STS, 17 de Diciembre de 2014

La sentencia recurrida contiene una parte dispositiva e del siguiente tenor literal:

FALLAMOS:

1º Desestimar el recurso.

2º No imponer costas

.

Contra la citada sentencia anunció recurso de casación don Fausto , y la Sala de instancia lo tuvo por preparado y acordó el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones, por la parte recurrente se presentó el escrito de interposición del recurso de casación anunciado que, después de formular sus motivos, terminó así:

A LA EXCMA. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO SUPLICA: Tenga por comparecida a esta parte y por interpuesto Recurso de Casación contra el fallo sentencia dictada por la Ilma. Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Cataluña en el recurso ordinario n° 801/11 y acumulado 831/11, a los efectos de que se le declare apto para la fase de prácticas en centros penitenciarios, o en todo caso, que se acuerde la repetición del bloque de conocimientos prácticos (procedimientos prácticos y de seguridad) a resultas del que fue declarado no apto, o subsidiariamente, se acuerde la nulidad de la sentencia de instancia, con retroacción de las actuaciones al momento en el que se debió de dictar una sentencia ajustada a preceptos que finalmente se entiendan infringidos

.

La GENERALITAT DE CATALUNYA, en el traslado que le fue conferido, formalizó su oposición mediante escrito que suplicó lo siguiente:

(...) dicte sentencia desestimando íntegramente el presente recurso

.

Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la audiencia del día 3 de diciembre de 2014.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen, Magistrado de la Sala

El recurrente en esta casación, don Fausto participó en el proceso selectivo para el acceso en el Cuerpo Técnico de Especialistas de la GENERALITAT DE CATALUNYA, grupo de Servicios Penitenciarios, convocado por resolución JUS/913/2010, de 24 de marzo, del Departament de Justícia.

Según establecía la convocatoria en su Base 8, ese proceso selectivo era el de concurso-oposición y constaba de estas fases: fase de oposición, fase de concurso y curso selectivo; y este curso, a su vez, estaba dividido en dos partes: (a) Parte teórico-práctica y (b) y Prácticas en Centros Penitenciarios.

Disponía también la convocatoria (en la base 8.5.1) que los criterios específicos de evaluación de la parte teórico práctica serían aprobados mediante Resolución de la Directora del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.

La resolución de 5 de octubre de 2010 de la mencionada directora estableció esos criterios que, resumidos en lo que aquí es relevante, consistían en lo siguiente:

- Diferenciaba dos bloques: uno de conocimientos teóricos y otro de conocimientos prácticos.

- El "bloque de conocimientos teóricos" se calificaría mediante una prueba objetiva al final de curso de preguntas cerradas; el ejercicio se calificaría de cero a diez y la puntuación mínima para superarlo sería de cinco puntos.

- El bloque de conocimientos prácticos se valoraría a través de la evaluación específica de estas dos asignaturas: "procedimientos prácticos" y "procedimientos de seguridad".

- Los conocimientos propios de la asignatura de "procedimientos prácticos" se valorarían mediante la realización por el alumno de un mínimo de tres ejercicios evaluables; cada uno de estos ejercicios puntuaría sobre diez y la calificación final se obtendría haciendo la media de la puntuación de todos los ejercicios; y a la nota obtenida en esta asignatura se le adjudicaría un valor del ochenta por cien de la nota final del bloque de conocimientos prácticos.

- Los conocimientos propios de la asignatura de "procedimientos de seguridad" se valorarían mediante la realización por el alumno de una prueba final consistente en ejecutar diferentes ejercicios practicados a lo largo del curso. Cada uno de los ejercicios puntuaría sobre diez y la calificación final se obtendría haciendo la media de la puntuación de todos los ejercicios. A la nota obtenida en esta asignatura se le adjudicaría un valor del veinte por cien de la nota final del bloque de conocimientos prácticos.

- La superación del " bloque de conocimientos prácticos" exigiría obtener una puntuación de cinco o superior a cinco, resultante de la media obtenida a partir de la nota de la asignatura de "Procedimientos prácticos" (ochenta por cien) y de la nota obtenida en "Procedimientos de Seguridad" (veinte por cien).

Don Fausto fue convocado a realizar la primera parte del curso selectivo por haber superado las anteriores fases del procedimiento selectivo.

El acuerdo de 27 de diciembre de 2010 del tribunal calificador hizo públicos los resultados de la parte teórica del curso e incluyó a don Fausto en la lista de los no aptos incorporada en su anexo I. También le declaró no apto en la prueba médica realizada el 13 de diciembre de 2013.

El 27 de enero de 2011 don Fausto planteó recurso de alzada contra ese Acuerdo del Tribunal Calificador de 27 de diciembre de 2000.

El acuerdo de 7 de febrero de 2011 del Tribunal Calificador modificó el resultado de la prueba médica publicado en el Acuerdo de 27 de diciembre de 2010 en el sentido de declarar apto al Sr. Fausto respecto de la prueba médica realizada el 13 de diciembre de 2013.

La resolución de 24 de mayo de 2011 de la Consejera de Justicia desestimó el recurso de alzada de don Fausto , y lo hizo, según expresó en su fundamento de derecho único, dando por reproducidos los fundamentos de derecho del Informe de 18 de mayo de 2011 de la Dirección del departamento (que transcribía en su antecedente de hecho 2).

Una nueva resolución de 21 de junio de 2011 rectificó el error material detectado en relación con la media obtenida en las seis primeras prácticas, contenida en la parte final del cuarto parágrafo de la argumentación jurídica quinta del antecedente de hecho segundo de la anterior resolución de 24 de mayo de 2011, señalando que dicha medía debía ser de 5,07 (y no de 4,82). Y también complementó esa argumentación jurídica quinta del antecedente de hecho segundo en los términos contenidos en la consideración jurídica tercera del informe de 20 de junio de 2011 de la Dirección General del Servicios.

En el proceso de instancia quedaron acumulados los dos recursos contencioso-administrativos separados que don Fausto interpuso inicialmente contra las resoluciones de 24 de mayo y 21 de junio de 2011 que antes han sido mencionadas; y dichos recursos jurisdiccionales fueron desestimados por la sentencia que es objeto de esta casación.

El actual de casación, lo ha interpuesto también don Fausto .

