STS, 10 de Marzo de 2015

En el recurso contencioso administrativo 741/2006 seguido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- León con sede en Valladolid, se dictó Auto con fecha 16 de enero de 2014 , que acuerda: "Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Procuradora Sra. Calderón Duque en nombre y representación de D. Casiano , D. Constantino , D. Isidoro , D. Sabino , D. Marco Antonio y D. Diego , contra el auto nº 204 de fecha 17 de julio de 2013 recaído en la presente ejecutoria, y ello imponiéndole las costas causadas por dicho recurso."

El Auto de 17 de julio de 2013 acordaba:

"Desestimar el incidente de ejecución promovido por el Procurador Sr. Martín Ruiz, en nombre y representación de Dª Raquel , D. Segismundo , D. Alejandro , D. Ezequiel , Dª Felisa , D. Rogelio y D. Pedro Enrique , así como el seguido a instancia de la Procuradora Sra. Calderón Duque, en representación de D. Casiano , D. Constantino , D. Isidoro , D. Sabino , D. Marco Antonio y D. Diego , ambos en relación a la sentencia de fecha 23 de junio de 2009 recaída en el recurso contencioso-administrativo 741/2006 y todo ello sin hacer condena especial en cuanto a las costas causadas en el mismo".

Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de D. Constantino y otros se prepara recurso de casación y teniéndose por preparado, se emplazó a las partes para que pudieran hacer uso de su derecho ante esta Sala.

Dicha representación procesal, por escrito presentado el 26 de marzo de 2014 formaliza recurso de casación e interesa la estimación de los motivos alegados y que se case la sentencia recurrida resolviendo conforme al suplico contenido en el recurso contencioso-administrativo.

La Letrada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por escrito de 15 de julio de 2014 formaliza escrito de oposición interesando la desestimación del recurso presentado de contrario.

La representación procesal de D. Tomás y Dª Lorena por escrito presentado el 29 de julio de 2014 formaliza recurso de casación e interesa la estimación de los motivos alegados y que se case la sentencia recurrida resolviendo conforme al suplico contenido en el recurso contencioso-administrativo.

La representación procesal de Dª Paulina y otros por escrito presentado el 1 de septiembre de 2014 formaliza recurso de casación e interesa la estimación de los motivos alegados y que se case la sentencia recurrida resolviendo conforme al suplico contenido en el recurso contencioso-administrativo.

La representación procesal de la Asociación de Veterinarios Contratados Laborales de Castilla y León, Avetecal, por escrito presentado el 1 de septiembre de 2014 formaliza recurso de casación e interesa la estimación de los motivos alegados y que se case la sentencia recurrida resolviendo conforme al suplico contenido en el recurso contencioso-administrativo.

Por providencia de 20 de octubre de 2014 se señaló para votación y fallo para el 4 de marzo de 2015, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Celsa Pico Lorenzo , Magistrada de la Sala

La representación procesal de D. Constantino , D. Isidoro , D. Sabino , D. Marco Antonio y D. Diego interpone recurso de casación 579/2014 contra el auto de fecha 16 de enero de 2014 dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León con sede en Valladolid , desestimatorio del recurso de reposición dictado contra el auto número 204 de 17 de julio de 2013 que desestimaba el incidente de ejecución promovido en relación a la sentencia de fecha 23 de junio de 2009 , dictada en el recurso ordinario núm. 741/2006.

