ATS, 22 de Marzo de 2017
| Ponente | MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA |
| ECLI | ES:TS:2017:3313A |
| Número de Recurso | 2580/2016 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 22 de Marzo de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintidós de Marzo de dos mil diecisiete.
Es Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga Magistrada de Sala
En las presentes actuaciones se planteó demanda de SEGURIDAD SOCIAL por D. Romeo contra MUTUA DE TERRASSA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL, de la que conoció el Juzgado de lo Social número 2 de Tarragona, dando origen a los autos 613/2013.
El 24 de septiembre de 2015 el citado Juzgado dictó sentencia , en los autos 613/2013, cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que desestimando íntegramente la demanda formulada por D. Romeo contra LA MUTUA DE TERRASSA, debo absolverla de todos los pronunciamientos en su contra".
Recurrida en suplicación por D. Romeo , la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictó sentencia el 26 de abril de 2016, recurso número 634/2016 , cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que debemos estimar en parte, como lo hacemos, el recurso de suplicación interpuesto por Romeo contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de los de Tarragona, de fecha 24 de septiembre de 2015 , recaída en autos 613/2013, seguidos a instancia del recurrente contra MUTUA DE TERRASSA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA ÚNICA, y en consecuencia condenamos a MUTUA DE TERRASSA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA ÚNICA a abonar a Romeo la cantidad de 15.020 € en concepto de indemnización por el período de incapacidad temporal iniciado el 13 de julio de 2010, incrementado en el 20% de interés anual desde la fecha de 12 de noviembre de 2010 hasta su total pago".
Frente a dicha sentencia se ha interpuesto por LA MUTUA DE TERRASSA MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA recurso de casación para la unificación de doctrina en fecha 27 de junio de 2016..
Hallándose en tramitación el indicado recurso se presentó en fecha 3 de enero de 2017, en esta Sala del Tribunal Supremo, escrito suscrito por la Procuradora Doña Gema Sanz de la Torre Villalta, en nombre y representación de LA MUTUA DE TERRASSA MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA y por la Procuradora Doña María Yolanda Ortiz Alfonso en nombre y representación de D. Romeo , mediante el que manifestaban que habían llegado a un acuerdo y solicitaban la homologación del mismo, suscrito en Madrid el 13 de diciembre de 2016..
En el citado acuerdo consta: "MÚTUA DE TERRASSA MPS A PRIMA FIXA, procederá a liquidar los intereses del artículo 20 de la LCS , a razón de aplicar el interés legal del dinero incrementado en un 50% durante los dos primeros años, a contar desde el 20 de agosto de 2010, computando el 20% de interés a partir de los dos años.
De la aplicación de dicho criterio, en concepto de intereses resulta a favor del Sr. Romeo un total de 12.341,83 Euros, que deberán ser abonados al mismo, junto al principal y por medio de mandamiento de devolución, con cargo al importe consignado por MÚTUA DE TERRASSA, MPS en fecha 20 de mayo de 2016.
SEGUNDO.- Que con el presente acuerdo ambas partes dan por liquidadas todas las responsabilidades reclamadas en el presente procedimiento en concepto de principal, intereses y costas, renunciando expresamente al ejercicio de las acciones y derechos que les pudieran corresponder por los hechos indicados, comprometiéndose a no efectuar ninguna otra reclamación sobre los mismos."
En el Suplico del escrito de 3 de enero de 2017 se solicita a esta Sala que se proceda a la expedición de "mandamientos de devolución a favor de las partes por los siguientes importes y conceptos:
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- A favor de D. Romeo , mandamientos de devolución por el principal de 15.050 Euros, e intereses por 12.341,83 Euros;
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- A favor de MÚTUA DE TERRASSA MPS, mandamiento de devolución por el remanente del total consignado en su día, y que suma un total de 4.266,77 Euros."
Por diligencia de ordenación de 12 de agosto de 2015 se acordó citar a las partes a comparecencia ante el Secretario de Sala, a fin de que procedieran a ratificarse en el contenido de dicho acuerdo, señalándose para la misma el 10 de septiembre de 2015 a las 10 horas de su mañana.