Antes de abordar el estudio del recurso de casación, y para comprender debidamente las cuestiones que en él se suscitan, resulta conveniente dejar constancia previa, como seguidamente se hará, de lo siguiente: (i) las razones invocadas por las resoluciones administrativas impugnadas de 24 de mayo y 21 de junio de 2011 para desestimar el recurso de alzada del Sr. Fausto ; (ii) las alegaciones y argumentos desarrollados en la demanda que dicho recurrente formalizó en el proceso de instancia; (iii) la oposición que efectuó la Generalitat de Catalunya en su escrito de contestación; y (iv) las razones que la sentencia recurrida desarrolló para justificar su fallo desestimatorio.

En lo que hace a las resoluciones administrativas impugnadas de 24 de mayo y 21 de junio de 2011 debe destacarse lo siguiente:

I.-La resolución de 24 de mayo de 2011 , como ya se ha dicho, dio por reproducidos, en su fundamento de derecho único, los fundamentos de derecho del Informe de 18 de mayo de 2011 de la Dirección del Departamento (y lo transcribió en su antecedente de hecho 2).

Los fundamentos de derecho de ese informe contenían ocho ordinales que, resumidos aquí también en lo que es relevante para el actual litigio, se referían a lo que continúa.

El primero , con una referencia a lo establecido en el Texto Refundido de los preceptos legales vigentes en Catalunya en materia de función pública (Real Decreto Legislativo 1/1997) y en el Reglamento de Selección de Personal de la Administración de la Generalitat de Catalunya (Decreto autonómico 28/1986), recordó las preceptos de uno y otro textos normativo referidos a la exigencia de la adecuación del sistema selectivo al contenido de los puestos de trabajo; y al obligado cumplimiento de las bases de la Convocatoria que pesa sobre la Administración y sobre los Tribunales Calificadores.

También invocó la llamada "discrecionalidad técnica" que corresponde en su actuación a los Tribunales Calificadores, y el criterio judicial, contenido en la sentencia 149/2006, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , que declaraba que ni la Administración ni los órganos jurisdiccionales podían modificar o suplir la actividad evaluadora de los Tribunales Calificadores.

El segundo señalaba que la pretensión sobre la prueba médica había sido satisfecha porque el Sr. Fausto ya había sido declarado apto y, por tal razón, la impugnación del recurso de alzada debía circunscribirse a su declaración de no apto en el curso selectivo (en concreto, en las asignaturas de su primera parte teórico-práctica).

El tercero aludía tanto a lo que la base 8 de la convocatoria establecía sobre el curso selectivo y sobre las dos partes en que se dividía, como a los criterios de evaluación fijados por la resolución de 5 de octubre de 2010 de la Directora del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (los contenidos de ambos elementos ya han sido expuestos en el fundamento jurídico primero de esta sentencia).

El cuarto expuso que el Sr. Fausto , en la Parte Teórico Práctica del Curso Selectivo, obtuvo la declaración de apto en el bloque de conocimientos teóricos y de no apto en el bloque de conocimientos prácticos.

También indicó que, dentro de este el bloque de conocimientos prácticos, en la asignatura "procedimientos prácticos" obtuvo 4,73 puntos sobre diez y en la asignatura "procedimientos de seguridad" le otorgaron 3 puntos.

El quinto recordó inicialmente los criterios de evaluación establecidos en esa ya mencionada resolución de 5 de octubre de 2010 y, en concreto, lo dispuesto sobre la necesidad de alcanzar cinco puntos o más para superar el " bloque de conocimientos de conocimientos prácticos " en la media obtenida a partir de la nota obtenida en la asignatura "procedimientos prácticos" (a la que se adjudicaba un valor del ochenta por cien) y de la nota lograda en la asignatura "procedimientos de seguridad" (a la que se adjudicaba un valor del veinte por cien).

Reiteró también inicialmente que en ese "bloque de conocimientos prácticos" fue declarado no apto porque en los ocho ejercicios realizados en la asignatura "procedimientos prácticos" obtuvo una media de 4,73 sobre diez y en la asignatura "procedimientos de seguridad" una nota de 3 sobre diez (de la que se decía que sí había sido puntuada pese a lo que erróneamente decía el recurrente).

A continuación se dio respuesta a las siguientes alegaciones del Sr. Fausto .

- Alegación de que en la asignatura "procedimientos prácticos" había dos prácticas con el código TRI y la misma puntuación de 3,89 puntos.

Lo respondido fue que no se trataba de ningún error, pues la misma prueba fue realizada en dos fechas (24 de noviembre y 10 de diciembre de 2010); que la razón de esto es que fue repetida para comprobar si los alumnos habían interiorizado las correcciones que se les indicaron al realizar el supuesto práctico por vez primera y, por tanto, si habían progresado en el aprendizaje; y que la nota obtenida por el Sr. Fausto fue la misma en las dos ocasiones (3,89, resultado de dividir la puntuación de 7 entre 18 ítem).

- Alegación del recurrente de que, en esa asignatura "procedimientos prácticos", el había hecho más ejercicios y más difíciles.

Lo contestado a esta otra alegación fue, en primer lugar, que los ejercicios a realizar era un mínimo de tres, pero sin concretarse un número definitivo; que en el grupo del recurrente todos los aspirantes hicieron un mínimo de seis procedimientos prácticos; que los formadores acordaron, para los alumnos que habían realizado seis ejercicios y obtenido notas bajas no demasiado concluyentes, permitirles realizar más prácticas a fin de beneficiarlos y permitirles remontar las notas obtenidas; y que el Sr Fausto obtuvo una media de 4,82 en las seis primeras prácticas (cifra elevada a 5,07, como ya se dijo y se reiterará más adelante, en la resolución administrativa de 21 de junio de 2011) y una media de 4,73 después de realizar las dos practicas adicionales a las que fue sometido).

En segundo lugar se adujo, respecto de la dificultad de los ejercicios, que se aplicaron siempre los mismos parámetros y contenidos.

En tercer lugar, se comenzó por invocar lo establecido en el Reglamento de selección (aprobado por el antes mencionado Decreto autonómico 28/1986) sobre la independencia de los órganos seleccionadores y la vinculación de la Administración a sus resoluciones); y también el criterio jurisprudencial sobre la discrecionalidad técnica plasmado en la sentencia de 21 de febrero de 1992 .