En el Auto núm 204 de 17 de julio de 2013 su FJ Tercero expresa: "En lo que hace al incidente promovido por aquellos participantes del proceso selectivo que ahora acuden representados por la Procuradora Sra. Calderón Duque, los mismos, como se ha dicho, consideran que la nueva redacción de las bases discrimina al personal que había desempeñado servicios en campañas de saneamiento ganadero bajo la cobertura de un contrato laboral respecto al resto del personal laboral. En este sentido empiezan recordando el contenido de la pretensión deducida en dicho incidente: "que se anulara la Orden a que se contrae, declarando expresamente que procedía suprimir de la misma la exclusión de los servicios laborales de mis representados prestados a consecuencia de la previa contratación por las campañas de saneamiento o bien, atendiendo precisamente al mandato de proporcionalidad previsto en la sentencia, existiendo margen para ello, establecer en el baremo, con la correspondiente distinción, una norma adicional de valoración de los servicios de naturaleza laboral de mis representados en la administración de Castilla y León no inferior a 0,15 puntos Por mes trabajado". Y ello sobre la base, según lo que se alegaba en el primero de los escritos, de que a su juicio la doctrina de esta Sala en relación a los servicios prestados en campañas de saneamiento ganadero "probablemente inspirada en criterios de homogeneización, al objeto de evitar una mayor complejidad a un procedimiento de por sí prolijo en trámites y Peculiaridades, es notoriamente injusta ya que la doctrina jurisprudencial que se cita se refiere fundamentalmente a los servicios prestados en virtud de contratos administrativos en las campañas de saneamiento, pero no a aquellos posteriormente reconocidos como de carácter laboral"; y añadiendo que "las funciones de mis representados comprendían la realización de un número variable de investigaciones en cada especie animal (es decir, como los veterinarios titulares, y no para una sola especie), a fijar por la administración competente (es decir, aguardando las sucesivas intrucciones de la misma, como los titulares), y, en definitiva, la sujeción de mis representados a ulteriores funciones, calendario, instrucciones, y que, si no idénticas a las de los titulares, si di con mucho las de la mera prestación de un solo servicio".

Mas este argumento tampoco podrá ser acogido por la Sala, ya que la lectura de la fundamentación jurídica de la sentencia transcrita -como la de otras tantas que se han ocupado de la misma cuestión- revela claramente que en ella se permitía discriminar entre los servicios desempeñados por el personal laboral y aquellos otros realizados en campañas de saneamiento ganadero , debiendo a este respecto significarse que en la nueva redacción de las bases no se dejan de valorar estos últimos, estando previstos expresamente en la apartado 5 bien con una valoración menor, lo que como decimos se acomoda perfectamente a los referidos pronunciamientos de esta Sala dictados en distintos recursos que han analizado la cuestión, sin que sea ahora el momento procesal adecuado para combatir las cuestiones que ya fueran tratadas en la sentencia." (el subrayado es nuestro).

En el Auto núm. 4 de 16 de enero de 2014 su FJ SEGUNDO expresa "Unos argumentos similares a los que ahora se aducen fueron tratados en el auto nº 109/13 de fecha 30 de abril de 2013 resolutorio de varios recursos de reposición articulados contra el auto que se había dictado en la Pieza nº 6 de la ejecutoria del recurso 878/2006, auto aquel en el que se llegó a un resultado desestimatorio de uno de esos recursos con análogo contenido con el siguiente argumento expresado en su fundamento de derecho sexto".

Expresa el auto de 17 de julio de 2013 en su hecho primero que en el recurso 741/2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, Sección 1ª, con sede en Valladolid en Sentencia de 23 de junio de 2009 acordó estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo antedicho y anular la Base Séptima.2 de la Orden PAT/334/2006 ordenando la redacción de una nueva base observando los criterios indicados en el fundamento de derecho tercero de la sentencia.

La precitada sentencia en su F.J. Tercero reproduce en su literalidad el FJ 3º de la dictada el 3 de junio de 2008 en el procedimiento administrativo 878/2006 en que se impugnaba la misma norma la cual fue anulada, y a su vez reitera lo dicho en sentencia de 30 de noviembre de 2007 , procedimiento 2497/2003.

Destaca la afirmación de que " en la Orden impugnada existe una ponderación excesiva, y por ello, exclusiva de los servicios prestados en régimen de interinidad".

Y, además " no se contempla valoración alguna por la prestación de servicios precarios que no sea en régimen de interinidad-realción laboral temporal " (el subrayado es nuestro)

Adiciona el FJ Cuarto: "Como decíamos todos estos fundamentos son perfectamente trasladables al supuesto ahora enjuiciado, bien que advirtamos que el principal peso argumental de la demanda de este proceso se refiera a la valoración de los servicios prestados en régimen de contratación laboral, en relación a lo cual también se hizo alusión en la sentencia transcrita cuando se advertía que "no se contempla valoración alguna por la prestación de servicios precarios que no sea en régimen de interinidad -relación laboral temporal-." Con ello ya apuntábamos que no resultaba proporcionada, y por lo tanto no se ajustaba a derecho, la opción de las bases de la convocatoria de no otorgar puntuación alguna por los servicios prestados en virtud de contratos laborales; mas este reproche no se hacía porque se considerase que era obligado establecer una equiparación total en la puntuación de los méritos por la prestación de servicios con carácter temporal, en el sentido de que fueran idénticos los servicios prestados en ese régimen que los de interinidad, sino, se insiste, porque no se otorgaba valoración alguna a los primeros.

