STS 450/2017, 14 de Marzo de 2017

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido : PRIMERO.- Haber lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de doña María Cristina , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Cuarta, con fecha 25 de junio de 2015 , en el procedimiento 92/13. SEGUNDO.- Casar y dejar sin efecto dicha sentencia y, con estimación parcial del recurso contencioso administrativo, anular el acuerdo del Jurado y posponer para ejecución de sentencia la fijación del justiprecio conforme a lo indicado en el fundamento de derecho tercera de esta resolución. TERCERO.- Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Así se acuerda y firma.

Jose Manuel Sieira Miguez Rafael Fernandez Valverde Juan Carlos Trillo Alonso Ines Huerta Garicano Cesar Tolosa Tribiño Mariano de Oro-Pulido y Lopez

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA EXCMA. SRA. MAGISTRADA Dña. Ines Huerta Garicano A LA SENTENCIA DE 13 DE MARZO DE 2016

Discrepo, respetuosamente, del parecer mayoritario de la Sección en orden al alcance e interpretación del art. 210.4 del Reglamento de Gestión Urbanística , con arreglo al cual, la sentencia firme de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 128/2006, de 3 de febrero (Rº 1811/02 ), ordenaba fijar el justiprecio, y para cuya ejecución se dictó el acuerdo del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Madrid de 29 de noviembre de 2012, que, en aplicación del art. 95.2.d) LJCA , ha de ser enjuiciado, como Sala de instancia, dentro de los términos en los que ha quedado planteado y para ello, a mi juicio, resulta relevante, para una mejor comprensión del pleito, reflejar los siguientes antecedentes documentados en autos:

1) El Proyecto de Expropiación Valdebernardo Norte-Sur P.A.U 4 (para cuya ejecución se adoptó el sistema de expropiación por tasación conjunta) fue aprobado por la Comisión de Urbanismo de Madrid el 27 de marzo de 1990, que declaró la urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados (siendo beneficiario el IVIMA), dentro de cuyo ámbito quedó incluida la finca registral nº NUM000 (9.659 m2), propiedad, a título hereditario, de la vendedora de la hoy recurrente, sin que se siguiera con ella el procedimiento expropiatorio;

2) La precitada sentencia firme (al haberse desestimado el recurso de casación en sentencia de la Sección Sexta de esta Sala de 8 de junio de 2010, casación 4088/06 , que no añadía nada a lo resuelto por la sentencia de instancia) declaraba «... que la actora es la legítima propietaria según el Registro de la Propiedad de la finca NUM000 , que la misma fue incluida en el Proyecto de Delimitación y Expropiación que nos ocupa dentro de la parcela NUM001 + NUM002 + NUM003 y que por ello fue ocupada ilícitamente por la administración y aunque se describa en el acta de ocupación de 10 de junio de 1992 las fincas que constituyen la parcela NUM001 + NUM002 + NUM003 ninguna de ellas es la de la actora ,............ De ahí que la finca de la actora, tal como se ha certificado por la Dirección General de Suelo de la Comunidad de Madrid quedase integrada en la mencionada parcela, sin ser expropiada a la misma.

QUINTO.- Sentado lo anterior es evidente que nos encontramos ante un supuesto evidente de vía de hecho que el art. 125 LEF y la jurisprudencia que lo desarrolla conciben como una desviación de la administración que omite el procedimiento necesario para legitimar una actuación que, como en este caso, constituye la ocupación de un bien privando de él a su titular........

Sentado lo anterior, se plantea por esta Sala la debida congruencia de esta resolución con lo solicitado por la parte actora en su petitum, ya que si se hubiese valorado en el presente recurso la finca ocupada se podría haber establecido, si así lo hubiese solicitado también la parte actora, que ésta tenía derecho a percibir, al ser imposible reponer a la misma en la finca ocupada, un determinado justiprecio por la finca ocupada incrementado en un determinado porcentaje por la ocupación ilegal, al que, en todo caso, se hubiesen añadido los intereses de demora, tal como ha hecho esta Sala en multitud de recursos en idéntica situación.

