STS 645/2016, 12 de Julio de 2016

Con fecha 27 de mayo de 2014, el Juzgado de lo Social núm. 1 de Ponferrada, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLO: Que DESESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por la MUTUA ASEPEYO frente a DOÑA Rebeca y al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a las demandadas de las pretensiones en su contra deducidas».

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: «PRIMERO.- DON Adriano , con DNI NUM000 , afiliado en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, falleció el 1/2/2010 a consecuencia de enfermedad profesional.

SEGUNDO.- La última empresa para la que trabajó tenía concertadas las contingencias profesionales con la Mutua Minero Industrial Leonesa que fue absorbida por Asepeyo el 16/7/1984.

TERCERO.- Por resoluciones de 2/3/2010 y 4/3/2010 se reconocieron a la esposa del fallecido, pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional, el derecho a percibir una indemnización a tanto alzado por fallecimiento derivado de enfermedad profesional y el derecho a percibir el auxilio por defunción. El INSS, por resolución de 8/3/2010 declaró responsable del abono de dichas prestaciones a la Mutua Asepeyo.

CUARTO.- El INSS emitió notificación a la Mutua declarándole responsable del abono de las referidas prestaciones con el alcance del 100% debiendo proceder a la constitución del correspondiente capital coste en la TGSS que asciende a 145.318,69 euros, importe del capital coste en su día ingresado por la Mutua.

QUINTO.- El 31/5/2013 la Mutua demandante presentó escrito ante la Dirección Provincial del INSS interesando la revisión de las responsabilidad económica derivada del fallecimiento, siendo desestimada por el INSS por resolución de 10/7/2013.

SEXTO.- Frente a dicha resolución interpuso Asepeyo reclamación previa, que fue desestimada por el INSS en resolución que confirmaba en todos sus extremos la resolución impugnada».

Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede Valladolid, dictó sentencia con fecha 11 de diciembre de 2014 , en la que consta la siguiente parte dispositiva: «FALLAMOS: Que ESTIMANDO el recurso de Suplicación interpuesto por ASEPEYO contra la Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 1 de Ponferrada, de fecha 27 de mayo de 2.014 , (Autos núm 836/2013), dictada a virtud de demanda promovida por precitada recurrente contra el Rebeca , EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre OTROS DERECHOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la aludida Sentencia, CONDENANDO a la demandada INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a que abone a la actora la cuantía de 145.318,69.-€ del capital coste que en su día constituyó».

Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal del INSS y la TGSS, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede Burgos, de fecha 5 de junio de 2014 y por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de fecha 12 de noviembre de 2013 , así como la infracción de lo dispuesto en el art. art. 43 de la LGSS, el 9.3 de la Constitución Española (CE ), los arts. 56 y 57 de la LRJAPyPAC, 71 de la LRJS y 106 y 103 de la LRJAPyPAC en relación con el 108 de dicha norma .

Por providencia de esta Sala de fecha 3 de junio de 2015, se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.

Evacuado el trámite de impugnación, pasó todo lo actuado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminando en el sentido de considerar el recurso procedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el 5 de julio de 2016 , fecha en que tuvo lugar.

La sentencia de instancia recaída en las presentes actuaciones desestimó la demanda de la Mutua accionante sobre revisión de imputación de responsabilidad de prestaciones por muerte y supervivencia, lo que motivó que ésta acudiese a la Sala de suplicación con un recurso que fue acogido por sentencia de 11 de diciembre de 2014 , condenándose en la misma al INSS y la TGSS a reintegrar en tal concepto a la Mutua en cuestión la cantidad de 145.318,69 € como capital ingresado en su día por ésta.

El recurso de casación unificadora es formulado por la Administración de la Seguridad Social que expone dos puntos de contradicción, el primero sobre la caducidad de la acción y con referencia a la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de la Rioja de 12 de noviembre de 2013 y el segundo sobre la imposibilidad de reversión de los capitales coste de pensiones, con cita comparativa de la sentencia del TSJ de Castilla-León (Burgos) de 5 de junio de 2014 , concluyendo con un tercer fundamento sobre el quebranto producido en la unificación del derecho y la formación de la jurisprudencia prácticamente carente de contenido, dada la brevedad del mismo en el que tan solo se dice constatar tal perjuicio "en los términos ya expuestos en los fundamentos del recurso anteriores".