Aquí los recurrentes han postulado expresamente, además de la anulación de la base 7.2 y en la vertiente de la pretensión de plena jurisdicción, que se les reconozca su derecho a que los trabajos previos prestados para la Administración en régimen laboral les sean valorados a razón de 0,25 puntos por mes en la fase de concurso, lo que supone la equiparación total de la valoración de estos servicios con los del personal interino, que son los que la base contempla. Y en este punto la estimación de la pretensión sólo podrá ser parcial, ya que, y aún cuando los actores tengan razón en que tales servicios hayan de ser efectivamente valorados de alguna manera, no la tienen sin embargo en que lo hayan de ser de una forma totalmente igualitaria con la puntuación otorgada al personal interino. Pues no podemos prescindir de los pronunciamientos de nuestra sentencia de fecha 16 de diciembre de 2004 (recurso 31/2003 ), en la que para el nombramiento de personal interino apuntábamos la necesidad de discriminar la valoración de los servicios prestados en función de que lo hubiesen sido por personal interino, contratado administrativo de colaboración temporal, contratado temporal laboral o sustituto, o prestados en concepto de Servicios Técnicos en Campañas Obligatorias de Saneamiento Ganadero; diciéndose en concreto:

"La otra alegación -la posible infracción del principio de igualdad en el acceso a los cargos o funciones públicas por no respetarse el principio de mérito y capacidad nos lleva a poner de manifiesto, una vez más, el complejo significado de la idea de igualdad de trato. Como señala la doctrina científica dos son los criterios para discernir la igualdad de trato: la "igualdad numérica" y la "igualdad proporcional". La primera se resume en la fórmula "lo mismo a todos" y exige dar idénticos beneficios o cargas a todos los miembros del grupo; la segunda responde a la fórmula "lo mismo a los iguales", es decir, debe tratarse de modo igual a quienes se hallan en idéntica situación y de modo desigual a quienes están en situación distinta. La dificultad radica en determinar en qué consiste el trato desigual entre quienes se hallan en situación distinta. Dos son las respuestas posibles: ir incrementando el beneficio o carga en la misma medida de incremento de la diferencia (proporcionalidad en sentido estricto) o ir incrementando el beneficio o la carga en mayor medida que el incremento de la diferencia y como medio de neutralizar ésta (progresividad). En este caso, y con el planteamiento de la actora, el criterio a aplicar y por supuesto, por separado para contratados temporales e interinos es sin duda el primero, y al hacerlo nos encontramos con que la Orden impugnada al fijar la puntuación que debe asignarse en los procedimientos de selección para el nombramiento de personal interino para los puestos de trabajo de carácter sanitario de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León por el apartado de servicios prestados, viene prácticamente a equiparar los que lo fueron como personal interino, contratado administrativo de colaboración temporal, contratado temporal laboral o sustituto, a los servicios prestados en concepto de Servicios Técnicos en Campañas Obligatorias de Saneamiento Ganadero, puesto que a los primeros les asigna 0,15 puntos por cada mes completo de servicios y a los segundos 0,12 puntos por igual tiempo, habiendo quedado demostrado por la prueba practicada en este proceso que mientras los integrantes del primer grupo realizan las mismas funciones que los funcionarios de carrera, de acuerdo con las propias del puesto para el que son nombrados, los del segundo grupo se limitan a llevar a cabo la toma de datos identificativos de explotaciones y animales, así como la de muestras para su posterior análisis en el correspondiente laboratorio, llevando a cabo directamente tan sólo el diagnóstico de tuberculosis bovina mediante una aplicación intradérmica de tuberculina y posterior lectura de su reacción. Siendo ello así entendemos que esa proporcionalidad a que aludimos "ut supra" no se respeta en la Orden impugnada."