Tras lo anterior, se decía que se estaba ante un supuesto claro de ámbito de actuación de la llamada discrecionalidad técnica, cual era el concerniente a la superación o no del curso selectivo por parte de los aspirantes; y se añadía que la validez y estructura de los procedimientos prácticos del proceso selectivo (en lo referente, entre otras cosas, a número de prácticas, compañeros asignados, dificultad o contenidos) era un criterio del tribunal calificador que el recurrente no podía sustituir por otro más favorable a sus intereses, pues esa decisión del tribunal calificador se enmarcaba dentro de los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en el proceso de selección.

El sexto incluyó las respuestas a estas otras alegaciones del Sr. Fausto .

A la alegación de que solo se había realizado una tutoría se decía que la totalidad de los alumnos, incluido el Sr. Fausto , hicieron una sola tutoría al finalizar los tres primeros ejercicios de procedimientos prácticos y, por tanto, se actuó con criterios de igualdad en el trato dispensado a todos los aspirantes.

A la alegación de que los formadores hicieron en sus informes consideraciones subjetivas sobre la persona del recurrente se contestaba lo siguiente: que la base 8.5.2 de la convocatoria establecía que en el curso se evaluaría el alcance del nivel de competencias profesionales exigido para el acceso al puesto de técnico especialista (conocimientos teóricos, procedimientos de trabajo y actitudes de servicio) aprobado por el Tribunal Calificador con el asesoramiento del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada; y estas competencias profesionales (evaluadas) eran las referidas a las aptitudes y actitudes del aspirante desde la perspectiva de ser un adecuado profesional del Cuerpo Técnico de Especialistas de la Generalitat, Grupo de Servicios penitenciarios.

Y a la alegación de discriminación en la segunda prueba de capacidad física prevista en la base 8.1.2 de la convocatoria se respondió que la puntuación de cada ejercicio se efectuó con los baremos establecidos en el Anexo 3 de la convocatoria.

El séptimo exponía las razones por las que se consideraba improcedente la apertura de un periodo de prueba solicitada por el recurrente, y como tales se señalaban estas: (i) que ese trámite no estaba previsto en la normativa legal aplicable en materia de recursos administrativos; (ii) que no se había causado indefensión al Sr Fausto porque habían sido contestados de forma motivada todos los extremos sobre los que pretendía la prueba; y que constaba, en la diligencia de 18 de enero de 2011, que se le dio vista del expediente y de todos los documentos que solicitó, y el recurrente no solicitó ninguna documentación después de ese trámite y con anterioridad a la interposición del recurso de alzada.

El octavo sentó la conclusión de que en el procedimiento de selección se habían aplicado las bases de la convocatoria y los criterios de evaluación establecidos en la resolución de 5 de octubre de 2010, a todos los aspirantes, por lo que la actuación del tribunal calificador en todo momento se había ajustado a la legalidad y respetado los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Y afirmó, a continuación, que la declaración de no apto de don Fausto se ajustó a la legalidad y respetó los mencionados principios constitucionales, por lo que no se había producido la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común [LRJ/PAC].

II.-La resolución de 21 de junio de 2011 , en su único fundamento de derecho, asumió y dio por reproducidas las alegaciones y argumentaciones jurídicas del Informe de la Dirección de Servicios del Departamento fechado el día 20 inmediato anterior y, en su parte dispositiva, hizo estos dos pronunciamientos:

1. - Rectificó el error material detectado en la argumentación jurídica quinta (en el fundamento jurídico quinto) del Informe transcrito en el antecedente de hecho segundo de la resolución de 24 de mayo de 2011, en el sentido de decir que la media obtenida en las seis primeras prácticas de la asignatura "procedimientos prácticos" era de 5,07 y no de 4,82.

2. - Completó esa argumentación jurídica quinta con la consideración jurídica tercera de ese Informe de 20 de junio de 2011 de la Dirección de Servicios del Departamento.

Esta consideración jurídica tercera adicionada por este último Informe de 20 de junio de 2011 consistía en lo que continúa.

- La declaración de que, tomando tanto la media de las seis primeras practicas del recurrente (5,07) como la media obtenida en las ocho prácticas que finalmente realizó (4,73), el resultado global del bloque de procedimientos prácticos y de seguridad era de no apto.

- La indicación de que esa calificación de no apto era el resultado de aplicar las siguientes fórmulas de cálculo:

"Nota procedimientos prácticos (6 primeras prácticas): 5,07 puntos, que computan un 80% del global (5,07X0,8= 4.056).

Nota procedimientos de seguridad 3 puntos, que computan un 20% del global (3X0,2= 0,6).

Nota global procedimientos prácticos y de seguridad: 4,056 + 0,6 = 4,656.

Sobre la base de las 8 prácticas el cálculo hecho va a ser:

Nota procedimientos prácticos (8 prácticas): 4,73 puntos, que computan un 80% del global (4,73X0,8= 3,78).

Nota procedimientos de seguridad 3 puntos, que computan un 20% del global (3X0,2= 0,6).

Nota global procedimientos prácticos y de seguridad: 3,78 + 0,6 = 4,38" .

Y esta otra afirmación: "Estando la declaración de apto en la obtención de un mínimo de 5 puntos, Don. Fausto resulta no apto en los dos supuestos".

La demanda formalizada por don Fausto en el proceso de instancia dedujo en la suplica de su parte final estas pretensiones alternativas contra las resoluciones administrativas impugnadas:

"bien se le declare apto para la fase de prácticas en centros penitenciarios, o subsidiariamente, se acuerde la repetición del bloque de conocimientos prácticos (procedimientos prácticos y de seguridad) a resultas del fue declarado apto" [sic].

1. - Esa demanda desarrolla en su apoyo un primer apartado de " HECHOS" que describe las fases seguidas por el procedimiento selectivo desde la convocatoria hasta las resoluciones de 24 de mayo y 21 de junio de 2011, y lo hace destacando datos o actos no distintos a los que han sido reseñados en el fundamento de derecho primero de la actual sentencia.

