SAN, 17 de Mayo de 2000
| Ponente | JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 2ª |
| ECLI | ES:AN:2000:3280 |
| Número de Recurso | 0685/1997 |
SENTENCIA
Madrid, a diecisiete de mayo de dos mil.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo 02/685/1997 que ante esta Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el
Letrado D. CARLOS CASANOVA CABALLERO, en nombre y representación de ARGON, S.A.,
frente a la Administración del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado, contra el
acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 9 de abril de 1997 (R.G. 9827/93
R.S. 255/94 VOCALIA SEGUNDA) sobre IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (que después se
describirá en el primer Fundamento de Derecho), siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Jesús
Nicolás García Paredes.
Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito presentado en fecha 30 de mayo de 1997 contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión a trámite por Providencia de fecha 31 de mayo de 1997 con publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio prevenido por la Ley y con reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó demanda mediante escrito presentado en fecha de 24 de octubre de 1997, en el cuál, trás alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos.
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado en fecha 1 de junio de 1998 en el cual, trás alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso, y confirmación del acto impugnado.
No solicitado el recibimiento del procedimiento a prueba con el resultado obrante en autos, se dió traslado para conclusiones a la parte actora, y después al Sr. Abogado del Estado, quienes las evacuaron en sendos escritos, en los que se reiteraron en sus respectivos pedimentos.
Por providencia de esta Sala se señaló para votación y fallo de este recurso el día 11 de mayo de 2000 que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
En el presente recurso se impugna la resolución de fecha 9 de abril de 1997, dictada porel Tribunal Económico-Administrativo Central, que confirma en alzada la liquidación por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1988, ratificada por acuerdo de fecha 30 de noviembre de 1993, de la Oficina Nacional de Inspección de Madrid, en la que la se desestimaba como fiscalmente deducibles las "dotaciones" efectuadas por la entidad para complementar las prestaciones de la Seguridad Social a sus empleados.
La mercantil recurrente considera que dichos gastos constituyen partidas deducibles, al amparo de lo dispuesto en el art. 13.d.3), de la Ley 61/78, del Impuesto sobre Sociedades, al concurrir los requisitos que la norma exige para que sean entendidos como gastos necesarios, sin que puedan calificarse las cantidades entregadas como actos de liberalidad. Entiende que ese régimen tributario de las dotaciones obligatorias a los Fondos de Previsión del personal, no se ve alterado por la norma establecida en la Disposición Adicional Primera . 1 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, que, en cualquier caso, considera es inconstitucional. Cita jurisprudencia en apoyo de su pretensión. Pone énfasis en el carácter de obligatoriedad de las dotaciones, acordadas en el Convenio Colectivo celebrado con sus trabajadores.
El Abogado del Estado, partiendo del art. 41 de la Constitución, centra su análisis en la cobertura complementaria efectuada por la entidad recurrente, que resulta obligatoria en virtud de Convenio Colectivo, y, en concreto, en el tratamiento tributario de la misma desde el Impuesto sobre Sociedades. Tras exponer los métodos de dotación de estos fondos e indicar las características de los mismos, precisa la normativa aplicable, incidiendo en las normas de la Ley 61/78, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, negando el carácter deducible de las dotaciones o de las provisiones efectuadas por la entidad recurrente, conforme a lo establecido en el art. 13, de la Ley del Impuesto, en relación con los preceptos de su Reglamento. A continuación realiza una exhaustiva exposición de la normativa reguladora de los Planes y Fondos de Pensiones, y su incidencia en los denominados "Fondos internos"; así como desde la perspectiva mercantil. Concluye sobre la constitucionalidad de la normativa aplicable y del tratamiento tributario dado por la Administración a las referidas dotaciones.
En primer lugar procede indicar que la Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la cuestión planteada en el presente recurso, y, precisamente, entre otros, en el recurso nº. 42/1996.
En este sentido, la Sala tiene declarado que a los efectos de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, la "renta del sujeto pasivo" la componen, de conformidad con lo establecido en su art. 3º.2: "a) Los rendimientos de las explotaciones económica de toda índole y los derivados de actividades profesionales o artísticas. b) Los rendimientos derivados de cualquier elemento patrimonial que no se encuentre afecto a las actividades referidas en la letra anterior. c) Los incrementos de patrimonio determinados de acuerdo con lo prevenido en esta Ley".
En su artículo 13, se mencionan, como "partidas deducibles" para determinar los rendimientos netos, y con carácter general, a los "gastos necesarios", haciendo una enumeración de los específicamente integrados en ese concepto general. Pero como exige el propio precepto, esos "gastos generales" deben cumplir una finalidad: la de que hayan servido "para la obtención de aquéllos", es decir, de los rendimientos que el art. 3º.2 expresa.
La entidad bancaria recurrente entiende que las "dotaciones" realizadas para constituir una provisión o un fondo que garantice o complemente el pago de pensiones al personal en activo, constituye un "gasto general", y, en consecuencia, se trata de una partida deducible.
Si por "rendimientos de las explotaciones económicas" entendemos las obtenidas por el empresario o su titular mediante la ordenación de medios de producción y de los recursos humanos, difícilmente, las dotaciones realizadas por la actora pueden encuadrarse en el concepto de "gastos generales", al suponer, como afirma, que tales dotaciones constituyen un "fondo interno", que se refleja en un...
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