Nada de eso se solicita y de ahí que solo puede estimarse parcialmente el recurso en el sentido de entender que la finca de la actora fue ocupada ilegalmente, siendo nulo de pleno derecho el procedimiento expropiatorio respecto de ella y dado que no puede ser repuesta en la propiedad y posesión de la finca, al no concretarse por la parte actora en ningún modo en la demanda ni haberse acreditado pericialmente cuales son los daños y perjuicios por los que desea ser indemnizada, debe determinarse respecto de ella el justiprecio en los términos ordinarios, que son los establecidos en el art. 210. 4 del Reglamento de Gestión Urbanística , tal como solicita subsidiariamente en el suplico de la demanda, ya que dicho artículo sí resulta de aplicación en contra de lo que sostiene IGS puesto que la finca objeto del recurso no fue ocupada o expropiada a su legítimo propietario » (el subrayado y la negrita son míos);

3) La Administración expropiante -22 de diciembre de 2011-, consideró como fecha de valoración la que erróneamente identificaba como solicitud de retasación (6 de marzo de 2002), cuya existencia no consta, si bien interpreto (dado el encabezamiento y F.D. Primero de la sentencia a ejecutar), era la fecha en la que la actora solicitó la tramitación del expediente expropiatorio, denegado por resolución del Director General del Suelo de la Comunidad de Madrid de 10 de julio del mismo año 2002, impugnada en el Rº 1811/02, en el que recayó la tan citada sentencia, y, sobre la base de esa inexistente petición de retasación, aplica el art. 27 de la Ley 6/98 (suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados) , vigente en la fecha de esa ,solicitud,, calculando el valor de repercusión por el método residual dinámico, al que aplica un aprovechamiento patrimonializable de 0,272 m2c/m2s, de donde obtiene una valor unitario del suelo 78,58 €/m2 que, multiplicado por la superficie de la finca, da un precio de tasación de 759.031,72, que fue abonado a la propietaria el 19 de julio de 2012 ;

4) La propiedad, en escrito presentado el 2 de abril de 2012, tras aclarar que no solicitaba ninguna retasación y manifestando su disconformidad con la valoración realizada por la expropiante, presentaba valoración contradictoria, sustentada en informe técnico emitido -29 de septiembre de 2011- por ,GEVASA,, en aplicación del art. 24 TRLS de 2008, vigente en la fecha en la que refiere la valoración (2011), obteniendo un valor unitario del suelo de 439,37 €/m2 y justiprecio (incluido premio de afección) de 4.456.263,21 €;

5) El Jurado, por acuerdo de 29 de noviembre de 2012, determinó como justiprecio de la finca la cantidad de 759.031,72 € (cantidad ofrecida -y pagada- por la Administración expropiante, superior a la obtenida por el Jurado). En dicho acuerdo se dice, en lo que aquí pueda interesar, que «De los datos obrantes en el expediente se deduce que el expediente de expropiación se inició, conforme a los arts. 21 y 36 de la Ley de Expropiación Forzosa y artículo 20 del Reglamento de Expropiación Forzosa el día 27/03/1990, fecha correspondiente BOCM Información pública del proyecto de expropia .La fecha de inicio de la Pieza Individualizada de Valoración, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Expropiación Forzosa y el artículo 24 de la Ley 6/1998 ,.....es la de 27/03/1990, que corresponde al aprobación definitiva del proyecto de expropiación ya que se trata de una pieza tramitada por tasación individual » (también el subrayado y la negrita es de quien suscribe este voto), y, tratándose de suelo urbanizable incluido en ámbito delimitado, en aplicación del art. 27 de la Ley 6/98 , calcula el valor de repercusión por el método residual determinado en la normativa catastral. El VM lo establece con referencia al valor de mercado de las VPO (construidas en el referido PAU-4), uso homogeneizado de todo el sector, descontándose el 10% de cesiones obligatorias. Obtiene un valor unitario del suelo de 51,92 €/m2, que, aplicado a la superficie de la finca, da un precio de 501.513,45 €, al que adiciona, ,de conformidad con la Sentencia 128/2006 del TSJM ,, una indemnización equivalente al 25 % de su valor, de donde obtiene un valor total de 651.967,48 €.

El acto impugnado, pues, es un acuerdo del Jurado dictado en ejecución de la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de Madrid de 3 de febrero de 2006 , por la que se declaraba la nulidad del procedimiento expropiatorio, no puede olvidarse , respecto de la aquí recurrente , reconociendo que se había incurrido en ,vía de hecho, en la ocupación de su finca y al no ser susceptible su devolución (en la fecha en la que la actora solicitó la expropiación habían transcurrido 12 años desde la ocupación y 16 en la fecha en la que se dicta la sentencia, estando totalmente ejecutado el PAU), por razones de congruencia, se estimaba parcialmente el recurso, acogiendo la pretensión subsidiaria de la allí actora de que «debe determinarse respecto de ella el justiprecio en los términos ordinarios, que son los establecidos en el art. 210.4 del Reglamento de Gestión Urbanística » .