Este planteamiento viene a ser admitido por la propia parte cuando en la página 15 de la demanda dice: "Dicho más claramente: conceder una supremacía, un privilegio en la puntuación de los interinos de Castilla y León sería conforme a Derecho si la puntuación asignada a los interinos de otras Administraciones no fuera cero (podría ser una puntuación distinta y distante, ya que una justificación bien sencilla la haría conforme a Derecho al ser una consolidación de puestos de Castilla y León) y podría ser conforme a Derecho -con una motivación que no existe en el entero expediente remitido- que se asignaran 0,25 puntos a los interinos y 0,15 a los laborales (por ejemplo) pero lo que es inadmisible, injustificado, discriminatorio, ilegal y contrario al artículo 14 CE es que personas que han prestado sus servicios para la demandada tengan cero puntos en razón sólo en razón del vínculo contractual en que prestaron tales servicios. Motivadamente se podría haber discriminado la puntuación (la Sala habría fiscalizado esa motivación) asignando valoraciones distintas, pero lo que no puede es asignarse cero puntos y marginar el mandato legal que, según hemos expuesto, le incumbe a la Administración de "valorar los servicios efectivos previos" sin discriminación alguna en razón del tipo de vínculo en que se haya hecho".

Con ello lo que procede es que la Administración demandada redacte de nuevo la base contemplando una valoración de los servicios prestados que incluya los que lo hubiesen sido bajo formas de contratación laboral temporal distintas de la interinidad , como también aquellos que hubiesen sido desempeñados en otras Administraciones públicas distintas de la de Castilla y León, respetando en todo caso criterios de proporcionalidad. (el subrayado es nuestro)

En ejecución de la sentencia de la que dimana la pieza de ejecución controvertida y de otras, recaídas en otros recursos contencioso- administrativos, interpuestos por otros recurrentes contra la misma Orden de Convocatoria, la Consejería de Administración Autonómica de la Junta de Castilla y León dictó la Orden de 14 de abril de 2010 cuyo contenido en lo que resulta de interés a efectos del presente recurso es el siguiente:

"1.- Dejar sin efecto la base 7.2.a, 3.6 y Anexo I de la Orden PAT/334/2006, de 7 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal y estabilidad en el empleo del personal sanitario, de acuerdo con la anulación declarada por las Sentencias n.° 1234/08 n.° 1519/09, n.° 1856/09, n.° 1858/09, n.° 2003/09, n.º 2133/09 y n.° 2134/09, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ; así como cuantas actuaciones y resoluciones posteriores se hayan realizado en el proceso selectivo en aplicación de las mismas, con las salvedades y en los términos que a continuación se dispone.

2.- Aprobar, en sustitución de las anuladas, las siguientes bases y el nuevo modelo de certificación Anexo II que se adjunta a la presente Resolución:

"Base 7.2.a) Los servicios efectivos prestados, hasta un máximo de 40 puntos, conforme a los siguientes criterios:

1. Servicios efectivos prestados como funcionario de carrera o funcionario interino -entendiendo comprendido dentro de este último tipo los servicios prestados como sustituto-, en puestos de trabajo adscritos al Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios), en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León a razón de 0,25 puntos por mes completo de servicios.

2. Servicios efectivos prestados como funcionario de carrera o funcionario interino -entendiendo comprendido dentro de este último tipo los servicios prestados como sustituto / en puestos de trabajo de otras Administraciones Pública adscritos a Cuerpos o Escalas para cuyo ingreso se había exigido el titulo de Licenciado en Veterinaria y con funciones equivalentes a las del Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a razón de 0,15 puntos por cada completo de servicios.

3. Servicios efectivos prestados en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León como contratado laboral con funciones similares a las del Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León -excluidos, por tanto, los servicios correspondientes a campañas de saneamiento ganadero- y para los que se haya exigido el titulo de Licenciado en Veterinaria, a razón de 0,20 puntos por cada mes completo de servicios.

4. Servicios efectivos prestados como contratado laboral en otras Administraciones Públicas con funciones similares a las del Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León -excluidos, por tanto, los servicios correspondientes a campañas de saneamiento ganadero- y para los que se haya exigido el titulo de Licenciado en Veterinaria, a razón de 0,10 puntos por mes de servicios completo.