2. - El apartado de "FUNDAMENTOS DE DERECHO" de dicha demanda incluye una parte dedicada a los fundamentos "SUSTANTIVOS MATERIALES" que se divide en estos tres ordinales:

   - El primero, que aduce que las resoluciones administrativas de 24 de mayo y 21 de junio que son objeto de impugnación vulneran estos artículos de la Constitución: 9.3 (interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos), 14 (igualdad ante la ley), 23.2 acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad), y 103.2 (acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad).

   - El segundo, que indica que la revisión del expediente administrativo lleva a la conclusión "de que se han producido una serie de circunstancias que denotan la poca transparencia con la que se ha actuado por parte de la Administración demandada", y añade que son las que se pasan seguidamente a relatar.

   - El tercero se expresa literalmente así:

   "A modo de conclusión provisional, pendiente las pruebas que se practique, entendemos patente la poca transparencia con que se han conformado los diferentes acuerdos por los que se declaraba al Sr. Fausto no apto, que junto con la ausencia total de documentos que acrediten mínimamente esos no aptos, aderezados estos con valoraciones subjetivas sin un mínimo soporte objetivo válidamente plasmados en el expediente, demuestra una falta de rigor total, que pone en entredicho que realmente al Sr. Fausto se le haya medido con el rasero exigible de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad".

3. - Las circunstancias que se relatan en el ordinal tercero como expresivas de esa falta de transparencia que se reprocha a la actuación administrativa, expuestas también aquí en lo esencial, son las siguientes:

   1. PRUEBA MÉDICA .

      No se hace mención a lo relatado en este aspecto, al ser ya irrelevante en el actual litigio por lo que antes se dijo sobre la declaración de aptitud del recurrente en dicha prueba médica.

   2. DISCREPANCIA MANIFIESTA ENTRE LAS DOS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA .

      Lo que se viene a sostener en las alegaciones realizadas bajo esta rúbrica es que hay datos y errores en el expediente que permiten formar la convicción de que la declaración de no apto del Sr. Fausto (en el Bloque de conocimientos Prácticos) no lo fue por sus "de méritos" sino por " intereses espurios en que no aprobara".

      Las consideraciones principales realizadas para justificar lo anterior vienen a ser estas: que no es cierto que el mayor número de prácticas a que fue sometido el Sr. Fausto , en la asignatura "Procedimientos prácticos", respondiera a la finalidad de ofrecerle la posibilidad de mejorar la nota en tal asignatura, y a causa de haberse advertido que su evolución hubiese ido empeorando a medida de que avanzaban las prácticas; y que la actuación seguida respecto de él lo que más bien parece demostrar el que lo buscado con las prácticas adicionales fue que disminuyera la media de sus calificaciones.

      En apoyo de tales consideraciones se esgrimen estos datos del expediente:

      (a) las diferencias existentes entre las resoluciones de 24 de mayo y 21 de junio de 2011 en orden a lo que señalan sobre las causas por las que el Sr. Fausto fue sometido a esas prácticas adicionales, y lo anómalo que resulta que una mera rectificación de errores materiales (dirigida a corregir el mero error de la cifra inicial de la media obtenida en las seis primeras prácticas) sea aprovechada en la segunda resolución para cambiar la explicación sobre esas causas;

      (b) la inexactitud de la afirmación (en el folio 194) de que el recurrente empeoró a medida que avanzaban las practicas, pues en el tercer y cuarto ejercicio obtuvo sus mejores sus notas, en el quinto disminuyó la calificación pero obtuvo la nota de cinco, y el sexto fue una reiteración del segundo con la misma nota (lo que la demanda comenta más adelante en un apartado propio);

      (c) el hecho comprobable de que las pruebas adicionales no se acordaran para los aspirantes que peores notas habían sacado en la asignatura de "procedimientos prácticos" sino a determinados aspirantes, decididos libremente por los formadores, y pese a que algunos como el Sr. Fausto tenían una media en los seis primeros ejercicios de más de cinco; y

      (d) el también hecho de que esa posibilidad de recuperación no se ofreciera en la asignatura " procedimientos de seguridad".

      Esos datos, según la demanda, demostraría la arbitrariedad que significó someter al Sr. Fausto a más de seis ejercicios en la asignatura "procedimientos prácticos" o, cuando menos, la poca transparencia de las razones que lo determinaron.

   3. EJERCICIOS DEL BLOQUE DE CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS .

      Se desarrollan respecto de esta cuestión los siguientes apartados, en los que se aduce lo que seguidamente se indica.

      (A) Se insiste en el error denunciado sobre la prueba TR4 con la nota 3,89 en ambos casos.

      Se aduce al respecto que no consta la parrilla de ese ejercicio ni sus valoraciones, como también que es mucha casualidad obtener la misma nota; máxime cuando en el informe (folios 194 y 195), donde sólo se valoran los aspectos negativos para justificar el no apto, hay cuatro referencias negativas en la primera vez de realización de ese ejercicio TR4 y una sola en la segunda vez; y se añade que esto impide que sea idéntica la nota media de este ejercicio (3,89).

      (B) Se dice que un dato que denota el poco respeto por la igualdad es que las pruebas no se sorteaban, pues los formadores venían con los listados de alumnos que realizaban cada prueba y, con esta forma de proceder, podían influir en el resultado final en función de la dificultad que quisieran trasladar a cada aspirante.

      (C) Se afirma que el recurrente fue el único aspirante que participó en dos procedimientos prácticos con dos clases conjuntas, siendo éstas las pruebas más difíciles porque solo se conoce de vista a los de la otra clase, no hay ninguna afinidad con ellos y esto hace que actúen más como rivales que como compañeros.

      (D) Se aduce que es incierto que todos hicieran seis ejercicios, pues algunos compañeros del recurrente sólo hicieron cinco.

      (E) Se indica que hay constancia en otros expedientes de que, en las seis prácticas, las cuatro primeras debían ser sobre estos cuatro tipos HC, TR, CS y RC, mientras que las dos restantes se asignaban "según criterios del formador, en función de las necesidades formativas del alumno".

      Asimismo se señala que consta también que las dos adicionales a que fue sometido el recurrente fueron de los grupos CS y RC, que ya le habían correspondido en la tercera y cuarta práctica y en las que obtuvo las notas de 7,22 y 7,27.

      Y con base en lo anterior se concluye que el criterio determinante de las practicas adicionales no fueron " las necesidades formativas del alumno ", pues éste con sus notas obtenidas parecía suficientemente " formado".

