SAP Soria 11/2015, 19 de Febrero de 2015
| Ponente | JOSE MANUEL SANCHEZ SISCART |
| ECLI | ES:APSO:2015:18 |
| Número de Recurso | 13/2015 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 11/2015 |
| Fecha de Resolución | 19 de Febrero de 2015 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Soria, Sección 1ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
SORIA
SENTENCIA: 00011/2015
AUDIENCIA PROVINCIAL DE SORIA
ROLLO APELACION CIVIL: RECURSO DE APELACION (LECN) 13/15
Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION DE SORIA Nº 3
Procedimiento de origen: Procedimiento Ordinario 301/13
SENTENCIA CIVIL Nº 11/2015
Tribunal
Magistrados/as:
D. José Manuel Sanchez Siscart (Presidente)
D. José Luis Rodriguez Greciano
Dª María Belén Pérez Flecha Díaz
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En Soria, a diecinueve de febrero de dos mil quince.
Esta Audiencia Provincial de Soria, ha visto el recurso de apelación civil arriba indicado, dimanante de los Autos de Procedimiento Ordinario 301/13, contra la sentencia dictada por el JDO.1A.INST.E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE SORIA, siendo partes:
Como apelante y demandado CATALUNYA BANC SA representado por el Procurador Sra. Alcalde Ruiz, y asistido por el Letrado Sr. García de Lacalle.
Y como apelado y demandante Segundo representado por el Procurador Sra. Jiménez Sanz y asistido por el Letrado Sra. García Cervero.
Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia en los referidos autos, cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: "Que estimando la demanda interpuesta por D. Segundo contra Catalunya Banc SA debo:
1) Declarar y declaro la nulidad (anulabilidad) de las contrataciones efectuadas por la parte actora en el denominado producto participaciones preferentes por importe total de 55.000 #.
2) Condenar y condeno a la entidad demandada a reintegrar a la demandante la cantidad de 55.000 # más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de tal entrega hasta la fecha de su reintegro, debiendo descontarse o reintegrarse por la demandante a la demandada las cantidades que haya percibido por dicha suscripción de preferentes por cualquier concepto, con sus intereses legales calculados desde su recepción, pasando la titularidad de todos los títulos (participaciones preferentes y/o acciones) o su valor final a la demandada, una vez se haya restituido el importe de las cantidades que viene obligada a pagar la misma al actor.
3) 3) Condenar y condeno a la entidad demandada al pago de las costas procesales."
Dicha sentencia, se recurrió en apelación por la parte demandada CALATALUNYA BANC SA, dándose traslado del mismo a las partes, remitiéndose las actuaciones a esta Audiencia Provincial de Soria, donde se formó el Rollo de Apelación Civil nº 13/15, y no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en segunda instancia y no estimándose necesaria la celebración de vista oral, quedaron los autos conclusos, en virtud de lo preceptuado en el art. 465.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para dictar sentencia.
Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Manuel Sanchez Siscart.
Se interpone recurso de apelación contra la sentencia que, estimando la demanda, declara la nulidad de las contrataciones de participaciones preferentes por importe de 55.000 euros, ordenando el reintegro de las cantidades recíprocamente entregadas y percibidas, en las condiciones que se determinan en el fallo, con imposición de cosas a la parte demandada.
Frente a la citada sentencia se interpone recurso de apelación en cuyas alegaciones primera y segunda se alega, en síntesis, inexistencia de nulidad y/o anulabilidad por error en el consentimiento e imposibilidad de resolución, pues la parte actora no ha probado mínimamente la existencia de tal error. Añade que la entidad entregó toda la documentación legalmente exigida, la comercialización fue correcta, y la diligencia de la entidad incuestionable. De existir error, éste sería de carácter vencible empleando la mínima diligencia que cabe exigir a cualquier persona. En el tercer motivo alega la caducidad de la acción al haber transcurrido el plazo legalmente previsto en el artículo 1301 del Código Civil desde la consumación de los contratos, al encontrarnos ante un contrato de tracto único que se perfecciona y consuma en el momento de la compra, con el desembolso de la cantidad pactada. Alega por último la inexistencia de asesoramiento en la contratación del producto, sin que mediara recomendación personalizada alguna.
La parte actora solicita se desestime íntegramente el recurso y se confirme la sentencia de instancia en todos sus extremos, con expresa imposición a la recurrente de las costas judiciales causadas.
