STS 1927/2016, 21 de Julio de 2016
| Ponente | INES MARIA HUERTA GARICANO |
| ECLI | ES:TS:2016:3786 |
| Número de Recurso | 1377/2015 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - APELACION |
| Número de Resolución | 1927/2016 |
| Fecha de Resolución | 21 de Julio de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En Madrid, a 21 de julio de 2016
Esta Sala ha visto el recurso de casación para unificación de doctrina número 1377/2015, interpuesto por "ALCALDE DE MOSTOLES 1808, S.L.", representada por la procuradora Dña. Mª Ángeles Almansa Sanz y con la asistencia letrada de Dña. Mª Reyes Torres Ortíz, contra la Sentencia -nº 1321/14- dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de noviembre de 2014 , por la que, con estimación parcial del P.O. 553/11, anulaba el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 17 de marzo de 2011, fijando, como justiprecio de retasación de la finca nº 174-A del Proyecto M-50, Tramo A-6 a M-409, Clave T-8-M-9003-C, sita en el T.M. de Alcorcón, la cantidad de 500.486,09 €. Han sido partes recurridas la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado y "ACCESOS DE MADRID, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.", representada por el procurador D. Carlos Jiménez Padrón.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Ines Huerta Garicano
PRIMERO .- La representación procesal de la propietaria de la finca justipreciada en retasación, formalizó escrito de interposición de recurso de casación para la unificación de doctrina, aportando, como Sentencias de contraste, 16 sentencias -idénticas- dictadas por la misma Sala y Sección autora de la aquí recurrida, en otros tantos recursos de los años 2009 y 2010, cuyas firmezas se acredita.
Estima la recurrente que en todas estas Sentencias hay una postura favorable a la procedencia de valorar el suelo como urbanizable programado, al considerar la M-50 como una infraestructura que crea ciudad y que esta conclusión no puede verse afectada por la entrada en vigor de la Ley 8/2007, sin olvidar que ese mismo suelo había sido ya valorado como urbanizable en el justiprecio inicial por la consideración de la M-50 como sistema general, que crea ciudad y que no puede dejar de serlo en la impugnación del justiprecio en retasación.
SEGUNDO .- Admitido a trámite el recurso y conferido traslado a las otras partes, presentaron sendos escritos de oposición. El Sr. Abogado del Estado, en su escrito, ponía de relieve que no existe contradicción ontológica entre las sentencias de contraste, sino que la sentencia impugnada responde a un cambio de criterio razonado en relación a las dos cuestiones en las que se fundamente el recurso: a) abandona la doctrina jurisprudencial sobre sistemas generales creadores de ciudad, arrumbada por la Ley del Suelo de 2007, que prescinde de la clasificación urbanística del suelo a efectos de su valoración para tomar en consideración la situación real del suelo. Cita, al efecto y en este sentido, entre otras, nuestra sentencia de 27 de octubre de 2014 ; b) rectifica su interpretación de la Transitoria Tercera de la expresada Ley en la medida que los expedientes a los que se refiere son los expedientes individualizados de justiprecio. Cita, en ese mismo sentido STS de 17 de noviembre de 2014 . Concluyendo que falta la identidad esencial entre la sentencia recurrida y las ofrecidas de contraste. En parecidos términos se pronuncia ACCESOS DE MADRID, que recuerda que el nuevo criterio de la Sala de instancia no sólo no vulnera la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, sino que ha sido ratificada en sentencias de 27 de octubre y 17 de noviembre de 2014 , esta última estimatoria de los recursos de lesividad deducidos por el Abogado del Estado (Rº 1033/13).
TERCERO .- Elevadas las actuaciones, previo emplazamiento de las partes, a esta Sala Tercera, tuvieron entrada en el Registro General el día 20 de abril del pasado año 2015, ante la que se personaron todas las partes.
CUARTO .- Para deliberación, votación y fallo, se señaló la audiencia del día 19 de julio de 2016, teniendo lugar.
