SAP Lleida 62/2017, 2 de Febrero de 2017
| Ponente | MARIA DEL CARMEN BERNAT ALVAREZ |
| ECLI | ES:APL:2017:115 |
| Número de Recurso | 84/2016 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 62/2017 |
| Fecha de Resolución | 2 de Febrero de 2017 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Lleida, Sección 2ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL
DE LLEIDA
Sección Segunda
El Canyaret, s/n
Rollo nº. 84/2016
Procedimiento ordinario núm. 182/2015
Juzgado Mercantil 1 Lleida
SENTENCIA nº 62/2017
Ilmos./as. Sres./as.
PRESIDENTE
D. ALBERT MONTELL GARCIA
MAGISTRADAS
DÑA. ANA CRISTINA SAINZ PEREDA
DÑA. MARIA DEL CARMEN BERNAT ALVAREZ
En Lleida, a dos de febrero de dos mil diecisiete
La Sección Segunda de esta Audiencia Provincial, constituída por los señores anotados al margen, ha visto en grado de apelación, las actuaciones de Procedimiento ordinario número 182/2015, del Juzgado de lo Mercantil 1 Lleida, rollo de Sala número 84/2016, en virtud del recurso interpuesto contra la Sentencia de fecha 16 de noviembre de 2015 . Es apelante la parte demandada BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA
, representado por la procuradora ARES JENE ZALDUMBIDE y defendido por el letrado JORGE CAPELL NAVARRO. Es apelada Valentina, representada por la procuradora MONICA ARENAS MOR y defendida por el letrado GERARD GASSET VENEGAS. Es ponente de esta sentencia la Magistrada Doña MARIA DEL CARMEN BERNAT ALVAREZ.
VISTOS,
La transcripción literal de la parte dispositiva de la Sentencia dictada en fecha 16 de noviembre de 2015, es la siguiente:
"FALLO
ESTIMO la demanda presentada por Valentina ; contra BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, y en consecuencia:
-
declaro la nulidad por abusiva de la cláusula 3.3 del contrato de préstamo can garantía hipotecaria suscrito entre las partes a fecha 22/11/2007 mediante escritura pública de novación de préstamo hipotecario con número protocolo 144 otorgada ante el Notario D Sebastian Gutiérrez Gañán por la que establece un límite de las revisiones del tipo interés nominal consistente mínimo del 4% suelo manteniendo en lo demás la vigencia del referido contrato.
-
condeno a Banco Popular Español SA a devolver a la parte actora las cantidades que indebidamente le ha cobrado durante el periodo de vigencia del contrato de préstamo en que se ha aplicado la estipulación impugnada, y que se fijará en ejecución de sentencia, más los intereses correspondientes, con devolución igualmente de las cantidades que la entidad bancaria demandada por dicho concepto le ha satisfecho, tras interposición de la presente demanda.
-
todo ello sin hacer especial condena en costas. [...]"
Contra la anterior sentencia, la representación procesal de BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA interpuso un recurso de apelación que el Juzgado admitió y, seguidos los trámites pertinentes, remitió las actuaciones a esta Audiencia, Sección Segunda.
La Sala decidió formar rollo y designar magistrada ponente a quien se entregaron las actuaciones para que, una vez deliberada, propusiera a la Sala la resolución oportuna. Se señaló el dia 31 de enero de 2017 para la votación y decisión.
En la tramitación de esta segunda instancia se han observado las prescripciones legales esenciales del procedimiento.
La sentencia de primera declara la nulidad de la cláusula 3.3 contenida en el contrato del que se deriva la demanda, con la siguiente redacción: se acuerda y pacta expresamente por ambas partes, que el tipo de interés nominal anual mínimo aplicable en este contrato será del 4%, condenando a la demandada a devolver a la actora las cantidades que indebidamente le ha cobrado durante el periodo de vigencia del contrato de préstamo en que se ha aplicado la estipulación impugnada y que se fijará en ejecución de sentencia, más los intereses correspondientes, con devolución igualmente de las cantidades que la entidad bancaria demandada por dicho concepto le ha satisfecho, tras interposición de la presente demanda, sin hacer especial condena en costas .
Contra dicha resolución se alza la parte demandada, alegando la falta de concurrencia del requisito legal de imposición para que la cláusula suelo pueda ser calificada como condición general de la contratación y en todo caso como abusiva; actos propios de la parte actora confirmatorios del conocimiento, validez y eficacia de la cláusula impugnada; cumplimiento de los requisitos de transparencia de la cláusula suelo objeto de la litis y la imposibilidad de someterla a control de abuso; falta de concurrencia de los requisitos legales para calificar la cláusula suelo como abusiva e irretroactividad de una eventual declaración de nulidad.
La parte apelada se opone al recurso y solicita la íntegra confirmación de la sentencia de primera instancia en todos sus extremos.
