ATS 841/2016, 19 de Mayo de 2016
| Ponente | FRANCISCO MONTERDE FERRER |
| ECLI | ES:TS:2016:4944A |
| Número de Recurso | 238/2016 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 841/2016 |
| Fecha de Resolución | 19 de Mayo de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Mayo de dos mil dieciséis.
La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 7ª) dictó Sentencia el 2 de diciembre de 2015, en el Rollo de Sala nº 43/2015 , tramitado como Diligencias Previas nº 111/2014 por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Arenys de Mar, en la que se condenó a Vicente como autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de prisión de 6 años y un día, y multa de 79.000 euros.
Contra dicha sentencia se presentó recurso de casación por la Procuradora Dª María Jesús González Díez, en nombre y representación de Vicente , alegando como motivo infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 852 LECr ., con base en el art. 5.4 LOPJ y art. 24 CE por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
Remitidas las actuaciones para informe del Ministerio Fiscal, éste interesó la inadmisión del recurso.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución, el Excmo. Sr. Magistrado D. Francisco Monterde Ferrer.
ÚNICO.-
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Se formula el recurso alegando la insuficiencia de indicios incriminatorios, invocando el principio de presunción de inocencia con base en el art. 24 CE .
Sostiene que no tiene nada que ver con el envío, no esperaba recibir ningún paquete, y que lo aceptó porque no tenía que abonar cargo alguno.
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La función casacional encomendada a esta Sala, respecto de las posibles vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 de nuestra Constitución , ha de limitarse a la comprobación de tres únicos aspectos, a saber: i) que el Tribunal juzgador dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; ii) que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y iii) que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba ( SSTS 634/2012 y 668/2012 ).
Procede recordar que conforme a la jurisprudencia de esta Sala (SSTS 348/2009 y 306/2010 ) las declaraciones testificales en el plenario de los agentes policiales sobre hechos de conocimiento propio, al estar prestadas con las garantías procesales propias del acto, constituyen prueba de cargo apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia.
Por otra parte, la jurisprudencia constitucional y la de esta Sala han establecido que, en ausencia de prueba directa, en algunos casos es preciso recurrir a la prueba circunstancial, indirecta o indiciaria, cuya validez para enervar la presunción de inocencia ha sido admitida reiteradamente por ambos tribunales. A través de esta clase de prueba, es posible declarar probado un hecho principal a través de un razonamiento construido sobre la base de otros hechos, los indicios, que deben reunir una serie de condiciones, concretamente que el razonamiento se apoye en elementos de hecho y que éstos sean varios; que estén acreditados; que se relacionen reforzándose entre sí y, desde el punto de vista formal, que el juicio de inferencia pueda considerarse razonable y que la sentencia lo exprese, lo que no supone la imposibilidad de otras versiones distintas de los hechos de manera que el Tribunal haya debido inclinarse por la única certeza posible, pero sí exige que no se opte por una ocurrencia fáctica basada en una inferencia débil, inconsistente o excesivamente abierta ( SSTS 273/2010 y 940/2011 ).
Reiterada Jurisprudencia de esta Sala viene induciendo el "fin de traficar" con la droga a partir de la cantidad de sustancia aprehendida, unido a otras circunstancias como pueden ser: las modalidades de la posesión, el lugar en que se encuentra, la existencia de material o instrumentos adecuados a ese fin, la capacidad adquisitiva del acusado en relación con el valor de la droga, la actitud adoptada al producirse la ocupación, su condición o no de consumidor de tales sustancias. Acreditada la posesión de la sustancia estupefaciente, acompañada de alguna de las circunstancias expresadas, permite alcanzar la deducción razonable, según los casos, de que la tenencia del estupefaciente está destinada al tráfico ( STS 12-6-08 ).
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En aplicación de la referida doctrina jurisprudencial procede comprobar la racionalidad de las pruebas e indicios que llevaron a sostener una sentencia condenatoria por parte del Tribunal "a quo". Se consideran como principales pruebas e indicios incriminatorios, recogidos por la sentencia del Tribunal de instancia, los siguientes.
- Prueba documental consistente en la autorización de intervención y de entrega controlada, así como el acta de apertura del paquete.
- Declaración testifical de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que intervinieron en el dispositivo policial y entrega del paquete que contenía droga (paquete procedente de Brasil con el número de envío NUM000 , figurando como remitente David , R. DIRECCION000 , NUM001 , Santa Mónica, CP 38408-226, Brasil; y como destinatario Vicente , con domicilio en CALLE000 nº NUM002 de Pineda de Mar, Barcelona).
Los agentes se dirigieron al domicilio del acusado, y éste se hizo cargo del paquete, firmando la recepción del mismo. Posteriormente, los agentes se identificaron y procedieron a su detención.
- Análisis pericial toxicológico del contenido del paquete, consistente en tres mantas impregnadas de cocaína, conteniendo una cantidad pura de cocaína de 1.357 gramos.
Siendo lógica la conclusión de que nadie envía una importante cantidad de droga sin la certeza de qué persona va a recibir el paquete, por el riesgo posible de pérdida de una sustancia que puede alcanzar en el mercado ilícito un alto valor económico. Al tiempo de hacerse cargo del paquete sabía que procedía de Brasil, firmando la recepción sin hacer objeción o comentario alguno, sin olvidar que constaba como destinatario del mismo.
No se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque el Tribunal de instancia ha valorado y ponderado racionalmente las pruebas practicadas, sin separarse de la lógica, para afirmar que el recurrente participó en la recepción del envío de cocaína que provenía del extranjero. El acusado figuraba como destinatario del paquete, apareciendo también su domicilio, y cuando se hizo cargo del mismo conocía todos los datos y su procedencia.
Procede la inadmisión del recurso, conforme al artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En su consecuencia, se ha de dictar la siguiente:
LA SALA ACUERDA:
NO HABER LUGAR A LA ADMISION del recurso de casación formulado por la parte recurrente contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.
