SAP La Rioja 88/2015, 2 de Junio de 2015
| Ponente | MARIA DEL CARMEN ARAUJO GARCIA |
| ECLI | ES:APLO:2015:282 |
| Número de Recurso | 132/2015 |
| Procedimiento | PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO |
| Número de Resolución | 88/2015 |
| Fecha de Resolución | 2 de Junio de 2015 |
| Emisor | Audiencia Provincial - La Rioja, Sección 1ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
LOGROÑO
SENTENCIA: 00088/2015
AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 DE LOGROÑO
VICTOR PRADERA 2
Teléfono: 941296484/486/487
213100
N.I.G.: 26089 43 2 2012 0002731
APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000132 /2015
Delito/falta: ABANDONO DE FAMILIA
Denunciante/querellante: Miguel Procurador/a: D/Dª SARA GARCIA-APARICIO SALVADOR
Abogado/a: D/Dª ROCIO SAEZ SOLAS
Contra: Belen, MINISTERIO FISCAL
Procurador/a: D/Dª REGINA MARIA DODERO DE SOLANO,
Abogado/a: D/Dª ANGEL VALLENILLA SERRANO,
SENTENCIA Nº 88/2015
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ILMOS/AS SR./SRAS
Magistrados/as
Dª CARMEN ARAUJO GARCÍA
D. RICARDO MORENO GARCÍA
Dª MARÍA DEL PUY ARAMENDIA OJER
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En LOGROÑO, a dos de Junio de dos mil quince.
VISTO, por esta Audiencia Provincial en la causa arriba referenciada, el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª SARA GARCIA- APARICIO SALVADOR, en representación de D. Miguel, contra Sentencia dictada en el procedimiento PA: 0000244 /2012 del JDO. DE LO PENAL nº: 001; habiendo sido parte en él, como apelante el mencionado recurrente, como apelados Dª Belen, representada por la Procuradora Dª REGINA MARIA DODERO DE SOLA NO, y el Ministerio Fiscal, en la representación que le es propia, actuando como Ponente el/la Magistrado/a Ilmo/a. Sr./a. CARMEN ARAUJO GARCÍA.
En la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Logroño el día 19 de noviembre de 2014 se establecía en su fallo que "Debo condenar y condeno a D. Miguel, como Autor responsable de un Delito de Abandono de Familia del artículo 227.1 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de cinco meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de las costas causadas.
En concepto de responsabilidad civil, D. Miguel deberá indemnizar a su hija, en la persona de su madre Dña. Belen en la cantidad de 3.170 euros, en concepto de pensiones alimenticias impagadas comprendidas entre el mes de diciembre del año 2011 y el mes de agosto del año 2014, ambas inclusive, más las respectivas actualizaciones, con aplicación del interés legal del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Abónese en su caso el tiempo de privación de libertad sufrido por el condenado a resultas de esta causa.
Dese a las piezas de convicción y efectos intervenidos el destino previsto en las Leyes y los Reglamentos".
Por la representación procesal de D. Miguel, se interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia alegando los fundamentos que estimaron convenientes, y admitido el recurso se dio al mismo el curso legal, siendo objeto de impugnación por el Ministerio Fiscal y por la representación procesal de Dª Belen, remitiéndose seguidamente lo actuado a esta Audiencia, dándose por recibidos y señalándose para examen y deliberación el día 28 de mayo de 2015 quedando pendientes de resolución, siendo ponente la Magistrada de esta Audiencia Provincial Dª CARMEN ARAUJO GARCÍA.
HECHOS PROBADOS
UNICO .-Se aceptan los hechos que se declaran probados en la sentencia de instancia, que han de darse en ésta por reproducidos.
Impugna el acusado-codenado, D. Miguel, la sentencia de instancia, que le condena como autor de un delito de abandono de familia del artículo 227-1 del Código Penal, solicitando la revocación del la sentencia y se le absuelva del señalado delito.
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitan la desestimación del recurso.
Alega el recurrente haber incurrido la Juez a quo en error en la valoración de la prueba, insistiendo en que no tiene trabajo ni ingresos por lo que no puede pagar la pensión de alimentos a su hija, concurriendo, según el recurrente, una imposibilidad de satisfacer la prestación lo que, pretende, supone la ausencia de culpabilidad por estar ausente el elemento de la antijuridicidad.
Pues bien, como establece la sentencia nº 50/2015, de 7 de mayo, de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Toledo "la figura delictiva aplicada, que se introdujo por primera vez en el Código Penal con motivo de la reforma que se llevó a cabo por Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, con la finalidad de proteger a los miembros económicamente más débiles de la unidad familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales por el obligado a prestarlos, requiere de la concurrencia en la conducta del sujeto activo de unos requisitos de carácter objetivo (haber dejado de pagar durante el tiempo fijado por el precepto penal cualquier tipo de prestación económica en favor de los hijos o cónyuge, la cual ha de estar establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los procesos familiares) y de carácter subjetivo constituido por el dolo o voluntad dolosa de no pagar o retrasarse indebidamente en el pago". Señala en definitiva la Jurisprudencia ( SSTS de 28/7/1999, 13/2/2001, 3/4/2001, 8/7/2002, 16/6/2003 y 21/11/2007, y ATS de 15/4/2004 ) que el art. 227 CP se perfila como un delito de omisión, que exige para su consumación la concurrencia de dos elementos objetivos y uno subjetivo:
- Resolución judicial firme dictada en proceso de separación, divorcio, nulidad matrimonial, filiación o alimentos, o convenio aprobado por la autoridad judicial competente que establezca la obligación de abonar una prestación económica en favor del cónyuge o de los hijos. - Conducta omisiva del obligado al pago consistente en el impago reiterado de esa prestación económica durante los plazos exigidos en el precepto legal, es decir, dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos; conducta ésta de omisión cuya realización consuma el delito por ser de mera actividad sin necesidad de que de ello derive ningún resultado perjudicial distinto del que ya produce la falta de percepción de la prestación establecida.
- Comportamiento doloso del sujeto activo evidenciado en el conocimiento de la obligación de pagar y la voluntariedad de incumplir la misma, precisando que resulta inexistente el dolo en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida. Imposibilidad cuya prueba, obviamente corresponderá a quien la alega
Y en torno al dolo del sujeto decíamos en la de de 12 julio 2007, citando la STS de 13.2.01 que "la necesaria culpabilidad del sujeto dentro de los inexcusables principios culpabilísticos del art. 3 del C. Penal resulta inexistente en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida, solución a la que se llega tanto por la prohibición de la prisión por deudas (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19.12.66, art. 10,2 y 96,1 de a CE ) como por la cláusula general de salvaguardia propia de los comportamientos omisivos, conforme a la cual el delito únicamente se comete cuando se omite la conducta pudiendo hacerla. Si bien dicha misma sentencia determina que "de la inexistencia del delito en casos de imposibilidad de pago no se sigue que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar pues siendo este dato uno de los factores valorar en la resolución que establezca la prestación y, siendo susceptible de actualización o alteración por modificación de las circunstancias, el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la volutariedad de su omisión. Ahora bien, esto no obsta la posibilidad de que por el acusado se pruebe la concurrencia de circunstancias que hayan hecho imposible el pago, acreditándose así la ausencia de dolo en el impago de la prestación debida",
También decíamos en nuestra sentencia de 12 de mayo de 2010 que el delito de impago de pensiones parte de una deducción lógica de posibilidad de medios desde el momento en que existe una sentencia, que bien por acuerdo de las partes o bien tras un proceso de valoración de la prueba, ha fijado la obligación y cuantía de pago de la pensión de modo que esa...
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