Impugna la Mutua demandante y el Mº Fiscal se pronuncia proponiendo en su preceptivo informe que se declare la procedencia del recurso.

En el primer motivo del recurso se denuncia la infracción del art 43 de la LGSS, el 9.3 de la Constitución Española (CE ), los arts. 56 y 57 de la LRJAPyPAC, 71 de la LRJS y 106 y 103 de la LRJAPyPAC en relación con el 108 de dicha norma y con la doctrina del Tribunal Constitucional ( TC) expresada, entre otras sentencias, en la 40/2014, de 11 de marzo, citando de referencia la antedicha del TSJ de La Rioja que llegó a solución opuesta a la de autos en supuesto que reviste sustancial identidad, por tratarse en ese caso de un trabajador declarado en situación de IPA en 2002 que falleció en Diciembre de 2009, con reconocimiento de prestaciones por muerte en Enero de 2010 a cargo de una Mutua Patronal y reclamación de la misma en Septiembre 2012, y en el presente caso se trata también del fallecimiento el 1 de febrero de 2010 a causa de enfermedad profesional de un trabajador y subsiguiente reconocimiento de pensión de viudedad a la cónyuge supérstite así como otras prestaciones complementarias, de cuyo pago se responsabilizó a la Mutua demandante que consignó el correspondiente capital coste en la TGSS y cuya devolución reclamó tres años después, de manera que la contradicción es apreciable.

Es muy reiterada la jurisprudencia en la materia, representada, entre otras sentencias de esta Sala, por las dos (Sala General) de 15 de junio de 2015 ( rrcud. 2648 y 2766/14 ), seguidas, entre algunas de las más recientes, por las de 20 de octubre de 2015 ( rcud 3927/14 ), 15 de diciembre de 2015 (dos , rrcud 288 y 291/15 ), 16 de diciembre de 2015 ( rcud 441/15 ), 2 de marzo de 2016 (dos, rrcud 1448/15 y 2029/15 ), 15 de marzo de 2016 ( rcud 1448/2015 ), 31 de marzo de 2016 ( rcud 749/2015 ), y 3 y 12 de mayo de 2016 ( rrcud 346 y 517/2015 ). A todas ellas se hace remisión dando expresamente sus argumentos por reproducidos, tanto en orden a la apreciación de la contradicción exigible (al citar, en todo caso, y como mínimo, la primera de las sentencias referenciales del actual recurso) como en cuanto al fondo del asunto.

En concreto, en la última de las mencionadas (12 de mayo de 2016, rcud 517/2015), cuyo primer motivo tiene también como sentencia de contraste la misma que la del presente caso ( STSJ de La Rioja de 12 de noviembre de 2013 ) se argumenta: " ..........Sin necesidad de mayores precisiones, ya que la cuestión que se debate en las presentes actuaciones es de constante reproduccioŽn en unificacioŽn de doctrina, tanto en la denuncia como en las decisiones referenciales invocadas, hemos simplemente de referir -en el plano formal- que el primer motivo cumple exquisitamente la exigencia de contradiccioŽn, y que el segundo uŽnicamente sería examinable en cuanto a la cuestioŽn sustantiva, a la que dimos respuesta en numerosas ocasiones [ SSTS 15/01/13 -rcud 1152/12 -; ... 06/03/14 -rcud 126/13 -; ... 19/05/15 -rcud 1455/13 -], pero en el que ya no entraremos por su cualidad subsidiaria y porque -como veremos- hemos de acoger el primer motivo .

SEGUNDO.- 1.- Reiterando una vez maŽs nuestra doctrina hemos de indicar que el tema litigioso planteado con el primer motivo consiste en determinar si la no impugnacioŽn de una resolucioŽn del INSS en el plazo previsto por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisioŽn se le imputoŽ responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en viŽa judicial frente a aquella imputacioŽn antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.