5. Servicios técnicos prestados como licenciados en veterinaria en campañas obligatorias de saneamiento ganadero, con independencia de la naturaleza jurídica del vínculo que tales servicios tengan atribuida o reconocida, a razón de 0,05 puntos por cada mes completo de servicios en el ámbito de la Administración de Castilla y León y de 0,03 puntos por me completo prestado en el ámbito de otras Administraciones Públicas.

En ningún caso un mismo período de servicios prestados podrá ser objeto de valoración en más de un apartado de anteriores."

"Base 36. En el plazo de quince días naturales a partir; del día siguiente al que se haga pública la lista de aprobados de la fase de oposición, los aspirantes que la hayan superado deberán presentar en los centros y lugares a que se refiere el apartado 1 de esta base, solicitud de las certificaciones servicios prestados al Secretario General correspondiente u órgano equivalente de la Administración Pública donde presten o hubieren prestado sus servicios, referidas al día finalización del plazo de presentación de instancias, est al 28 de marzo de 2006, quienes las emitirán según modelo se adjunta como Anexo I y las remitirán a la Dirección General de la Función Pública.

Asimismo, dirigirán a la Dirección General de la Función Pública copia registrada de la solicitud de certificaciones a que se refiere el párrafo anterior, como, en su caso, fotocopias compulsadas del resto de los méritos que aleguen a efectos de su valoración en la fase de concurso, conforme a la base 7.2".

3.- Conservar todas las actuaciones de gestión y selección desarrolladas en el proceso realizado en aplicación Orden PAT/334/2006, de 7 de marzo, de convocatoria ocupa, hasta el momento de la aprobación y publicación declaración de aspirantes que han aprobado la fase de oposición, efectuada mediante resolución de 2 de agosto 2006 del tribunal calificador, la cual mantiene la validez y firmeza de efectos en lo referente a todos sus apartados excluido el cuarto- y Anexos 1 y 11, los cuales se adjuntan a la presente Orden a los exclusivos efectos prevenidos en el apartado siguiente.

4.- Retrotraer el procedimiento selectivo al momento de presentación de la documentación acreditativa de méritos conforme a las nuevas bases y Anexo III. El plazo establecido a tal objeto en la base 3.6, comenzará a computarse a partir del día siguiente a la publicación de la parte dispositiva de la presente Orden. Por consiguiente, los aspirantes relacionados en los Anexos 1 y I de la Resolución de 2 de agosto de 2006 del Tribunal Calificador, por la que se hace publica la relación de aspirantes que han superado el ejercicio de la fase de oposición que a la presente Orden so adjuntan, deberán presentar, en los lugares y forma señalados en la base 3.6 arriba transcrita y en el plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Orden, la documentación acreditativa de sus méritos conforme a las nuevas previsiones de la base 7.2.a)

5.- A los efectos de la retroacción de actuaciones decretada, el tribunal calificador deberá constituirse de nuevo en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Orden, al objeto de realizar cuantas actuaciones fueren precisas, conforme a las bases de la Orden PAT/334/2006, de 7 de marzo y las presentes disposiciones, en orden a la realización de la fase de concurso y finalización del proceso selectivo en cuestión.

6.- Anular y dejar sin efectos la Orden ADM/l 737/2007, de 31 de octubre, por la que se aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios) en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal y estabilidad en el empleo del personal sanitario y se ofertan las vacantes correspondientes.

7.- Anular y dejar sin efectos la Orden ADM/59/2008, de 1 de enero, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo. Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinarios) de la Comunidad de Castilla y León, así como la Orden de 3 de marzo de 2008 por la que se estima el recurso de reposición interpuesto por D. Ángel Daniel contra aquélla y se le nombra funcionario del citado Cuerpo; pasando los interesados a que se refieren tales Ordenes, a partir de la fecha de la presente Resolución y por conversión de tales nombramientos de funcionarios de carrera en nombramientos de funcionarios interinos, a desempeñar los puestos de trabajo que en la actualidad ocupan en régimen de interinidad.

