SJCA nº 1 8/2015, 16 de Enero de 2015, de Lleida
| Ponente | EILA SOTERAS GARELL |
| Fecha de Resolución | 16 de Enero de 2015 |
| Número de Recurso | 553/2013 |
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1 LLEIDA
Procedimiento abreviado nº: 553/2013
Parte actora : Joaquina
Representante parte actora: VIVIANA OSTARIZ PEREZ
Parte demandada : AJUNTAMENT DE LLEIDA y ZURICH ESPAÑA, SA
Representante parte demandada : Josep Lluís Gómez Cusi y MARÍA FERRE TORNOS
SENTENCIA Nº 8/15
MAGISTRADO JUEZ EN SUSTITUCIÓN: EILA SOTERAS GARRELL
En Lleida, a 16 de Enero de 2015
Visto por mí, Eila Soteras Garrell (Magistrado Juez en Sustitución del Juzgado Contencioso Administrativo número uno de los de Lleida y su partido) el presente Procedimiento Abreviado 553/13 en el que han sido partes, como demandante Dña. Joaquina (representada y asistida por la Letrada Dña. Viviana Ostáriz Pérez), y como demandada el AYUNTAMIENTO DE LLEIDA y ZURICH ESPAÑA, S.A. (representados por la Procuradora Dña. María Ferré Tornos y asistidos por el Letrado D. José Lluís Gómez Cusí), procede dictar la presente Sentencia sobre la base de los siguientes
Por la citada particular se interpuso demanda sobre la base de los hechos que alegaba, y respecto de los que invocó los fundamentos jurídicos que estimó oportunos, terminando con la solicitud de que se admitiera la demanda, se recabara el expediente administrativo, se emplazara al demandado, y se tramitara el correspondiente juicio para que, tras la práctica de las pruebas que se solicitaren, se dictase sentencia acordando la estimación del recurso en todas sus partes.
Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a los demandados, recabándose al propio tiempo el expediente administrativo, que tras ser remitido se puso de manifiesto a la demandante, y citándose a las partes a la oportuna vista.
En la vista (a la que comparecieron las partes), después de que la demandante se ratificara íntegramente en su escrito de demanda, señala que la cuantía se fijará en conclusiones a la vista del informe forense, por lo que en todo caso, se fija la cuantía del presente procedimiento inferior a 30.000. Las demandadas se opusieron alegando los fundamentos de derecho que estimaron convenientes, practicándose seguidamente las pruebas que se declararon pertinentes.
Formuladas conclusiones orales por las partes, han quedado los autos vistos para sentencia.
En la sustanciación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Es objeto del presente recurso el Decreto de Alcaldía de fecha 25 de Enero de 2013 por el que se acuerda desestimar la reclamación presentada por la actora contra el Ayuntamiento de Lleida como consecuencia de las lesiones sufridas a causa de una caída en la vía pública en la Rambla Ferran, en el Passeig Central, a la altura del Gobierno Civil, al no resultar acreditada la relación de causalidad entre los hechos denunciados y el funcionamiento del servicio público.
Considera a tal efecto la parte demandante que procede efectuar una declaración judicial de responsabilidad patrimonial de la Corporación demandada, por entender que los daños se debían a la inactividad de la Corporación Municipal, a quien, como titular de la vía correspondía velar porque la misma estuviera expedita de todo obstáculo que dificultara o supusiera un peligro para los particulares.
Frente a ello, la parte demandada, se opone a la declaración de responsabilidad patrimonial, por entender que no concurría nexo causal alguno entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y la caída en la que se produjeron los daños, considerando que los mismos se debían a culpa exclusiva de la demandante, discutiendo la cuantía de los daños, para el caso de que se considerara acreditada la relación de causalidad.