2. - La decisioŽn recurrida argumenta -en síntesis- que la situacioŽn procesal en que se traduce la falta o ineficacia de la reclamacioŽn previa a la vía judicial es la caducidad de la vía administrativa solamente, no de la accioŽn cuyo ejercicio permanece vivo mientras el derecho material que la sustenta no prescriba, por lo que cuando se ha abandonado el traŽmite de reclamacioŽn frente a una determinada resolucioŽn o ni tan siquiera se inicia, no se pierde el derecho, sino la posibilidad de acceder a la vía jurisdiccional de forma directa, pudiendo reanudarse -o reiniciarse- a traveŽs de la reclamacioŽn oportuna, que inicia nuevamente la posible virtualidad del derecho.

   Muy contrariamente, en la decisioŽn referencial se razona su divergente conclusioŽn, diciendo que la usual doctrina de que el transcurso del plazo establecido por el art. 71 LPL sin interponer demanda «en modo alguno puede universalizarse a todos los actos de la AdministracioŽn Institucional de la Seguridad Social hasta el punto de reducir a la esterilidad los plazos de impugnacioŽn jurisdiccional de tales actos ..., y cabe de aquella jurisprudencia deducir que la misma queda referida sustancialmente a los beneficiarios de las prestaciones y a su derecho al reconocimiento de las mismas, pero no alcanza a supuestos, como el enjuiciado, totalmente ajeno a dichos condicionantes, pues en eŽl no se insta un reconocimiento del derecho a una prestacioŽn (o a los elementos de la misma) por su beneficiario, sino que lo pretendido es la extincioŽn de una obligacioŽn impuesta por la resolucioŽn administrativa firme por quien ademaŽs no tiene la condicioŽn de beneficiario, como es el caso de una Mutua de Accidentes, en quien, a diferencia del beneficiario, no se puede suponer o intuir que tenga dificultad en el conocimiento y defensa de sus intereses en la materia de Seguridad Social que constituye el objeto de su actividad».

3. - La cuestioŽn que en los presentes autos se suscita fue resuelta por el Pleno de la Sala en dos sentencia de 15/06/2015 [recursos 2766/14 y 2648/14], en las que fijamos que la doctrina ajustada a Derecho era la mantenida por la -entonces y hoy- sentencia de contraste; decisioŽn cuyo criterio ha sido reiterado ya en numerosas ocasiones (entre las uŽltimas, SSTS 15/12/15 -rcud 288/15 -; 15/12/15 -rcud 291/15 -; y 16/12/15 - rcud 441/15 -) y que por elementales razones de seguridad juriŽdica vuelve a serlo en estas actuaciones.

   TERCERO.- 1.- Es consolidada doctrina de esta Sala que el defectuoso agotamiento de la viŽa administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, 7 inobservancia del plazo de treinta diŽas que establece el art. 71.2. 71.2 LRJS [antes, el art. 71.2 LPL ], no afecta al derecho material controvertido y no supone prescripcioŽn alguna, sino que uŽnicamente comporta la caducidad en la instancia y la correlativa peŽrdida del traŽmite, por lo que tal defecto no resulta obstaŽculo para el nuevo ejercicio de la accioŽn, siempre que la misma no estuviese ya afectada por el instituto de las referidas prescripcioŽn o caducidad (asiŽ, desde la STS 07/10/74 Ar. 3903, dictada en intereŽs de ley).

2. - Destaquemos igualmente que esta doctrina se ha positivizado en el art. 71.4 de la vigente LRJS , a cuyo tenor «... podraŽ reiterarse la reclamacioŽn previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho... ». Y que la previsioŽn de este precepto significa una excepcioŽn al reŽgimen comuŽn administrativo, en el que en aras al principio de seguridad juriŽdica, al intereŽs general en juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproduccioŽn de otro consentido [ art. 28 LJCA ].