Empezando por el primero de los motivos de recurso, relativo a la alegación de que la cláusula suelo ha sido negociada individualmente con la parte actora y que por lo tanto no concurre el requisito legal de imposición para que la cláusula suelo pueda ser calificada como condición general de la contratación y en todo caso como abusiva, añadiendo que concurren actos propios de la parte actora confirmatorios del conocimiento, validez y eficacia de la cláusula impugnada, habrá que recordar cual es la jurisprudencia más actual en materia del control del contenido de las cláusulas predispuestas en los contratos celebrados con consumidores.
Y así nos encontramos con que el TS desde su sentencia de 18 de junio de 2012 ha concretado el control de contenido de las cláusulas predispuestas en los contratos celebrados con consumidores, debiendo resaltar las sentencias del TS de 9 de mayo de 2013, 11 de marzo de 2014, 12 de marzo de 2014, 15 de abril de 2014, 21 de abril de 2014, 26 de mayo de 2014, 8 de septiembre de 2014, 12 de septiembre de 2014, 22 de octubre de 2014, 3 de noviembre de 2014, 2 de diciembre de 2014, 11 de febrero de 2015, 24 de marzo de 2015, de 25 de marzo de 2015 y la mas reciente de 22 de abril de 2015 .
El TS en la sentencia de 15 de abril de 2014, efectúa de forma didáctica un enfoque metodológico para determinar si una cláusula contractual no negociada individualmente con un consumidor puede ser considerada abusiva. En el apartado segundo del fundamentado de derecho segundo de la citada sentencia, el TS nos recuerda que la normativa interna, a partir de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (actualmente artículos 80 y siguientes del TRLGCYU), y la comunitaria, a partir de la Directiva 93/13/CEE, prevén que en los contratos no negociados celebrados con consumidores, habitualmente mediante condiciones generales insertas en contratos predispuestos por el empresario o profesional, sea procedente un control de contenido, concretamente un control de abusividad, con base en criterios de justo equilibrio entre obligaciones y derechos de las partes, conforme a las exigencias de la buena fe, que difiere de los controles previstos en la contratación por negociación, que es el modelo tradicional contemplado en los textos de la codificación.
Continúa el TS exponiendo que actualmente la normativa nacional sobre esta materia constituye el desarrollo en nuestro derecho interno de las disposiciones comunitarias sobre protección de los consumidores, en concreto de la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, cuya interpretación ha realizado el TJUE en sentencias que han determinado un importante cuerpo de doctrina jurisprudencial.
En este apartado el TS resalta la primacía del derecho comunitario en la interpretación de la Directiva 93/13 /CEE, como ya ha tenido ocasión de pronunciarse el TS en varias de sus sentencias y el propio TC en sus sentencias número 145/2012, de 2 de julio de 2012 y 26/2014, de 13 de febrero de 2014 .
En el apartado tercero del fundamento de derecho tercero de la sentencia de 15 de abril de 2014, el TS nos recuerda que lo que en la Directiva comunitaria suponía un sistema de cláusula general y "lista gris", puesto que el anexo al que remite el art. 3.3 contiene «una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas», en nuestro Derecho interno ha sido transpuesto como un sistema de cláusula general y "lista negra", en cuanto que las cláusulas enunciadas en la disposición adicional primera de la Ley (actualmente, arts. 85 á 90 del TRLGCYU) son abusivas "en todo caso". Este mayor rigor en el control de las cláusulas abusivas es conforme a la Directiva, por su carácter de norma de mínimos, como se desprende del Art. 8 de la misma, y ha sido afirmado por la sentencia del TJUE de 3 de junio de 2010 (asunto C-484/08 ).
El control de abusividad de estas cláusulas predispuestas en contratos concertados con consumidores combina la aplicación de una cláusula general (el desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, en perjuicio del consumidor y en contra de las exigencias de la buena fe) con un listado ejemplificativo de cláusulas que han de considerarse en todo caso abusivas.
Como consecuencia de ello en el último inciso del apartado tercero del fundamento de derecho tercero de la sentencia comentada, el TS fija una clave interpretativa que resulta útil para decidir si una cláusula no negociada individualmente, inserta en un contrato concertado con consumidores, puede considerarse o no abusiva. Para ello nos dice que es metodológicamente más eficiente analizar en primer lugar si puede encuadrarse en alguno de los supuestos ejemplificativos que la ley considera abusivos "en todo caso", de modo que en caso afirmativo se declare su abusividad y, consiguientemente, su nulidad de pleno derecho, y solo en caso de no ser así se pasará a valorar su abusividad con base en la cláusula general.
Llegados a este punto, y respecto del control de abusividad en base en la cláusula general, hay que señalar que la sentencia del TS de 9 de mayo de 2013, pese a lo resuelto por el TJUE en su sentencia de 3 de junio de 2010, en su...
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