PRIMERO .- Conviene recordar la naturaleza de este recurso, a título de ejemplo nuestra Sentencia de 24 de marzo de 2010 (CUD 134/2009), en la que se dice: «El recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en la Sección Cuarta , Capítulo III, Título IV ( arts. 96 a 99 ) de la Ley procesal de esta Jurisdicción, se configura como un recurso excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, que tiene por finalidad corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, pero sólo en cuanto constituyan pronunciamientos contradictorios con los efectuados previamente en otras sentencias específicamente invocadas como de contraste, respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales ».
Partiendo de esta premisa, hemos de poner de manifiesto que el presente recurso es uno más de una serie idéntica (CUD 524, 617, 619, 620 y 1289/2015), por lo que, como ya decíamos, entre otras, en nuestras sentencias de 15 de enero y 31 de marzo del corriente, reiteraremos el contenido de nuestras primeras sentencias dictadas el pasado 23 de diciembre de 2015 en los precitados recursos de casación para unificación de doctrina 617 y 619/15 .
Y, como en todas ellas se decía, hay un dato esencial que impide apreciar esa necesaria triple identidad y que no es otro que la distinta normativa vigente en la fecha de solicitar la retasación, de la que regía en las solicitudes base de los Acuerdos enjuiciados por las Sentencias de contraste (Ley 6/98), y dicho cambio normativo -esencial- impide apreciar esa necesaria identidad y, por tanto, no existe la contradicción que se denuncia.
La propia Sentencia ahora recurrida motiva (Fundamento de Derecho Quinto) por qué cambia el criterio que hasta el momento había seguido en relación a la valoración del suelo no urbanizable expropiado para la construcción de la autovía de circunvalación M-50, suelo que, pese a la referida clasificación, se había venido valorando como urbanizable, en aplicación de la doctrina de los sistemas generales destinados a crear ciudad.
La Sala de instancia partiendo de la naturaleza de la retasación, considera aplicable la Ley 8/2007, Ley que no permite ya la aplicación de la doctrina de los sistemas generales destinados a crear ciudad y, en todo caso, señala cual debe ser el mínimo garantizado en supuesto de retasación (justiprecio originario más los intereses legales hasta la fecha de solicitud de la retasación).
Ese planteamiento es el correcto y conforme con el mantenido por este Tribunal. Por todas citaremos nuestra Sentencia de 22 de Mayo de 2015 (casación 776/2013 ), en la que, respecto de la retasación, dijimos «que no es una mera actualización del justiprecio originario, ni es una adaptación de los datos entonces tenidos en cuenta a la coyuntura económica actual. La retasación consiste en la fijación de un nuevo justiprecio, mediante una nueva valoración del bien expropiado con arreglo a los rasgos jurídicos del mismo (clasificación del suelo, aprovechamiento, etc.) en el momento en que dicha retasación es solicitada. Las únicas características originarias del bien expropiado que deben seguir considerándose a efectos de la retasación son las puramente físicas, ya que como consecuencia de la realización del proyecto que legitimó la expropiación es posible que dichas características físicas hayan variado; y tomar en consideración esas nuevas características físicas conculcaría la prohibición, impuesta por el art. 36 LEF , de incluir en el justiprecio las plusvalías -o las minusvalías- habidas con posterioridad a la iniciación del expediente expropiatorio. En resumen, la retasación debe buscar el valor del bien expropiado en el momento en que aquélla se solicita, si bien considerando idealmente que las características físicas del bien expropiado siguen siendo las que tenía en el momento de iniciación del expediente expropiatorio ».
La retasación no es, pues, una mera actualización del justiprecio originario, ni es una adaptación de los datos entonces tenidos en cuenta a la coyuntura económica actual. La retasación consiste en la fijación de un nuevo justiprecio, mediante una nueva valoración del bien expropiado con arreglo a los rasgos jurídicos del mismo (clasificación del suelo, aprovechamiento, etc.) en el momento en que dicha retasación es solicitada. Las únicas características originarias del bien expropiado que deben seguir considerándose a efectos de la retasación son las puramente físicas, ya que como consecuencia de la realización del proyecto que legitimó la expropiación es posible que dichas características físicas hayan variado; y tomar en consideración esas nuevas características físicas conculcaría la prohibición, impuesta por el art. 36 LEF , de incluir en el justiprecio las plusvalías -o las minusvalías- habidas con posterioridad a la iniciación del expediente expropiatorio.