Y dicho pronunciamiento ha de cohonestarse con la pretensión subsidiaria que acoge (alternativa tercera de la demanda) reflejada en el Fundamento Jurídico Primero de la sentencia, «entender que no fue nulo el procedimiento expropiatorio y que tiene derecho, en base al art. 210.4 del Reglamento de Gestión Urbanística a que se determine el justiprecio en los términos ordinarios».

No estamos, por tanto, ante una indemnización sustitutoria de un expediente de expropiación declarado nulo, ni ante una pieza de justiprecio aislada, sino ante el complemento de un expediente expropiación urbanística, tramitado por el procedimiento de tasación conjunta, perfectamente válido, en el que se ha omitido la pieza de justiprecio individualizada de una finca -nº NUM004 , con una superficie de 9.659,35 m2-, incluida en el ámbito delimitado para la ejecución del PAU 4 , que fue ocupada, como integrante de las fincas que constituían las parcelas NUM001 + NUM002 + NUM003 , en su día expropiadas a I.G.S., si bien -y según la sentencia de la que trae causa este justiprecio- « ninguna de ellas es la de la actora» , y este justiprecio habrá de determinarse en los términos del art. 210.4 del RG.U, del siguiente tenor: «En el supuesto de que una vez finalizado totalmente el expediente aparecieren fincas o derechos anteriormente inscritos no tenidos en cuenta, la Administración expropiante de oficio o a instancia de parte interesada o del propio Registrador, solicitará de éste que practique la cancelación correspondiente. Los titulares de tales fincas o derechos deberán ser compensados por la Administración expropiante, que formulará un expediente complementario con las correspondientes hojas de aprecio, tramitándose según el procedimiento que se haya seguido para el resto de las fincas , sin perjuicio de que tales titulares puedan ejercitar cualquier otro tipo de acción que pudiera corresponderles».

Consiguientemente, esa pieza individualizada de justiprecio debía tramitarse según el procedimiento que se siguió para el resto de las fincas afectadas por el expediente de expropiación, lo que determina que el justiprecio se determine, a mi juicio, con arreglo a los mismos parámetros normativos y fácticos del procedimiento expropiatorio por tasación conjunta, en el seno del cual se expropiaron el resto de las fincas expropiadas para la ejecución del PAU 4.

Y ese procedimiento fue el Proyecto de Expropiación Valdebernardo Norte-Sur PAU 4 que, como sistema de ejecución, fue el adoptado para la ejecución de ese Plan de Actuación Urbanística dirigido a la edificación de viviendas VPO, y, con arreglo al cual la Administración delimita, expropia los terrenos, ejecuta las obras de urbanización y vende los solares resultantes susceptibles de edificación para la realización de fines de utilidad pública o interés social, recuperando de ese modo la inversión realizada, haciendo suyas las plusvalías generadas por el planeamiento ejecutado, sistema de ejecución regulado en los arts. 134 y ss del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y 199 y ss. Reglamento de Gestión Urbanística .

En este caso concreto, se tramitó, como ya se ha dicho, por tasación conjunta, siendo sometido a información pública en el BOCM de 27 de marzo de 1990 y aprobado por la Comisión de Urbanismo de Madrid el 27 de marzo de 1990, que declaró la urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados (BOE de 17 de julio), a efectos del art. 138.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 , entonces vigente.

La fecha a la que ha de deferirse la valoración en las expropiaciones por el procedimiento de tasación conjunta es el de la fecha de exposición al público del proyecto de expropiación ( arts. 24.a) Ley 6/98 y 21.2.b) TRLS 2008): 27 de marzo de 1990 , y con referencia a dicha fecha -y con arreglo a los criterios valorativos establecidos en el Proyecto- fueron valoradas todas las fincas expropiadas para la ejecución del PAU, incluidas en el ámbito de su delimitación. Concretamente las parcelas NUM001 + NUM002 + NUM003 (parte), dentro de las que iba englobada la de la actora -nº NUM004 - se justipreciaron a razón de 1.200 ptas/m2 (7,21 €/m2), y ése debería haber sido el precio conforme al cual -y sobre la base del precitado art. 210.4 del RGU- se debería haber calculado este justiprecio, sin perjuicio de que el justiprecio así fijado -incrementado en un 5% en concepto de premio de afección- y que, s.e.ú.o, alcanzaría la cifra de 73.123,46 €, devengara los correspondientes intereses desde la fecha de la ocupación (1990), con los que se compensan los perjuicios derivados del retraso en la fijación y pago del justiprecio.