      (F) Se señala que la causa de realizar pruebas en los grupos donde mejor nota sacó fue poder hacer luego la afirmación, en el informe de evaluación obrante a los folios 194 y 195 del expediente, de que mostró falta de decisión para la resolución de conflictos según se desprendía de las practicas RC-8, TR-4 y TR-7, cuando en la RC-6 (Resolución de Conflictos) obtuvo 7,27.

      (G) Se afirma que no tiene mucho sentido que la prueba CS9, hecha en octavo lugar y calificada con un 4,07 sólo obtenga una nota negativa (actitud dubitativa y poco coherente) y no se apruebe, y que se desconocen las razones objetivas para tan baja nota cuando en la CS4, realizada en tercer lugar, obtuvo un 7,22.

      Y se añade que estos detalles evidencian, junto a los otros expuestos, la desviación de poder de la Administración para impedir al Sr. Fausto acceder a la fase siguiente.

      (H) Se alega que hay errores en la descripción que el folio 219 hace de los procedimientos prácticos realizados obrantes en su ficha de alumno; errores que serían los siguientes: (i) la omisión de dos ejercicios (una pelea con su compañero Sr. Martin y una prueba sobre tráfico de droga efectuada con el alumno Sr. Teofilo ); y (ii) la indebida inclusión del duplicado ejercicio TR 4, que se rechaza haber sido repetido.

      (H -por segunda vez-) Se alude a las dudas que suscita lo anterior en orden a si las pruebas que se hicieron repetir a todos fueron las de peor puntuación, y se señala que, de no ser así, se evidenciaría que la repetición fue con la finalidad de que el recurrente reincidiera en ese mal resultado y poder bajar la nota media de 5,31 obtenida en las cinco primeras prácticas.

      (I) Se dice que el Sr. Fausto hizo una sola tutoría y que es incierta la afirmación de la Administración que así ocurrió con todos los aspirantes; añadiéndose, respecto de esto último, que los únicos que hicieron una única tutoría fueron los aspirantes que formaban grupo con el recurrente y, además, se les hizo tras el quinto ejercicio y no al finalizar los primeros tres ejercicios, con los que no se realizó la finalidad que corresponde a las tutorías de informar de los errores cometidos y ofrecer la posibilidad de corregirlos.

      (J) Se censuran las consideraciones sobre la persona del recurrente obrantes al folio 191 y consistentes en atribuirle un excesivo protagonismo, que derivaría de estos hechos: ser nombrado delegado el primer día de clase sin dar opción; hacer manifestaciones como fue la de que habían de respetarse las canas; y ofrecer su teléfono particular a los alumnos para poder hacer de intermediario con los que tuvieran problemas.

      Y lo que aduce en apoyo de esa censura es que no consta queja de ninguno de sus compañeros sobre la falta de democracia en esa designación; que lo de las canas fue un comentario jocoso a raíz de tener que soportar ser derribado 21 veces por un compañero durante un ejercicio; y que la Circular 1/2010, obrante a los folios 185 y 188 del expediente, señala entre la funciones del Delegado la de ser enlace entre el grupo-aula que representa y el CEJFE.

   4. FALTA DE TRANSPARENCIA: AUSENCIA DE DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LOS ARGUMENTOS DE CONTRARIO .

      Para apoyar esta denuncia se subraya que en los folios 191 y 192 del expediente figuran los procedimientos prácticos y sus calificaciones finales en cada uno de ellos, pero no figuran los "ítem" de los ejercicios ni las puntuaciones a dichos " ítem" que habrían derivado en la nota media correspondiente a cada ejercicio.

   5. IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD .

      Las que así se señalan se explican en los siguientes tres apartados:

      1. Se indica principalmente que, en los folios 191 a 195, donde se expresa la calificación de 3 puntos otorgada a la asignatura " Procedimientos de seguridad", no se explica como se llega a esa nota media, pues no se indican la totalidad de los aspectos que habían de ser valorados en los ejercicios realizados para superar esta asignatura ni la calificación obtenida en cada uno de ellos.

         Y se dice más particularmente que el informe en el que se explica la calificación de "no apto" (folio 193) tan sólo se identifican unos aspectos con una referencia negativa (en los ejercicios de luxacción, proyección, entrada en celda, reducción), pero no se expresan cuales fueron los otros aspectos valorados y el juicio que merecieron.

      2. Lo que aquí se aduce es que, en el informe del folio 193, se vierten unas calificaciones sobre el recurrente (" actitud chulesca y agresiva" en la entrada a la celda) que no van acompañadas de los hechos o datos objetivos cuya existencia o realidad podría justificar dichas calificaciones; es decir, que no singularizan los términos físicos o verbales en que se habría exteriorizado la actitud imputada.

         Igual crítica se hace a las afirmaciones, referidas a las sesiones formativas, sobre falta de interés por aprender y la actitud de superioridad que habría manifestado el Sr Fausto .

         Y se añade que el recurrente superó las pruebas psicotécnicas, que son las destinadas a constatar si los rasgos de personalidad del aspirante de adecuan o no al perfil profesional del Cuerpo.

      3. En este último apartado se sienta la conclusión que la declaración de no apto en la asignatura " procedimientos de seguridad" adolece de una falta de transparencia y seguridad jurídica que la hace incompatible con los criterios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en todo procedimiento de acceso a un Cuerpo funcionarial.

El escrito de contestación de la GENERALITAT DE CATALUNYA reclama en su parte final la desestimación del recurso contencioso-administrativo, petición que apoya con una previa exposición de hechos y consideraciones que se pueden sintetizar en lo que continúa.

1. Los hechos relatan el desarrollo del proceso selectivo hasta las resoluciones administrativas que han sido objeto de impugnación en los recursos contencioso- administrativos deducidos por el Sr. Fausto ; y lo hace en términos no muy distintos a como han sido expuestos en los primeros fundamentos de esta sentencia, salvo en el mayor detalle que se ofrece sobre las circunstancias que acompañaron a la prueba médica (hecho ya irrelevante en el actual litigio) y en la referencia que se hace a actuaciones administrativas ya posteriores a las resoluciones impugnadas.

2. Las consideraciones jurídicas se desarrollan a lo largo de los siete ordinales que seguidamente se resumen.

La primera hace referencia a las pretensiones, principal y subsidiaria, del recurrente, y a sus fundamentos.