3. - Sen~alemos tambieŽn que si se excepciona de tal consecuencia -propia del reŽgimen comuŽn del Derecho Administrativo- a la «materia de prestaciones de Seguridad Social», hoy en el art. 71 LRJS y antan~o en nuestra maŽs temprana jurisprudencia [desde la citada resolucioŽn en intereŽs de Ley], muy posiblemente ello sea atribuible al presumible desvalimiento juriŽdico de los beneficiarios y a la consideracioŽn de que ciertos mecanismos protectores -frente a su desconocimiento legal- no solamente no estaŽn privados de justificacioŽn, sino que incluso responden maŽs adecuadamente al principio de irrenunciabilidad de los derechos al que en ocasiones alude el Tribunal Constitucional (asiŽ, SSTC 120/1984, de 10/Diciembre ; 14/1985, de 1/Febrero ; y 97/1987, de 10/Junio ) y que en todo caso ha sido consagrado por nuestra maŽs antigua doctrina.(vid., por ejemplo, las SSTS 07/05/53 Ar. 1217 ; 14/02/61 Ar. 1596 ; 04/04/61 Ar. 1419...).

4. - En esta misma liŽnea -de limitar la excepcioŽn a los beneficiarios de las prestaciones de Seguridad Social- apunta el texto del art. 71 LRJS , cuya literalidad invita a entender que el privilegio va exclusivamente referido al «reconocimiento» de las prestaciones, que era precisamente a lo que se limitaba la jurisprudencia que el precepto ha positivizado, y que -por lo mismo- tiene por destinatario impliŽcito al «beneficiario», no a las Entidades colaboradoras, las que incluso se contemplan -apartado 3- como sujetos pasivos de la reclamacioŽn previa. AsiŽ, las expresiones utilizadas por la norma [«materia de prestaciones»; «alta meŽdica»; «solicitud inicial del interesado»; «reconocimiento inicial»; «modificacioŽn de un acto o derecho»; y -sobre todo- «en tanto no haya prescrito el derecho»], resultan del todo ajenas a la reclamacioŽn efectuada por la Mutua Patronal frente al INSS, mucho despueŽs de dictada la resolucioŽn, pretendiendo que se deje sin efecto no los teŽrminos de la «prestacioŽn», sino la imputacioŽn de su responsabilidad, y que con su consentimiento habiŽa adquirido firmeza, pero que se pretende impugnar ahora tras novedoso criterio jurisprudencial en la materia...........

   ........CUARTO.- 1.- Nuestra respuesta sería incompleta si no contrarrestaŽsemos miŽnimamente los argumentos ofrecidos por la Mutua en defensa de su pretensioŽn en las presentes actuaciones [escrito de impugnacioŽn] y en general por tales Entidades Colaboradoras en muchos otros procedimientos, rechazando -en primer lugar- sus afirmaciones acerca de la «desigualitaria interpretacioŽn» del precepto que nuestra tesis comporta. Digamos al efecto, justificando el diferente tratamiento que a nuestro juicio otorga el art. 71 LRJS a los beneficiarios de las prestaciones y a la Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que en materia de igualdad son precisiones claŽsicas de la doctrina constitucional desde la Sentencia de 22/1981, de 2/Julio , las que siguen:

   a).- Que «... el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstraccioŽn de cualquier elemento diferenciador de relevancia juriŽdica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulacioŽn de una determinada materia supone una infraccioŽn del mandato contenido en el art. 14 CE , sino tan soŽlo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificacioŽn objetiva y razonable para ello». b).- Que lo propio del juicio de igualdad es «su caraŽcter relacional conforme al cual se requiere como presupuestos obligados, de un lado, que, como consecuencia de la medida normativa cuestionada, se haya introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categoriŽas de personas» [ STC 181/2000, de 29 de junio , FJ 10] y, de otro, que «las situaciones subjetivas que quieran traerse a la comparacioŽn sean, efectivamente, homogeŽneas o equiparables, es decir, que el teŽrmino de comparacioŽn no resulte arbitrario o caprichoso» [ SSTC 148/1986, de 25 de noviembre , FJ 6 ; 29/1987, de 6 de marzo , FJ 5 ; 1/2001, de 15 de enero , FJ 3] (entre las recientes, SSTC 63/2011, de 16/Mayo , FJ 3 ; 79/2011, de 6/Junio , FJ 3 ; ; 17/2011, de 4/Julio , FJ 4 ; 205/2011, de 15 de diciembre , FJ 3 ; 160/2012, de 20 de septiembre , FJ 7 ; - Pleno- 41/2013, de 14/Febrero , FJ 6 ; - Pleno- 61/2013, de 14/Marzo , FJ 4 ; 45/2014, de 07/Abril , FJ 3 ; 51/2014, de 07/Abril , FJ 3 ; 60/2014, de 05/Mayo, FJ 3 ; y 156/2014, de 25/Septiembre , FJ 4. Y -tambieŽn proŽximas- SSTS 20/01/15 - rcud 401/14 -; y 13/Enero/2016 -rco 286/13 -).