En relación con las previsiones de la presente Orden, por las que se da cumplimiento a las sentencias señaladas, podrán los interesados promover el incidente que, en relación con la ejecución de sentencias, se previene en el artículo 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

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1. Un primer motivo al amparo del art. 88. 1. c) LJCA aduce incongruencia omisiva al dictarse el auto que resolvía dos incidentes de ejecución distintos.

Uno postulado por los contratados laborales.

Y otro por los recurrentes que pretendían que los servicios prestados con carácter laboral no reciban una valoración inferior por el solo hecho de tener su origen en las contrataciones realizadas irregularmente en su día por la Junta a efectos de campaña de saneamiento ganadero.

Sostiene que esta ultima cuestión no fue resuelta por la Sala de instancia al transcribir otra resolución que nada tiene que ver con la pretensión ejercitada.

1.1. La Letrada de la Comunidad Autónoma pide la inadmisión del recurso al no sustentarse en el art. 87 LJCA lo que era necesario por tratarse de una impugnación de un auto dictado en ejecución de sentencia.

En apoyo de su tesis cita los Autos de esta Sala de 2 de junio de 2014, casación 4472/2011 , 13 de febrero de 2014 y la Sentencia de 20 de abril de 2009, casación 1382/2005 .

De admitirse el recurso pide su desestimación por cuanto ni siquiera cita el precepto infringido.

Adiciona que, además, los autos dan cumplida respuesta a la pretensión por lo que no hay incongurencia alguna.

1.2. Muestra su oposición la representación procesal de doña Paulina , D. Leovigildo , Dª Bernarda , D. Jose Luis , Dª Magdalena , D. Arturo , D. Florian y D. Octavio .

Tras reproducir el contenido de los autos impugnados concluye que la Sala de cumplida respuesta a la pretensión ejercitada, si bien la desestima lo que no constituye incongruencia.

1.3. También lo rechaza la Asociación de Veterinarios Contratados Laborales de Castilla-León por cuanto ni siquiera precisa la norma infringida.

Expone prolijamente el contenido de los autos dictados para concluir no se produce el vicio denunciado.

2. Un segundo motivo al amparo del art. 88. 1. d) LJCA esgrime infracción del art. 23.2. CE al no resolver el incidente de ejecución en el sentido de eliminar la discriminación denunciada.

   2.1. Pide su desestimación la Letrada de la Comunidad Autónoma en razón de que la propia Sala de instancia en varias sentencias (19 noviembre de 2010 y 31 de octubre de 2006 ) distinguió los servicios prestados por los veterinarios en régimen ordinario y en campañas de saneamiento ganadero.

   2.2. También con reproducción parcial de la Sentencia cuya ejecución se discute la representación procesal de doña Paulina y otros muestra su oposición en razón de que la antedicha sentencia solo obligaba a redactar una nueva base 7.2.a) a la convocatoria discutida.

   Adiciona que la nueva redacción de la base 7.2.a) tiene en cuenta otros servicios distintos a los prestados en régimen de interinidad en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, entre ellos los prestados en campañas de saneamiento ganadero, no pudiendo solventarse la concreta puntuación dada a cada tipo de servicio prestado en el trámite de ejecución de sentencia.

   Defiende que los participantes que no estén de acuerdo con la puntuación asignada a cada tipo de servicio deben acudir al régimen ordinario de recursos.

   Concluye que, aunque la Orden de 14 de abril de 2010, de la Consejera de Administración Autonómica, por la que se dispone el cumplimiento de esta sentencia, y de otras, y se modifican las bases aprobadas por la Orden PAT 334/2006, de fecha 7 de marzo de 2006, expresa que en relación con las previsiones en ella contenidas podrán los interesados promover el incidente que se previene en el artículo 109 LJCA , lo cierto es que la modificación de las bases de la Convocatoria constituye la redacción de una nueva, susceptible de control jurisdiccional a través del régimen ordinario de recursos, pero en ningún caso a través de un incidente de ejecución ya que la sentencia se limita a anular una determinada disposición, y la propia sentencia expresa que le está vedado, ex artículo 71.2 LRJCA , establecer la nueva redacción y consiguiente puntuación de la Base 7.2.a).

