SAP Granada 235/2016, 24 de Junio de 2016
| Ponente | ANTONIO MASCARO LAZCANO |
| ECLI | ES:APGR:2016:953 |
| Número de Recurso | 34/2016 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 235/2016 |
| Fecha de Resolución | 24 de Junio de 2016 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Granada, Sección 5ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA
SECCIÓN QUINTA
ROLLO Nº 34/16 - AUTOS Nº 1432/12
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 18
ASUNTO: JUICIO ORDINARIO
PONENTE SR. ANTONIO MASCARÓ LAZCANO
S E N T E N C I A N Ú M. 235/16
ILTMOS. SRES.
PRESIDENTE
D. ANTONIO MASCARÓ LAZCANO
MAGISTRADOS
D. RAMON RUIZ JIMENEZ
D. JOSE MANUEL GARCIA SANCHEZ
En la Ciudad de Granada, a veinticuatro de Junio de dos mil dieciséis.
La Sección Quinta de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 34/16- los autos de JUICIO ORDINARIO nº 1432/12 del Juzgado de Primera Instancia nº 18, seguidos en virtud de demanda de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 contra DON Mario, DON Serafin, DON Jesús Luis Y DON FAUSTINO JIMENEZ ASESORES S.L.
Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha tres de septiembre de dos mil quince, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que ESTIMANDO íntegramente la demanda formulada por el Procurador Doña Irene Ollero Robles en nombre y representación de la Comunidad de propietarios DIRECCION000 frente a la contra la entidad mercantil limitada Faustino Jiménez Asesores, Don Mario .Don Serafin y Don Jesús Luis . Se Declara la responsabilidad solidaria de todos los demandados por los defectos/vicios constructivos producidos en la Comunidad actora descritos y contenidos en la demanda, CONDENANDO solidariamente a los mismos indemnizar a la actora en la suma principal de 1.050.669,66 euros, más los intereses legales reseñados.
Con expreso pago de costas procesales causadas a la actora con igual carácter solidario los demandados" .
Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandados, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a este Tribunal se siguió el trámite prescrito y se señaló día para la votación y fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones. TERCERO .- Que, por este Tribunal, se han observado las formalidades legales en ésta alzada.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. ANTONIO MASCARÓ LAZCANO.
Tal y como lo hace el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 28 de septiembre de 1998, conviene recordar que la motivación de las resoluciones judiciales se configura como exigencia constitucional que se integra en el contenido del derecho que el artículo 24.1 CE reconoce y garantiza ( SSTC 177/1994, 145/1995, 115/1996, 26/1997 y 115/1998, por citar sólo las más recientes). Y si hemos apreciado la legitimidad constitucional de una fundamentación concisa, incluso meramente estereotipada, siempre lo ha sido por contener los criterios jurídicos que fundamentaban la resolución judicial, aún por remisión a la Sentencia de instancia que enjuiciaba un Tribunal Superior (SSTC 14/1991, 28/1994 y 66/1996, entre otras, en cuanto a la exigencia de que se exprese la ratio decidendi; SSTC 184/1988, 125/1989, 169/1996, 39/1997 y 116/1998, sobre validez de una respuesta estereotipada; SSTC 147/1987, 146/1990, 27/1992, 115/1996, 231/1997 y 36/1998, sobre motivación por remisión a la Sentencia de instancia). Cuando el Tribunal se limita a asumir en su integridad la sentencia del Juzgado "a quo" sin añadir nuevos fundamentos, efectuando así una motivación por remisión, sobre cuya validez, en abstracto -recuerda la STC 146/1990 -ya se ha pronunciado ese Tribunal en distintas resoluciones, entre otras las que cabe resaltar los AATC 688/1986 y 956/1988, señalando que "una fundamentación por remisión no deja de serlo ni