La responsabilidad patrimonial de la Administración viene configurada en los artículos 106.2 de la Constitución y 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común 30/92, de 26 de noviembre, como una responsabilidad directa y objetiva, que obliga a la primera a indemnizar toda lesión que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
No es preciso, pues, como se exige para la responsabilidad entre particulares el artículo 1.902 del Código Civil , que concurra cualquier género de culpa o negligencia en la actuación de la Administración, sino que es suficiente que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. La responsabilidad pasa así a reposar sobre un principio abstracto de garantía de los patrimonios, dejando de ser una sanción por un comportamiento inadecuado para convertirse en un mecanismo objetivo de reparación, que se pone en funcionamiento sólo si, y en la medida en que, se ha producido una lesión patrimonial. No siendo precisa la ilicitud, el dolo y la culpa o negligencia de la Administración, los requisitos quedan limitados a la existencia de daño y la relación de causa a efecto entre éste y el funcionamiento de los servicios públicos. De esta manera, lo que se pretende es que la colectividad, representada por la Administración, asuma la reparación de los daños individualizados que produzca el funcionamiento de los servicios públicos, por constituir cargas imputables al coste del mismo en justa correspondencia a los beneficios Generales que dichas servicios aportan a la comunidad ( SSTS, Sala 3ª entre otras muchas, de 12 de Septiembre , 17 de Junio , 10 de Mayo , 19 de Abril , 8 y 7 de Marzo , 22 , 21 , 15 y 7 de Febrero , 30 y 25 de Enero de 2006 , de 15 Noviembre 1979 , de 26 febrero 1982 , 2 Noviembre 1983 y 24 Octubre 1984 entre otras).
La abundante Jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia ha señalado como requisitos imprescindibles para poder declarar la responsabilidad patrimonial de una Administración Pública, los siguientes:
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Que no haya transcurrido el plazo de un año que según la Jurisprudencia ha de reputarse de prescripción ( SSTS de 25 de Noviembre de 1992 , 17 de Julio de 1992 , 16 de Mayo de 1990 , 22 y 25 de Marzo de 1990 ), entendiéndose que el plazo de prescripción se computa desde que el perjudicado pudo ejercitar esa acción (por ser ese momento en el que nace la acción) y es susceptible de interrupción ( SSTS de 15 de Octubre de 1990 , 13 de Marzo de 1987 y 24 de Julio de 1989 entre otras).
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Que exista una lesión sufrida por el particular en sus bienes o derechos que sea antijurídica, (esto es, que no tenga obligación de soportar), y que sea real y efectiva, individualizada en relación a una persona o grupo de personas, y susceptible de valoración económica . Así, no todo daño que produzca la Administración es indemnizable, sino tan sólo los que merezcan la consideración de lesión, entendida, según la doctrina y jurisprudencia, como daño antijurídico ( artículo 141.1 de la Ley 30/92 ), expresión utilizada no por considerar que la conducta de quien lo causa sea contraria a Derecho, sino porque el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo (bastando con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social) o porque no existan causas de justificación que lo legitimen. Además de todo ello, para que el daño sea indemnizable ha de ser real y efectivo, evaluable económicamente, e individualizado en relación con una persona o grupo de personas ( artículo 139.2 de la Ley 30/92 ), y debe incidir sobre bienes o derechos, no sobre meras expectativas.
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Que haya existido un funcionamiento normal o anormal del servicio público , entendido éste como toda actuación, gestión, actividad, o tarea propia de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad. Servicio público viene a ser así sinónimo de actividad administrativa y para su calificación hay que atender, más que a una tipificación especial de alguna de las formas en que suelen presentarse, al conjunto que abarca todo el tráfico ordinario de la Administración, siendo irrelevante para la imputación de los daños a la Administración que ésta haya obrado en el estricto ejercicio de una potestad administrativa, o en forma de mera actividad material o en omisión de una obligación legal ( SSTS de 31 de Octubre de 1.978 , 2 de Febrero de 1.980 , 4 de Marzo y 5 de Junio de 1.981 , 25 de Junio de 1.982 , 16 de Septiembre de 1.983 , 20 de Enero y 25 de Septiembre de 1.984 , 24 de Noviembre de 1.987 , 25 de Abril de 1.989 , 2 de Enero y 17 de Noviembre de 1.990 , 7 de Octubre de 1.991 , y 29 de Febrero de 1992 , 28 de Marzo de 2000 , 30 de Marzo de 2.000 , 6 de Febrero de 2.001 , 30 de Junio de 2003 , 19 de Octubre de 2004 entre otras).
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Que exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que concurra fuerza mayor.
La lesión efectiva en los bienes y derechos de los particulares que genera la obligación de indemnización a cargo de la Administración debe ser entendida como un daño o perjuicio antijurídico que los afectados no tienen la obligación de soportar por no existir causa alguna que lo justifique, lesión que tiene que ser consecuencia de hechos idóneos para producirla ( STS 19-12-1996 ).
La Jurisprudencia imperante en la materia, a la luz de la cuál se parte de la consideración de que en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración el principio imperante es el de la reparación íntegra, dado que tanto el artículo 106.2 de la Constitución como el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , se refiere a "toda lesión" que los particulares "sufran en...
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