STSJ País Vasco 31/2016, 9 de Febrero de 2016
| Ponente | MARGARITA DIAZ PEREZ |
| ECLI | ES:TSJPV:2016:383 |
| Número de Recurso | 620/2014 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 31/2016 |
| Fecha de Resolución | 9 de Febrero de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 620/2014
DE Ordinario
SENTENCIA NÚMERO 31/2016
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANÍA
MAGISTRADOS:
D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Dª. MARGARITA DÍAZ PÉREZ
En Bilbao, a nueve de febrero de dos mil dieciséis.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 620/2014 y seguido por el procedimiento ordinario, en el que se impugna: ACUERDO DE 7-10-2014 DEL AYUNTAMIENTO DE BERROBI DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014 EN EL QUE SE INCLUYE UNA PARTIDA A FAVOR DE UDALBILTZA. Ç. ¡.
Son partes en dicho recurso:
- DEMANDANTE : ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el ABOGADO DEL ESTADO.
- DEMANDADA : AYUNTAMIENTO DE BERROBI, representado por la Procuradora Dª. IDOIA GUTIÉRREZ ARETXABALETA y dirigido por el Letrado D. LUIX BARINAGARREMENTERIA OLAIZOLA.
-OTRA DEMANDADA: UDALBILTZA, representado por el Procurador D. GERMÁN ORS SIMÓN y dirigido por el Letrado D. JOSEBA COMPAINS SILVA.
Ha sido Magistrada Ponente la Iltma. Sra. Dª. MARGARITA DÍAZ PÉREZ
El día 17-10-2014 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que el ABOGADO DEL ESTADO, actuando en nombre y representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la aprobación definitiva del Presupuesto general del Ayuntamiento de Berrobi para el ejercicio económico de 2014, en cuanto incluye una aportación económica de 2.000 euros a favor del Consorcio Udalbiltza, publicada en el B.O.G. número 117, de 23 de junio de 2014; quedando registrado dicho recurso con el número 620/2014.
En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se estimen íntegramente sus pretensiones.
En los escritos de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal, por la primera de las demandadas, el dictado de una sentencia por la que se desestime la demanda en su totalidad o bien, subsidiariamente, se retrotraiga el expediente al momento anterior a la aprobación de la partida recurrida, mientras que por la segunda de las demandadas se interesó la inadmisión del recurso o, de no ser así, su íntegra desestimación, solicitando además ambas demandadas que se le impongan las costas a la parte actora.
Por Decreto de 30-6-2015 se fijó como cuantía del presente recurso la de indeterminada.
El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el resultado que obra en autos.
En los escritos de conclusiones las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas.
Por resolución de fecha 1-2-2016 se señaló el pasado día 4-2-2016 para la votación y fallo del presente recurso.
En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.
La abogada del Estado, en el ejercicio de sus funciones legales de representación y defensa de la Administración General del Estado (Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco), deduce impugnación jurisdiccional en relación con la aprobación definitiva del Presupuesto general del Ayuntamiento de Berrobi para el ejercicio económico de 2014, en cuanto incluye una aportación económica a favor del Consorcio Udalbiltza, publicada en el BOG núm. 117, de 23 de junio de 2014.
Interesa de esta Sala en el suplico de la demanda el dictado de sentencia, que con estimación íntegra del recurso, declare la nulidad o, subsidiariamente, la anulabilidad de la actuación impugnada, y condene a la Administración demandada a estar y pasar por la anterior declaración, así como a obtener la devolución de las cantidades abonadas en su ejecución, con expresa condena en costas a cuantos se opusieren al recurso.
Previa exposición de los antecedentes y situación actual del Consorcio Udalbiltza, articula, como fundamento jurídico-material de tales pretensiones, los motivos impugnatorios que enuncia así:
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"Nulidad del acuerdo impugnado por infracción de los art. 57 y 87 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local y el art. 110 del Texto Refundido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación con los art. 6 y 7 del Código Civil . Abuso de derecho y fraude de ley en la constitución del Consorcio Udalbiltza y consiguiente nulidad del acuerdo impugnado en los presentes autos":
Sostiene, en resumen que, conforme la normativa citada, los Consorcios se constituyen por las entidades locales con otras Administraciones públicas para fines de interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público, concurrentes con los de las Administraciones públicas.