   Doctrina que se complementa con la exigencia de acreditacioŽn del necesario «tertium comparationis» en reŽgimen de igualdad [ SSTC 111/2001, de 7/Mayo FJ 2 ; 39/2002, de 14/Febrero, FJ 4 y 5; 103/2002, de 6/Mayo FJ 4 ; 39/2003, de 27/Febrero FJ 4], pudiendo decirse que dos individuos son iguales, esto es, pertenecen a la misma clase, cuando en ellos concurre una cualidad comuŽn, un «tertium comparationis», que opera como elemento definitorio de la clase, y que son desiguales cuando tal circunstancia no se produce [ SSTC 125/2003, de 19/Junio ; 53/2004, de 15/Abril ]. De forma que «para poder efectuar un juicio de igualdad es imprescindible tener un teŽrmino de comparacioŽn vaŽlido [ STC 219/2013, de 19 de diciembre , FJ 5], para lo cual no soŽlo es necesario precisar si las situaciones subjetivas son efectivamente comparables o cotejables, sino si el legislador ha atribuido a un mismo grupo o categoriŽa personal creado por eŽl mismo unas consecuencias juriŽdicas diversas sin introducir un factor diferencial [ SSTC 148/1986, de 25 de noviembre , FJ 6 a); 29/1987, de 6 de marzo, FJ 5 c ); y 139/2005, de 26 de mayo , FJ 6]» ( STC -Pleno- 8/2015, de 22/Enero , FJ 9.a).

2. - AsiŽ pues, desde el momento en que no existe censurable desigualdad, en tanto que el principio de igualdad uŽnicamente puede invocarse con eŽxito cuando estamos ante «situaciones juriŽdicas iguales» [circunstancia inexistente en el caso], el hecho de que la Mutuas Colaboradoras hayan de sujetarse al reŽgimen comuŽn administrativo y a la consiguiente inatacabilidad del acto firme [ art. 28 LJCA ], difiŽcilmente puede comportar -como se argumenta- la vulneracioŽn del principio «pro actione» y consiguientemente del derecho a la tutela judicial, pues:

   a).- Tal principio no impone «... a pesar de su ambigua denominacioŽn, la forzosa seleccioŽn de la interpretacioŽn maŽs favorable a la admisioŽn de entre todas las posibles de entre todas las que lo regulan... ya que el deber que este principio impone consiste uŽnicamente en obligar a los oŽrganos judiciales a interpretar los requisitos procesales de forma proporcionada «impidiendo que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos eliminen u obstaculicen desproporcionadamente el derecho a que un oŽrgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensioŽn a eŽl sometida» ( SSTC 88/1997, de 05/Mayo , F. 2 ; 207/1998, de 26/Octubre , F. 3 ; 38/1998, de 17/Febrero , F. 2 ; 122/1999, de 28/Junio ; 195/1999, de 25/Octubre, , FJ 2 ; 160/2001, de 5 de julio , F. 3 ; 27/2003, de 10 de febrero , F. 4 ; 177/2003, de 13 de octubre , F. 3 ; 3/2004, 14 de enero , F. 3 ; 79/2005, de 2 de abril , F. 2 ; 133/2005, de 23 de mayo , F. 2 ; 327/2006, de 20/Noviembre , FJ 3 ; 52/2007, de 12/Marzo, FJ 2 ; y 25/2010, de 27/Abril , FJ 3).