Señala inicialmente que no puede acogerse la pretensión principal porque comportaría determinar el contenido discrecional de un acto administrativo en contra de lo establecido en al artículo 71.2 de la LJCA .

Luego, para rechazar los argumentos de la demanda, da por reproducidos los hechos y fundamentos de las resoluciones administrativas impugnadas y añade que aquellos argumentos tampoco podrán prosperar por las siguientes razones que se expondrán.

La segunda señala que la resolución administrativa de 21 de junio de 2011 se limita a rectificar un error de hecho y rechaza las imputaciones que, más allá de lo anterior, le dirige la parte recurrente.

La tercera aduce que las valoraciones objeto de polémica derivan de las bases de la convocatoria, y transcribe la base 8.5 que regula el curso selectivo.

La cuarta se refiere a la prueba médica que, como ya se ha reiterado, resulta irrelevante para lo que se debate en el actual litigio.

La quinta se refiere inicialmente a la primera parte teórico práctica del curso selectivo y a los criterios de evaluación que fueron fijados por la Directora del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.

Luego alude a las calificaciones obtenidas por el Sr. Fausto y afirma que su declaración de no apto, con base en tales calificaciones, fue conforme con la convocatoria y con esos criterios, porque no alcanzó el mínimo de cinco puntos que resultaba necesario para superar el bloque de conocimientos prácticos; y también invoca el documento 4 acompañado al escrito de contestación para indicar que en él constan los ejercicios que fueron evaluados en las dos asignaturas de ese bloque y las calificaciones obtenidas, así como los criterios seguidos para la puntuación de dichos ejercicios.

Y más adelante da respuesta, rechazándolas, a cada una de las quejas que la demanda plantea sobre el desarrollo y calificación de las dos asignaturas del bloque de conocimientos prácticos.

La sexta rechaza que la calificaciones de apto en el test psicotécnico pueda ser equiparables con las calificaciones de apto en el curso selectivo, y subraya muy especialmente la profesionalidad de los formadores y el rigor y la objetividad de las pruebas mediante las que son seleccionados.

Y la séptima afirma la inexistencia de cualquier clase de arbitrariedad, así como el pleno respeto de los principios de mérito y capacidad.

La sentencia recurrida justificó su fallo desestimatorio con los siguientes razonamientos (contenidos en su fundamento de derecho (FJ) segundo).

Este Tribunal ha llevado a cabo una valoración conjunta de las alegaciones y razonamientos jurídicos que se expresan en la demanda, como en el escrito de contestación a la misma, así como la prueba practicada, en relación con la resolución administrativa objeto de impugnación, para llegar a la conclusión de que la acción jurisdiccional ejercitada no puede prosperar por los siguientes motivos.

En primer lugar, es bien sabido que las bases de la convocatoria de selección "la verdadera Ley" del concurso u oposición, es innegable el carácter reglado de tales normas rectoras del proceso selectivo y el que la Administración, en el ejercicio de dicha potestad reglada, se limite a constatar el supuesto de hecho legalmente definido de manera completa y a aplicar en presencia del mismo lo que la propia Ley ha determinado, siendo la decisión de aquélla obligatoria en presencia del referido supuesto, en cuanto su contenido no puede ser configurado libremente por la Administración, sino que ha de limitarse a lo que la propia Ley ha previsto sobre ese contenido de modo preciso y completo, reflexiones éstas que, sin embargo, no impiden que dentro del carácter reglado de las normas del concurso u oposición existan también elementos que, aunque propios de la potestad discrecional, estén eventualmente reglados -caso de la determinación discrecional de un ""quantum"" pero dentro de determinadas magnitudes-, dado que el ejercicio de toda potestad discrecional es un "compositum" de elementos legalmente determinados y de otros configurados por la apreciación subjetiva de la Administración ejecutora, por lo que proyectada esta doctrina sobre el supuesto fáctico del presente recurso contencioso-administrativo, conviene comenzar por la exposición del fundamento legal que las partes litigantes discrepan en términos procesales.

Además este mismo Tribunal ha dicho en numerosas ocasiones, que no es admisible la impugnación de las bases de la convocatoria, tan pronto se obtiene una nota desfavorable, cuando habiendo podido ser impugnadas, el interesado no lo ha hecho.

Por otra parte, tampoco es admisible la alegación de irregularidades en el proceso selectivo, cuando no van acompañadas de la prueba correspondiente, o ni siquiera del razonamiento jurídico que de forma racional pueda convencer a este Tribunal de que, efectivamente, se ha producido alguna causa de nulidad absoluta o anulabilidad. En este aspecto la carga de la prueba corresponde siempre al demandante.

En el mismo sentido, se debe tener en cuenta, que no es suficiente para determinar la legalidad de la resolución administrativa, como se ha indicado anteriormente, las alegaciones que no van acompañadas de la respectiva prueba, máxime, cuando la propia Administración Pública convocante, también comparece y razona debidamente la legalidad de la calificación obtenida, acompañada del razonamiento jurídico correspondiente.

En el presente caso, por más esfuerzos que se quieran dedicar en la demanda, es más que evidente que no se ha producido vulneración alguna, tanto de naturaleza material como formal, que pudiera justificar una declaración de nulidad absoluta o anulabilidad, pues no se cumplen los requisitos para ello. De este modo, no queda más remedio que confirmar el resultado obtenido en la convocatoria, basándonos en la apreciación general de la argumentación jurídica de las partes litigantes, especialmente de la parte demandada, que damos por reproducida, ya que incluso en la resolución administrativa se da respuesta suficiente y debidamente motivada a todas las cuestiones que ha planteado el demandante.

Por todo lo cual, es procedente la desestimación de la pretensión de la demanda, sin imposición de costas a los efectos prevenidos en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . Por no concurrir los requisitos exigidos para ello

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El recurso de casación de don Fausto dirige tres reproches a la sentencia recurrida: uno [identificado en el recurso como I] formalizado por el cauce de letra c) del artículo 88.1 de la Ley jurisdiccional (LJCA ), y los otros dos [identificados como II.a) y II.b)] amparados expresamente en la letra d) del citado precepto procesal.