de satisfacer la exigencia contenida en el derecho fundamental que se invoca". La validez del artículo 24.1 CE de la Sentencia de remisión dependerá así de que la cuestión sustancial hubiera sido ya resuelta en la Sentencia de primera instancia fundamentando suficientemente la decisión sobre aquella cuestión. Ello es aplicable a la resolución recurrida. No obstante ello añadiremos lo siguiente. Que, según tiene declarado el Tribunal Supremo, de modo reiterado, tanto el promotor, como el promotor-constructor, y el constructor vendedor, responden en su caso de los defectos constructivos de los inmuebles, al ser, jurisprudencialmente hablando, figuras emparejadas con la del constructor «strictu sensu» (S. 2-12-1989 [RJ 1989\87Q0] ). habiendo consagrado la Sala 1.a del Tribunal Supremo en sus SS. 11, 17 y 28 octubre 1974 ( RJ 1974\3798 . RJ 1974\3896 v RJ 1974\404U 1-4-1977 ( RJ 1977'\1510 l 23-3-1981 ( RJ 1981\1071 l 25-1-1982 ( RJ 1982\307 Y 25-2-1985 ( RJ 1985 Y 773 V 20-6-1985 ( RJ 1985\3625 V 28-3-1985 ( RJ 1985V1220 I 30-10-1986 (RJ 1986\6021 _), 29-6-1987 ( RJ 1987\4828 ) y 19-12-1989 ( RJ 1989\8843 ) que la figura del promotor-vendedor es equiparable a la del contratista, contemplada en el art. 1591 del Código Civil, quedando vinculado en relación con los terceros adquirentes, que precisamente al realizar su adquisición contemplan la garantía que les depara el promotor que se manifiesta como tal, y sin perjuicio, claro está, de las consecuencias que esa responsabilidad pueda originar en el orden interno entre dicho promotor, el constructor, arquitecto, y demás intervinientes en la obra, y a cuyas relaciones es ajeno el adquirente, quien lo que en definitiva ha tenido en consideración para efectuar la adquisición es la garantía de autenticidad de la obra con adaptación a lo que el promotorvendedor ofrecía, o sea, a una construcción correcta en concordancia con su naturaleza y características
(S. 20-6-1985). Cuando no se pueda precisar la participación concreta e individualizada de cada uno de los intervinientes en la obra, procede la responsabilidad solidaria de los mismos ( STS 16-6-1991 [RJ 1991\4464] ). sin perjuicio de las posibles acciones de repetición que puedan entablarse entre los distintos condenados en la vía que proceda ( SS. 12-3-1985 [ RJ 1985V1156], 17-6-1985 ÍRJ 1985\3276 1. 6-6-1986 [ RJ 1986X3294 ], 11-3-1987 ÍRJ 1987X1429 1. 14-7-1988 [ RJ 1988X5691] . 25-10-1988 ÍRJ 1988X7640], 14-7-1989 [ RJ 1989X5617], 22-7-1991 [RJ 1991X5407] y 10-10- 1992 [RJ 1992X7545] ! La jurisprudencia, ha ido perfilando las responsabilidades de los diversos, intervinientes en la construcción, distinguiendo las funciones de los arquitectos superiores, y las de los aparejadores, proyectando la de estos últimos de modo fundamental, aunque no de modo exclusivo, sobre los errores, defectos o vicios de la construcción, y la de los primeros sobre defectos del suelo y el proyecto, pero exigiéndoles actúen con la debida atención, en la dirección y alta vigilancia de la obra que a ellos está atribuida, cuidando de que no se alteren las prescripciones del proyecto ( STS 12-11-1992 [RJ 1992X9583] ) ampliando la jurisprudencia el concepto de ruina, a los vicios o defectos que afectan a los elementos esenciales de la construcción ( SS. 30-9-1983 ÍRJ 1983X4690 1. 27-12- 1983 [RJ 1983X70061 . 16-6-1984 [RJ 1984X3245 ] y 7-6-1986 [ RJ 1986X3297J ). siendo la responsabilidad por...
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ATS, 20 de Febrero de 2019
...contra la sentencia dictada, con fecha 24 de junio de 2016, por la Audiencia Provincial de Granada, sección 5.ª, en el rollo de apelación 34/2016 , dimanante de los autos de juicio ordinario 1432/2012, del Juzgado de Primera Instancia n.º 18 de Mediante diligencia de ordenación se tuvo por ......