   b).- Para la Sala es claro que ninguna «desproporcioŽn» cabe atribuir a un criterio -el nuestro- que se limita a otorgar el privilegio del art. 71 LRJS a quienes literalmente se les atribuye por la norma [los beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social] y a excluir a personas juriŽdicas que no solamente no estaŽn incluidos en la literalidad del precepto, sino que tampoco se hallan comprendidas en ella atendiendo a criterios finaliŽsticos [las Mutuas colaboradoras], y a las que -a mayor abundamiento- tampoco se atisba razoŽn alguna para eximirlas del reŽgimen comuŽn del Derecho Administrativo.

   c).- Finalmente, tampoco cabe olvidar que el derecho a la tutela judicial efectiva no es «un derecho de libertad, ejercitable sin maŽs y directamente a partir de la ConstitucioŽn, ni tampoco de un derecho absoluto e incondicionado a la prestacioŽn jurisdiccional, sino de un derecho a obtenerla por los cauces procesales existentes y con sujecioŽn a una concreta ordenacioŽn legal», sino que «[e]n cuanto derecho prestacional es conformado por las normas legales que determinan su alcance y contenido y establecen los presupuestos y requisitos para su ejercicio, las cuales pueden establecer liŽmites al pleno acceso a la jurisdiccioŽn, siempre que obedezcan a razonables finalidades de proteccioŽn de bienes e intereses constitucionalmente protegidos [ SSTC 311/2000, de 18 de diciembre , FJ 3 ; 124/2002, de 20 de mayo , FJ 3 ; 73/2004, de 22 de abril , FJ 3 ; 144/2004, de 13 de septiembre , FJ 2 ; 182/2004, de 2 de noviembre , FJ 2 ; 327/2005, de 12 de diciembre , FJ 3 ; 135/2008, de 27/Octubre , FJ 2 ; 40/2009, de 9/Febrero, FJ 4 ; 165/2011, de 3/Noviembre, FJ 3 ; y - Pleno- 20/2012, de 16/Febrero , FJ 7).

   QUINTO.- Las precedentes consideraciones nos llevan a afirmar -tal como informa el Ministerio Fiscal- que la doctrina ajustada a Derecho es la mantenida por la sentencia de contraste y que -en consecuencia- la recurrida ha de ser revocada. Sin imposición de costas [ art. 235.1 LRJS ]".

   Por su parte, en fin, nuestra más reciente sentencia de 21 de junio de 2016 recaída en el rcud 1459/2015 , en su segundo fundamento de derecho, puntos dos y tres, alude, con remisión a la jurisprudencia anterior que cita, a la limitada funcionalidad del art 71.4 de la LRJS (que resalta la Mutua demandante en su escrito de impugnación del recurso) y a la imposible extensión del privilegio a las Mutuas, en términos que responden a lo que en ese escrito de impugnación se alega, cabiendo, por ello, darlos ambos por reproducidos, sin perjuicio, de todos modos, de transcribir el apartado b) del primero de tales puntos (2) que dice que " una cuidada lectura del art 71 LRJS nos induce a pensar que la excepción va exclusivamente referida al "reconocimiento" de las prestaciones, que era precisamente a lo que se limitaba la jurisprudencia que el precepto ha positivizadoy que la misma -la excepción- tiene por destinatario implícito al "beneficiario", no a las Entidades colaboradoras , las que incluso se contemplan -apartado 3- como sujetos pasivos de la reclamación previa. Así las expresiones utilizadas por la norma ("materia de prestaciones", "alta médica", "solicitud inicial del interesado", "reconocimiento inicial", "modificación de un acto o derecho", y, sobre todo, "en tanto no haya prescrito el derecho", resultan del todo ajenas a la reclamación efectuada por la Mutua Patronal frente al INSS, casi tres años después de dictada la resolución, pretendiendo que se deje sin efecto no los términos de la "prestación" sino la imputación de su responsabilidad y que con su consentimiento había adquirido firmeza, pero que se pretende impugnar ahora tras novedoso criterio jurisprudencial en la materia".

   En virtud de todo cuanto queda dicho, sin necesidad ya de mayores argumentos en el mismo sentido y de conformidad con la propuesta del Mº Fiscal, procede entender, como se ha anticipado, la existencia de contradicción ya en cuanto al primer motivo y acogerlo, lo que basta para estimar también el recurso.