SAP Barcelona 247/2016, 29 de Junio de 2016
| Ponente | JOSE MANUEL REGADERA SAENZ |
| ECLI | ES:APB:2016:7773 |
| Número de Recurso | 199/2015 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 247/2016 |
| Fecha de Resolución | 29 de Junio de 2016 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 19ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL
DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMONOVENA
ROLLO Nº 199/2015- D
Procedimiento ordinario Nº 1373/2013
Juzgado Primera Instancia 44 Barcelona
S E N T E N C I A Nº 247/16
Ilmos./as Srs./as Magistrados/as
D. MIGUEL JULIAN COLLADO NUÑO
Dª ASUNCIÓN CLARET CASTANY
D. JOSE MANUEL REGADERA SAENZ
En la ciudad de Barcelona, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimonovena de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento ordinario, seguidos por el Juzgado Primera Instancia 44 Barcelona, a instancia de D. Abelardo contra CATALUNYA BANC SA; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada CATALUNYA BANC SA contra la sentencia dictada en los mismos el dia 3 de noviembre de 2014, por la Sra. Magistrada del expresado Juzgado.
La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente: "Que estimo la demanda presentada por Pedro Moratal Sendra, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Abelardo, actuando en representación de Blanca frente a "Catalunya Banc S.A." y en su virtud se condena a la parte demandada al pago a la parte demandante de una indemnización de 44.029,62 € con el interés legal desde la presentación de la demanda, y con expresa imposición de costas a la parte demandada.".
Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandanda CATALUNYA BANC SA mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria y elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
Se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 8 de junio de 2016.
En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE MANUEL REGADERA SAENZ.
Por parte de la representación de CATALUNYA BANC, S.A. se interpone recurso de apelación contra la Sentencia dictada el día 3 de noviembre de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Barcelona en juicio ordinario 1373/2013.
La mencionada resolución estimó la demanda presentada por D. Abelardo en reclamación de 44.092,62 euros, que es el importe de los daños sufridos como consecuencia de la adquisición de participaciones preferentes por importe de 66.000 euros. Estima la resolución de primera instancia que la demandada incurrió en incumplimiento contractual al no informar debidamente al actor de la naturaleza y características del producto financiero adquirido.
La apelante señala como motivos del recurso los siguientes: que no existe incumplimiento contractual respecto al deber de información por su parte, inexistencia de nexo causal entre el supuesto incumplimiento y el daño, el contrato de adquisición de participaciones preferentes fue confirmado por la actuación del actor, la actora vendió la acciones una vez canjeadas las participaciones preferentes, existe prescripción de la acción y no se deben abonar los interese legales.
La apelada solicitó la confirmación de la resolución recurrida.
Tratándose de productos financieros complejos, la ausencia o insuficiencia de la información ofrecida permite apreciar un error excusable en la formación de la voluntad del cliente ( artículos
1.266 y 1.300 del Código Civil ). Pero también -como aquí se invoca y es la acción que se interponeun incumplimiento de los deberes informativos y de confianza y lealtad que debe inspirar la actuación de una entidad de crédito que, como es el caso, concierta tácitamente con el cliente una relación para la comercialización de uno de sus productos ( artículos 1.101 y 1.258 CC ). Como expresa la sentencia de la sección 16ª de esta Audiencia de 26 de marzo de 2015, "en efecto, como aclaran las SSTS de 18 de abril de 2013, resolviendo los recursos 1979/2011 y 2353/2011, si bien los llamados "códigos de conducta" regulan principalmente aspectos jurídico-públicos relacionados con la actuación de las empresas que actúan en el mercado de valores, integran también el contenido preceptivo de los contratos para los que están previstos. Tienen, por tanto, incidencia directa en aspectos tales como la imparcialidad, buena fe y nivel de diligencia exigibles al profesional o la información previa que ha de recabar y, a su vez, facilitar a los clientes. En palabras de la sentencia de 18 de abril de 2013, rec. 2353/2011, constituyen tales códigos de conducta "estándares o modelos de comportamiento contractual, impuestos, por la buena fe, a las prestadoras de tales servicios (de inversión) y, al fin, deberes exigibles a la misma por el otro contratante - artículos 1258 del Código Civil y 57 del Código de Comercio ". Con apoyo en la doctrina sentada por las antedichas sentencias, la STS de 30 de diciembre de 2014 apreció un déficit de información a inversores de perfil conservador por parte del banco con el que tenían concertada una relación de depósito y administración de valores que les recomendó la suscripción de un producto de renta fija (preferentes de un banco islandés) sin advertirles de los riesgos inherentes al producto. Concluyó por tanto allí el Tribunal Supremo que, de conformidad con el artículo 1101 de...
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