Por ello, entiendo, no cabía acoger los argumentos impugnatorios de la actora relativos a que la determinación del justiprecio se debería realizar con arreglo a la normativa vigente - TRLS 2008- en la fecha de inicio de esta pieza individualizada (diciembre de 2011), por considerar -a mi juicio, con olvido de los términos en los que se pronunció la sentencia a ejecutar - que dicha pieza, en contra de lo dispuesto en el art. 210.4 RGU, quedaba extramuros del expediente expropiatorio del que trae causa, no compartiendo, consiguientemente, la interpretación que del precepto hace la sentencia mayoritaria al afirmar que la «mención que en el precepto se realiza a la formulación de un expediente complementario y a su tramitación conforme al procedimiento que se haya seguido para el resto de las fincas, no significa que la valoración de los bienes y derechos de titulares no tenidos en cuenta deba realizarse en aplicación de los mismos parámetros considerados precedentemente .

Si se hubiera querido que la fecha de referencia valorativa, con lo que su determinación conlleva, fuera la considerada en el momento de la valoración inicial, se habría recogido expresamente en el precepto, máxime cuando de entenderse así su texto supondría una excepción a la regla general del artículo 36.1 de la Ley de Expropiación Forzosa , que exige que las tasaciones se efectúen con arreglo al valor que tengan los bienes y derechos expropiados al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio ».

Es cierto que el art. 36 LEF dice que la fecha a la que ha de deferirse la valoración es la de inicio del expediente de justiprecio, pero ello es así siempre y cuando no estemos en presencia, como aquí acontece, de un expediente de expropiación por el procedimiento de tasación conjunta, donde la referencia valorativa es la fecha de exposición al público del proyecto de expropiación, en este caso: 27 de marzo de 1990, y, con una expropiación urbanística, como sistema de ejecución, regulada por el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y el RGU, donde su art. 210.4 ordena formular «un expediente complementario con las correspondientes hojas de aprecio, tramitándose según el procedimiento que se haya seguido para el resto de las fincas » .

Tampoco, a mi juicio, es argumento bastante para obviar los términos literales y sistemáticos del art. 210.4 del RGU, la referencia a que la nueva pieza «no tendría otro alcance que el posibilitar discrepar de la forma en que se llevó a efecto la valoración anterior pero no disentir de los parámetros utilizados, y ello ni se adecua a la también exigencia del precepto de que en el expediente complementario se formulen las correspondientes hojas de aprecio ni a la relativa al seguimiento del mismo procedimiento», pues el alcance de esa nueva pieza de justiprecio sería el mismo que el de las piezas de justiprecio individuales de aquellos propietarios que, habiendo sido expropiados formal y materialmente en 1990, discreparon de los criterios valorativos de la tasación conjunta efectuada por la Administración.

Además, el art. 210.4 RGU, no desconoce los eventuales perjuicios que puedan originarse con el justiprecio fijado posteriormente, en los términos que en él se establecen, al disponer expresamente « sin perjuicio de que tales titulares puedan ejercitar cualquier otro tipo de acción que pudiera corresponderles».

Se alude en la sentencia a la imposibilidad de aplicar los parámetros valorativos iniciales en razón de su caducidad ( art. 70 LEF ).

En primer lugar, entiendo que la singularidad del supuesto de hecho (donde la propietaria de una finca de más de 9.000 m2 tardó doce años en denunciar su ocupación por ,vía de hecho,) no puede erigirse en criterio interpretativo del precepto, dados los términos literales del mismo y su encuadre normativo.

En segundo lugar, cuando la recurrente formuló esa pretensión alternativa, acogida por la sentencia a ejecutar , ese plazo había transcurrido con creces y en ningún momento fue planteado tal extremo, como tampoco lo ha sido -por nadie- en la instancia ni en casación, ni, desde luego, en sede administrativa.