Por diligencia de ordenación de 31 de enero de 2017 se acordó citar a las partes a comparecencia ante el Secretario de Sala, a fin de que procedieran a ratificarse en el contenido de dicho acuerdo, señalándose para la misma el 22 de febrero de 2017 a las 12 horas.
Llegado el día y hora señalados comparecieron las partes manifestando que procedían a ratificar, en presencia del Ilmo. Sr. Secretario de Sala el contenido íntegro del acuerdo transaccional, de fecha 3 de enero de 2017, solicitando se proceda a dictar por la Sala el pertinente Auto de homologación.
Se han cumplido los requisitos legales, excepto el relativo a los plazos, por acumulación de asuntos.
Tal y como recuerda el auto de esta Sala de 11 de mayo de 2015, recurso 812/2014: " 1 .- Hasta la entrada en vigor de la LRJS (Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social), en aplicación de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil ( DA 1ª.1 LPL- Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral ), una vez que habían llegado las partes a un acuerdo transaccional sobre la materia que constituía el objeto del proceso, ratificado ante la Secretaría de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, devenía aplicable lo dispuesto a tal efecto por el art. 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ). En el apartado 1 de dicho precepto se dispone expresamente que "los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero"; así mismo, en el apartado 2 de dicho precepto se dispone igualmente que "si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin"; y en el apartado 3 se señala que "los actos a que se refieren los apartados anteriores podrán realizarse, según su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de sentencia".
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- Del precepto procesal civil trascrito se desprendía claramente que las partes pueden disponer válidamente del objeto del proceso en cualquier momento del mismo y en concreto en el momento en que lo hicieron, situado dentro del ámbito de la competencia funcional de esta Sala. La decisión judicial de homologación del acuerdo procederá siempre que no se produzca en supuestos en los que la Ley expresamente lo prohíba o lo limite.
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- En relación con ello, dentro de la normativa laboral de la ahora derogada LPL únicamente existían dos preceptos que aparentemente podrían interferir en el acuerdo de homologación, en concreto: el art. 245 LPL en cuanto disponía expresamente que "se prohíbe la transacción o renuncia de los derechos reconocidos por sentencias favorables al trabajador", y el art. 3.5 Estatuto de los Trabajadores (ET ) en cuanto dispone que "los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario...".
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- Sin embargo, incluso bajo la vigencia de la normativa procesal social ahora derogada, esta Sala interpretó, entre otros, en sus Autos de fechas 11-enero-2001 (rcud 979/2000), 25-octubre-2001 (rcud 3110/2001), 8-noviembre-2006 (rcud 3649/2005), 24-enero-2007 (rcud 3159/2005), 15-marzo-2007 (rcud 2248/2006), 17-julio-2007 (rcud 1933/2006), 18-julio- 2007 (rcud 45/2007), 21-noviembre-2007 (rcud 1871/2006), 14-marzo-2008 (rcud 1200/2007), 20-junio-2008 (rcud 1301/2007), 12-febrero-2009 (rcud 3939/2008) y 20-junio-2013 (rcud 893/2013), contemplando situaciones semejantes a la aquí producida, que no jugaba en este caso la prohibición del art. 245 LPL porque sólo puede entenderse referida a sentencias firmes, ni tampoco estamos ante el supuesto contemplado en el art. 3.5 ET porque el eventual derecho de la parte actora sólo tiene un reconocimiento provisional en el marco de un litigio. Fuera del marco laboral el objeto de la transacción no se halla comprendido dentro de ninguna de las prohibiciones contenidas en el art. 1814 del Código Civil ni tampoco puede desprenderse del mismo que sea fraudulento, a los efectos del art. 6.4 del mismo Código .
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- Por lo que, en definitiva, se entendía que se trababa de una transacción merecedora de su homologación por esta Sala, en los términos en que ha sido aceptada por las partes, dentro de la facultad de disposición que tienen legalmente reconocida y se proclamaba que la homologación de dicha transacción en cuanto modo legítimo de terminación del proceso debía producir sus efectos procesales plenos, lo que significaba que lo acordado sustituía a lo resuelto en las sentencias de instancia y de suplicación, de conformidad con el hecho de que, cual dispone expresamente la regla 3ª del art. 517.2 LEC , el título para la ejecución de lo acordado en estos supuestos lo constituye el Auto de homologación y no lo que pudiera haberse dispuesto en aquellas sentencias anteriores.
