distintos, entre sujetos diferentes o en aplicación de normas distintas del ordenamiento jurídico, pues si se admitiera la contradicción con esa amplitud al recurso de casación por unificación de doctrina no se distinguiría del recurso de casación ordinario por infracción de la jurisprudencia. No se trata de demostrar el quebrantamiento de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo sino de demostrar la contradicción entre dos resoluciones recaídas en un supuesto idéntico no sólo en los aspectos doctrinales o en la materia considerada sino también en los sujetos que promovieran la pretensión y en los elementos de hecho y de derecho que integren el presupuesto y el fundamento de aquella. Debe pues apreciarse una incompatibilidad lógica entre ambos pronunciamientos sin margen alguno de interpretación de normas diversas, de su aplicación sobre supuestos de hecho distintos o de diferente valoración de la prueba que permita justificar la divergencia de pronunciamiento con independencia de acierto de uno u otro.
Como ya ha dicho esta Sala la contradicción entre las sentencias contrastadas ha de ser antológica, es decir, derivada de dos proposiciones que al propio tiempo no puedan ser verdaderas o correctas jurídicamente hablando y falsas o contrarias a Derecho. Esta situación no presenta analogía alguna con la de sentencias diferentes pese a la identidad de planteamientos normativos o de hecho, en función del resultado probatorio que haya podido apreciarse en unos u otros.
Aplicados al caso que nos ocupa los criterios expuestos en el fundamento anterior, vemos que en el presente recurso no se cumple ninguno de los requisitos antes expuestos. De una parte, el recurrente no razona ni relaciona de manera circunstanciada y precisa las identidades que determinan la contradicción alegada, limitándose a la cita de una sentencia, pero sin efectuar el razonamiento citado para acreditar la identidad de sujetos, fundamentos y pretensiones, planteando el recurso más como si de un recurso de casación por infracción de jurisprudencia se tratara que como un recurso de casación para unificación de doctrina.
El recurrente obvia las diferencias fácticas que existen entre la sentencia recurrida y las invocadas de contraste. La diferencia fundamental en cuanto a circunstancias de hecho, que justifica los diferentes fallos, se encuentra en que en el caso de la sentencia que se recurre se dictó sentencia condenatoria por un periodo de tiempo mayor que el pasado prisión preventiva, acordando la sentencia condenatoria recaída en la causa penal el abono del tiempo transcurrido en prisión provisional, 210 días, en tando que la suma de las penas privativas de libertad impuestas fue de seis y tres meses de prisión por sendos delitos de robo, superior por tanto a los 210 días citados, por el contrario en la sentencia de contraste la pena impuesta en la causa penal fue por un periodo de privación de libertad inferior al periodo en prisión preventiva.
En la sentencia recurrida, al contrario de lo que ocurrió en la de contraste, la Sala, atendida la circunstancia de hecho a que hemos referido estima que no se ha acreditado el concreto daño moral que el recurrente alega y que al tiempo de la interposición del recurso contencioso tampoco acredita daño indemnízable porque el proceso penal no había concluido, razón de decidir que es distinta de la de la sentencia de contraste.
Consecuencia de todo lo anterior es la desestimación al recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia de 29 de septiembre de 2015 que se recurre con expresa condena en costas al recurrente conforme al artículo 139 de la Ley jurisdiccional con el límite de 4.000 € más IVA.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido : No ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de D. Jose Ignacio contra sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional 29 de septiembre de 2015 dictada en recurso num. 943/2013 con expresa condena en costas al recurrente en los términos establecidos en el fundamento tercero.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.
Así se acuerda y firma.
D. Jose Manuel Sieira Miguez D. Rafael Fernandez Valverde D. Juan Carlos Trillo Alonso D. Wenceslao Francisco Olea Godoy Dª Ines Huerta Garicano D. Cesar Tolosa Tribiño D. Mariano de Oro-Pulido y Lopez PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo Sr. Magistrado Ponente de la misma, Don Jose Manuel Sieira Miguez, hallándose celebrando audiencia pública, ante mi la Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
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