   2.2. Rechaza el motivo también la Asociación de Veterinarios Contratados Laborales de Castilla y León (AVETECAL).

   Subraya la deficiente técnica casacional que ni siquiera critica el auto ni arguye acerca de cómo se ha infringido el art. 23.2 CE sin perjuicio de que la sentencia esgrimida no se corresponde con la naturaleza de la controversia.

3. Un tercer motivo al amparo del art. 88. 1. d) LJCA sostiene infracción de la jurisprudencia ( Sentencias de 31 de mayo y 8 de junio de 2005 , 3 de junio de 2009 , 16 de mayo de 2012 ) por no valorar los servicios prestados en régimen de contratación laboral lo que vulnera el art. 23.2. CE .

   3.1. También es rechazado por la Comunidad Autónoma.

   Manifiesta que las sentencias invocadas se limitan a señalar que los servicios prestados en interinidad no se primen en los servicios selectivos, cuestión que no ha sido conculcada.

   3.2. Asimismo es refutado por la representación de doña Paulina y otros en cuanto que la argumentación y la jurisprudencia invocada carecen de relación con la pretensión ejercitada.

   3.3. Tampoco lo acepta la Asociación de Veterinarios Contratados Laborales de Castilla y León.

   Pone de relieve que no se expone en que pueden haber infringido los autos la doctrina legal que se invoca.

Debe darse respuesta a la objeción puesta de manifiesto por la defensa de la administración autonómica.

El recurso de casación promovido al amparo del artículo 87.1 c) LJCA ha de limitarse a denunciar y acreditar la contradicción entre lo resuelto como ejecución del fallo que se solicita y lo efectivamente decidido en éste.

Deben dejarse al margen del recurso las cuestiones planteadas en los motivos de casación que puedan considerarse ajenas a la adecuación o inadecuación al fallo del auto impugnado. Solo en los casos expresados, y no en otros, cualquiera que sea la cuestión discutida en la ejecución, cabe el recurso de casación.

Por tal razón hemos reputado necesario dejar consignado en los razonamientos precedentes el contenido del fallo de la sentencia y el fundamento en que se sustenta así como el auto objeto del presente recurso.

Es preciso, pues, para analizar el auto dictado en el incidente de ejecución tomar en consideración la fundamentación de la sentencia de la que deriva, es decir, la "ratio dicendi" integrando el fallo con sus razonamientos jurídicos.

Así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las sentencias antes reproducidas y también este Tribunal Supremo (STS 3 de octubre de 2002, recurso de casación 5652/2000 , STS 26 de julio de 2005, recurso de casación 2508/2003 , STS 11 de abril de 2006, recurso de casación 4219/2003 ).

Lesionaría el art. 103.2 LJCA en relación con el 105.2 de la misma norma y el art. 24.1. CE una ejecución ceñida a la literalidad de un fallo susceptible de interpretación variada o no suficientemente expresivo en cuanto a las bases sin efectuar la correspondiente integración con la fundamentación jurídica en que aquél se apoya ( STS de 6 de junio de 2007, recurso de casación 11176/2004 ).

El estrecho límite del recurso se percibe en que ni el quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia ni la cuestión relativa al contenido del auto aclaratorio del inicial de ejecución constituyen aspectos que se enmarquen en las posibilidades del art. 87.1.c) LJCA para acceder al recurso de casación por lo que en tal supuesto procedería la inadmisión del recurso que en esta fase comportaría su desestimación ( STS 3 de diciembre de 2007, recurso de casación 7676/2005 ).

También la denuncia de errores de procedimiento en el incidente de ejecución de sentencia abierto por la Sala es cuestión completamente ajena a aquella a la que se refiere el art. 87.1.c) LJCA ( STS 28 de mayo de 2008, recurso de casación 2900/2003 ).

Ni la pretendida incongruencia omisiva ni la infracción del art. 23.2 CE constituyen aspectos que se enmarquen en las posibilidades del art. 87.1.c) sino en el ámbito del art. 88 LJCA por lo que procedería su inadmisión que, en esta fase, conllevaría la desestimación.