Centrado el objeto devolutivo, debemos exponer que la Sala comparte los argumentos contenidos en la sentencia que se recurre, la cual describe la naturaleza y características del contrato suscrito por las partes, de adquisición de participaciones preferentes, para concluir, a partir de las notas que señala, que se trata de un contrato complejo.
Abundando en dicho razonamiento, conviene traer a colación la reciente sentencia de la AP de Barcelona de fecha 30/1/2014 (ponente Sra. Ledesma Ibáñez, con cita de la SAP de Cáceres de 15 de enero de 2014, entre otras), en cuyo fundamento jurídico tercero se ocupa de analizar el ámbito normativo y naturaleza de las participaciones preferentes, para, con ello, poner de manifiesto las exigencias de conocimiento del producto por los clientes, en orden a poder dar por comprendidos y asumidos los riesgos que dicho producto financiero entraña.
Conforme indica dicha resolución, cuyos argumentos suscribimos, " la actividad de las entidades comercializadoras de las participaciones preferentes está sujeta a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, cuyo artículo 1 define su objeto como la regulación del sistema de negociación de instrumentos financieros, estableciendo a tal fin los principios de su organización y funcionamiento, así como las normas relativas a los instrumentos financieros y a los emisores de esos instrumentos. En la letra h ) del artículo 2 se incluyen como valores negociables las participaciones preferentes emitidas por personas públicas o privadas.
Las participaciones preferentes aparecieron reguladas en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros. En su artículo 7 se indica que las participaciones preferentes constituyen recursos propios de las entidades de crédito. Las participaciones preferentes cumplen una función financiera de la entidad y computan como recursos propios, por lo que el dinero que se invierte en participaciones preferentes no constituye un pasivo en el balance de la entidad. El valor nominal de la participación preferente no es una deuda del emisor, por lo que el titular de la misma no tiene un derecho de crédito frente a la entidad, no pudiendo exigir el pago. La consecuencia de ello es que el riesgo del titular de la participación preferente es semejante, aunque no igual, al del titular de una acción. En la Disposición Adicional Segunda de esta ley se regulan los requisitos exigidos para la computabilidad de las participaciones preferentes como recursos propios. Esta Disposición Adicional Segunda fue redactada por el apartado diez del artículo primero de la Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se transpone a nuestro Derecho la Directiva 2009/111/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por la que se modificó la Ley 13/1985, la Ley 24/1988, de 28 de julio del Mercado de Valores y el R.D. Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.
La Directiva 2009/111/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2.009 no califica la participación preferente como instrumento de deuda, sino como instrumento de capital híbrido al que se ha de aplicar el mismo tratamiento contable y financiero que reciben los recursos propios de la entidad de crédito emisora, de ahí que una primera aproximación a esta figura nos lleva a definirla como un producto financiero que presenta altos niveles de riesgo y complejidad en su estructura y condiciones, como así se reconoce en la exposición de motivos del RDL 24/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
En la misma línea, el Banco de España las define como un instrumento financiero emitido por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una retribución fija (condicionada a la obtención de beneficios) y cuya duración es perpetua, aunque el emisor suele reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco años, previa autorización del supervisor (en el caso de las entidades de crédito, el Banco de España), que sólo la concederá si no se ve afectada la situación financiera, ni la solvencia de la entidad de crédito, o de su grupo o subgrupo consolidable. También se establece que el Banco de España puede condicionar su autorización a que la entidad sustituya las participaciones preferentes amortizadas por elementos de capital computables de igual o superior calidad.
En la meritada Disposición se desarrollan los requisitos de emisión de las participaciones preferentes y se señala como características de las mismas que no otorgan a sus titulares derechos políticos, salvo supuestos excepcionales, y que no otorgan derechos de suscripción preferente respecto de futuras nuevas emisiones.
No se atribuye al titular de las mismas un derecho a la restitución de su valor nominal, por lo que es en efecto un valor perpetuo y sin vencimiento, indicándose expresamente en la letra b) de la Disposición Adicional Segunda que en los supuestos de emisiones realizadas por una sociedad filial de las previstas en la letra a), los recursos obtenidos deberán estar invertidos en su totalidad, descontando gastos de emisión y gestión, y de forma permanente en la entidad de crédito dominante de la filial emisora, de manera que queden directamente afectos a los riesgos y...
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