Y al ser la retasación una nueva valoración del bien ha de aplicarse la normativa vigente en el momento de solicitarse aquélla, si bien hay un mínimo garantizado que es el justiprecio fijado inicialmente en el expediente expropiatorio, más sus intereses legales hasta la fecha de solicitud de la retasación.
También ha sido clara esta Sala al señalar que la doctrina de los sistemas generales destinados a crear ciudad, con la consecuencia de la valoración del suelo no urbanizable como urbanizable, ya no tiene cabida, desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007 y así nos hemos pronunciado precisamente en retasaciones relativas a la misma vía de circunvalación M-50. Por todas citaremos nuestra Sentencia de 17 de Noviembre de 2014 (Rº 1033/2013 ) donde rechazando el planteamiento a la sazón seguido por la Sala de instancia (sentencias de contraste) se dice:
La sentencia recurrida reconoce que la fecha de referencia de la valoración es la de solicitud de la retasación, es decir, el 19 de mayo de 2008 , como se ha indicado, si bien tiene en cuenta que el terreno a que se refiere el recurso fue expropiado para la construcción de la M-50, que es un sistema general que obliga a valorar el suelo expropiado como urbanizable, como ha reiterado este Tribunal Supremo en numerosos pronunciamientos, razonando que tal conclusión no se ve alterada por la entrada en vigor de la Ley 8/2007, que considera que no afecta a la posibilidad de la valoración como urbanizable del suelo destinado a sistemas generales que crean ciudad.
Esta Sala no comparte el anterior criterio, sino al contrario, estima que la entrada en vigor de la Ley 8/2007 ha cerrado la posibilidad de seguir aplicando la doctrina de sistemas generales que crean ciudad, formulada bajo la vigencia del sistema valorativo de la Ley 6/98, que tenía como punto de partida la clasificación del suelo en las tres categorías de no urbanizable, urbanizable y urbano, mientras que los criterios de valoración de la Ley 8/2007 omiten cualquier referencia a la clasificación urbanística, y atienden exclusivamente a la situación fáctica o real del suelo, distinguiendo la nueva Ley únicamente dos posibles situaciones, la del suelo rural y la del suelo urbanizado, por lo que ha desaparecido el criterio de valoración del suelo urbanizable que aplica la sentencia recurrida
.
Este criterio queda reiterado, entre otras, en nuestras sentencias de 27 de octubre de 2014 (casaciones 6421/2011 y 174/2012 ), sobre la inaplicabilidad de la doctrina de sistemas generales desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007.
SEGUNDO .- Los razonamientos precedentes llevan a declarar no haber lugar a este recurso de casación para unificación de doctrina y, conforme al art. 139.2.3 LJCA , procede la condena en costas de la recurrente, con el límite cuantitativo máximo, por todos los conceptos, que la Sala fija, ponderadamente, en atención a las circunstancias concretas del recurso, en 4.000 € (más IVA), en favor de cada parte que presentó escrito de oposición.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido NO HA LUGAR al recurso de casación para unificación de doctrina número 1377/2015, interpuesto por "ALCALDE DE MOSTOLES 1808, S.L.", representada por la procuradora Dña. Mª Ángeles Almansa Sanz y con la asistencia letrada de Dña. Mª Reyes Torres Ortíz , contra la Sentencia -nº 1321/14- dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de noviembre de 2014 , por la que, con estimación parcial del P.O. 553/11, anulaba el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de 17 de marzo de 2011, fijando, como justiprecio de retasación de la finca nº 174-A del Proyecto M-50, Tramo A-6 a M-409, Clave T-8-M-9003-C, sita en el T.M. de Alcorcón, la cantidad de 500.486,09 €. Con condena en costas a la recurrente, en los términos establecidos en el precedente Fundamento Segundo.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso e insértese en la coleccion legislativa.
Así se acuerda y firma.
D. Octavio Juan Herrero Pina D. Jose Diaz Delgado D. Juan Carlos Trillo Alonso D. Wenceslao Francisco Olea Godoy Dª. Ines Huerta Garicano PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Excma. Sra. Magistrada Ponente Dña. Ines Huerta Garicano, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