SEGUNDO .- 1.- Los anteriores principios fueron asumidos expresamente por la ahora vigente LRJS, disponiendo en su art. 235.4 que "Las partes podrán alcanzar, en cualquier momento durante la tramitación del recurso, convenio transaccional que, de no apreciarse lesión grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho, será homologado por el órgano jurisdiccional que se encuentre tramitando el recurso, mediante auto, poniendo así fin al litigio y asumiendo cada parte las costas causadas a su instancia, con devolución del depósito constituido. El convenio transaccional, una vez homologado, sustituye el contenido de lo resuelto en la sentencia o sentencias anteriormente dictadas en el proceso y la resolución que homologue el mismo constituye título ejecutivo. La impugnación de la transacción judicial así alcanzada se efectuará ante el órgano jurisdiccional que haya acordado la homologación, mediante el ejercicio por las partes de la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad, siguiendo los trámites establecidos para la impugnación de la conciliación judicial, sin que contra la sentencia dictada quepa recurso", que a posibilitado incluso alcanzar un convenio transaccional en ejecución definitiva de sentencia ( art. 246 LRJS ). En este sentido, entre otros, los AATS/IV 17-febrero-2014 (rcud 129/2013 ), 11-junio-2014 (rcud 255/2014 ), 30-junio-2014 (rco 190/2013 ), 23-julio-2014 (rco 61/2014 ) o 22-diciembre-2014 (rcud 427/2014 )."
Por lo expuesto, no apreciándose en el convenio transaccional alcanzado entre las partes lesión grave para alguna de ellas, fraude de ley o abuso de derecho, procede su homologación por esta Sala, como órgano jurisdiccional que se encuentra tramitando el recurso de casación para la unificación de doctrina, mediante el presente auto, poniendo así fin al litigio, sustituyendo este auto el contenido de lo resuelto en las sentencias dictadas en el proceso, constituyendo el citado auto el nuevo título ejecutivo, asumiendo cada parte las costas causadas a su instancia, acordando que se remitan las actuaciones al órgano judicial de procedencia.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Se homologa a todos los efectos el acuerdo transaccional al que llegaron las partes en fecha 3 de enero de 2017, ratificado en fecha 22 de febrero de 2017, siendo los intervinientes por una parte D. Romeo , representado por la Procuradora Doña María Yolanda Ortiz Alfonso y por la otra parte MUTUA DE TERRASSA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL, representada por la Procuradora Doña Gema Sanz de la Torre Villalta figurando el acuerdo transaccional consignado en el escrito presentado el 3 de enero de 2017, que se da por reproducido, como parte integrante de este auto, al que se adjuntará con testimonio. Se pone fin al litigio, sustituyendo este auto el contenido de lo resuelto en la sentencia de instancia (sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Tarragona, autos 613/2013) y en la de suplicación ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 26 de abril de 2016, recurso número 634/2016 ), dictadas en el proceso, constituyendo este auto el nuevo título ejecutivo, asumiendo cada parte las costas causadas a su instancia.
Se acuerda la devolución a la empresa del depósito constituido para recurrir en casación y la remisión de las actuaciones al órgano judicial de procedencia para que, por el que proceda, y con relación a las consignaciones o aseguramientos efectuados para recurrir, se ponga la cantidad acordada en la transacción homologada a disposición del trabajador y el sobrante a disposición de la empresa.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
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Terminación del RCUD
...existían dos preceptos que aparentemente podrían 362 AATS 30 junio 2014, RCUD 190/2013; 22 diciembre 2014, RCUD 427/2014, 22 marzo 2017, RCUD 2580/2016. CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH interferir en el acuerdo de homologación, en concreto: el art. 245 LPL en cuanto disponía expresamente que “......