· El motivo [I] invoca la infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ), en lo que dispone sobre la exhaustividad y congruencia de las sentencias y su motivación, en relación con lo establecido en los artículos 67.1 de la LJCA y 24, apartados 1 y 2 de la Constitución .

Lo que se esgrime, en primer lugar, para sostener este motivo, es que el fallo de instancia no ha expresado los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas; y lo que principalmente se aduce a este respecto es que la sentencia "a quo" no hace constar ni un solo hecho probado y tampoco incluye una fundamentación jurídica directamente referida a la concreta pretensión que fue ejercitada en la demanda, por lo que no es de apreciar en ella una motivación que incida en los elementos fácticos y jurídicos del pleito.

Y lo denunciado en segundo lugar es que la sentencia recurrida no ha decidido todas las cuestiones controvertidas del proceso.

· El motivo [II.a)] invoca la infracción de los artículos 9.3 , 14 , 23.2 y 103.3 de la Constitución (CE ).

Estas infracciones la habría cometido la sentencia recurrida por no haber revisado las actuaciones del Tribunal Calificador que, en el criterio del recurrente, se realizaron en el procedimiento selectivo con discriminación para él y arbitrariedad.

· El motivo [II.b)] denuncia la infracción del artículo 217 LEC , en especial su apartado 7º, en relación con el artículo 360 del mismo texto procesal.

El argumento central de este motivo es que la Sala de instancia no ha observado debidamente las reglas de la carga de la prueba, y así ha acontecido porque la sentencia recurrida argumenta que no es admisible la alegación de irregularidades cuando no van acompañadas de la prueba correspondiente y, con anterioridad la propia Sala de Barcelona rechazó como no necesaria, sin ofrecer una explicación en este sentido, la prueba testifical que había sido propuesta.

Es fundada la falta de motivación que se reprocha a la sentencia recurrida y las infracciones que por esa razón se denuncian en el recurso de casación [en el punto I) de sus apartado de motivos], pues así resulta del simple contraste del planteamiento de la demanda formalizada en la instancia (que se reseñó en el cuarto fundamento de esta sentencia) con los razonamientos que la sentencia recurrida utilizó para justificar su pronunciamiento desestimatorio (transcritos en el fundamento sexto).

Éstos últimos se limitan a señalar que, en una valoración conjunta de las alegaciones y razones de la demanda, no son de observar irregularidades formales y sustantivas que permitan una declaración de nulidad absoluta o anulabilidad de las actuaciones administrativas que fueron objeto de impugnación, y a invocar, en términos igualmente genéricos, el significado que tienen las bases de una convocatoria. Pero no aclaran cuáles son los concretos puntos de impugnación que son analizados o enjuiciados, ni exponen cuál es la concreta respuesta que merecen las diferenciadas impugnaciones que la demanda planteó.

Por tanto, ha de concluirse que la sentencia recurrida no cubre el canon mínimo de motivación que resulta exigible para dar debida satisfacción al derecho fundamental de tutela judicial efectiva y al requisito constitucional de motivación de las sentencias judiciales ( artículos 24 y 120.3 CE ).

Lo cual es bastante, sin necesidad ya de examinar los restantes reproches realizados en el recurso de casación, para anular la sentencia recurrida y para que este Tribunal Supremo enjuicie directamente, como hará a continuación, la controversia que fue suscitada en el proceso de instancia [por aplicación de lo establecido en los apartados c y d del artículo 95.1 de la LJCA ].

Entrando ya en el estudio de la controversia suscitada en el proceso de instancia, lo que esta Sala ha de decidir son esos motivos de impugnación que fueron planteados en la demanda de don Fausto .

Y todos ellos reconducen el actual pleito a decidir esta principal cuestión: si el Tribunal Calificador del proceso selectivo litigioso actuó debidamente dentro del margen de discrecionalidad técnica que en su cometido le correspondía o si, por el contrario, no respetó los límites que también rigen en esa clase de actuación administrativa.

La jurisprudencia de esta Sala, en esa difícil y delicada materia del control de las actuaciones encuadrables en la llamada "discrecionalidad técnica", ha hecho un permanente esfuerzo por ampliar al máximo y perfeccionar el control jurisdiccional previsto para toda actuación administrativa en el artículo 106.1 de la Constitución [CE ]; jurisprudencia cuya síntesis está representada por estas ideas principales: (I) la diferenciación que ha de hacerse, dentro de las actuaciones encuadrables en la llamada "discrecionalidad técnica" entre los "aledaños" y el "núcleo del juicio técnico" ; (II) el significado papel que corresponde a motivación dentro de esa distinción; y (III) los límites que debe respetar el control jurisdiccional que sea efectuado en esta clase de actuaciones de valoración técnica.

Respecto de esos "aledaños", esta Sala viene señalando que están representados por la actividad preparatoria o periférica del juicio técnico, y esta, a su vez, comporta la delimitación con claridad de la materia que haya sido objeto del juicio técnico, los criterios seguidos para la valoración técnica y la constancia de que, para todo lo anterior, han sido observado los postulados constitucionales de igualdad, mérito y capacidad e interdicción de la arbitrariedad ( artículos 9.3 , 14 , 23 y 103.3 CE ).

Sobre la motivación se ha dicho que no está sometida a unos rigurosos parámetros formales y, por ello, habrá de entenderse debidamente observada cuando el conjunto de las actuaciones permitan constatar con facilidad esos elementos que encarnan los aledaños; y, más particularmente, cuando el Tribunal Calificador haya consignado, tanto los criterios de valoración cualitativa utilizados para emitir su juicio técnico, como las circunstancias o razones por las que la aplicación de esos criterios conduce al concreto resultado declarado para cada uno de los aspirantes.

Y en cuanto al control jurisdiccional en la materia de que se viene hablando, se ha insistido en que el órgano jurisdiccional no puede sustituir el juicio técnico emitido por el órgano especializado y también debe respetar siempre el margen de discrepancia que suele reconocerse como válido o aceptable en el correspondiente saber especializado.

La sentencia de esta Sala de 4 de junio de 2014 (casación núm. 2103/2013 ) hace una amplia referencia a los elementos de esa jurisprudencia, a su evolución y a algunos de los pronunciamientos en los que se ha reflejado.

La doctrina jurisprudencial que acaba de recordarse expresa el criterio que aquí ha de seguirse para decidir el litigio, pero, junto a ella, son necesarias estas otras consideraciones.