Completando esa legislación con la Norma Foral 6/2007, de 10 de abril, reguladora de las entidades locales de ámbito supramunicipal del Territorio Histórico de Gipuzkoa, la disconformidad a derecho del Consorcio constituido, y por ende, de las aportaciones económicas que los municipios puedan realizar al mismo, se advera, en particular, del art. 18 del citado Texto Foral, el cual, de forma análoga a lo establecido por los art. 87 LBRL y 110 del TR posibilita la constitución de Consorcios por las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, de forma específica "para la gestión de actividades y servicios públicos de interés común."
Y la construcción nacional de Euskal Herria como nación independiente del Estado español, así como el fomento del euskera, no se integran dentro del concepto de actividades y servicios bajo el ámbito competencial municipal propio.
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" Nulidad del acuerdo impugnado por falta de competencia material y territorial del Ayuntamiento de Berrobi para contribuir al sostenimiento del Consorcio Udalbiltza Partzuergoa y comprometer fondos públicos con destino a tal fin. El principio de territorialidad como límite intrínseco al ejercicio de la competencia": Y ello por cuanto: 1) los fines a que se destina la subvención no son fines propios del municipio, que estén incluidos dentro de su haz de competencias. Así lo ha reconocido, por todas, la sentencia de 15 de diciembre de 2003 de esta Sala (recurso nº 224/2001 ), confirmada por la posterior sentencia del Tribunal Supremo de 26 septiembre 2006 (RJ 2006\\ 7478).
2) Los fines a los que se destina la subvención impugnada no se limitan al ámbito territorial propio del municipio, debiéndose recordar, a estos efectos, que los fines a los que atiende Udalbiltza son los propios de Euskal Herria, y que por mor de la incorporación al Consorcio del municipio de Treviño, su ámbito de actuación se extiende a Castilla y León. Cita al efecto sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2006 (RJ 2006\ \ 3593) y la de esta Sala de 4 de marzo de 2005 (rec. 2756/2003).
Subraya además que el Consorcio Udalbiltza no tiene encaje en el apartado segundo del artículo 87 LBRL, de acuerdo con lo establecido en el RD 1317/1997, de 1 de agosto, y en última instancia, la cooperación transfronteriza siempre quedaría circunscrita, por imperativo legal, a la gestión de los servicios públicos locales.
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" Nulidad o, subsidiariamente, anulabilidad de la actuación impugnada por infracción de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones":
1) Infracción del art. 8.1 de la LGS, del que se colige con claridad que, por exigencia de los principios de transparencia (artículo 8.3.a) y eficacia en el gasto público (artículo 8.3.c), ninguna Administración Pública podrá conceder subvención alguna sin que previamente haya aprobado Plan Estratégico de subvenciones, que no consta en el expediente administrativo remitido.
2) Infracción del art. 8.3 de la LGS, al no justificar adecuadamente que en la concesión de los fondos públicos se respeten los principios de eficacia, eficiencia y sometimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria que, imperativamente, deben inspirar la gestión de subvenciones.
3) Infracción del art. 13.2 de la LGS, por no exigirse al beneficiario la acreditación de no estar incurso en ninguno de los supuestos de inhabilitación para la obtención de subvenciones que establece ese precepto, pues nada se acredita sobre el particular en el expediente administrativo.
4) Infracción del art. 22 de la LGS, toda vez que la Administración demandada prevé la subvención impugnada de forma directa, sin acudir al procedimiento ordinario de concurrencia competitiva; dado que el procedimiento de otorgamiento directo de la subvención parece haberse encuadrado en el supuesto de excepción previsto en el art. 22.2. a) de la LGS, la nulidad de la aportación impugnada vendría dada por la ausencia del convenio de colaboración que, de forma preceptiva, debe articularse como cauce instrumentalizador de la disposición directa de los fondos públicos, frente al régimen general de concurrencia competitiva.
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"Nulidad o, subsidiariamente, anulabilidad del acuerdo impugnado por vulneración del principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de las Administraciones Públicas consagrado en el artículo 103 de la Constitución Española y en el artículo 6.1 de la Ley reguladora de las bases de régimen local (LRBRL ) 7/1985, de 2 de abril":
Razona aquí que, siendo la autonomía local fundamentalmente de gestión y de ordenación y no...
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