Sin embargo la precitada objeción puesta de manifiesto por la Letrada de la Junta de Castilla y León fue también analizada en sendas Sentencias de 8 de octubre de 2014, recurso de casación 2467/2013 y recurso de casación 2457/2013 contra el auto de 30 de abril de 2013 también del TSJ Castilla y León que estimaba parcialmente el recurso interpuesto por la Junta de Castilla y León contra el dictado el de 17 de mayo de 2012 en la pieza separada de ejecución número cinco de la ejecución definitiva 878/2006.

Justamente en el recurso tantas veces citado por la Sala de instancia en los autos y sentencia de que dimana la presente.

Así se dijo en su FJ Sexto " Finalmente, y en concreto respecto de los recursos de casación contra autos dictados en ejecución de sentencia, nuestra jurisprudencia establece que la impugnación en casación no puede fundarse en motivos del art. 88.1 LJCA ( Sentencia De 24 de septiembre de 2014 - Rec. Cas. 628/2012 F.D. Quinto; Sentencia de 17 de Junio de 2014 - Rec. Cas. 1150/2013 - F.D. Sexto; Sentencia de 2 de Junio de 2014 -Rec. Cas. 4472/2011 - F.D. Tercero; Auto de 13 de febrero de 2014 -Rec. Cas. 2791/2013 - F.D. Cuarto; Sentencia de 16 de Julio de 2009 -Rec. Cas. 5786/2008 - FF.DD. Segundo y Tercero; y Sentencia de 20 de abril de 2009 -Rec. Cas. 1382/2005 - F.D. Segundo).

La aplicación de estos criterios generales en el presente recurso es determinante de su fracaso, bastando la afirmación de que los tres motivos del recurso lo son del art. 88.1.d) LJCA , para que solo por ello debiéramos desestimarlos, sin necesidad de más extensas consideraciones, no obstante lo cual, y en aras de una más plena tutela judicial ( art. 24 CE ) les demos respuesta individualizada."

Dado que se hizo uso del art. 24 CE en los precitados recursos de casación promovidos por la Junta de Castilla y León resulta también apropiado realizar la misma aplicación del precepto en un recurso en que la citada Comunidad Autónoma ocupa la posición de parte recurrida en un incidente de ejecución de una sentencia derivado del mismo proceso selectivo.

En realidad los tres motivos, incongruencia omisiva, e infracción del art. 23.2 CE por no valoración o valoración reducida de los servicios prestados como contratados en campañas de saneamiento giran sobre la misma cuestión.

La confrontación de la sentencia origen del incidente de ejecución con la nueva Orden dictada por la Comunidad Autónoma y los subsiguientes autos objeto de impugnación muestran que los razonamientos de estos últimos acerca de que la sentencia de origen "permitía discriminar entre los servicios desempeñados por el personal laboral y aquellos otros realizados en campañas de saneamiento ganadero " (FJ 4º del auto de 17 de julio de 2013) se acomodan a la Sentencia de 23 de junio de 2009 , más arriba (fundamento segundo) transcrita en lo esencial, cuyo cumplimiento tuvo lugar mediante la Orden de 14 de abril de 2010, también reproducida en fundamento tercero.

El punto 5 de la base 7.2.a) muestra se valoran los servicios prestados en campañas obligatorias de saneamiento ganadero con independencia de la naturaleza jurídica del vinculo que tales servicios tengan atribuida o reconocida.

Por tanto la impugnación de la "discriminación" permitida por la Sentencia antedicha, es decir la asignación de una concreta puntuación ha de ser solventada, en su caso, mediante la impugnación de la Orden en cuestión mas no en incidente de ejecución al no haber establecido la Sentencia, por imperativo del art. 71.2 LJCA , como debía redactarse la nueva disposición.

No prosperan los motivos.

Las valoraciones anteriores obligan, conforme a lo dispuesto en el articulo 95 de la Ley de la Jurisdicción , a declarar no haber lugar al recurso de casación, con expresa condena en costas a la parte recurrente, a tenor del apartado tercero del art. 139 LJCA , la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte éstas o hasta una cifra máxima". Y al amparo del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción se señala como cantidad máxima a reclamar por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la L.E. Civil , la cantidad de 1000 euros a favor de cada parte recurrida.

Obviamente sin perjuicio de que el Letrado pueda interesar de su cliente la cantidad que estime proceda.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere la Constitución,