La primera es que la motivación de la exclusión de un proceso selectivo debe ser especialmente rigurosa o exigente cuando, como aquí ha acontecido, se efectúa en su parte final coincidente con la fase formativa subsiguiente a la oposición, esto es, después de que el aspirante haya superado los diferentes ejercicios de esa fase de oposición; y así ha de ser porque los principios de equidad y proporción, presentes en nuestro ordenamiento jurídico, imponen que la invalidación de los enormes esfuerzos y desembolsos que supone la preparación de una oposición superada tengan como contrapartida una causa de exclusión inequívocamente justificada en cuanto a su realidad y a su entidad o importancia.

La segunda es que la causa de exclusión que haya sido aplicada, además de ser clara en los términos que acaban de apuntarse, deberá estar libre de toda duda o sospecha de falta de imparcialidad u objetividad.

Y la tercera es que la justificación de esa causa de exclusión habrá de alcanzar la máxima cota de motivación cuando la puntuación o calificación que la determine esté a escasísima distancia del mínimo establecido para la declaración de aptitud.

La aplicación de los criterios y consideraciones anteriores a las singulares circunstancias concurrentes en el actual litigio conducen, por las razones que seguidamente se van a exponer, a estimar la pretensión principal deducida en la demanda que fue formalizada en la instancia de declarar al actor apto en la "Parte teórico-práctica" del curso selectivo y de reconocer su derecho a pasar a la parte de "Prácticas en centros penitenciarios".

Y en apoyo y justificación de la conclusión que acaba de avanzarse debe señalarse es lo siguiente:

1. - Como resulta de la reseña que se ha hecho del proceso selectivo, don Fausto quedó a una escasísima distancia de los cinco puntos mínimos que le resultaban necesarios para superar el bloque de conocimientos prácticos; pues si en la asignatura de procedimientos prácticos se calificaban tan sólo las seis primeras prácticas la nota global que le correspondía eran 4,656 puntos, y si se ponderaban las ocho que realizó esa nota global sería de 4,38 puntos (estas cifras son las que aparecen en la resolución de 21 de junio de 2011).

2. - Hay dos circunstancias que permiten apreciar una fundada duda sobre la total objetividad de los calificadores. La primera es la falta de una justificación convincente para la sumisión del recurrente, en la asignatura de procedimientos prácticos, a esas dos pruebas adicionales a las seis inicialmente realizadas; y ello porque, si en las seis primeras prácticas había alcanzado ya la media de los cinco puntos, con elevadas calificaciones en la tercera y cuarta, no puede entenderse que las otras dos adicionales (muy excepcionales en su aula, ya que el escrito de conclusiones de la Generalitat así lo reconoce al decir que solo el recurrente y otros tres aspirantes realizaron más de seis prácticas) estuvieran destinadas a ofrecerle la posibilidad de superar las dificultades demostradas en las dos primeras prácticas. Y la segunda es que la ficha del recurrente obrante en el folio 191 del expediente, que hace constar sus resultados en las asignaturas de procedimientos prácticos y procedimientos de seguridad, incluye unas observaciones de clara connotación negativa que no tienen una racional justificación (es la relativa a su condición de delegado, que más que ser algo reprochable lo que indica es la alta valoración por parte de los compañeros que lo eligieron; y la relativa a su disposición ante los compañeros de hacer de intermediario cuando tuvieran problemas, que no es sino el compromiso de cumplir las funciones lógicas de delegado y asumir así la confianza recibida a través de la elección).

3. - Los ejercicios evaluados en el examen de la asignatura de "procedimientos de seguridad", así como los criterios seguidos para calificarlos, no figuraron en el expediente y la Administración únicamente los aportó con su contestación (en el documento 4); lo cual ya es anómalo porque debían haberse aportado con anterioridad a la formalización de la demanda, por ser esta el trámite procesal en el que naturalmente deben combatirse.

   Pero es que, aún aceptando la validez de esos ejercicios y criterios para servir de soporte a la calificación, hay un ejercicio (entrada en la celda) en el que no se justifica debidamente por qué se aprecian elementos negativos en el comportamiento activo demostrado durante la realización de dicho ejercicio; y falta esa justificación porque la evaluación negativa se apoya, por un lado, en una abstracta calificación sobre la que no se ofrece para justificarla ningún dato verbal o conductual (tener las esposas en la mano es un dato que, por sí solo, no es indicativo de chulería o agresividad), y, por otro, en la incorrección de las ordenes dadas a su equipo, que tan sólo se invoca genéricamente sin singularizar los posibles errores cometidos.

4. - Tanto las rigurosas pautas de objetividad que necesariamente deben presidir toda evaluación profesional que sea efectuada en cualquier procedimiento de acceso a la función pública, como el rechazo que merece la motivación que fue ofrecida para apreciar elementos negativos en la práctica de entrada en la celda, imponen en las anteriores circunstancias tomar sólo la calificación media obtenida en las seis primeras prácticas de la asignatura procedimientos prácticos (5,07 puntos) y calificar con dos puntos ese mencionado ejercicio de entrada en celda. Lo cual, aplicando el procedimiento de cálculo seguido en la resolución de 21 de junio 2011, llevaría al resultado de una nota global en el bloque de conocimientos prácticos superior a cinco [5,07x0,8=4,056 y 5x0,2=1].

5. - La llamada discrecionalidad técnica no es equiparable a la discrecionalidad administrativa general, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 71.2 de la LJCA ; y es de señalar que la revisión jurisdiccional de calificaciones técnicas que, como aquí ha sucedido, lleva al resultado de constatar una falta de justificación en los elementos negativos que hayan sido considerados, a lo que conduce es a imponer la eliminación de esos elementos negativos y a prescindir de su trascendencia en la puntuación aplicada.

Procede, pues, declarar haber lugar al recurso de casación, anular la sentencia recurrida y, también, estimar el recurso contencioso- administrativo que fue interpuesto en el proceso de instancia en los términos que resultan de lo antes razonado.

Y en cuanto a las costas, no son de apreciar circunstancias para hacer una especial imposición de las causadas en la instancia y cada parte litigante soportará las suyas en las que corresponden a esta casación ( artículo 139, 1 y 2, de la LJCA ).