Si lo que se solicitaba y reconocía era el derecho a que se justipreciara la finca con referencia valorativa a la fecha de iniciación de la pieza individualizada de justiprecio (pronunciamiento, por otra parte, frecuente en supuestos de ocupación por vía de hecho), no se hubiera hecho referencia al art. 210.4 RGU. Por eso considero que la decisión de la Sala sería impecable, si la Sala de instancia no hubiera remitido a dicho precepto la determinación del justiprecio.

Aquí no se trata de enjuiciar, ni de ,enmendar, el pronunciamiento firme de la sentencia a ejecutar (la sentencia y el precepto dicen lo que dicen), sino de determinar si el acuerdo del Jurado impugnado se ajusta a lo en ella reconocido, y, siguiendo el criterio interpretativo que defiendo, es claro que ni la Administración expropiante, ni el Jurado han fijado el justiprecio en sus propios términos.

La Administración, ignorando la sentencia (que ni siquiera cita) interpreta que se trata de un justiprecio de retasación, error determinante de la fecha que tomó en consideración para la valoración (que fue la de esa supuesta solicitud de 6 de marzo de 2002, a la que se alude en el apartado 3) de los antecedentes que más arriba he reflejado), que condicionaba la normativa de aplicación ( art. 27 de la Ley 6/98 en dicha fecha vigente).

El Jurado, si bien es consciente de que el justiprecio a determinar trae causa de la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de Madrid de 3 de febrero de 2006 , sin embargo la interpreta erróneamente ya que parece entender que lo que se trataba de fijar era una indemnización por vía de hecho cuyo parámetro de cuantificación era la determinación del justiprecio de la finca, incrementado en un 25% (precisamente lo que había excluido la sentencia, entre otras razones, porque no había sido solicitado), y digo esto porque a la hora de fijar ese ,justiprecio, no aplica el 5% de afección y reconoce esa indemnización del 25%. Aplica también la Ley 6/98, sin especificar la fecha a la que defiere la valoración (aludiendo al art. 24 Ley 6/98 y 36 LEF ), pero no desconoce que el procedimiento expropiatorio se inició «el día 27/03/1990, fecha correspondiente BOCM Información pública del proyecto de expropia.La fecha de inicio de la Pieza Individualizada de Valoración, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Expropiación Forzosa y el artículo 24 de la Ley 6/1998 ,.....es la de 27/03/1990, que corresponde al aprobación definitiva del proyecto de expropiación ya que se trata de una pieza tramitada por tasación individual» (afirmaciones absolutamente contradictorias), obteniendo una cantidad total de 651.967,48 €, inferior a la calculada y abonada por la Administración de 759.031,72 €, que es la que acoge como justiprecio en razón de que la valoración de la expropiante constituye el límite mínimo infranqueable.

Ahora bien ese error de la Administración al identificar (retasación) la pieza que iniciaba -invocado por la actora como vicio de nulidad de pleno derecho del procedimiento en el que se dictó el acuerdo del Jurado-, lejos de perjudicarla le benefició en la medida que, con arreglo a la normativa vigente en 2002 (Ley 6/98), que fue a fecha que tomó en consideración para la valoración, la Administración justipreció la finca en 759.031,72 € (precio -abonado el 19 de julio de 20120- indudablemente superior al que se hubiera obtenido aplicando el art. 210.4 RGU en sus propios términos, incluso con los valores de la tasación conjunta actualizados a dicha fecha), deviniendo ya inamovible, al constituir su límite mínimo en virtud del principio de prohibición de ,reformatio in peius,, sin que, salvo en tan esencial extremo (fecha a la que ha de deferirse la valoración), difiera, en sus trámites, un justiprecio de retasación de un justiprecio ordinario. Luego ese error no ha generado indefensión ni perjuicio de clase alguna, siendo beneficioso a los intereses de la recurrente.

Consecuencia de todo cuanto he expuesto, es que debería haberse mantenido el acuerdo del Jurado impugnado de 5 de diciembre de 2012, única y exclusivamente en la medida que acogía la cantidad fijada por la Administración como justiprecio, límite mínimo infranqueable, incrementada -como así reconoció el Jurado en aplicación de los arts. 52 , 56 y 57 LEF - con los intereses legales devengados desde la fecha de ocupación hasta su pago, el 19 de julio de 2012, lo que comportaba la desestimación del P.O. 92/13 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Madrid.

Ines Huerta Garicano

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Juan Carlos Trillo Alonso , estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrado/a de la Administración de Justicia, certifico.